Vianey Valdez Torres

Expediente 1282/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1282/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Vianey Valdez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano constitucional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara su escrito de demanda dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el mencionado término legal de cinco días concedido a la parte promovente, sin que realizara las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, no obstante estar debidamente notificada; en tal virtud, y con fundamento en el artículo 111, en relación con el diverso 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la ampliación de demanda constitucional de que se trata. Sin que pase inadvertido para determinar lo anterior, el escrito de cuenta, signado por la quejosa, por medio del cual refiere dar cumplimiento al proveído por el cual subsistió la prevención ordenada en autos; ello, puesto que, como se aprecia de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el término de cinco días inicialmente concedido en proveído de cinco de octubre del año en curso, para desahogar la prevención ordenada en el mismo, ya transcurrió. Aunado a lo anterior, es menester precisar, que el primero de los escritos aclaratorios presentado por la parte quejosa, recibido en este Juzgado el trece del presente mes y año, se dio en el segundo día del término de cinco días concedido, y la presentación del ocurso de cuenta, se dio en el último día del término otorgado. Se precisa lo anterior, ya que el proveído de cinco de octubre del año en curso, en el que se previno la demanda de que se trata, se tuvo por hecha la notificación vía electrónica a la parte quejosa el once del presente mes y año, surtiendo sus efectos ese mismo día, por lo que, el término de los cinco días concedido comenzó a trascurrir el doce de octubre, el cual se vio interrumpido por la presentación del ocurso de trece de octubre; es decir, en el segundo día del término. Asimismo, el auto de catorce de octubre del presente año, en el que se le indicó a la parte quejosa que subsistía la prevención de demanda, por las razones que se expusieron, le fue notificado vía electrónica el veinte de octubre siguiente, surtiendo sus efectos el mismo día, por lo que, el veintiuno de octubre de este año, se reanudó el termino de los cinco días inicialmente otorgado; el cual se ejemplifica de la siguiente manera: Día uno Día dos Día tres Día cuatro Día cinco Doce de octubre de dos mil veintidós Veintiuno de octubre de dos mil veintidós Veinticuatro de octubre de dos mil veintidós Veinticinco de octubre de dos mil veintidós Veintiséis de octubre de dos mil veintidós En ese sentido, debe decirse que existen diversos criterios jurisprudenciales en los que tanto la Primera Sala como la Segunda Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretaron el contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo abrogada, y establecieron que el escrito por el cual se pretende dar cumplimiento a una prevención, debe atenderse, dentro del término legal, en los dos primeros días del término (de tres días) otorgado para ello, y no en el último día. En el caso, tal interpretación debe hacerse acorde a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, en el que se estableció ahora un término de cinco (y no de tres) para cumplir con las prevenciones que se hubiese declarado prudentes. Ello, se entiende, toda vez que dentro de los dos primeros días (según la ley de anterior vigencia) o dentro de los primeros cuatro días (de la ley que rige actualmente), existe la posibilidad de que, de no cumplir con las precisiones ordenadas, la parte procesal respectiva subsane las irregularidades, sin detrimento al derecho humano de administración pronta de justicia y sin perjuicio de persona alguna. Además, asentó que de aceptarse el desahogo de la prevención al tercer día (bajo la ley anterior), en el caso, al quinto día (ley vigente), se correría el riesgo de que el término de la prevención se prolongue en demasía, en la medida en que siempre podrían presentar diversos escritos el último día, interrumpiendo el término inicialmente otorgado, prolongándose de más el término por los días en que haya que notificarse de forma personal el acuerdo respectivo, las posibilidad ahora de se deje citatorio o aviso, además del día en que surta efectos dicha notificación, transformando verbigracia un término legal de cinco días, en ocho o más días hábiles. En ese sentido en la ejecutoria que dio paso a la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se asentó: Así, atendiendo a las nuevas tendencias de este Alto Tribunal, de facilitar y garantizar al quejoso el debido acceso a la protección de la Justicia Federal, prescindiendo de tecnicismos y requisitos infructuosos para alcanzar tales propósitos, es que a juicio de esta Primera Sala, cuando la parte quejosa presenta su escrito de aclaración en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, y no logra cumplir con las prevenciones que le fueron impuestas, el Juez de Distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió, para darle oportunidad de subsanarlas, pero dentro de ese mismo término, que debe estimarse interrumpido con la presentación de su ocurso aclaratorio, y reanudado el día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, en donde habrán de precisarse tales fechas, a fin de que el interesado conozca con exactitud su oportunidad para satisfacer cabalmente las exigencias del resolutor. [.] Así, de los términos previstos en la legislación aplicable, debe considerarse que la presentación del escrito aclaratorio -que no logra cumplir a satisfacción la prevención hecha- dentro del primero o segundo días, interrumpe el plazo de tres días a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que emita el Juez de Distrito en el sentido de que no las acató y señale, en su caso, las omisiones, para dar oportunidad al promovente de subsanarlas, pero dentro de aquel término, pues de no estimarlo así, se correría el riesgo de que cuando la parte quejosa conociera que no logró satisfacer el requerimiento hecho, hubiese fenecido el plazo de tres días que le fue otorgado por disposición de la ley. Lo anterior es así, toda vez que por disposición del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles el Juez está facultado para acordar la promoción a más tardar al día siguiente (esto es el segundo o tercer día del plazo concedido, dependiendo si el escrito aclaratorio se presentó el primero o el segundo día del plazo), empero, la notificación correspondiente puede efectuarse a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen pronunciado; es decir, se notificaría al tercero o cuarto día, según fuera el caso y surtiría efectos al día siguiente al de la notificación personal, es decir, una vez transcurrido el plazo de tres días concedido, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia de mérito 1a./J. 39/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece en la página 400 del libro VIII, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de mayo de 2012, con registro digital 2000702, y dispone: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Asimismo, se cita al respecto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 133 del tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de noviembre de 2003, con registro 182896, y de rubro y texto: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda. Así, debe establecerse que en el caso, el invocado precepto 114 de la Ley de Amparo es claro al expresar que el término concedido a la parte promovente a fin de aclarar el escrito inicial de demanda, es de cinco días; esto es, el legislador fue claro en precisar que el término que se consideró apto y suficiente para subsanar las irregularidades o deficiencias de cualquier escrito inicial de demanda, es el de cinco días. Por lo que, de aceptar o, dicho en otras palabras, de ampliar dicho término, conduciría a un actuar en contravención con las disposiciones normativas de la materia, con lo que, inclusive podrían violentarse derecho humanos de las diversas partes procesales, al otorgar ventajas prohibidas por mandato legal. De ahí que, aún más, al pretenderse dar cumplimiento en el último día del término otorgado, sin haberse cumplido tal, lo procedente sea el tener por no presentada la ampliación de demanda de amparo de que se trata. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y a fin de hacer más práctico el estudio y manejo del presente expediente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, fórmese el tomo cuatro y agréguese al inicio del mismo, copia autorizada del presente auto. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra en autos lo solicitado mediante proveído de veintitrés de septiembre del presente año, al Presidente y Director de Catastro, ambos del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En ese sentido, requiérase a las referidas autoridades responsables a fin de que, en el término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, informen las acciones tendentes al cumplimiento de los requerimientos efectuados mediante el citado proveído; esto es, el emplazmaiento de la parte tercero interesada indicada por un tribunal colegiado. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una MULTA por el equivalente a CINCUENTA DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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