Vesim Isik por conducto de Ricardo Vázquez Morales
Expediente 911/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 911/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/07/2021
Partes del expediente
- Vesim Isik por conducto de Ricardo Vázquez Morales
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento el proveído de veintiuno de los corrientes, por el que informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en auto de dieciséis de julio actual. De igual forma, agréguese a los autos los diversos oficios y escritos presentados por las autoridades responsable y el representante de los quejosos, mediante los cuales, las primeras rinden su informe de cumplimiento a la suspensión de plano y, el segundo, realiza diversas manifestaciones sobre dicho cumplimiento. En consecuencia, toda vez que el Juzgado oficiante aceptó la competencia del presente asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos treinta días a partir de esta fecha. Finalmente, remítase al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, vía interconexión, los oficios y escritos identificados con los folios 4816, 4815, 4822, 4955, 4963 y 4895, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Miguel Olvera Arreola, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **********, en representación de *********, ************ y ***********; contra actos de la Secretaria de Gobernación y otras autoridades Integración del expediente. Fórmese el expediente 911/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ************, en representación de ************, ************ y ************; contra actos de la Secretaria de Gobernación y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese un solo expediente al que le corresponde el número 911/2021, e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Actos reclamados. Del escrito de demanda de cuenta, se desprende que los quejosos señalan como acto reclamado lo siguiente: La indebida detención e incomunicación de los quejosos extranjeros, con propósito de deportación o expulsión. Asimismo, solicitaron la suspensión de plano para los efectos siguientes: Suspensión de Plano En virtud de que los actos reclamados se encuentran vinculados con los que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, pues pueden implicar la deportación o expulsión de los promoventes del territorio nacional, se debe conceder la suspensión de oficio y de plano. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 y 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de oficio y de plano a ************, ************ y a ************ para los siguientes efectos: Respecto de la posible deportación, expulsión o destierro, privación de libertad o expulsión e incomunicación del país de los promoventes, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, para el efecto de que no se ejecuten tales actos. Es decir, para que no sean detenidos con el objeto de que se les obligue a abandonar el territorio nacional. La medida cautelar concedida surtirá efectos únicamente respecto de la ejecución de la incomunicación detención, deportación o expulsión por cuestiones migratorias, salvo que las autoridades responsables acrediten ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (por virtud de la competencia por declinatoria que se expondrá en párrafos subsecuentes) que dicha orden fue emitida en contra de los quejosos por hechos diversos a los de esta demanda o los solicitantes de amparo, o alguno de ellos hayan sido sorprendidos en flagrante delito, infringiendo o inobservando medidas de control y vigilancia a cargo de las autoridades correspondientes. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 80/2007, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." En adición de lo anterior, con apoyo en el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se hace extensiva la suspensión de plano contra todo acto que tienda a tener incomunicada a la parte quejosa y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En consecuencia, para su puntual acatamiento, SE ORDENA a las responsables que DE INMEDIATO se abstengan de llevarlos a cabo. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Por otra parte, se ordena notificar por conducto de oficio la presente determinación a las autoridades dependientes del Instituto Nacional de Migración, y las adscritas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las terminales 1 y 2 (la burbuja) para el efecto de que en el ámbito de sus facultades cumplan debidamente con la medida cautelar adoptada, e informen dentro del plazo de tres días a aquél en que queden debidamente notificadas de este auto las gestiones que estén llevando a cabo para tal efecto. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. En caso de no encontrar al quejoso. Se habilita al actuario judicial para que, en caso de no encontrar a la parte quejosa, obtenga informes sobre su localización, a efecto de que sea cumplida la suspensión que en este acto se decreta; apercibiendo a tal autoridad que deberá´ estarse a lo dispuesto en el auto de que se trata, y de no cumplir con ello se hará´ acreedora de las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Sentido de la determinación. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Precisión de actos reclamados. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que los quejosos reclaman lo siguiente: La indebida detención e incomunicación del quejoso extranjero, con propósito de deportación o expulsión, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y violación al artículo 15 de la ley de amparo. Razones de la incompetencia por materia Con base en los actos reclamados, los cuales pueden importar su inminente deportación, privación de la libertad fuera de procedimiento, detención o expulsión a que alude, es posible advertir que en atención a su naturaleza, no se encuentran inmersos dentro de la materia administrativa, ya que si bien en parte dichos actos emanan de autoridades de ese mismo carácter, su naturaleza debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la privación de la libertad por su carácter migratorio, lo cual inminentemente tiene el propósito de que los quejosos sean deportados del país. Así, toda vez que los actos reclamados por los quejosos se vinculan con la privación de la libertad y deportación o expulsión en sí misma, entendida ésta como un ataque a la libertad personal, que aún no está consumada definitivamente, contra ella procede el juicio de amparo indirecto en materia penal, en términos de la fracción I del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece dicho supuesto, como así se desprende de la siguiente transcripción: "56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán:--- I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;". De ahí que sea el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, el competente para conocer del presente asunto, puesto que los relacionados con la privación de la libertad y la procedencia o no de la deportación de los quejosos a su país de origen necesita ser determinada por aquél que tiene la especialidad en la materia, como así se advierte por analogía, de la tesis jurisprudencial de la Quinta Época número 854, de la Segunda Sala, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo II, Parte HO, página 548, que a la letra dice: "DEPORTACIÓN, AMPARO CONTRA LA. (INCOMPETENCIA DE LA SALA ADMINISTRATIVA). La deportación debe estimarse materia penal, y conforme al artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque provenga de una autoridad administrativa, debe conocer, en cuanto al amparo, un Juez de Distrito en Materia Penal, y por tanto, la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia es notoriamente incompetente para conocer de la revisión correspondiente, debiendo remitirse los autos al Tribunal Colegiado que corresponda, que es el competente para resolver dicha revisión, al tenor de los artículos 7o. bis, fracción III, del Capítulo tercero bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 84, fracción I, de la Ley de Amparo". Luego, si el elemento determinante para establecer la competencia para conocer del asunto es, en la especie, la afectación a la libertad personal de los quejosos para su posterior deportación, resulta inconcuso que quien debe conocer de él es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, con independencia de que las autoridades señaladas como responsables tengan una naturaleza administrativa, porque el acto que se reclama es de naturaleza penal. Es aplicable al caso las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 29, Tomo 217-228, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en materia penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte". Cabe destacar que con independencia de que los actos reclamados pudieran obedecer a irregularidades migratorias, atendiendo a que la parte quejosa combate de forma destacada su pretendida deportación, privación de la libertad fuera de procedimiento, detención o expulsión, es evidente que el conocimiento de la presente demanda corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Resulta aplicable la tesis I.16o.A. 12 K, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL EN MATERIA MIGRATORIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUNQUE SE IPMUGNE CONJUNTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN." Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitándole acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. Remítanse las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio. Dado que los quejosos se encuentran actualmente alojados/privados de su libertad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (la burbuja), dependiente del Instituto Nacional de Migración, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del mismo. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento del Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.
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