Verónica Xicotencatl Martínez

Expediente 1239/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 41 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1239/2018
Año
2018
Actuaciones
41
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Verónica Xicotencatl Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el diez de junio de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el doce de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: ".El Presidente de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: De no haberlo hecho aún, dicte acuerdo en el juicio laboral 670/2011/3-D en el que se pronuncie acerca de la promoción que la actora le presentó el doce de marzo de dos mil dieciocho, atendiendo a lo ahí peticionado, es decir, señale fecha para que se lleve a cabo el remate del inmueble embargado y, se lo haga del conocimiento, asimismo el amparo se otorga para el efecto de que la autoridad responsable siga procurando el cumplimiento del laudo dictando las medidas necesarias para su ejecución pronta y expedita en el juicio de origen, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado y de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo." Así, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; sin embargo, dicha resolución fue impugnada por la parte quejosa, y al efecto, se turnaron los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, habiendo registrado dicha superioridad tal recurso con el número de inconformidad 27/2018, de su índice. Posteriormente, mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de inconformidad 27/2018, el órgano colegiado en comento, determinó revocar el acuerdo dictado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo y ordenó continuar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento a la ejecutoria de ampro, precisándole que debía tomar en cuenta las consideraciones que en la ejecutoria de amparo plasmó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 27/2018, las cuales se transcriben a continuación: "[.] Definición anterior, que da la pauta también, para determinar que debe entenderse que la concesión de amparo que se analiza, se actualiza hasta lograr la ejecución total del laudo, pues el Juez de Distrito no acotó los efectos de la misma. Por ende, contrario a lo considerado por el juzgador del conocimiento, la ejecutoria concesoria de amparo no se encuentra cumplida, ya que no se ha concluido el procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen, conforme a los términos legales, porque incluso, se encuentra pendiente el remate del bien inmueble embargado en autos, por lo que, no se le ha pagado a la quejosa inconforme el monto de lo laudado, ya que ésta sería la única forma de resarcir a la peticionaria plenamente en el goce del derecho fundamental que estimó violado; ya que del contenido íntegro de la referida ejecutoria de amparo, se desprende que el otorgamiento de la protección constitucional fue porque el Juez Federal consideró que la responsable, conculcó en perjuicio del quejoso el derecho fundamental consagrado en el numeral 17 Constitucional, esto es, su derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, hasta la conclusión de la etapa de ejecución del juicio de origen. [.] Sin que este Tribunal Colegiado pase por alto, que en el juicio laboral de origen, se encuentra en trámite el procedimiento de remate del bien inmueble que fue embargado, lo cual implica, que no solo la Junta responsable debe cuidar y realizar todas aquellas gestiones necesarias para la continuación y pronta ejecución del laudo; sino que también es parte importante de dicho proceso, la intervención de la parte actora como impulsora y principal interesada de que el bien materia del remate sea subastado y, que por ende, se obtengan los recursos monetarios para liquidarle lo laudado. [...] Como consecuencia de lo expuesto, lo procedente es revocar la decisión del Juez de amparo y ordenarle proseguir con el cumplimiento de la ejecutoria relativa, es decir, requiera a la responsable y en su caso a las autoridades vinculadas con el cumplimiento, para que prosigan la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral 670/2011/3-D, en términos de lo previsto en los citados artículos 838, 940, 949 y demás relativos al procedimiento de embargo y remate de la Ley Federal del Trabajo, hasta su conclusión, en el entendido que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando se acate en su totalidad, según lo dispone el artículo 196 de la vigente Ley de Amparo. (Subrayas ajenas al texto). En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el nueve de abril de dos mil diecinueve, dictó acuerdo en el juicio laboral 670/2011/3-D, en el que, hizo constar que no era posible celebrar la audiencia de remate señalada para esa fecha, en virtud del escrito presentado por los apoderados especiales de la beneficiaria de los derechos laborales del actor, por el cual renunciaron al cargo que ostentaban para efectos de dicho juicio laboral y revocaron el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones; situación que motivó la suspensión de dicha audiencia y la vista concedida a ..., en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del finado actor, para darle a conocer lo acontecido en dicho acuerdo, y que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera, nombrando nuevos apoderados. Posteriormente, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, la responsable emitió un acuerdo a través del cual, ordenó notificar de nueva cuenta a ..., el acuerdo de nueve de abril del año en curso, por los motivos que se contienen en el mismo, e hizo constar que se encontraba material y jurídicamente imposibilitada para celebrar la audiencia de remate y con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo que nos ocupa, acuerdo que notificó el veintiuno de mayo siguiente. Así, en proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, la Junta responsable, hizo constar que hasta ese momento, la parte actora había sido omisa en pronunciarse respecto a las vistas concedidas en proveídos de nueve de abril y veinte de mayo del año en curso, no obstante encontrase notificada personalmente por el actuario adscrito del contenido de los mismos; manifestando que se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para celebrar la referida audiencia, en virtud de que no es un acto que se pueda seguir de oficio, toda vez que como beneficiaria de la parte actora debe intervenir en diversas diligencias para la continuación de esta etapa, y se requiere la forzosa solicitud del ejecutante, así como su prosecución. Por lo tanto, hizo efectivo el apercibimiento contenido en acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen, consistente en dejar a salvo sus derechos, hasta en tanto promueva expresamente y se pronuncie al respecto de la vista concedida, puntualizando que deberá solicitarlo dentro del término de dos años que señala el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, so pena que la ejecución del laudo se declare prescrita. En tales condiciones, es evidente que existe una imposibilidad jurídica por parte de la junta responsable para cumplir con la obligación exigida, ya que ante la falta de desahogo de la vista concedida a ... en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del finado actor, mediante acuerdos de nueve de abril y veinte de mayo del año en curso, en autos del juicio laboral de origen, y por ende, la falta de designación de nuevos apoderados, así como de su comparecencia a las diligencias para la prosecución de la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral 670/2011/3-D, resulta incuestionable que ningún caso tendría conminar a la responsable a que cumpla con los efectos del amparo, toda vez que es indispensable que la beneficiaria de la parte actora intervenga en las diligencias para la continuación de la etapa de ejecución. Ello, en el entendido de que la propia Ley Federal del Trabajo dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, así como la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. Por lo tanto, es evidente que se actualiza una imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida. Aunado a lo anterior, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, este juzgado federal ordenó dar vista a ... con el escrito presentado por ..., autorizados de la quejosa, mediante el cual, renunciaron al cargo por ella conferido en el presente juicio constitucional y revocaron el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Francisco Zarco número 2437, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco; señalando un nuevo domicilio procesal a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Sin que a la fecha se hubiese pronunciado respecto de la citada vista, no obstante encontrarse notificada desde el pasado tres de mayo de dos mil diecinueve. En consecuencia, lo procedente es declarar que EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR, HA QUEDADO SIN MATERIA. ... Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el diez de junio de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el doce de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: ".El Presidente de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: De no haberlo hecho aún, dicte acuerdo en el juicio laboral 670/2011/3-D en el que se pronuncie acerca de la promoción que la actora le presentó el doce de marzo de dos mil dieciocho, atendiendo a lo ahí peticionado, es decir, señale fecha para que se lleve a cabo el remate del inmueble embargado y, se lo haga del conocimiento, asimismo el amparo se otorga para el efecto de que la autoridad responsable siga procurando el cumplimiento del laudo dictando las medidas necesarias para su ejecución pronta y expedita en el juicio de origen, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado y de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo." Así, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; sin embargo, dicha resolución fue impugnada por la parte quejosa, y al efecto, se turnaron los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, habiendo registrado dicha superioridad tal recurso con el número de inconformidad 27/2018, de su índice. Posteriormente, mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de inconformidad 27/2018, el órgano colegiado en comento, determinó revocar el acuerdo dictado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo y ordenó continuar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento a la ejecutoria de ampro, precisándole que debía tomar en cuenta las consideraciones que en la ejecutoria de amparo plasmó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 27/2018, las cuales se transcriben a continuación: "[.] Definición anterior, que da la pauta también, para determinar que debe entenderse que la concesión de amparo que se analiza, se actualiza hasta lograr la ejecución total del laudo, pues el Juez de Distrito no acotó los efectos de la misma. Por ende, contrario a lo considerado por el juzgador del conocimiento, la ejecutoria concesoria de amparo no se encuentra cumplida, ya que no se ha concluido el procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen, conforme a los términos legales, porque incluso, se encuentra pendiente el remate del bien inmueble embargado en autos, por lo que, no se le ha pagado a la quejosa inconforme el monto de lo laudado, ya que ésta sería la única forma de resarcir a la peticionaria plenamente en el goce del derecho fundamental que estimó violado; ya que del contenido íntegro de la referida ejecutoria de amparo, se desprende que el otorgamiento de la protección constitucional fue porque el Juez Federal consideró que la responsable, conculcó en perjuicio del quejoso el derecho fundamental consagrado en el numeral 17 Constitucional, esto es, su derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, hasta la conclusión de la etapa de ejecución del juicio de origen. [.] Sin que este Tribunal Colegiado pase por alto, que en el juicio laboral de origen, se encuentra en trámite el procedimiento de remate del bien inmueble que fue embargado, lo cual implica, que no solo la Junta responsable debe cuidar y realizar todas aquellas gestiones necesarias para la continuación y pronta ejecución del laudo; sino que también es parte importante de dicho proceso, la intervención de la parte actora como impulsora y principal interesada de que el bien materia del remate sea subastado y, que por ende, se obtengan los recursos monetarios para liquidarle lo laudado. [...] Como consecuencia de lo expuesto, lo procedente es revocar la decisión del Juez de amparo y ordenarle proseguir con el cumplimiento de la ejecutoria relativa, es decir, requiera a la responsable y en su caso a las autoridades vinculadas con el cumplimiento, para que prosigan la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral 670/2011/3-D, en términos de lo previsto en los citados artículos 838, 940, 949 y demás relativos al procedimiento de embargo y remate de la Ley Federal del Trabajo, hasta su conclusión, en el entendido que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando se acate en su totalidad, según lo dispone el artículo 196 de la vigente Ley de Amparo. (Subrayas ajenas al texto). En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el nueve de abril de dos mil diecinueve, dictó acuerdo en el juicio laboral 670/2011/3-D, en el que, hizo constar que no era posible celebrar la audiencia de remate señalada para esa fecha, en virtud del escrito presentado por los apoderados especiales de la beneficiaria de los derechos laborales del actor, por el cual renunciaron al cargo que ostentaban para efectos de dicho juicio laboral y revocaron el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones; situación que motivó la suspensión de dicha audiencia y la vista concedida a ..., en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del finado actor, para darle a conocer lo acontecido en dicho acuerdo, y que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera, nombrando nuevos apoderados. Posteriormente, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, la responsable emitió un acuerdo a través del cual, ordenó notificar de nueva cuenta a ..., el acuerdo de nueve de abril del año en curso, por los motivos que se contienen en el mismo, e hizo constar que se encontraba material y jurídicamente imposibilitada para celebrar la audiencia de remate y con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo que nos ocupa, acuerdo que notificó el veintiuno de mayo siguiente. Así, en proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, la Junta responsable, hizo constar que hasta ese momento, la parte actora había sido omisa en pronunciarse respecto a las vistas concedidas en proveídos de nueve de abril y veinte de mayo del año en curso, no obstante encontrase notificada personalmente por el actuario adscrito del contenido de los mismos; manifestando que se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para celebrar la referida audiencia, en virtud de que no es un acto que se pueda seguir de oficio, toda vez que como beneficiaria de la parte actora debe intervenir en diversas diligencias para la continuación de esta etapa, y se requiere la forzosa solicitud del ejecutante, así como su prosecución. Por lo tanto, hizo efectivo el apercibimiento contenido en acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen, consistente en dejar a salvo sus derechos, hasta en tanto promueva expresamente y se pronuncie al respecto de la vista concedida, puntualizando que deberá solicitarlo dentro del término de dos años que señala el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, so pena que la ejecución del laudo se declare prescrita. En tales condiciones, es evidente que existe una imposibilidad jurídica por parte de la junta responsable para cumplir con la obligación exigida, ya que ante la falta de desahogo de la vista concedida a ... en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del finado actor, mediante acuerdos de nueve de abril y veinte de mayo del año en curso, en autos del juicio laboral de origen, y por ende, la falta de designación de nuevos apoderados, así como de su comparecencia a las diligencias para la prosecución de la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral 670/2011/3-D, resulta incuestionable que ningún caso tendría conminar a la responsable a que cumpla con los efectos del amparo, toda vez que es indispensable que la beneficiaria de la parte actora intervenga en las diligencias para la continuación de la etapa de ejecución. Ello, en el entendido de que la propia Ley Federal del Trabajo dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, así como la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. Por lo tanto, es evidente que se actualiza una imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida. Aunado a lo anterior, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, este juzgado federal ordenó dar vista a ... con el escrito presentado por ..., autorizados de la quejosa, mediante el cual, renunciaron al cargo por ella conferido en el presente juicio constitucional y revocaron el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Francisco Zarco número 2437, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco; señalando un nuevo domicilio procesal a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Sin que a la fecha se hubiese pronunciado respecto de la citada vista, no obstante encontrarse notificada desde el pasado tres de mayo de dos mil diecinueve. En consecuencia, lo procedente es declarar que EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR, HA QUEDADO SIN MATERIA. ... Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte tercera interesada, el auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el diez de junio de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el doce de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: ".El Presidente de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: De no haberlo hecho aún, dicte acuerdo en el juicio laboral 670/2011/3-D en el que se pronuncie acerca de la promoción que la actora le presentó el doce de marzo de dos mil dieciocho, atendiendo a lo ahí peticionado, es decir, señale fecha para que se lleve a cabo el remate del inmueble embargado y, se lo haga del conocimiento, asimismo el amparo se otorga para el efecto de que la autoridad responsable siga procurando el cumplimiento del laudo dictando las medidas necesarias para su ejecución pronta y expedita en el juicio de origen, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado y de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo." Así, mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; sin embargo, dicha resolución fue impugnada por la parte quejosa, y al efecto, se turnaron los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, habiendo registrado dicha superioridad tal recurso con el número de inconformidad 27/2018, de su índice. Posteriormente, mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del recurso de inconformidad 27/2018, el órgano colegiado en comento, determinó revocar el acuerdo dictado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo y ordenó continuar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento a la ejecutoria de ampro, precisándole que debía tomar en cuenta las consideraciones que en la ejecutoria de amparo plasmó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 27/2018, las cuales se transcriben a continuación: "[.] Definición anterior, que da la pauta también, para determinar que debe entenderse que la concesión de amparo que se analiza, se actualiza hasta lograr la ejecución total del laudo, pues el Juez de Distrito no acotó los efectos de la misma. Por ende, contrario a lo considerado por el juzgador del conocimiento, la ejecutoria concesoria de amparo no se encuentra cumplida, ya que no se ha concluido el procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen, conforme a los términos legales, porque incluso, se encuentra pendiente el remate del bien inmueble embargado en autos, por lo que, no se le ha pagado a la quejosa inconforme el monto de lo laudado, ya que ésta sería la única forma de resarcir a la peticionaria plenamente en el goce del derecho fundamental que estimó violado; ya que del contenido íntegro de la referida ejecutoria de amparo, se desprende que el otorgamiento de la protección constitucional fue porque el Juez Federal consideró que la responsable, conculcó en perjuicio del quejoso el derecho fundamental consagrado en el numeral 17 Constitucional, esto es, su derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, hasta la conclusión de la etapa de ejecución del juicio de origen. [.] Sin que este Tribunal Colegiado pase por alto, que en el juicio laboral de origen, se encuentra en trámite el procedimiento de remate del bien inmueble que fue embargado, lo cual implica, que no solo la Junta responsable debe cuidar y realizar todas aquellas gestiones necesarias para la continuación y pronta ejecución del laudo; sino que también es parte importante de dicho proceso, la intervención de la parte actora como impulsora y principal interesada de que el bien materia del remate sea subastado y, que por ende, se obtengan los recursos monetarios para liquidarle lo laudado. [...] Como consecuencia de lo expuesto, lo procedente es revocar la decisión del Juez de amparo y ordenarle proseguir con el cumplimiento de la ejecutoria relativa, es decir, requiera a la responsable y en su caso a las autoridades vinculadas con el cumplimiento, para que prosigan la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral 670/2011/3-D, en términos de lo previsto en los citados artículos 838, 940, 949 y demás relativos al procedimiento de embargo y remate de la Ley Federal del Trabajo, hasta su conclusión, en el entendido que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando se acate en su totalidad, según lo dispone el artículo 196 de la vigente Ley de Amparo. (Subrayas ajenas al texto). En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el nueve de abril de dos mil diecinueve, dictó acuerdo en el juicio laboral 670/2011/3-D, en el que, hizo constar que no era posible celebrar la audiencia de remate señalada para esa fecha, en virtud del escrito presentado por los apoderados especiales de la beneficiaria de los derechos laborales del actor, por el cual renunciaron al cargo que ostentaban para efectos de dicho juicio laboral y revocaron el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones; situación que motivó la suspensión de dicha audiencia y la vista concedida a ..., en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del finado actor, para darle a conocer lo acontecido en dicho acuerdo, y que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera, nombrando nuevos apoderados. Posteriormente, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, la responsable emitió un acuerdo a través del cual, ordenó notificar de nueva cuenta a ..., el acuerdo de nueve de abril del año en curso, por los motivos que se contienen en el mismo, e hizo constar que se encontraba material y jurídicamente imposibilitada para celebrar la audiencia de remate y con ello dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo que nos ocupa, acuerdo que notificó el veintiuno de mayo siguiente. Así, en proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, la Junta responsable, hizo constar que hasta ese momento, la parte actora había sido omisa en pronunciarse respecto a las vistas concedidas en proveídos de nueve de abril y veinte de mayo del año en curso, no obstante encontrase notificada personalmente por el actuario adscrito del contenido de los mismos; manifestando que se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para celebrar la referida audiencia, en virtud de que no es un acto que se pueda seguir de oficio, toda vez que como beneficiaria de la parte actora debe intervenir en diversas diligencias para la continuación de esta etapa, y se requiere la forzosa solicitud del ejecutante, así como su prosecución. Por lo tanto, hizo efectivo el apercibimiento contenido en acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen, consistente en dejar a salvo sus derechos, hasta en tanto promueva expresamente y se pronuncie al respecto de la vista concedida, puntualizando que deberá solicitarlo dentro del término de dos años que señala el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, so pena que la ejecución del laudo se declare prescrita. En tales condiciones, es evidente que existe una imposibilidad jurídica por parte de la junta responsable para cumplir con la obligación exigida, ya que ante la falta de desahogo de la vista concedida a ... en su carácter de beneficiaria de los derechos laborales del finado actor, mediante acuerdos de nueve de abril y veinte de mayo del año en curso, en autos del juicio laboral de origen, y por ende, la falta de designación de nuevos apoderados, así como de su comparecencia a las diligencias para la prosecución de la etapa de ejecución de laudo en el juicio laboral 670/2011/3-D, resulta incuestionable que ningún caso tendría conminar a la responsable a que cumpla con los efectos del amparo, toda vez que es indispensable que la beneficiaria de la parte actora intervenga en las diligencias para la continuación de la etapa de ejecución. Ello, en el entendido de que la propia Ley Federal del Trabajo dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, así como la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. Por lo tanto, es evidente que se actualiza una imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida. Aunado a lo anterior, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, este juzgado federal ordenó dar vista a ... con el escrito presentado por ..., autorizados de la quejosa, mediante el cual, renunciaron al cargo por ella conferido en el presente juicio constitucional y revocaron el domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en calle Francisco Zarco número 2437, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco; señalando un nuevo domicilio procesal a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Sin que a la fecha se hubiese pronunciado respecto de la citada vista, no obstante encontrarse notificada desde el pasado tres de mayo de dos mil diecinueve. En consecuencia, lo procedente es declarar que EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR, HA QUEDADO SIN MATERIA. ... Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  4. Principal

    Visto el contenido del oficio proveniente de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada del acuerdo dictado el cinco de junio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen, en el que se hizo constar que la actora ha sido omisa en pronunciarse respecto a la vista concedida el pasado nueve de abril y veinte de mayo, del año en curso, y por ende, dejó expedito su derecho para desahogar la vista de referencia, puntualizando que deberá hacerlo expresamente dentro del término de dos años, de conformidad a lo estipulado por el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo; al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

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