Vicente Aguilar Huante

Expediente 466/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
466/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Vicente Aguilar Huante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de julio de dos mil dieciocho Como de la certificación que antecede, se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días para que las partes interesadas interpusieran el recurso de revisión contra el auto dictado por este Juzgado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que se SOBRESEYÓ fuera de audiencia el juicio de garantías, promovido por -, sin que hayan presentado promoción alguna al respecto, por lo que, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita; asimismo, se hace constar que no se formaron los cuadernos incidentales. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de junio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que -, en cuanto apoderado jurídico de los quejosos- reclamó lo siguiente: "A) El ilegal "Traslado urgente" B) El dificultar la readaptación social de los quejosos, al alejarlos de su domicilio, de mi familia, amistades y del Tribunal de Juicio Oral donde se desarrolla su proceso penal, con ese traslado injustificado en un Estado de Derecho Democrático C) De todas las autoridades responsables: El haberlos privado de su derecho fundamental de purgar la pena de prisión en el reclusorio más cercano a su domicilio y/o el Tribunal al que se encuentren sujetos a proceso, como condición fundamental de la readaptación social, sin haberles dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. D) De todas la autoridades responsables: El trato indigno a la dignidad humana que gozan mis defendidos. E) De todas las autoridades responsables: La violación al derecho de igualdad o no discriminación, ya que he sabido que, sin motivos justificados conocidos, dejaron sin efecto el traslado de algunos internos y de manera arbitraria escogieron solo alguno de los que debían ser cambiados." Y señaló como autoridades responsables al Director del Centro de Reinserción Social de la Piedad, Michoacán, Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, quienes al rendir su informe informaron las dos primeras que el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se realizó el traslado de Francisco Javier Acosta Lara, al Centro Penitenciario de Tacámbaro, Michoacán; y respecto al quejoso Vicente Aguilar Huante, al Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, además, la Juez responsable, manifestó conoce del juicio oral de la causa penal ZAM/111/2018, no autorizó ningún traslados de los acusados del Centro de Reinserción Social de la Piedad, Michoacán, por lo que ordenó al encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de la Piedad, Michoacán, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, designara personal suficiente para que con las medidas de seguridad necesarias, realizara el traslado de regreso de los acusados al Centro de Reinserción Social de La Piedad, Michoacán, donde se encontraban recluidos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva y a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento. Por su parte, el Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, remitió a este juzgado el oficio CPLP/SJ/393/2018, en el que informó que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, a las trece horas con diez minutos, fueron reingresados a ese Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, los quejoso Francisco Javier Acosta Lara y Vicente Aguilar Huante, en cumplimiento a lo ordenado por la Presidenta del Tribunal de Juicio Oral Región Zamora, en su oficio número 1830 de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal número ZAM/111/2018. Consecuentemente, si los peticionarios de garantías fueron reingresados al Centro Penitenciario de la Piedad, Michoacán, donde se encontraban recluidos, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados consistentes en el traslado del que fueron objeto. Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción IV, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de los quejosos queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de los quejosos es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Consecuentemente, como ya se dijo con fundamento en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, del propio ordenamiento legal, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de julio del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; en consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional. Lo anterior es así, pues atendiendo a la jurisprudencia de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)"; los alcances de una concesión de amparo, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúa dicho acto reclamado. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, A veinte de junio de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede, se desprende que transcurre el término legal de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... VISTA LA DEMANDA... SE ADMITE..SE DECRETA DE OOFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS...DENTRO DEL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS...INFORMEN A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO QUE HAYAN DADO A LA SUSPENSION OTORGADA...SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DEL AÑO QUE TRANSCURRE..." NOTIFICACIÓN QUE SE LE HACE POR LISTA TODA VEZ QUE EL QUEJOSO Y/O AUTORIZADOS NO SE NOTIFICARON VIA ELECTRONICA (FIREL)EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO.

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