Vicente Aguirre Almanza

Expediente 39/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
39/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Vicente Aguirre Almanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en el presente proveído, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de la autoridad responsable, pues éste no le causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a la responsable, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de rubro: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como las constancias que en acompañamiento al informe con justificación adjunto la autoridad responsable, y en especial el fallo dictado en el juicio de amparo directo 688/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, documentales las remitidas por la responsable que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo atento a lo que establece su artículo 2º, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo IV, Apéndice 2000, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: Por oficio DRAF-B-GII-122/15, de veinticuatro de agosto de dos mil quince, la Directora Regional de Auditoría Fiscal "B", de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, determinó un crédito fiscal en contra de ***, en relación con los impuestos al valor agregado, sobre la renta y empresarial a tasa única, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. Una vez agotado el recurso administrativo de revocación en contra de aquella determinación, fue confirmada por resolución de once de diciembre de dos mil quince, contenida en el oficio DPR-3232/2015. El mencionado contribuyente demandó la nulidad de esa resolución, correspondiendo su conocimiento a la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se admitió a trámite y se registró con el expediente número 1385/16-11-02-5-OT. Por sentencia emitida el dos de febrero de dos mil diecisiete, la referida sala declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en la que a efecto de calcular el impuesto empresarial a tasa única, aplicara el coeficiente del 54% sobre los ingresos determinados presuntivamente y al resultado le aplicara la tasa del 17.5% prevista en el artículo 1° de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. En cumplimiento a dicho fallo, la Directora Regional de Auditoría Fiscal "B", de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, determinó de nueva cuenta un crédito fiscal el seis de julio de dos mil diecisiete, contenido en el oficio DRAF-B-GII-166/17, en substitución de aquel contenido en el diverso DRAF-B-GII-122/15, de veinticuatro de agosto de dos mil quince, y declarado nulo. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el actor, ahora quejoso y recurrente, interpuso incidente de nulidad de notificación, en contra de la notificación de la sentencia emitida el dos de febrero de dos mil diecisiete (que declaró la nulidad del crédito fiscal citado en último término en el párrafo que antecede); mismo que se calificó fundado en interlocutoria de uno de diciembre de ese año, declarándose por tanto, nula esa actuación, pero además, el acuerdo de diecisiete de mayo previo, en el que se declaró la firmeza de aquella, así como el de once de agosto posterior, en el que se ordenó dar vista al actor, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia, y, por último, el de nueve de octubre del mismo año, a través del cual se declaró cumplido el fallo de que se trata. Una vez nulificada la notificación de la sentencia dictada por la sala regional, el actor, ahora quejoso y recurrente, promovió amparo directo, del cual correspondió su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, donde se admitió a trámite el once de diciembre de dos mil diecisiete, y se registró como A.D.A. 688/2017, mismo que, de acuerdo a la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante sesión de doce de abril de dos mil dieciocho, se determinó: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, por propio derecho, contra la sentencia emitida el dos de febrero de dos mil diecisiete, por la Segunda Sala Regional Norte Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 1385/16-11-02-5-OT, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria. Al respecto cobra aplicación la tesis cuyo registro y rubro son 2009758 HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. Así pues el quejoso, sostiene en su demanda de amparo que el dos de enero de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento que el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió mandamiento de ejecución respecto del crédito fiscal contenido en el oficio DRAF-B-GII-166/17, mismo que se intentó notificar en la misma fecha y se dejó citatorio para el uno de diciembre siguiente. Señalando que el crédito fiscal impugnado en el juicio de nulidad antes referido, aun no se ha resuelto en definitiva, siendo que ya se emitió uno más respecto a los mismos hechos, impuestos y ejercicio fiscal, por lo que el acto de autoridad lo hace consistir en la omisión de la autoridad hacendaria de cancelar el diverso crédito fiscal contenido en el oficio DRAF-BGII-166/17, de fecha seis de julio de dos mil diecisiete. Sin embargo, las violaciones que indica en el procedimiento de ejecución, las hace depender de que a la fecha en que interpuso la presente vía constitucional (diecinueve de enero de dos mil dieciocho) aún se encontraba sub judice la impugnación de la nulidad decretada en el expediente número 1385/16-11-02-5-OT, al haberse tramitado juicio de amparo directo en contra de tal fallo. Juicio de amparo directo que tal y como ha quedado ceñido en el punto 7 de los antecedentes antes relatados, ya fue resuelto habiéndose negado el amparo al impetrante. Luego entonces, habida cuenta de que dicho procedimiento de ejecución del crédito fiscal que le fue determinado y del que se duele conforman los mismos hechos, impuestos y ejercicio fiscal, tanto del oficio DRAF-B-GII-122/15 como del diverso DRAF-BGII-166/17, actualizando con ello la duplicidad del cobro atento a que el primero aún se encontraba pendiente de resolución judicial, ha variado. Asimismo no deja de observarse que el éxito de los conceptos de violación se hacían depender de la falta de emisión del fallo fondo en el amparo directo a que se ha hecho referencia, pues el impetrante aseveraba que existía omisión por parte de la responsable de cancelar el oficio DRAF-B-GII-166/17, habida cuenta que el juicio de nulidad aún no se resolvía en definitiva; sin embargo, tal circunstancia ya no prevalece, virtud de que se negó el amparo al impetrante, lo que imposibilita el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Luego entonces, la nueva situación jurídica creada con la sentencia que resolvió el fondo del juicio de nulidad 1385/16-11-02-5-OT, implica que los actos u omisiones procesales relacionados con ese tópico, y que son reclamadas en el presente juicio de amparo indirecto deben considerarse irreparablemente consumados, puesto que no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica creada por virtud de la cosa juzgada; máxime que no puede dejarse sin efectos la sentencia definitiva no señalada como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. Esto es así, puesto que la omisión de cancelar el oficio DRAF-B-GII-166/17 en razón de que el juicio de nulidad se encontraba aun sub judice ha quedado superada, sin que nada pueda hacerse en relación a las violaciones alegadas, pues ningún fin práctico tendría su estudio sólo para determinar que las mismas han quedado rebasadas virtud de fallo dictado en el amparo directo; por ende, son de considerarse irreparablemente consumadas. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la que se estudia en el presente, de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, cuyos contenidos rezan lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, del Estado de Guanajuato, en representación de la Dirección Regional de Auditoría Fiscal "B"; atento a su contenido y tomando en consideración que por proveído de veintitrés de los actuales, se acordó lo conducente respecto del informe justificado, sólo se provee sobre las documentales que anexa. Por lo que, con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se le tiene ofertando como prueba las constancias que anexa, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de prueba para el mejor manejo del expediente, el cual se tendrá a la vista en el momento de resolver el presente asunto.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio vía correo que remite el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, del Estado de Guanajuato, en representación de la Dirección Regional de Auditoría Fiscal "B"; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngasele por rendido el informe justificado que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sin que obste para lo anterior el hecho de que el oficio de mérito, haya sido recibido en la vía indicada, pues se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 210 A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°. Se tiene como delegados de la referida autoridad en términos de lo indicado en el artículo 9 de la Nueva Ley de Amparo, a los profesionistas que para tal efecto indica. Toda vez que de la comunicación de cuenta se advierte que el oficiante ofrece pruebas documentales de diversas constancias, e informa que el diecisiete de los actuales, se remitió a este Juzgado Federal el original del informe justificado con sus respectivos anexos, estese en espera de que el citado informe llegue en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional para proveer respecto de la prueba ofertada. Finalmente, para dar margen a lo anterior, y a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado a que se ha hecho alusión, para que estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses, se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano