Vicente Aguilar Quintana

Expediente 385/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
385/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
16/05/2016

Partes del expediente

  • Vicente Aguilar Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por *******, en su carácter de apoderado de *******, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que en original o con sello original de recibido anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, estos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ********, en su carácter de apoderado de Vicente Aguilar Quintana, personalidad que acredita y se le tiene por reconocida al tenor de la copia certificada de la escritura pública número nueve mil ochocientos cincuenta y nueve, pasada ante la fe del notario público número cuatro de esta ciudad, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, delegación fiscal Naucálpan de Juárez, en el Estado de México, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 385/2016. Y con relación al libelo constitucional se provee: Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de garantías. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XX, 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, en atención a lo siguiente. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de resoluciones, destaca que del análisis de la demanda con anexos, atendiendo a la causa de pedir, aparece que, en esencia, el impetrante reclama en forma destacada: a) La determinación administrativa pronunciada por la Delegada Fiscal Naucalpan de la Dirección General de Recaudación, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México en data doce de febrero de dos mil dieciséis contenida en el oficio de requerimiento 203113014/1428/2016, consistente en la orden de inmovilizar las cuentas bancarias de las que es titular el quejoso; y, b) La ejecución de dicha orden consistente en el bloqueo de las siguientes cuentas a nombre del agraviado: De la institución financiera BANAMEX, la cuenta 7924578670, sucursal 996 "Nieto Piña"; de BANORTE las cuentas 0289754335 y 0297248932, sucursal 4601; ambas instituciones bancarias en Celaya, Guanajuato. Así, este Órgano Jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la legislación de la materia, toda vez que en contra de los actos reclamados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y otras autoridades, procede el recurso de inconformidad o juicio administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Para justificar lo anterior, en primer lugar, es preciso tener presente el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la hipótesis normativa reproducida con antelación se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios de defensa común; principios éstos que están previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando:  El acto reclamado carece de fundamentación;  Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución;  Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Ahora bien, para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el recurso administrativo de inconformidad previsto en su artículo 186, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". Del dispositivo legal reproducido se desprende que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del Estado de México, que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública del Estado de México pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, contra la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra la resolución de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, en agosto de 2004, página 355, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO. De los artículos 108 y 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como del 29 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte el carácter optativo del recurso de inconformidad, el cual puede o no agotarse antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora bien, por cuanto hace a este juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 153, de rubro: 'CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.', estableció que el juicio de garantías procede sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal, porque el artículo 59 del ordenamiento que lo regula exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que la Ley de Amparo. En este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso de inconformidad, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues independientemente del resultado que arroja, en ningún caso podría exigirse que se agotara el recurso últimamente citado antes de la interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio de nulidad; de ahí que si es innecesario que este último se promueva previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar el mencionado recurso". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 229/2007, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, en diciembre de 2007, página 215, que señala lo siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, ES DE CARÁCTER OPCIONAL Y NO OBLIGATORIO (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 18 DE ENERO DE 1999 AL 6 DE JUNIO DE 2006). La intención del legislador de darle carácter optativo al indicado medio de defensa y no obligatorio, si bien no fue del todo clara en la norma que entró en vigor a partir de la primera fecha indicada, quedó explicada expresamente con la reforma del artículo 99, de lo cual resulta que, por voluntad legislativa en esta materia, el interesado no está constreñido ainterponer el recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas fuera del procedimiento arbitral, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, previo al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, habida cuenta que los recursos representan un beneficio para los afectados y no una trampa procesal, quienes, en consecuencia, están en posibilidad de promover directamente el juicio de nulidad en contra de dichas resoluciones, sin que, por ende, dicho procedimiento pueda sobreseerse por no haberse agotado el citado medio ordinario de defensa". Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso administrativo de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria. Así también, es imperativo subrayar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido mediante jurisprudencia obligatoria en términos del numeral 217 de la ley de la materia, que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, y que los alcances que otorga a dicha medida cautelar son similares a los que prevé la norma federal. Lo que precede tiene sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 60/2013 (10a.), visible en la página 933, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad". Por tanto, previamente a la sustanciación del procedimiento de garantías, debe agotarse dicho juicio contencioso ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y su falta de promoción deriva en la improcedencia del juicio de control constitucional, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, si el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México dispone los mismos alcances al conceder la suspensión de los actos impugnados, sin establecer mayores requisitos que los de la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, ni excede del plazo que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, es evidente que en el caso no se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo y, por ende, previo a la promoción de ese medio de control constitucional, el quejoso debió agotar el juicio contencioso ante el tribunal de lo contencioso administrativo del Estado de México, contra los actos reclamados a las autoridades responsables. De ahí que, ante lo expuesto, los actos reclamados en la presente instancia constitucional y que se hacen consistir en el inmovilización de las cuentas bancarias reseñadas en párrafos que preceden, a nombre del quejoso Vicente Aguilar Quintana, resulta improcedente el juicio de amparo en su contra, lo anterior hasta en tanto no se agote el principio de definitividad indicado. Sin que sea óbice a lo anterior que los actos reclamados puedan considerarse de imposible reparación, en razón de que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de México, determinó que la inmovilización de cuentas bancarias, es un acto que puede ser modificado o revocado por el recurso ordinario que prevea la ley de la materia que rija al acto, no obstante de que se trata de un acto de imposible reparación, ya que dicha circunstancia no representa una excepción al principio de definitividad. Es de invocarse en sustento a lo antes dicho la tesis jurisprudencial 2a./J. 18/2015 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 20 de marzo de 2015 09:00, que es del tenor siguiente: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Así, como la tesis 2ª. LVI/2000, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, julio de 2000, página 153, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe señalar que en el caso las violaciones alegadas no solo involucran aspectos de constitucionalidad, en atención a que aún y cuando la parte impetrante de la tutela federal expone transgresión a los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, también alega cuestiones de legalidad. De lo anterior se sigue que si para la solución del fondo del asunto es necesario analizar primero si la determinación reclamada se ajusta a las disposiciones legales que rigen el propio acto reclamado, para luego determinar si es contraria a los derechos fundamentales que tutelan los preceptos constitucionales que invoca, de ello se sigue que los conceptos de violación expuestos no solo involucran violaciones directas a la constitución; de ahí que necesariamente se debió agotar el citado juicio contencioso local. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del epígrafe y contenido siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Tampoco se surte la excepción relativa a la falta de fundamentación, en razón de que del contenido de la determinación reclamada emerge que contiene diversos fundamentos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten concluir que el acto no carece de aquellos requisitos formales, de lo que se sigue, que no se está en presencia de actos carentes de toda fundamentación, que haría procedente la excepción de que se trata. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia." Finalmente, el juicio contencioso administrativo de que se trató se encuentra previsto en ley, como quedó de manifiesto, no en un reglamento que haga innecesario agotarlo conforme a las excepciones al principio de definitividad mencionado. Sin que obste a la determinación que ahora se asume, que el agraviado se conduzca como tercero extraño (auténtico o equiparado), al procedimiento de origen, al señalar como reclamo la falta de emplazamiento, en razón de que no le asiste el carácter tercero extraño auténtico, toda vez que el mandamiento administrativo para afectar cuentas bancarias fue dirigido directamente en su contra. En efecto, de la demanda de garantías (con anexos), aparece que al impetrante lo están vinculando al procedimiento económico coactivo de donde derivan los actos reclamados, como socio responsable solidario de la contribuyente Gasolinera Servicio El Trébol, Sociedad Anónima de Capital Variable de Responsabilidad Limitada, en contra de la cual se fincaron créditos fiscales, hoy exigibles; sin que en este momento resulte procedente prejuzgar sobre la legalidad de esa determinación, por no ser el momento procesal oportuno, pues en todo caso corresponde al quejoso demostrar a través del medio ordinario de defensa que promueva (juicio contencioso de mérito), si efectivamente tiene o no la condición de socio y debe o no responder solidariamente por la referida empresa. Más aun, en el hipotético caso en que el impetrante tuviera la calidad de tercero extraño por equiparación, de cualquier forma esa circunstancia no es impedimento para determinar en el sentido que hoy se hace, porque del sumario emerge que el procedimiento administrativo fuente de los actos reclamados todavía no llega a su conclusión, lo que torna patente que el agraviado tiene expedito su derecho para acudir a ese procedimiento a defender sus intereses, o bien, promover el aludido juicio contencioso administrativo local, antes de ocurrir a esta instancia constitucional. Es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2012, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.' es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, Constitucional, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE CUENTA promovida por Vicente Aguilar Quintana, por conducto de su apoderado Gerardo Maldonado Martínez. No pasa inadvertido para este órgano judicial, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por otra parte, el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como domicilio para oír notificaciones el ubicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado el promovente.

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