Vianey Cruz Román y Otros.
Expediente 1691/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1691/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Vianey Cruz Román y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quincequince de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo (fojas 59), la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV-B S E R E S U E L V E: Único. Se sobresee el presente juicio de garantías, promovido por VIANEY CRUZ ROMÁN y OTROS por conducto de su apoderado Demetrio Tomás Cruz Cruz, contra los actos precisados en la consideración segunda, de conformidad con la diversa cuarta de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IV-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese la comunicación de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante la cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admiten las documentales que ofrece la responsable citada; probanzas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio y anexo de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de queja 351/2016. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de garantías. Ahora, en virtud de que la Superioridad, resolvió en el sentido de que se admita a trámite la demanda de amparo promovida por VIANEY CRUZ ROMAN y otros por conducto de su apoderado Demetrio Tomás Cruz Cruz, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 33 fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías; tramítese SIN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por no haberlo solicitado expresamente.. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 50 23871, al cual también, en su caso, puede mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia del acto reclamado, precise si las constancias que remitan como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Se fijan las NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para celebrar la audiencia constitucional. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que de admitir la existencia de los actos reclamados para que en el plazo de tres días, informen a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra los actos reclamados o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo. Se precisa a la autoridad responsable que está obligadas a recibir los oficios que con motivo de la tramitación del presente juicio, el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, les haga entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se les impondrá una multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; lo anterior, sin perjuicio que al rendir sus respectivos informes, precisen su denominación correcta o manifiesten la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se les dirija, en lo sucesivo se le tendrá aquí como inexistente y no se le dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Por otro lado, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, mediante oficio, al que se anexe copia simple de la demanda, emplácese al tercero interesado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Con fundamento en el artículo 119 de la ley invocada, se admiten las pruebas que ofrece la parte quejosa, consistentes en las documentales, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizadas en los términos que refiere, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.
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