Vianey Machado Pérez

Expediente 2073/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2073/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Vianey Machado Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 2073/2023-II, promovido por********************por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, y otras autoridades, con sede en esta ciudad, y que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; en proveído de cinco de octubre del año en curso, se tuvo como tercero interesada a CKD Activos 8, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, quien fue legalmente emplazada a juicio; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en esta ciudad se tramita el juicio del que emanan los actos reclamados, los cuales tienen ejecución en esta misma localidad. SEGUNDO. En el atención a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, una vez que es analizada en su integridad la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: 1) El acuerdo de admisión a trámite dictado dentro del juicio hipotecario 252/2019; y, 2) El ilegal emplazamiento al juicio hipotecario 252/2019. TERCERO. Las autoridades responsables Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, y Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ambas con residencia en esta ciudad, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, por lo que los mismos se tienen como legalmente ciertos, certeza que se corrobora de las constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado. En la inteligencia de que, las referidas constancias al constituir documentos públicos, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se tienen como ciertos los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Ahora, con independencia de lo antes precisado, no se determinará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al análisis de tales cuestiones, habida cuenta que este órgano de control constitucional, advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia y, su estudio es preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así es, el suscrito juzgador considera que respecto de los actos reclamados en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue presentada en forma extemporánea por la quejosa, al haberlo hecho fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la invocada ley, por lo que se sostiene que aquél consintió tácitamente los citados actos reclamados. Los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la transcripción anterior, se desprende que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora bien, de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (relativas al juicio hipotecario 252/2019) el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, que obran glosadas al presente juicio y que fueron valoradas en considerando anterior, se advierte que la hoy quejosa tuvo pleno conocimiento del juicio hipotecario 252/2019, del índice del Juzgado responsable, promovido por BBVA ancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer y seguido por CKD Activos 8, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, lo que ocurrió al menos desde el nueve de agosto de dos mil diecinueve, fecha de la comparecencia personal de********************ante el juzgado segundo de lo civil, siendo el secretario de acuerdos quien en diligencia levantada para tal efecto, hizo constar el emplazamiento de manera personal de la aquí quejosa al juicio hipotecario 252/2019; diligencia en la que se hizo constar que se identificó con credencial de elector y se le corrió traslado con las copias de la demanda y sus anexos. Lo anterior, pone de relieve que, efectivamente, desde esa data la aquí quejosa se enteró de la existencia del juicio hipotecario 252/2019, del cual derivan los actos reclamados en esta instancia constitucional. Lo hasta aquí expuesto, deja de manifiesto que la demanda de amparo promovida por la quejosa, que dio origen al presente juicio, en donde reclama de forma destacada la falta de emplazamiento o su llamado al juicio hipotecario 252/2019, se encuentra presentada fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia. Es así, puesto que puede afirmarse que la demandada aquí quejosa, en la data que fue emplazada al referido juicio, se dio por enterada de la existencia del mismo; de quien lo promovió; del número de expediente asignado; que su trámite se lleva en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, así como de los motivos que dieron origen a dicho procedimiento. En ese sentido, si el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo de los quince días para la promoción de la demanda se computará, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución, es claro que, en el caso concreto, transcurrió en exceso el plazo que tenía la parte quejosa para la interposición de la demanda de amparo en contra de los actos que nos ocupan, pues la misma se presentó hasta el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; lo que deviene en el consentimiento tácito por parte de la quejosa de los actos en estudio que por esta vía reclama, pues dejó transcurrir dicho término sin promover demanda de amparo, siendo que con esta conducta reveló su conformidad con tales actos. Lo anterior, hace improcedente el juicio de amparo respecto de los mismos, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y sin que en la especie se esté en alguno de los casos de excepción que estipula la ley de la materia. Además, sobre el particular debe decirse que, si la promovente del amparo tuvo conocimiento del procedimiento desde la fecha ya indicada, es evidente que por ese sólo hecho perdió el carácter de persona extraña al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004274, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 729, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origenalegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por todo lo expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley antes invocada. Dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, aunque no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que se dice agraviada por los aludidos actos de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano judicial se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. Lo antes dicho se encuentra sustentado en la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre de 1993, Materia Común, visible en la página 57, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 2, 37, 73, 74. 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 2073/2023-III, promovido por********************respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos legales expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Nora Hilda Luna Lugo, que autoriza y da fe de sus actos.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ******************** por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia constitucional que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo es conservable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción III, inciso b), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Deberá conservarse por un término de tres años, concluido ese plazo posterior al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir los expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Lucero de León Guevara, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas documentales las constancias que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En otro contexto, visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre del presente año, se reservó emplazar al tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, y dado que en el párrafo que antecede se tuvo por recibido el mismo, y de las constancias que acompaña al mismo, se advierte que a CKD Activos 8, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, le reviste dicho carácter. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado CKD Activos 8, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con domicilio en ******************** En tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción I, y 115, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en dicho domicilio y emplace a juicio al citado tercero interesado, debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente auto, haciéndole de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, y por lista en una página electrónica, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que para ello se tenga que realizar mayor trámite. Notifíquese personalmente. ...

  4. Principal

    REPUBLICACIÓN..Reynosa, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas documentales las constancias que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En otro contexto, visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veinte de septiembre del presente año, se reservó emplazar al tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, y dado que en el párrafo que antecede se tuvo por recibido el mismo, y de las constancias que acompaña al mismo, se advierte que a CKD Activos 8, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, le reviste dicho carácter. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado CKD Activos 8, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con domicilio en ******************** En tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción I, y 115, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en dicho domicilio y emplace a juicio al citado tercero interesado, debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente auto, haciéndole de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, y por lista en una página electrónica, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que para ello se tenga que realizar mayor trámite. Notifíquese personalmente. ...

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