Vianey Alejandra Córdova Juárez
Expediente 1049/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Gabriela Medina Plascencia
- Vianey Alejandra Córdova Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Durango, Durango, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no manifestó nada dentro del término de tres días que se le concedió en proveído de ocho de marzo del presente año en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en este juicio de amparo, en tal virtud este órgano jurisdiccional resolverá si ya está cumplida, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la responsable. Sirve de apoyo la tesis 2a.XXXVIII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 315, del Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". El artículo 77 del propio ordenamiento legal dispone que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En sentencia dictada en autos se concedió a las quejosas Vianey Alejandra Córdova Juárez y Gabriela Medina Plascencia el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que: El Oficial número 26 del Registro Civil del Estado de Durango: "a). No les aplique ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 142, 150 Bis, 151, fracción XI, 162, 164, 172, 211, 212, 213, 265, 481 y 1539 del Código Civil del Estado de Durango, en la parte en que hacen referencia a la finalidad de la institución del matrimonio, al sexo de los contrayentes y al requisito de asistir al Taller de Orientación Prematrimonial con perspectiva de género como condición para contraer el matrimonio. b). Les aplique la parte restante de los preceptos interpretados de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, de tal suerte que se entienda que la finalidad del matrimonio es proporcionarse ayuda mutua, así como para entender que ese acuerdo de voluntades se celebra entre "dos personas". c). Deje insubsistente el acto de aplicación de dichos numerales, consistente en el oficio sin número de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y en su lugar emita otro en el que: - Autorice la solicitud de matrimonio presentada por las inconformes (siempre y cuando cumplan con los demás requisitos exigidos en la legislación aplicable para tal efecto)". Para justificar el acatamiento del fallo protector el Oficial número 26 del Registro Civil en el Estado de Durango remitió la misiva de fecha dos de marzo de la presente anualidad, en la que informó que aceptó la solicitud de registro de matrimonio presentada por las aquí quejosas Vianey Alejandra Córdova Juárez y Gabriela Medina Plascencia, al cumplir con los requisitos correspondientes, y como prueba de ello remitió copia certificada de la partida de matrimonio 146334. Conviene precisar que los efectos de una sentencia de amparo que decreta la inconstitucionalidad de un determinado acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia de su proceder; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Entonces, es innecesario que requerir al Oficial del Registro Civil responsable para que declare la insubsistencia del oficio reclamado, pues esa es una consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo que decretó su inconstitucionalidad. Apoya la jurisprudencia I.1o.A. J/19 (10a.), visible en la página 2360, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2019976, que establece: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS. Los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Por ende, es innecesario que el juzgador requiera a la autoridad que declare la insubsistencia del acto reclamado, pues esa es una consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo que evidenció su inconstitucionalidad, lo que deben efectuar las responsables en cumplimiento del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la Unión es emitir los actos necesarios para que la anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos y consecuencias". En esa tesitura, se concluye que el núcleo esencial de la ejecutoria de este juicio constitucional quedó cumplida, con lo que se restituyó el orden constitucional quebrantado; por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la sentencia de amparo, y en su oportunidad archívense los autos. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Durango, Durango, a ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Titular de la Oficialía Número 26 del Registro Civil del Estado de Durango, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Con el contenido de dicho oficio y anexo respectivo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, y con las manifestaciones que en su caso se hagan, o una vez transcurrido dicho término sin que se formulen, se resolverá si ya está o no debidamente cumplida la sentencia de amparo dictada en este juicio de garantías, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Durango, Durango, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que a las partes les ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo que previene el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Oficial número 26 del Registro Civil del Estado de Durngo, para que proceda a dar cumplimiento al referido fallo protector de garantías e informe sobre el particular a este Juzgado en un término de tres días, y remita copia certificada de las constancias con las que se acredite ese extremo. Apercíbasele que en caso de no hacerlo, con apoyo en los artículos 26, Apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas deposiciones de dicha Ley fundamental en materia de desindexación del salario mínimo; 23, fracción XX bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística Geografía; y 258 de la ley reglamentaria de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a cien días respecto del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, a razón de noventa y seis pesos con veintidós centavos, que se considera prudente para que dé cumplimiento a esta determinación. Asimismo se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad, para tramitar el incidente de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante las autoridades competentes. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Durango, Durango, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que a la fecha ha trascurrido el término de diez días que para promover el recurso de revisión establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes lo haya hecho; por lo que archívese el incidente sin perjuicio de las eventualidades que pudieren promover las partes de acuerdo a las disposiciones legales que procedan. El cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción en un término de tres años por encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal registrado con el número 5492, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VII, página 6440, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con la "Nota" contenida en el numeral 43, punto 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, que dice: "NOTA. Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible" Con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, en un plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, siempre que se cuente con su original, previa la anotación correspondiente De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en las carátulas de ambos cuadernos la leyenda "destruible". Notifíquese.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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