Vicente Antonio González Puente
Expediente 525/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vicente Antonio González Puente
Actuaciones
- Principal
".Visto el estado procesal que guarda el expediente y la certificación que antecede, en la que se hace constar que no se interpuso recurso de queja., contra el auto dictado.; en consecuencia., se declara que dicho auto en que se desechó la demanda de amparo ha quedado FIRME., ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido., Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de abril de dos mil veinte. Por recibida la demanda a través de la cual Yasmín Rosales Muñoz, en representación de Vicente Antonio González Puente, promueve juicio de amparo; de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándola en el libro de gobierno con el número 525/2020. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS GENERALES 4/2020 Y 6/2020 En aras de proveer sobre si se debe dar trámite a la demanda, conviene atender a los Lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y dado que este órgano jurisdiccional se encuentra de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes, se debe atender a la naturaleza de los actos reclamados y a lo dispuesto en el artículo 48 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como a lo dispuesto en las Circulares SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, los órganos jurisdiccionales de guardia únicamente deben atender los asuntos urgentes comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y en el diverso 48 del Acuerdo General del Pleno, que establece las hipótesis en que una demanda de amparo se considera como "urgente"; catálogo que no es limitativo, pues la fracción XII de dicho artículo deja lugar al prudente arbitrio de la y el juzgador la determinación de los casos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que los rijan. Además, en la circular SECNO/5/2020 se refirió que las y los titulares de los órganos jurisdiccionales tienen la atribución de ser intérpretes de las normas que aplican, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de conformidad con nuestra Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia. Por tanto, dado que la situación que dio lugar a la emisión de los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 mencionados, es extraordinaria, para determinar qué asuntos deben considerarse como urgentes y si se les da trámite o no con tal carácter, la suscrita debe tomar en consideración los derechos humanos trastocados, las consecuencias de su eventual transgresión y del tiempo que pudiera tomar la conclusión del actual periodo de contingencia, establecido del dieciocho de marzo al cinco de mayo del año en curso. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo siguiente: ".la negativa a acatar el acuerdo de fecha de publicación en el diario oficial de la federación de 31 de marzo de 2020 emitido por la Secretaría de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, particularmente lo previsto en el artículo primero inciso V que ordena el reguardo domiciliario de las personas en riesgo inminente." En ese sentido, se considera que el acto reclamado por el quejoso podría impactar en su derecho a la salud, lo cual pone en peligro su vida, de ahí que sea procedente dar trámite a la demanda de amparo, derivado de la gravedad de la situación que puede darse en el caso concreto. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, en atención a que, en el caso, se encuentran en riesgo la vida y la salud del quejoso, se debe analizarse la procedencia o no de la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo ese contexto, conviene precisar que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud contenido en el numeral 4º constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. Premisa aquella que debe interpretarse al tenor del bloque de constitucional, considerando la normativa nacional e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en materia de aquel derecho humano. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que a aquí importa, establece: "Artículo 4º. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [.]" De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Norma Suprema, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Ahora bien, para este órgano jurisdiccional constituye un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control. Dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Consejo de Salubridad General -quien tiene el carácter de autoridad sanitaria y cuya disposiciones generales son obligatorias para el país- en sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil veinte, acordó reconocer la epidemia de enfermedad por el virus en comento en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. En tal sesión, también se mencionó que la Secretaría de Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia del virus de referencia. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud, en términos del artículo 134, fracción XIV, de la Ley General de Salud, expidió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Tal acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte y en esa misma fecha, se publicó el Decreto por el que el Presidente de la Republica sancionó tal acuerdo. La finalidad del acuerdo en cuestión, fue establecer las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus denominado COVID-19. En concreto, en el citado instrumento se dispuso: "ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico (.) c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. (.) Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado." A pesar de las acciones implementadas por el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud reportó el aumento del número de casos, por lo que el Consejo de Salubridad General, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el propósito de proteger la salud de los mexicanos, mediante acuerdo publicado el treinta de marzo de dos mil veinte, donde se señaló que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones necesarias para atender dicha emergencia. En ese contexto, el titular de la Secretaría de Salud, a través de acuerdo publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el multicitado medio de difusión oficial, dictó el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2." en los siguientes términos: ".ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicosinfecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. (.) V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas inmunosupresión (adquirida o provocada) insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México; VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas." El acuerdo antes aludido, fue modificado mediante el diverso "ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.", publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de abril de dos mil veinte. Tal instrumento modificatorio prevé: "Artículo Primero.- Se modifica la fracción I, del artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue: 'ARTÍCULO PRIMERO. [...] I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; II. a VIII. [...] Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue: 'ARTÍCULO TERCERO.- Las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV2, referidas en la fracción I del ARTÍCULO PRIMERO del presente Acuerdo, dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo de 2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2. La Secretaría de Salud Federal definirá los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus SARS-CoV2, así como cualquier otro factor relacionado con el riesgo de propagación de la enfermedad y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. Asimismo, la Secretaría establecerá los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios con distinto grado de propagación, a fin de evitar la dispersión de la enfermedad. En todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tenga en los municipios, se mantendrá, hasta nuevo aviso, la medida señalada en la fracción V del ARTÍCULO PRIMERO del presente Acuerdo, relativa a la protección de las personas del grupo de riesgo. ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud Federal realizará las adecuaciones que considere necesarias al sistema de vigilancia epidemiológica, y otros sistemas de información, para lograr una vigilancia especial de los pacientes que se encuentren graves y críticos a causa del virus SARS-CoV2, así como de la demanda y disponibilidad de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica [.]" Del marco normativo en comento se deprende que, en el contexto de la epidemia generada por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el gobierno federal ha reconocido como grupos de personas vulnerables o con riesgo de desarrollar tal padecimiento y/o morir a causa de ella, entre otros, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como a menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. Ahora bien, el quejoso reclama, la negativa a acatar el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, que ordena el resguardo domiciliario de las personas en riesgo inminente. Ahora, dada la situación extraordinaria ante la que nos encontramos en relación con las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales y en aras de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, resulta necesario que este órgano se pronuncie respecto de la suspensión del acto reclamado. En ese sentido, resulta relevante mencionar que el gobernado se ubica dentro del grupo de personas vulnerables a contraer la enfermedad generada por el virus COVID-19, al ser ciudadano que se encuentra entre las personas de un grupo vulnerable, es decir, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. Es decir, el promovente padece hipertensión arterial; por tanto, se ubica dentro de los grupos vulnerables contemplados dentro del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. Esto, en virtud de que el gobernado se encuentra en riesgo de desarrollar la enfermedad causada por el virus en comento, riesgo que se potencializa, si se toma en cuenta que el quejoso labora en un hospital que ha sido designado como parte de la red de nosocomios COVID-19, donde atienden pacientes sospechosos y confirmados de haber contraído la enfermedad provocada por el virus referido. Conforme a las circunstancias particulares descritas, en caso de que se obligue a la quejosa a cumplir con las órdenes dadas, es decir, seguir prestando sus servicios en el área de anestesia e intubación de pacientes infectados por el virus, en la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, propiciaría un incremento potencial de probabilidades de contagiarse del virus SARS-CoV2 (COVID-19), debido al contacto físico no solo con el personal que labore en el nosocomio, sino también con personas externas que acudan a tal hospital, lo que implica un riesgo para su salud. Además, es inconcuso que estamos ante una situación excepcional -no solo a nivel nacional, sino mundial- propiciada por el riesgo para la salud que ha causado la epidemia de enfermedad asociada al virus COVID-19, siendo evidente que en las actuales condiciones de propagación del virus citado y ante la reciente fase 3 decretada por la autoridad sanitaria mexicana, es importante el aislamiento en los hogares, a fin de reducir significativamente la probabilidad o el riesgo de contraer o adquirir el padecimiento que bien puede ser mortal u ocasionar daños significativos en la salud de las personas consideradas como vulnerables, tal como podría acontecer en el caso concreto, por tratarse de un ciudadano que cuenta con una enfermedad crónicas no transmisibles (hipertensión arterial). En ese sentido, ante el peligro de afectar la salud de del quejoso, por ser parte de grupos vulnerables, se concede la suspensión de plano a Vicente Antonio González Puente, para el efecto de que no se le obligue prestar sus servicios en la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que pues de obligarse al quejoso a asistir a dicho hospital, se le colocaría en un alto grado de riesgo de contraer la enfermedad derivada del virus COVID-19. En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto se dicte la sentencia que en derecho corresponda en el presente asunto. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, así como a la urgencia de la medida cautelar concedida en autos, y los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que den cumplimiento a la mencionada medida cautelar, y de ser el caso, emita las instrucciones necesarias a efecto de acatar tal mandamiento. Debiendo acreditar con constancias fehacientes a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que hayan realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, inclusive ante autoridades diversas a las señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, anexando las constancias que demuestren el cumplimiento dado a la misma, las cuales podrán enviar vía correo institucional 3jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencias de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.12o.A.8 K, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1289, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, A CUALQUIER AUTORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SEA PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Por la propia naturaleza que como medida precautoria tiene la suspensión del acto reclamado dentro del contexto protector de garantías constitucionales que se concreta mediante el juicio de amparo, medida que persigue preservar la materia del juicio y proteger los intereses de la parte quejosa hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva de fondo correspondiente, haciendo prevalecer la situación jurídica existente hasta antes de la emisión del acto reclamado para proteger los derechos fundamentales cuya eficaz protección se impetra, es perfectamente válido considerar que el Juez de Distrito, una vez determinada la procedencia de su concesión, para lograr el objetivo que con ella se pretende, puede requerir a cualquier autoridad, independientemente de que haya participado en el juicio de garantías o no, para que realice los actos conducentes a tal finalidad o, en su caso, omita aquellos que pudieran hacer nugatoria la concesión de la protección constitucional que en su caso llegara a decretarse, por haber sido irreparablemente consumado el acto reclamado." Finalmente, dada la naturaleza del presente asunto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que con copia autorizada del presente auto, notifique y corra traslado a la parte quejosa. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida, y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En el entendido que al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-Co2 (COVID -19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Luego, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, los que incluso, son comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se determina que cuando se trate de un caso que, por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARS-Co2 (COVID -19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y RATIFICACIÓN Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo fue presentada vía electrónica, se advierte que no se encuentra la firma criptográfica de Vicente Antonio González Puente, por lo que no se percibe su voluntad. De ahí que es indispensable que el gobernado la ratifique. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se ordena al actuario judicial para que ante su presencia ratifique la demanda de amparo de que se trata, advirtiéndole de las consecuencias contempladas en el tercer párrafo de citado artículo, es decir, que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias que se dictaron. Por tanto, se tiene que el domicilio de la parte quejosa se encuentra en Cerrada Esmeralda, manzana 10, lote 3, colonia Diamante, código postal 144227, Alcaldía Tlalpan, en esta ciudad; se comisiona al actuario adscrito para que en ese mismo acto de notificación, requiera al promovente para que en ese momento ratifique la demanda, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Una vez consultada la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", se encontró el registro a nombre del usuario YASROSALES; en consecuencia, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el presente juicio. REPRODUCCIÓN FOTOSTÁTICA Y MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA OBTENCIÓN Y CONSULTA DE DETERMINACIONES Por otro lado, dado que de conformidad con la circular número "12/2009", del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, y con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, las partes previa autorización del juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos, por conducto de sus autorizados, o bien, de sus delegados, en ese sentido, por economía procesal, se les autoriza el uso de medios electrónicos, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello. En el entendido de que la referida autorización la podrá hace valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-Co2 (COVID -19), y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Igualmente, por lo que respecta a las partes, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Para el acceso a las demás partes al sistema de consulta correspondiente, la parte que así lo desee deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA Y OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE.
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