Vicenta Espinosa Martínez

Expediente 530/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
530/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Vicenta Espinosa Martínez
  • Joel Anselmo Jiménez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la capital de la entidad, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto 530/2023-B-1, del índice de este Juzgado, quedando registrado como amparo 623/2023-1, de su índice. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, por tanto, procédase a su destrucción en términos del primer párrafo del citado dispositivo, inciso j); lo que se estima acontecerá a partir del veinticinco de mayo de dos mil veintiséis

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, la copia certificada del oficio recibido en el correo institucional de este Juzgado, firmado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través del cual devuelve el oficio 5794, dirigido al Titular de la Secretaría de Salud, con residencia en la capital del país; sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento debido a que en proveído de cuatro de mayo de esta anualidad, se ordenó reexpedir el oficio antes citado por la vía ordinaria y mensajería acelerada y dirigido a la dependencia Federal ante citada.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista el acuerdo de once de mayo de este año, a la parte Joel Anselmo Jiménez Vega en su carácter de representante común de la Iniciativa Ciudadana en Modificación al Artículo 12 de la Constitución Local y creación de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California y Vicenta Espinosa Martínez, que dice: ".Vista la demanda de amparo promovida por Joel Anselmo Jiménez Vega, en su carácter de representante común de la Iniciativa Ciudadana de Modificación al Artículo 12 de la Constitución local y creación de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California y Vicenta Espinosa Martínez, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese con el número 530/2023-B-1. Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló como autoridades responsables a las siguientes: a) Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California. b) Dip. Manuel Guerrero Luna, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California. c) Dip. Juan Manuel Molina García, en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California. d) Dip. María del Rosario Adame Muñoz, en su carácter Presidente de la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional del Congreso del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California.La Dirección de Consultoría Legislativa adscrita al Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California. f) La Unidad de Asuntos Jurídicos adscrita al Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California. Luego, del capítulo relativo al acto reclamado se advierte que les atribuyes a dichas autoridades, lo siguiente:... Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente en el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, una vez precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer que, conforme a las características y naturaleza de los actos aquí reclamados, la hipótesis de competencia aplicable es la señalada en el inciso a), específicamente en lo relativo a que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se deba tener ejecución, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto impugnado. Es pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, explicó que los actos reclamados, de acuerdo a su naturaleza y consecuencias, de forma genérica, se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos: ?Actos negativos simples ?Actos negativos con efectos positivos ?Actos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones Señaló dicha sala, que los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Refirió, que por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Denotó la sala aludida que, dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. Esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido -indicó dicha sala-, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Respecto a los actos negativos simples -indicó tal sala-, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Precisó que los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Y que por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Acotó dicha sala, que los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el que hacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Y finalmente -explicó la referida sala-, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Adicionalmente, señaló dicha sala que al resolver el amparo en revisión 1241/1997, esa Primera Sala puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Y puntualizó que al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, esa Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de actos negativos y omisivos ("no hacer" y "omisión"). Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacemos, pero que por alguna razón teníamos el deber de hacerlas, constituyen las llamadas omisiones. Ahora bien, los promoventes del amparo manifiestan bajo protesta de decir verdad en su capítulo de antecedentes del acto reclamado, que en nueve de marzo de dos mil veintitrés, presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, por conducto de su representante común, una iniciativa Ciudadana con más de quinientas firmas, la cual quedó registrada con el número de expediente 852-1/011/14257, relativa a la Modificación al Artículo 12 de la Constitución local y creación de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California. Lo anterior permite establecer que el acto reclamado, si bien es un acto omisivo (ya que se traduce en un no hacer o no actuar por parte de la autoridad), pues como ya se dijo, consiste en la negativa de dar respuesta a la solicitud planteada por el quejoso, también es verdad que tiene efectos positivos, dado que posee consecuencias que se materializarán en un plano fáctico por la situación particular del reclamo y en la que se encuentran los peticionarios de amparo frente a la autoridad, por lo que, es dable concluir que dicho acto sí tiene ejecución material. Se sostiene lo anterior, toda vez que mientras las referidas autoridades responsables continúen con su omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por los quejosos en nueve de marzo de dos mil veintitrés, se ejecuta materialmente una afectación en la esfera jurídica de los impetrantes. De ahí que resulte inconcuso que el caso a estudio debe ceñirse a la regla contenida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan los efectos; esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Precisado lo anterior, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues, como se dijo, los ocursantes reclaman en forma medular la omisión por parte de la autoridades responsables, de dar respuesta a su petición presentada en nueve de marzo de dos mil veintitrés. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 primer párrafo de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el Acuerdo General 107/2022, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Joel Anselmo Jiménez Vega, en su carácter de representante común de la Iniciativa Ciudadana de Modificación al Artículo 12 de la Constitución local y creación de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California y Vicenta Espinosa Martínez, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California y otras autoridades; y estima que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno...Por tanto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se ordena remitir el expediente original al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, autoridad que se estima legalmente competente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes y con copia de la demanda de amparo y del presente proveído con evidencia criptográfica, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda y autorizando en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, Paulina Eusebia Jiménez González y Jesús Conrado Medina Navarro, por así haber sido solicitado. De igual forma, tómese nota del correo electrónico que proporciona la parte quejosa en el ocurso de cuenta, en caso de estimarse necesario establecer el contacto respectivo. ." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.

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