Vicente Alberto Morales González

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Vicente Alberto Morales González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a los artículos 21, inciso d), así como, el diverso numeral 8.1.2 apartado 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por M**** quien se ostenta como apoderado legal de ***; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo regístrese bajo el número 533/2021-III-B. ACTO RECLAMADO Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del México, en el toca de apelación ***, que confirmó la diversa determinación pronunciada por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, dentro del expediente ***, por la cual declaró improcedente la excepción de falta de personalidad planteada por el aquí quejoso. DESECHAMIENTO En virtud de lo anterior, después de analizar la presente demanda de amparo, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el ordinal referido, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir, incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Al respecto es aplicable la jurisprudencia J. 43 29/89 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página doscientos noventa y uno, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Ahora bien, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio orientador, a fin de definir cuándo se estaba en presencia de actos dentro de juicio de imposible reparación. Sobre el tema, se determinó que debían considerarse como actos de imposible reparación aquellos, que sin afectar derechos sustantivos tutelados por derechos fundamentales, constituyeran violaciones procesales, que afectaran en grado predominante o superior a las partes. Los criterios que llevaron al Máximo Tribunal a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior establecían que esa afectación exorbitante sólo podía determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el procedimiento; así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a admitir ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, siempre y cuando las consecuencias de los actos procesales afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ilustra el criterio fijado en la tesis aislada P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página diez, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio.". Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones que dirimieran cuestiones relativas a la excepción de cosa juzgada como una violación formal o procesal que producía una afectación exorbitante a las partes durante el juicio, que la equiparaba a actos de imposible reparación, cuando concurrían circunstancias de gran trascendencia que significaban una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conllevaba la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el artículo 107, fracción V, el legislador estableció que los actos de imposible reparación son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se pueden incluir los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior, como la prevista en la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En ese orden de ideas, en el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del México, en el toca de apelación 178/2021, que confirmó la diversa determinación pronunciada por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, dentro del expediente 92/2015, por la cual declaró improcedente la excepción de falta de personalidad planteada por el aquí quejoso; por tanto, es dable afirmar que ese acto no es de imposible reparación, concebido como de aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Atento a lo expuesto, el acto reclamado no puede ser considerado como acto de imposible reparación, dado que sólo tiene como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, tomando en consideración que la afectación que los quejosos afirman existe, puede desaparecer al obtener una sentencia favorable, dejando intacta la esfera jurídica de los afectados, al no alterarse materialmente ningún derecho sustantivo, tales como la libertad, propiedad, posesiones o derechos, ya que al momento en que se producen no los afecta de manera irreparable, sino que ello será así en tanto que se resuelva la controversia, y tales actos influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Es así, pues el efecto del acto combatido no implica una afectación material a un derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en algún tratado internacional, sino que se trata solo de una cuestión que dirime la personalidad en el juicio ordinario. En esa medida, se estima que conforme a los principios de economía, celeridad y concentración que constitucionalmente rigen el juicio de amparo, se justifica la interpretación que se plantea respecto de los actos en juicio que afectan derechos sustantivos, ya que fue intención del legislador establecer un sistema de protección respecto de derechos sustantivos cuando necesitan esa protección, desde el momento mismo en que se dicte el acto de autoridad, para que no se excluya la posibilidad de que sobre ellos, se materialicen los efectos restitutorios del amparo. En lo conducente sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de texto y rubro que sigue: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En las relatadas circunstancias, al existir motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. No se soslaya que el promovente no haya acreditado su personalidad en términos el artículo 11 de la Ley de Amparo, con documento alguno, pues atendiendo a la improcedencia del acto reclamado, deviene innecesario requerirle para que subsane dicha omisión sobre ese presupuesto procesal, pues aún y cumpliendo con ese requisito en nada variaría la determinación emitida en párrafos procedentes. DOMICILIO ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica el usuario ****; asimismo, se le autoriza la consulta del expediente electrónico. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa para que proporcione un correo electrónico y número telefónico, a efecto de poder establecer comunicación. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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