Vianey Vergara Ortiz

Expediente 113/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
113/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Vianey Vergara Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años.

  2. Principal

    (aviso) En veintiocho de junio de dos mil veintiuno, NOTIFICO a la parte quejosa Vianey Vergara Ortiz, el auto de dieciocho de junio de dos mi veintiuno, dictado por el juzgado de mi adscripción, en el juicio de amparo 113/2021, por medio de lista y por lista en una página electrónica, por no haber acudido dentro de los dos días hábiles siguientes, al juzgado de mi adscripción a notificarse, a pesar de haberse dejado aviso fijado en el inmueble del domicilio indicado, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Radicación. V i s t a la Radicación. V i s t a la demanda de amparo promovida por Vianey Vergara Ortiz, por propio derecho, contra actos del Director General de Educación Media Superior del Estado de México y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente físico y electrónico, asimismo, regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 113/2021-III. En tales condiciones, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo promovida por Vianey Vergara Ortiz, por propio derecho, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano". De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; en otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, Materia Común, Novena Época, con registro 186605, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causal de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 898, Materia Constitucional, Novena Época, con registro 196923, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." Además, con la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Materia Constitucional, Novena Época, con registro 188643, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualizada la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, primer párrafo, en relación con el artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo, al advertirse que no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, a razón de que carecen de las características de unilateralidad e imperatividad propias de los actos de autoridad. Para justificar lo que se afirma, convine precisar que los artículos en cita, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de alguna dependencia que no tenga el carácter de autoridad. En efecto, el artículo 5º de la ley de la materia prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Con relación a la figura de autoridad responsable, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese sentido, resulta importante subrayar cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta, para saber cuándo los particulares tendrán el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad la Ley de Amparo que rige en la especie, a saber: a. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: 1. Dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u; 2. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. b. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora bien, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el Estado existen tres tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual, supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Pues bien, si las relaciones de coordinación se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad, entonces, en la relación existente entre la institución educativa y el profesor contratado para impartir la cátedra, debe permear esa calidad. En ese tenor, al desechar por improcedente el recurso de revisión promovido por la aquí quejosa, en contra del oficio número 212001A00000/03589/2020, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, suscrito por Jorge Galileo Castillo Vaquera, en su carácter de Director General de Educación Media Superior, de la Secretara de Educación del Gobierno del Estado de México, que rechazó su propuesta de asignación para continuar don el cargo de "Secretario Escolar MS C, en el CBT No 2, Amecameca", no actúo en ejercicio de una potestad administrativa, que le otorguen atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación, sino que sus actuaciones derivan de una relación contractual entre escuela-profesor, razón por la que, no existe unilateralidad ni imperio, que son la principal característica de los actos de particulares "equivalentes" a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, motu proprio, en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, derivada de una relación laboral, regulada por el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros ordenamientos, asimismo dicho personal que integra estará sujeto a los planes establecidos por la institución académica, debiendo cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por la normatividad que regule su ingreso, permanencia y promoción de la institución tal y como lo prevé el Estatuto de la Secretaria de Educación Pública del Estado de México. Entonces, es claro que en este caso no puede tenerse como autoridades responsables a las citadas funcionarias educativas, para efectos del amparo, ya que no ejercen un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la quejosa, sino que en realidad se trata de relación de coordinación, derivada de las actividades que realizaba esta última como "Secretario Escolar MS C", y es justamente en ejercicio de la facultad de autogobierno que tiene dicha institución educativa, de establecer sus procedimientos normativos. En ese sentido, se debe tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J./20/2010, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO" estableció que dichas instituciones cuentan con autonomía para autogobernarse, entre las que se encuentran inmersas las facultades: Normativas. De supervisión. Ejecutivas, referidas al desarrollo y ejecución de los principios constitucionales, de las leyes expedidas por los órganos legislativos y las normas que las universidades emiten; y Parajudiciales, que se refieren a la capacidad de dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al universitario. Entonces, se considera que la asignación por continuidad de la plaza como Secretario Escolar MS C se enmarca dentro de sus facultades normativas, puesto que las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de México, para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Apoya a lo anterior, por las consideraciones que la rigen la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, agosto de 2020, Tomo V, página 4389, de texto y contenido: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." De ese modo, si la institución educativa goza de facultades para dirimir los conflictos que surjan en su interior, resulta inconcuso que el desechamiento del recurso de revisión promovido por la aquí quejosa, en contra del oficio número 212001A00000/03589/2020, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, suscrito por Jorge Galileo Castillo Vaquera, en su carácter de Director General de Educación Media Superior, de la Secretara de Educación del Gobierno del Estado de México, que rechazó su propuesta de asignación para continuar don el cargo de "Secretario Escolar MS C, en el CBT No 2, Amecameca", y su ejecución, se trata de una decisión derivada de la autonomía de que se encuentra investida dicha Secretaría, lo que viene a corroborar que no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por identidad jurídica, resulta aplicable la tesis aislada sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 119, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL.- Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Vianey Vergara Ortiz, atento a las consideraciones vertidas en líneas que anteceden. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta. Asimismo, téngase por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas Leticia Vergara Ortiz y Martín Hernández Gómez, toda vez que se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Módulo de Consulta Jurídica Federal. En otro aspecto, respecto al correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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