Vicente Aguilar Quintana

Expediente 866/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
866/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Vicente Aguilar Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Quinta Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 17525/2022, por el que se le notificó el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, y se le devolvieron las constancias que adjuntó a su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de ocho de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió, sin que lo haya hecho; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado, hasta en tanto se destruya. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe remitió la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, devuélvanse y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en auto de ocho de septiembre del año en curso, informa que el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 744/2022 de su estadística, se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de relacionarlo y consultarlo. En ese sentido, instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, para que relacione el presente expediente con el que habilitó la autoridad oficiante por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se puedan consultar las constancias que lo integra.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio de cuenta, al que en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdicción en auto de cinco de septiembre del año en curso, dentro del cuaderno varios 2022-I, se adjunta el diverso oficio 22712/2022 signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual trascribe el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, del que se advierte que la titular del órgano de su adscripción determinó que del juicio de amparo 744/2022 de su índice, promovido por************ contra actos del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, debe conocer este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, al actualizarse un antecedente que hace procedente su vinculación, ya que en los juicio de amparo 836/2021-VI, 80/2022-VI y 125/2022 VI de la estadística de este tribunal, así como en el controvertido 744/2022 del índice de la homóloga federal, los actos reclamados derivan del juicio sucesorio intestamentario ********* de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, y remite: el juicio de amparo 744/2022 de su índice, original y duplicado del incidente de suspensión, así como dos tomos de pruebas; al respecto, se acuerda: a. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 866/2022-V. b. En términos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el suscrito acepta el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ************, por conducto de ************, quien se ostenta como su apoderado legal, lo cual hágase del conocimiento de la autoridad oficiante. c. Solicítese a la homóloga federal para que, de no tener inconveniente legal alguno, vincule el juicio de amparo 744/2022 de su índice y lo haga disponible, a fin de relacionarlo y poder consultarlo electrónicamente. d. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La orden de desposesión, desalojo y/o lanzamiento del predio rustico que arguye es de su propiedad denominado ************, con las medidas y colindancias siguientes: al norte **************. Que arguye fue emitida por el Juez Quinto Civil de Partido de esta localidad, dentro del juicio sucesorio intestamentario C322/2019 de su índice, sin que haya sido oído y vencido en juicio. De igual forma, es necesario traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 80/2022-VI del índice de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; del cual se obtienen los siguientes datos: a) Mediante escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, ********** promovió demanda de amparo señalando como acto reclamado la resolución dictada en el juicio sucesorio intestamentario número *********, a bienes de ************, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido con sede en esta ciudad, mediante la cual se ordenó la adjudicación a favor de los sucesores de la herencia, entre otros, del inmueble que aduce es de su propiedad, consistente en una fracción del predio rustico denominado **************. Cabe destacar que en el punto "3" del capítulo de antecedentes de dicha demanda, el solicitante del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que: 3.- El pasado día 6 de Enero de 2022, me entero por conducto de un trabajador del suscrito, que un hijo de ****************, había comentado que ya iban a escriturar en el sucesorio el predio **********, ignorando la razón por la cual se ordena la protocolización del bien inmueble propiedad del suscrito ahora quejoso, razón por la cual es que acudo por esta demanda, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, con el fin de evitar se materialice la adjudicación indebida del bien inmueble de mi propiedad, el cual siempre he estado en posesión hasta esta fecha, realizando actividad agrícola y ganadera pues tengo sembrada alfalfa y algunos borregos en ese lugar." b) Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, la que en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se registró bajo el número 80/2022-VI. c) En esa misma data se admitió a trámite la demanda propuesta, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. b) El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en la que se determinó sobreseer en el juicio. d) Determinación que causó ejecutoria el trece de marzo del año en curso. De lo anteriormente expuesto, se advierte que la demanda en estudio es EXTEMPORÁNEA, toda vez que, por lo menos, tuvo conocimiento del acto que reclama desde el seis de enero del año en curso. Ello es así, pues en la demanda que se radicó bajo el número de expediente 80/2022-VI, el solicitante del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que en esa data -seis de enero de dos mil veintidós- se enteró que se iba a escriturar el predio cuya afectación cuestiona en el presente juico de amparo, con motivo del juicio sucesorio intestamentario C-0322/2019, de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partito de esta ciudad. Incluso, al rendir su informe justificado el Juez Quinto Civil de Partito de esta ciudad, comunicó que en el procedimiento especial de referencia denunciado por *************, a bienes de ***************, ya se había adjudicado a los herederos, conforme al proyecto de partición, el predio rústico de lo que fue la segunda fracción de *************, cuyas fracciones no corresponden a las del inmueble que el quejoso arguyó le pertenecía. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del siete al veintisiete de enero del año que trascurre, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el siete de enero del año en curso. II. Fueron inhábiles los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de enero por ser sábados y domingos, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama el quejoso no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y el impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el quince de julio de dos mil veintidós, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Máxime, que el suscrito considera que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que reclama en el presente juicio de amparo (desposesión del inmueble que arguye que pertenece) ya fue objeto del diverso juicio de amparo 80/2022-VI del índice de este juzgado, el cual fue resuelto mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós; sin embargo, se estima de estudio preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Por separado y duplicado, con los que remitió la homóloga federal, fórmense los cuadernos relativos al incidente de suspensión. De igual forma, con las constancias que como justificación a su informe remitió el juez responsable, fórmense dos tomos de pruebas por separado para el mejor manejo del presente expediente. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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