Vianey Díaz Cortes

Expediente 536/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
536/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Vianey Díaz Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de quince de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado...

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, así del numeral 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se notifican por medio de lista a la PARTE QUEJOSA, el proveído de QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, en virtud de que no compareció ante este Juzgado de Distrito, a notificarse personalmente dentro de los dos días hábiles siguientes, a la fecha en que se dejó citatorio con la persona que se encontró en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones. El referido auto en síntesis dice:"Acapulco de Juárez, Guerrero, quince de octubre de dos mil veinte. Vista; la demanda de amparo que promueve ***, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 536/2020, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito... Ahora bien, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 113 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Tal consideración se expone, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada en la página mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Tomo VII, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En ese contexto, se tiene que la impetrante del amparo, señala como autoridad responsable y acto reclamado, los que enseguida se precisan: "3.- AUTORIDAD RESPONSABLE: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, con domicilio. 4.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE RADICAR mi demanda ordinaria civil de daño moral en el expediente 206/2020-1 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad.". Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa manifestó lo siguiente: ". Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que tanto los antecedentes de la presente demanda como los conceptos de violación son ciertos. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: No aplica, sin embargo, el 24 de septiembre de 2020 la responsable publicó un acuerdo mediante el cual, en lugar de radicar la demanda, solicitó recabar mi expediente clínico en la especialidad de Oftalmología del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la clínica 9 del mismo instituto. ACLARANDO QUE NO DESEO SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO el acuerdo antes mencionado, sino la omisión de radicar mi demanda por las razones vertidas con posterioridad.". Expuesto lo anterior, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que impone desechar la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, cuyo estudio se aborda de acuerdo a las siguientes consideraciones. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del texto de la fracción transcrita, se colige que para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; II. Que se pronuncie una resolución procesal que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; III. Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Los anteriores razonamientos encuentran sustento en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página 219 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Lo anterior es así, dado que de la demanda y de lo transcrito se advierte que el acto reclamado es la -omisión del juez responsable de radicar la demanda en el expediente 206/2020- 1 de su índice-; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado que manifestó bajo protesta de decir verdad la propia quejosa, se aprecia que el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en atención a la demanda que presentó la promovente del amparo, dictó el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó recabar el expediente clínico de la aquí impetrante Vianey Díaz Cortés, en la especialidad de Oftalmología del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la clínica 9 del mismo instituto, determinación que no se impugna en este juicio de amparo. En tales circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que dicho acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso, cambió la situación jurídica en que se encontraba la quejosa en virtud del acto que reclamó en la presente instancia consistente en la omisión de radicar la demanda en el expediente ***, pues si bien, el acuerdo que recayó al escrito de demanda no lo es la radicación de la misma, empero, el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad sí se pronunció respecto de la demanda que hizo valer. En tal virtud, dicha circunstancia procesal generó una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto aquí reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en este juicio constitucional (auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte), aunado a que existe autonomía e independencia entre ambas, subsistiendo esta última con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional; por ende, es evidente que ante tal situación, ha cambiado la situación jurídica de la quejosa. Ello es así, no obstante que inicialmente podría haber existido la omisión de radicar la demanda que en la vía ordinaria civil presentó la peticionaria del amparo; sin embargo, actualmente ello no ocurre, dado que la autoridad responsable acordó el escrito de demanda en los términos que estimó conducentes, esto es, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que ordenó recabar el expediente clínico de la aquí impetrante Vianey Díaz Cortés, en la especialidad de Oftalmología del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la clínica 9 del mismo instituto. Es aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXIX, Materia Común, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... 'contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." Asimismo, respecto del acto reclamado por la quejosa consistente en la omisión de radicar la demanda ordinaria civil en el expediente 206/2020-1, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, el suscrito juzgador estima que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)"Del texto del precepto legal reproducido se deduce que para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado, o en otras palabras, que exista una situación jurídica que definitivamente impida la ejecución que dio motivo al amparo por tornar inexistente el objeto o la materia del mismo.La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la causal de improcedencia en análisis se actualiza cuando el acto reclamado subsiste formalmente, pero su objeto o materia dejó de existir, por modificarse el entorno en el que fue emitido, de modo que una eventual protección constitucional, carecería de efectos.Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 173858, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Se estima que se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, en virtud de que, la parte quejosa, en esencia, señaló como acto reclamado la omisión de radicar la demanda presentada por la quejosa en el expediente 206/2020-1, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, demanda que si bien es cierto, no ha sido radicada, también lo es, que dicho acto no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia del mismo, que es precisamente la omisión de proveer respecto del ocurso de demanda, toda vez que, ello ya aconteció, aun cuando se no se haya acordado en los términos solicitados por la peticionaria del amparo, lo que conlleva a estimar notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa. Pues, no debe olvidarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que, se reitera, que aun cuando no ha sido radicada la demanda, el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dictó el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó recabar el expediente clínico de la aquí impetrante Vianey Díaz Cortés, en la especialidad de Oftalmología del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la clínica 9 del mismo instituto, por tanto, aun cuando subsiste el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo. En conclusión, la causa de improcedencia en cuestión, se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado subsista; b) Que no pueda surtir efecto legal o material; y, c) Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Así, respecto al primer requisito, se actualiza pues subsiste la omisión de radicar la demanda ordinaria civil promovida por la quejosa; sin embargo, no puede surtir efecto legal o material, en virtud de la existencia del acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que el juez responsable proveyó lo que estimó conducente respecto del escrito de demanda promovido por la ahora quejosa, en la vía ordinaria civil; por lo que también se actualiza el segundo requisito. Aunado a ello, el objeto de la omisión reclamada ha dejado de existir, al recaer el proveído de veinticuatro de septiembre pasado, al escrito de demanda presentado por Vianey Díaz Cortés por daño civil, en el expediente ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; con lo que se acredita el tercer requisito. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas por el numeral 61, fracciones XVII y XXII, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de la citada legislación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Vianey Díaz Cortés, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Morales Campos; respecto de las demás personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por así solicitarlo la quejosa. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De la expedición de copias. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a partir del tres de agosto del año en curso, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la cual se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, aunque con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. De tal forma que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, por lo que se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En seguimiento a esas directrices, como una medida que se adopta con la finalidad de proteger tanto a los servidores públicos, a los justiciables y al público en general de los efectos del virus COVID-19, la obtención de copias en esta nueva normalidad, se hará bajo los siguientes lineamientos: Para la obtención de copias simples: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. 2. En caso de que se desee obtener copia simple de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el correspondiente archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia simple no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar un cita para consulta del expediente dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, rubro en el cual podrán generar la cita correspondiente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1218, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión; así como que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas. Para la obtención de copias certificadas: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. Una vez que reciban los archivos correspondientes, deberán generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su expedición dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 2. En caso de que se desee obtener copia certificada de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere que el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. Hecho esto, será su obligación obtener la impresión de dichas constancias al exterior de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y generar nueva cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia certificada no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar una cita para consulta del expediente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1218, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión. Asimismo, que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas, así como obtener su certificación, previo cotejo. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen ley vigente."

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