Vianey Antunez Ramos
Expediente 1987/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1987/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Vianey Antunez Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1987/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el siete de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos y de la Comisión, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa VIANEY ANTUNEZ RAMOS, la resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación de la resolución de mérito a la parte quejosa, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe. ...SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 1987/2018, auxiliar 173/2019, promovido por VIANEY ANTÚNEZ RAMOS; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en Cuernavaca, Morelos, VIANEY ANTÚNEZ RAMOS, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia de la unión, en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- COMISIÓN NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN VERÓNICA CUEVAS LÓPEZ. AUTORIDADES RESPONSABLES (EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS) DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 4.- ACTOS RECLAMADOS: a).- La resolución dictada por la Comisión nombrada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de fecha diecisiete de octubre del año en curso, suscrita por la MAGISTRADA PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, Licenciada MARÍA DEL CARMEN VERÓNICA CUEVAS LÓPEZ, así como los Consejeros Doctor en Derecho RUBÉN JASSO DÍAZ y MIGUEL ÁNGEL FALCÓN VEGA Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos e integrantes de la comisión nombrada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ante la Secretaria General de Acuerdo, licenciada MAYRA ROMAN ORTIZ, mediante el cual declaran la existencia de responsabilidad administrativa, en contra de la suscrita Licenciada VIANEY ANTUNEZ RAMOS, así como la imposición de una sanción administrativa, consistente en una SANCION ECONÓMICA DE DIEZ UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, que representa la cantidad de $754.90 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.), señalando que si no doy cumplimiento voluntario en el plazo de cinco días, haciendo pago al fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos, se me realizará descuento vía nómina." En su escrito de demanda la quejosa señaló violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1, 3, 4, 13, 14, 16, 17, 25, 27, 31 fracción IV, y 123, de la Constitución federal; y expresó conceptos de violación. Segundo.- Por razón de turno, la demanda se recibió el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado segundo de distrito, y por auto de día siguiente se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito; y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- Son ciertos los actos que se reclaman de la Comisión nombrada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia; Magistrada Presidente y Secretaria general de dicha Comisión; Director general de administración del poder judicial del Estado; y Jefa de recursos humanos del poder judicial del Estado de Morelos, pues así se desprende del informe justificado que rindieron. TERCERO.- Son infundados los conceptos de violación en razón de lo siguiente. En efecto, la quejosa argumenta en síntesis, que no se valoró su declaración; que en el estudio de la resolución reclamada se le aplicó el artículo 73 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como supletoria, cuando lo correcto lo es la Ley de Servicio Civil; que el órgano sancionador se encuentra supliendo de manera dudosa las funciones del Consejo, por lo que debió haberse decretado la falta de capacidad para conocer del procedimiento, pues se encuentra en litigio la validez de la pseudo comisión creada para suplir deficiencias de diverso poder; la falta de estudio de la prescripción alegada; y que carece de fundamentación y motivación. La resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 282 a 312 del anexo), que constituye el acto reclamado, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "I.- COMPETENCIA. Al respecto, debemos señalar que ésta comisión del H.Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es el órgano competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, con fundamento en los artículos 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículos 86,92-A, fracciones IV y V, 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos vigente; en correlación con la disposición quinta transitoria del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5579, decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley orgánica del Poder Judicial y abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolecentes y Juzgados especializados, en el que facultó al Pleno del H Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para nombrar una comisión a efecto de realizar las funciones que en forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de la Judicatura, misma que tendrá su funcionamiento hasta en tanto ese Congreso realice las adecuaciones a la ley respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial a que se refieren las disposiciones transitorias tercera y décima tercera de las reformas contenidas en el Decreto número Dos Mil Quinientos Ochenta y nueve. En ese sentido, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sesión ordinaria de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, y en cumplimiento de la disposición transitoria Quinta del decreto DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA, por mayoría emitió el acuerdo correspondiente, el cual en sus arábigos 1 fracciones IV y IX, 2 y 4, le confiere a la Comisión integrada por la Magistrada Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos Licenciada MARÍA DEL CARMEN VERÓNICA CUEVAS LÓPEZ, así como a los Doctores en Derecho RÚBEN JASSO DÍAZ y MIGUEL ÁNGEL FALCÓN VEGA, Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; entre otras cosas, tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de acuerdo con lo que establezca la Ley, de lo que se colige, que esta Comisión es competente para conocer y resolver el presente asunto. (.) ÁNALISIS DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS. En el presente estudio la servidora público, investigada Licenciada Vianey Antúnez Ramos, no opuso defensas y excepciones a su favor; sin embargo en su declaración refiere que en la presente queja administrativa, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento por prescripción, en tales condiciones esta Comisión analizará dicha figura. . Ahora bien, es de establecer que la ley que rige la figura de la prescripción es la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en su artículo 71 en correlación con el octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, en donde se establece como plazo para que opere la prescripción tres años el cual se analizará en el siguiente apartado debiendo precisarse que el plazo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en su artículo 195 TER, de seis meses para prescribir una sanción, es aplicable a partir del momento en que exista una resolución que establezca sanción impuesta a la servida publico investigada, por lo tanto dicha hipótesis no se actualiza durante el procedimiento. (.) . la cual se considera es a partir del ocho de agosto del dos mil diecisiete fecha en la que se imputa a la servidora publico investigada no haber notificado dentro del plazo previsto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar vigente, que establece que las notificaciones se deberán llevar a cabo a mas tardar al día siguiente al que se dicten las resoluciones que las prevengan, pues, en la fecha señalada para que se llevara la audiencia citada, ésta no se desahogo en atención a que presumiblemente la servidora publica investigada no notificó a las partes, siendo ésta la falta administrativa de que se trata, así; conforme a la reforma del dieciséis de mayo de dos mil doce, con la finalidad de respetar el derecho humano a la certeza y seguridad jurídica. En tal sentido, se puede concluir que a la fecha no han transcurrido los tres años de que habla el artículo 72 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en correlación con el octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, pues salvo error aritmético entre la fecha de la conducta ocho de agosto del dos mil diecisiete y la del emplazamiento veintiséis de enero del dos mil dieciocho, solo transcurrieron cinco meses y dieciocho días. (.) Determinado lo anterior y una vez analizados los medios de prueba que integran el procedimiento administrativo que nos ocupa se llega a la conclusión de que existió retraso en la administración de justicia, en virtud de que la servidora publico investigada Licenciada Vianey Antunez Ramos, en su carácter de actuaria adscrita al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, debió cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, ello en virtud de que dejó de hacer sin causa justificada las notificaciones ordenadas en el auto de fecha uno de junio del dos mil diecisiete (específicamente a la parte actora), relativas al expediente 56/2017, referente a la controversia del orden familiar, ello para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos señalada para las ocho hora con treinta minutos del día ocho de agosto de dos mil diecisiete, lo que evidentemente no hizo dentro del plazo previsto por el artículo 132 del Código Procesal Familiar vigente, pues en la fecha señalada para que se llevara la audiencia citada, esta no se desahogó, mostrando con ello un evidente descuido en el desempeño de sus funciones encomendadas y lo que causó deficiencia en el servicio que presta. (.) Por lo que una vez analizadas las constancias que integran el presente procedimiento de responsabilidad administrativa se llega a la conclusión que la servidora público investigada Licenciada Vianey Antúnez Ramos en su carácter de actuaria adscrita al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, fue omisa en notificar lo ordenado en el expediente 56/2017, esto es, dejó de hacer sin causa justificada las notificaciones ordenadas en el auto de fecha uno de junio del dos mil diecisiete, a la parte actora, de lo que se deduce una falta de atención y cuidado en el ejercicio de las funciones que tiene a cargo la servidora publico investigada, y como consecuencia ocasionó una demora en la administración de justicia, la cual en esencia debe ser pronta y expedita, causando con ello una deficiencia en el servicio que tiene encomendado, lo anterior de acuerdo a lo establecido por los artículos 187 fracción I y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos y 27 fracción I de la Ley de Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. (.) Por lo anteriormente expuesto es de imponerle como sanción administrativa a la servidora publico investigada Licenciada Vianey Antúnez Ramos en su carácter de actuaria adscrita al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la prevista la fracción III del precepto 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en una SANCIÓN ECONÓMICA equivalente a DIEZ UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), equivalente a la cantidad de $754.90 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.); ahora bien, dicha cantidad deberá ser depositada en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. (.) Ahora bien, si bien es cierto el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, entro en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, también lo que s que atento a lo establecido en la disposición transitoria OCTAVA, que señala que a la entrada en vigor de dicha legislación quedaban derogados los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el periódico Oficial Tierra y Libertad, número 4562, de veinticuatro de octubre de dos mil siete los asuntos de los que se encontrara el ahora extinto Consejo de la Judicatura Estatal y su Órgano de Control Interno, se continuarían rigiendo de forma supletoria con las disposiciones previstas en el citado Título Cuarto, hasta en tanto su reglamentación Orgánica se adecue a las reformas en cuestión, lo que en la especia no ha acontecido, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se ordena remitir copia certificada del presente fallo, a la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, para su registro correspondiente." Cabe señalar que los conceptos de violación planteados se analizan en orden distinto al propuesto, por cuestión de técnica jurídica. En el tercer concepto de violación la quejosa aduce que el órgano sancionador se encuentra supliendo de manera dudosa las funciones del Consejo, por lo que debió haberse decretado la falta de capacidad para conocer del procedimiento, pues se encuentra en litigio la validez de la Comisión creada. Ahora bien, en el caso cabe mencionar que la Constitución Política del Estado de Morelos, fue reformada mediante decreto dos mil quinientos ochenta y nueve, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad, el quince de febrero de dos mil dieciocho, por el que se derogó el artículo 92 y se reformó el diverso 92 A, en el primero de ellos se establecía al Consejo de la Judicatura como un órgano del Poder Judicial del Estado, mientras que en el segundo, se le otorgaban, entre otras facultades, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en la ley, así como iniciar investigaciones sobre la conducta de los empleados del Poder judicial. Atento a las citadas reformas, las facultades que tenía el citado Consejo de la Judicatura fueron depositadas en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, en términos de la nueva redacción del artículo 92 A, que a continuación se transcribe: "Artículo 92-A.- Son facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia: (.) IV.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley; V.- Iniciar investigación sobre la conducta de algún Juez u otro funcionario o empleado del Poder Judicial; (.) DÉCIMA CUARTA. EL Consejo de la Judicatura quedará formalmente extinto, una vez entrada en vigor las reformas del presente decreto. Los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso al entrar en vigor el presente decreto, continuarán tramitándose en los términos de las Leyes aplicables, hasta su conclusión en lo que no contravengan con este decreto. (.)" Por lo que, el Consejo de la judicatura del Estado, quedó formalmente extinto, según lo dispuesto por el transitorio décimo cuarto de la citada reforma. Derivado de las reformas citadas, se realizaron modificaciones y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en lo particular, se creó una Comisión de Magistrados encargada de realizar las funciones que llevaba a cabo el extinto Consejo de la judicatura del Estado de Morelos, esto, hasta en tanto el Congreso del Estado realizara las adecuaciones a la citada Ley Orgánica, respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial, lo que se corrobora con la reforma que tuvo la norma mencionada, misma que en el artículo quinto transitorio, establece: "QUINTA. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombrará una comisión que estará integrada por el Presidente del Tribunal y dos Magistrados, así como un Secretario General, éste último quien dará fe de sus actos, será designado por el Presidente del Tribunal, a efecto de realizar las funciones que en forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de la Judicatura, la cual tendrá su funcionamiento hasta en tanto este Congreso realice las adecuaciones a la presente ley respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial a que se refieren las disposiciones transitorias tercera y décima tercera de las reformas contenidas en el Decreto número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve, por lo que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5578, de 15 quince de febrero de 2018, referida en el presente decreto." Posteriormente, la Constitución Política del Estado de nueva cuenta fue reformada por decreto número dos mil seiscientos once, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cuatro de abril de dos mil dieciocho, en el relación con los artículos 86 y 92-A, que a la letra disponen: "Artículo 86.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionará en Pleno y Salas Colegiadas; en un Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y en un Tribunal Laboral; así como los juzgados de primera instancia, juzgados menores y especializados, organizados de acuerdo con su competencia establecida en las leyes. La vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de los Magistrados del Tribunal Laboral y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, estarán a cargo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, a quien le corresponderá también la administración de dicho Poder en general, en los términos que establezcan las leyes. (.)." "Artículo 92-A.- La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es un órgano administrativo que se integrará por el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, estos últimos designados por el Pleno del Tribunal a propuesta de las respectivas ternas enviadas por el Presidente del mismo. Para la elección de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina deberá considerarse a funcionarios que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina durarán cuatro años en el cargo, con excepción de su Presidente. Ninguno podrá ser designado para un nuevo periodo. Asimismo, serán sujetos de responsabilidad en términos de la Ley. La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina gozará de independencia de gestión y técnica, así como para emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos de la ley. La integración y facultades de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina se regirán por las disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial, de igual forma lo harán las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se ajustará a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, transparencia y rendición de cuentas. A la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial le compete: I.- Como obligación, convocar, conforme a las modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial. Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier otra denominación se designen, serán adscritos y removidos del cargo por el voto de la mayoría de los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, conforme a lo previsto en la ley; II.- Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley; III.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley; IV.- Iniciar investigación sobre la conducta de algún otro funcionario o empleado del Poder Judicial en los términos que señale la Ley; V.- Elaborar el presupuesto del Poder Judicial sujetándose a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución y remitirlo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, con aprobación previa del Pleno; VI.- Nombrar y remover, de conformidad con lo establecido en la ley, a los funcionarios y empleados de los Tribunales del Poder Judicial, según el caso y de acuerdo con lo que la ley establezca; VII.- Determinar la creación de los juzgados, secretarías de acuerdos y actuarías que requiera la administración de justicia, de acuerdo con un estudio de factibilidad presupuestal, y VIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas." Reformas que entraron en vigor a partir del día siguiente en que se publicaron en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", es decir, el cinco de abril de dos mil dieciocho. Luego, conforme a las reformas reseñadas la Comisión de Magistrados nombrada mediante Acuerdo del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para conocer de los procedimientos contra servidores públicos del Poder Judicial del Estado, no extinguió sus funciones a partir de la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, toda vez que, a la fecha en que se dictó la resolución reclamada, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se había reformado, tal y como lo señala el quinto párrafo del artículo 92-A de la Constitución del Estado, para establecer la integración y facultades de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial; de tal suerte que la Comisión de Magistrados responsable conservaba sus facultades, para el dictado de la resolución que ahora se combate; de ahí lo infundado de su concepto de violación. Respecto al concepto de violación de que no debió de fundarse en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como supletoria, sebe señalarse que tal argumento es infundado, ya que dicha supletoriedad sigue vigente hasta en tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial se adecúe a las reformas que sufrió la Ley de Responsabilidades, lo que en el caso todavía no sucede: Por otra parte, en lo referente a la falta de estudio de la prescripción propuesta, es infundado tal concepto de violación; lo anterior es así, pues de las constancias de autos se advierte que la Comisión responsable, sí llevó a cabo el análisis correspondiente, al señalar que el fundamento para su estudio parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, en su artículo 195 TER, que es de seis meses para prescribir una sanción, y que dicha hipótesis no se actualiza, pues entre la fecha de la conducta ocho de agosto del dos mil diecisiete y el emplazamiento al procedimiento administrativo a que se encuentra sometida la quejosa, solo transcurrieron cinco meses y dieciocho días; de donde se afirma que la Comisión de Magistrados, sí realizó el estudio de la prescripción; por tanto el concepto resulta infundado. Finalmente, es inoperante el concepto de violación en el que aduce que la Comisión desechó sus probanzas sin haberle notificado de manera personal tal determinación; pues la quejosa no precisa de que forma se afectaron sus defensas con dicha omisión. Consecuentemente, al ser ineficaces los conceptos de violación, debe negarse el amparo a la quejosa. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74, 76, 77, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a VIANEY ANTÚNEZ RAMOS, por el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, hoy siete de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Fernando López de la O, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado y, con los mismos y con las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
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