Vianey Gallardo Coronado

Expediente 166/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
166/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Vianey Gallardo Coronado
  • Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, primero de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo; en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, del citado Acuerdo General, en relación con el apartado 7.4 del capítulo 7 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por haberse concedido la suspensión de plano, motivo por el cual trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En razón de que la parte quejosa o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; veintitrés de junio del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintidos de junio de dos mil veintiuno, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, de los que se advierte que mediante proveído de diez de mayo del año en curso se tuvo a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación Mesa VII, de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, informando que el uno de abril de dos mil veintiuno, se dejó en libertad, bajo las reservas de ley, al quejoso Vianey Gallardo Coronado, toda vez que el delito por el que se encontraba puesto a su disposición no amerita prisión preventiva oficiosa; lo que acreditó con las documentales correspondientes que al efecto anexó. ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, en relación con dicha información, así como con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, es conveniente señalar que el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen:"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.***Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:***XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada.De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional; es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija.Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *****Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.*****Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es:"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, el escrito de demanda presentado por GUADALUPE BUCIO MEDINA, a favor de VIANEY GALLARDO CORONADO, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, ante el Secretario de este Órgano Jurisdiccional y ratificada por éste último el treinta y uno siguiente, deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: "La ilegal detención y privación ilegal de la libertad de mi esposo Vianney Gallardo Coronado, no permitirle tener comunicación con nadie. Así como en el supuesto de no ser localizado y puesto en libertad, su desaparición forzada." 1.- Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan. 2.- Lic. Elizabeth García Barbosa, en su calidad de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional en Uruapan.3.- Director de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan.4.- Comandante de la Policía Estatal Michoacán, con residencia en esta ciudad.Luego, del oficio 215, signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación Mesa VII, de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, mediante el cual, entre otras cosas informó: ".la situación jurídica del quejoso VIANEY GALLARDO CORONADO, el cual con fecha 01 de abril del 2021, dos mil veintiuno, se dejó en libertad bajo las reservas de ley, toda vez que el delito por el que se encontraba puesto a disposición de la suscrita, no es considerado como delito grave y no amerita prisión preventiva como lo marca el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra dice: Libertad durante la investigación. En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada.Teniendo en este caso que el ofendido lo fue LA SOCIEDAD, y dicho quejoso se encuentra en libertad, por lo que la Carpeta de Investigación que se integró en contra del quejoso se encuentra en trámite e integración, para finalmente realizar su determinación; anexando copias autentificadas del acuerdo de libertad, de la notificación y del oficio de libertad. Con fundamento legal en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado."; y para acreditarlo acompañó las constancias que refiere.Asimismo, del contenido del informe justificado que rindió dicha autoridad responsable, en esencia, informó: ".si bien es cierto que el C. VIANEY GALLARDO CORONADO fue puesto a disposición ante la suscrita a las 02:20 horas del día 30 de marzo del año 2021, dos mil veintiuno por el delito de RESISTENCIA DE PARTICULARES, integrándose en su contra la carpeta de investigación con número único de caso 10042021117997, y desde el momento en que fue presentado ante la suscrita. antes de cumplirse las 48 horas se dejó en libertad, toda vez que el delito por el que fue puesto a disposición es un delito que no amerita pena privativa de la libertad; y para acreditar mi dicho hago llegar a usted copias de los pases de visita de los familiares, quienes lo visitaron mientras estuvo detenido, así como copia del acuerdo, de la notificación y del oficio de libertad. y para acreditarlo acompañó las constancias que refiere: 1). Copias de los pases de visita de los familiares, quienes lo visitaron mientras estuvo detenido 2). Acuerdo de libertad bajo las reservas de ley, dictado el uno de abril de dos mil veintiuno. 3). Notificación de dicho acuerdo al quejoso de esa propia data.4). Oficio de libertad de uno de abril de dos mil veintiuno.A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto.Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen:"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.".De las constancias antes descritas se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados por la parte quejosa. En efecto, dichas constancias revelan que la autoridad responsable con fecha uno de abril del dos mil veintiuno, dejó en libertad bajo las reservas de ley al quejoso VIANEY GALLARDO CORONADO, toda vez que el delito por el que se encontraba puesto a disposición de la misma, no es considerado como delito grave y no amerita prisión preventiva como lo marca el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Además, del informe justificado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación Mesa VII, de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, se desprende que negó los actos reclamados, ya que, si bien es cierto que estaba a su disposición por el delito de resistencia de particulares, iniciándose la carpeta de investigación con número único de caso 1004202111797; desde el primer momento se le hicieron saber sus derechos como imputado y en ningún momento se le negó tener comunicación con familiares o abogado particular, tan es así que los familiares lo visitaron en varias ocasiones mientras estuvo puesto a disposición; e inclusive, el directo quejoso, en la diligencia de ratificación de demanda, refirió que no ha sido objeto de malos tratos, ni tortura, ni ha sido incomunicado. Finalmente, lo dejó en libertad antes de cumplirse las cuarenta y ocho horas que marca la Constitución Federal para las detenciones urgentes o casos de flagrancia.Lo que acreditó con las copias que anexó a su informe de ley, relativas a los pases de visita de los familiares. Por tanto, con dichas documentales se corrobora que el quejoso no estuvo incomunicado, no sufrió privación ilegal de la libertad o detención ilegal, ni sufrió desaparición forzada, tal como lo manifestaron en el escrito de demanda; y, si en el caso hubiese resultado de esa manera, los efectos de la detención han cesado. Ahora, para dar oportunidad a la parte quejosa de desvirtuar lo manifestado por las responsables o manifestar lo que a su interés legal conviniera, mediante proveído de veintiocho de mayo pasado se ordenó notificarle personalmente el auto de diez de mayo, en el que la autoridad responsable ordenadora Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación Mesa VII, de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, hizo del conocimiento lo narrado en párrafos precedentes, así como correrle traslado con las constancias relacionadas anteriormente y que adjuntó la responsable para acreditar su dicho; apercibido que de no hacer manifestación al respecto, se entendería que está conforme con lo informado por la autoridad responsable. Por lo que dicho auto le fue notificado por medio de lista publicada el tres de junio del año en curso, toda vez que no compareció a este juzgado a notificarse de manera personal, en virtud del aviso de notificación que el actuario judicial le dejó en el domicilio para recibir notificaciones personales. Por ende, se hace efectivo el apercibimiento contenido en ese auto y se le tiene por conforme con lo referido por la representante social responsable. Aunado a lo anterior, las autoridades responsables que rindieron su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados; y por lo que respecta a la autoridad que la parte quejosa denominó como Comandante de la Policía Estatal Michoacán, con residencia en esta ciudad, por auto de treinta de abril del año en curso se dio vista a la parte quejosa respecto la inexistencia de la misma, para que manifestara lo que considerara pertinente; lo que se le notificó, de igual forma, por medio de lista publicada el tres de junio del año en curso, y no hizo manifestación alguna. Entonces, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de treinta de abril del año que transcurre, de ahí que se deja de tener como responsable a dicha autoridad y se suspende toda comunicación con ella. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. ***No pasa desapercibido para este juzgador que, no obstante la negativa de las autoridades responsables y que por parte de este órgano de control constitucional se ordenó la suspensión de plano para que cesaran los actos reclamados, al parecer prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal, se precisa que no le corresponde al quejoso demostrar la existencia de tales actos, sino que compete a la responsable acreditar que los mismos no se infirieron (tal como lo acreditó la responsable ordenadora); de ahí que este órgano de control constitucional, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, de acuerdo con las constancias recabadas en el presente juicio, verificó la inexistencia y cesación de los actos que precisados.A lo anterior, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.149 P (10a.), con registro 2019397, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, que dice:ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SI SE RECLAMAN EN EL AMPARO INDIRECTO, Y EN EL INFORME JUSTIFICADO SE NIEGA SU EXISTENCIA, ES IMPROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO, AL NO CORRESPONDER AL QUEJOSO DEMOSTRAR QUE NO FUE OBJETO DE AQUÉLLOS, SINO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITAR QUE NO SE LE INFIRIERON, Y AL JUEZ DE DISTRITO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INVESTIGARLOS. Por tanto, tomando en consideración las circunstancias de detención expuestas, la temporalidad en la que el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad ministerial responsable (02:20 horas del treinta de marzo pasado) y en la que se dejó en libertad (01:00 horas del uno de abril del año en curso), no se desprenden ni siquiera de forma indiciaria que el directo quejoso hubiera sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna.Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con quince minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que no obra constancia de notificación personal a la parte quejosa del auto de treinta de abril del año en curso, a través del cual se le da vista con la inexistencia de la autoridad responsable que señaló como Comandante de la Policía Estatal Michoacán, con residencia en esta ciudad; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que a la brevedad notifiquen a la parte quejosa el referido auto, a fin de que esté en condiciones de dar la vista que se ordenó darle. Asimismo, de autos se advierte que por acuerdo de diez de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación Mesa VII, de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, mediante el cual, en lo esencial, informó que el uno de abril de dos mil veintiuno se dejó en libertad, bajo las reservas de ley, al quejoso Vianey Gallardo Coronado, toda vez que el delito por el que se encontraba puesto a su disposición no amerita prisión preventiva oficiosa; y para demostrarlo adjuntó diversas constancias. Atento a lo anterior, a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, se ordena notificar en forma personal el auto de diez de mayo de este año a la parte quejosa y correrle traslado con las constancias aludidas (las cuales se adjuntaron a la promoción registrada con el número 6487), para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, se entenderá que está conforme con lo informado por la autoridad responsable referida. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el auto de treinta de abril y diez de mayo de dos mil veintiuno, y córrasele traslado de las constancias precisadas en el segundo auto mencionado.

  4. Principal

    Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponde, los oficios de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación Mesa VII, y Director de la Policía de Investigación, ambos de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. Con los informes y documental que adjuntan al mismo, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que adjunta la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación Mesa VII de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. NOTIFÍQUESE.

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