Vicente Alberto Saldaña del Ángel

Expediente 46/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
46/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Vicente Alberto Saldaña del Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 1127/2023, enviado electrónicamente por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila, a través del cual comunica que se avoca al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con asiento en aquella localidad, y este Juzgado de Distrito; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 1124/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, a través del cual informa que no comparte las consideraciones tomadas por este tribunal para rechazar la competencia declinada y, que por ese motivo, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en aquella localidad, para que resuelva el conflicto competencial suscitado; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 37/2023, signado por el Juez Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, al que adjunta el original del juicio de amparo 1/2023-I de su índice, promovido por Vicente Saldaña del Ángel, en virtud de que por acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, dicho órgano de control constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Tribunal, bajo el número de juicio de amparo 46/2023-V. Enseguida, atento a lo expuesto por el Juez Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, con apoyo en el ordinal 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, con el debido respeto disiente de las consideraciones plasmadas por el juez declinante y no acepta la competencia planteada, conforme a lo que a continuación se expresa. Del juicio de amparo que se remite se desprende lo siguiente: a) El ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, se tuvo por recibida la demanda de garantías promovida por el quejoso Vicente Alberto Saldaña del Ángel, la cual tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito en esa localidad, registrándola bajo el número 1663/2022. b) En auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, procedió a la separación de actos ya que los actos reclamados a unas y otras autoridades son diversos y desvinculados entre sí. c) Por oficio 13478/2022, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común ya señalada, el citado tribunal remitió la demanda y constancias de notificación, respecto del acto reclamado relativo a la atención médica del agraviado, tocando conocer de la misma al Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila. d) En proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, el referido Juzgado Quinto, radicó la demanda de garantías, registrándola bajo el número 1/2023-I y en ese mismo auto declinó competencia a favor de este Juzgado de Distrito, únicamente respecto de las autoridades y actos que el agraviado Vicente Saldaña del Ángel, hizo consistir en: Autoridades responsables: 1. Encargado del Centro; 2. Encargado del Área Técnica; 3. Encargado del Área Médica; 4. Consejo Técnico; Todos del Centro Federal de Readaptación Social Catorce "CPS-Durango". 5. Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social. 6. Coordinador General de los Centros Federales. 7. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. Actos reclamados que obtuvo del escrito inicial de demanda, ocurso aclaratorio y oficio 13478/2022: "La falta de atención médica especializada en cardiología, oftalmología, traumatología, ortopedia, reumatología, psiquiatría, falta de medicamente Losartan, 50mg., lentes de aumento y faja lumbar." Esto es, el peticionario de garantías Vicente Saldaña del Ángel, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango", ubicado en Gómez Palacio Durango, combate de las autoridades precisadas la omisión de proporcionarle atención médica y suministrarle medicamentos para los padecimientos que refiere tener. Ahora bien, el juez declinante alude no tener competencia para conocer de la citada demanda de amparo pues entre las autoridades señaladas por el quejoso se encuentra el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y por tanto, a su consideración debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, consistente en que es competente para conocer del juicio promovido contra actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y Especialización, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Sin embargo, contrario a lo apreciado por el juez remitente, si bien, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece que es competente para conocer del juicio promovido contra actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y Especialización, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que se detallarán. Lo anterior es así, pues si bien, dentro de las autoridades señaladas como responsables se encuentra el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, no se advierte que se le reclame acto en concreto alguno, pues éstos consisten en la omisión de proporcionarle atención médica y suministrarles medicamentos en el lugar en el que se encuentra recluido, por lo que es evidente que ésta no intervino en los mismos. Tiene apoyo a lo anterior por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia XXVIII.1o. J/1 K (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Undécima Época, Materia Común, fuente Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2025692, cuyo rubro y texto dicen: "CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE TERRITORIO. ES INEXISTENTE SI EL QUEJOSO SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCE DE SU DEMANDA DE AMPARO, PERO DE ÉSTA NO SE ADVIERTE QUE LE RECLAME ACTO CONCRETO ALGUNO. Hechos: Varias personas internas en un centro penitenciario promovieron juicio de amparo indirecto en el que señalaron como autoridades responsables a diversas dependencias administrativas, de quienes reclamaron la orden de traslado o la reubicación de dormitorio, entre otros actos; asimismo, señalaron como responsables a diversos Jueces de Distrito de varios Circuitos respecto de quienes no precisaron un acto reclamado concreto. El Juez de Distrito que por razón de turno conoció de la demanda declinó la competencia por razón de territorio, atendiendo al factor de cercanía, al considerar que el Juez declinado no había sido señalado como autoridad responsable y era el más cercano al lugar de reclusión; sin embargo, este último no aceptó la competencia declinada. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es inexistente el conflicto competencial por razón de territorio, si el quejoso señala como autoridad responsable al Juez de Distrito que conoce de su demanda de amparo, pero de ésta no se advierte que le reclame acto concreto alguno. Justificación: Lo anterior se sostiene en términos de los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, y conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 44/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues las reglas de competencia por territorio, generales y excepcional (factor de cercanía), se edifican a partir de una figura en común, que es el acto reclamado, ya que para fijar cualquiera de ellas es necesario atender a la naturaleza de dicho acto, lo que implica, invariablemente, su precisión, pues sólo así puede verificarse cuál es la regla que debe aplicarse para fijar la competencia, lo que se robustece si se toma en cuenta que en términos del artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, la expresión de la norma general, acto y omisión que de cada autoridad se reclame, es requisito formal de la demanda de amparo que no puede soslayarse, por tratarse de un elemento básico para su admisión a trámite y posterior resolución; además de que la calidad de autoridad responsable depende, sustancialmente, de dicho señalamiento, ya que conforme al artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la referida legislación, sólo tiene el carácter de responsable quien haya dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Consecuentemente, la precisión del acto reclamado, como requisito indispensable de la demanda de amparo, tiene su génesis en el hecho de que el simple señalamiento de alguna autoridad es insuficiente para tenerla con el carácter de responsable, ya que debe vinculársele con un acto concreto; por ello, de la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción II, 37, 38 y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, para fijar la competencia de un Juez de Distrito es necesario que en la demanda de amparo no sólo se señale como autoridad responsable al Juez, sino que además se precise el acto concreto que se le reclama, pues de no existir alguno, no puede considerársele autoridad para efectos del amparo, y menos puede plantearse un conflicto competencial; considerar lo contrario implicaría dejar que el quejoso elija la autoridad a la que corresponderá el conocimiento de la demanda. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. Conflicto competencial 5/2022. Suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Bernal Valdés, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ofelia Ramos Ramos. Conflicto competencial 9/2022. Suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero. 28 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Conflicto competencial 7/2022. Suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero. 20 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Eduardo Hernández Fonseca. Secretario: Jazael Adrián Portillo Sánchez. Conflicto competencial 11/2022. Suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero. 20 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Secretario: Fernando Rosas Osorio. Conflicto competencial 8/2022. Suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero. 26 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Nicolás Castillo Martínez. Secretaria: Ofelia Ramos Ramos. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 44/2001, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 75, con número de registro digital: 190008. Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2023 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021." De igual forma, la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2020659, consultable en la Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 115, que a la letra dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." Por lo que, atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, así como la jurisprudencia transcrita, se considera que la competencia declinada no puede aceptarse. De modo que, si del escrito inicial de demanda no se advierte algún acto reclamado en el que, con suficiente verosimilitud pueda hacer partícipe al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, no se encuentra justificación para que dicho tribunal decline competencia a favor de este tribunal. Así, este tribunal federal, considera que contrario a lo expuesto por el juzgado declinante, debe atenderse a lo dispuesto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente el juez de amparo que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se haya ejecutado, o bien, aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda cuando el acto no requiera ejecución material. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XXIV.2º/J/1, del Semanario Judicial de la Federación, décimo época, visible a página 1982, libro 27, del mes de febrero de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado. De igual forma, se cita, la tesis II,2º.P.16 K (10ª), de la Décimo Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2016, tomo III, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. En consecuencia, por todo lo narrado con antelación, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, reitera que no acepta la competencia planteada por el Juez Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila. Por ende, dada la relevancia de los actos reclamados, se ordena devolver de manera urgente vía estafeta al juzgado declinante los autos del juicio de amparo indirecto 1/2023-I de su índice, promovido por Vicente Alberto Saldaña de Ángel; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Además, remítase de inmediato vía interconexión al juez declinante el oficio que derive del presente acuerdo, en conjunto con las copias derivadas del referido juicio de garantías, para los efectos legales conducentes. No se soslaya que en el caso se reclama el cese de la tortura y tormento, así como la falta de atención médica; sin embargo, al no haber aceptado la competencia, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para proveer al respecto, pues en su caso debió hacerlo el juez que recibió la demanda, como lo prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copias del oficio de cuenta y la citada demanda, sin que haya necesidad de ordenar notificar de manera personal a la parte quejosa o a las autoridades responsables el sentido del presente acuerdo, en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y estadísticas que procedan. Notifíquese. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria con quien actúa y da fe. L'RIGU ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE. SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio 2031 que se gira para notificar el proveído que antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega para constancia y seguimiento. Conste. El actuario recibe el oficio de referencia.

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