Vicenta Velasco Molina
Expediente 1924/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1924/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- Vicenta Velasco Molina
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y toda vez que por auto de diez de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. En esa tesitura, es evidente que aún no transcurre el término que debe mediar para que las partes de considerarlo, se impongan de su contenido. DIFERIMIENTO Para no causar alguna violación al procedimiento, difiérase la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. PRUEBAS Y ALEGATOS Finalmente, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el escrito de Luis Alberto Galicia Ramos, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa VICENTA VELASCO MOLINA, visto su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas a que hace referencia en su ocurso de cuenta; así como por formulados los alegatos, para que sean tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio del Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del toca 67/2019, relativo a la revisión interpuesta contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 1916/2018 mismo que también devuelve. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del despacho por Ministerio de Ley, dentro del juicio de amparo indirecto 1916/2018. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Flaviano Santiago Hernández, respecto del acto consistente en la separación del cargo que venía desempeñando como policía de tránsito adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito, Cereso y Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, así como el original del incidente de suspensión y ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, además el Tribunal Colegiado de Circuito, confirmó dicha determinación por tanto, es este el último fallo que prevalece, y es el que se considera para determinar el destino final del expediente. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que hasta la data en que se actúa la autoridad responsable no ha dado debido cumplimiento al fallo protector, no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida dentro de este asunto, debiendo remitir para tal efecto, las constancias que así lo acrediten. Asimismo, para que informe el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora dentro del expediente D-6/68/2017, a cargo de Dominga Camargo Ponce (foja 106). Con el APERCIBIMIENTO que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que equivalen a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Por otra parte, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que mediante proveído de cinco de noviembre del año en curso (foja 111), se dio vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento de ejecutoria realizado por parte de la autoridad responsable; por tanto, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que, por sentencia dictada el treinta de septiembre del año en curso (fojas 65 a 81), se concedió el amparo, para el efecto de que: SEXTO. CONCESIÓN DEL AMPARO. En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Roberto Carlos Flores Flores, el amparo solicitado para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla: a) Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b) En su lugar, emita otra en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva lo conducente sobre la admisión del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, sobre la base de que no es necesario que el impretante realice un listado de pruebas para considerar que cumplió con el requisito previsto en la fracción VI del artículo 146 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, ya que la resolución impugnada constituye en sí misma un elemento de prueba.". Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio, se desprende que: La Subdirectora de lo Contencioso en ausencia de la Directora General de Asuntos Jurídicos y representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por oficio recibido el cuatro de noviembre del ao en curso (foja 110) expuso que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual dejó insubsistente la resolución de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve; y en su lugar emitió otro acuerdo en el que se declaró competente para tramitar el recurso de revisión propuesto por Roberto Carlos Flores Flores, admitiéndolo a trámite y registrándolo con el número SSP/07/RV./2018/02. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
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