Verónica Viridiana Viorney De Alba

Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
305/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos
  • Verónica Viridiana Viorney De Alba
  • Verónica Viridiana Viorney De Alba y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de Amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la suspensión de plano, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable, en virtud de que se decretó la suspensión de plano. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de abril de dos mil veintidós. Vistos el oficio signado por la Jefa del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud en el Estado, con residencia en Chihuahua, capital, mediante el cual se le tiene remitido el informe previo, agréguese sin mayor proveído, toda vez que este juicio de amparo se decretó la suspensión de plano y no se tramitó incidente de suspensión, asimismo con fecha veintidós de marzo se sobreseyó el presente juicio de garantías. CÚMPLASE.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, Verónica Viridiana Viorney de Alba, Ma. Eugenia del Pilar de la Torre, Héctor Freddy Lara Treviño, Mariana Elisa Muciño Araujo, José Luis Manríquez Sigala; Myrna Yoana Conde Anaya, Edna Judith García González, Mayra Angélica Martínez Nevárez, Izmir Alejandra Acevedo Páez, Larisa Sánchez Sánchez, Ivette Aurora Pérez Ituarte, Cynthia Ivonne Núñez Ponce, Antonio Sandoval Vargas, Adria Gabriela Delfín, Claudia Ivette Paz Ontiveros, Paola Castro Gutiérrez, y Cynthia Janeth Vergara Portillo; ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, dicho quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FEDERAL, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL y SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; actos que hizo consistir en: ".IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. A todas las autoridades se les reclama: El incumplimiento a la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México. Versión 4.0, del 11 de enero de 2021, y la Estrategia Conjunta de Vacunación Nacional, que llevan a cabo las Autoridades Federales y Estatales, materializando en la omisión de vacunar a los quejosos, no obstante que son médicos de la salud y se encuentran laborando dentro de instituciones hospitalarias lo cual los expone a un riesgo alto de contraer el virus en cuestión, lo cual resulta inconstitucional al excluir a los quejosos en la referida política y estrategia. A las autoridades se les reclama la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y el incumplimiento de la Política Rectora de Vacunación y la Estrategia Conjunta de Vacunación Nacional". SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se previno a los quejosos para que dieran cumplimiento a las aclaraciones que se les hicieron y se proveyó sobre la suspensión de plano decretándose la misma en su favor, así, al no dar cabal cumplimiento a las prevenciones realizadas en tiempo y forma por este juzgado, mediante proveído de fecha cuatro de mayo se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Los quejosos promovieron recurso de queja en contra de la determinación de este Juzgado y se admitió dicho recurso el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, estando debidamente integrado se remitió a la Superioridad el once de octubre de dos mil para su trámite y substanciación, el cual fue admitido mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, substanciado y resuelto que fue dicho recurso por sus fases legales con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio número 1378/2022 y anexos que remite el Secretario Adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en la localidad, por el cual remitió copia debidamente autorizada de la resolución pronunciada, el pasado tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 175/2021, en el cual, a la letra resolvió fundado el recurso de queja a que ese toca se refiere. Y en acatamiento a lo ordenado se admitió la demanda de amparo interpuesta por los quejosos de referencia, se le dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal correspondiente; se solicitó a la autoridad responsable, su informe con justificación, con el cual se ordenó dar vista personalmente, al igual que con sus anexos, a la parte quejosa, por lo que, se fijó fecha y hora, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito". Máxime que se trata de un acto cuya ejecución corresponde a esta jurisdicción. SEGUNDO. Las autoridades responsables, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FEDERAL, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL y SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; pese a que se les envió el oficio correspondiente para que rindieran su informe justificado a la fecha han sido omisos en rendirlo, sin embargo, no obstante lo anterior en la especie, se estima que no es necesario contar con los mismos para resolver este controvertido constitucional como se verá a continuación. TERCERO. Precisado lo anterior y siendo el estudio de las causales de improcedencia de orden público, y aún oficioso, de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito, se avoca al estudio de las que se advierten en la especie. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en la página 553, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, correspondiente a la Octava Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. - Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, vista el Acta levantada por el Actuario Judicial adscrito, agréguese a los autos para que obre como corresponda, en la cual asentó que entabló comunicación con los quejosos médicos Verónica Viridiana Viorney de Alba, Ma. Eugenia del Pilar de la Torre, Héctor Freddy Lara Treviño, Mariana Elisa Muciño Araujo, José Luis Manríquez Sigala; Myrna Yoana Conde Anaya, Edna Judith García González, Mayra Angélica Martínez Nevárez, Izmir Alejandra Acevedo Páez, Larisa Sánchez Sánchez, Ivette Aurora Pérez Ituarte, Cynthia Ivonne Núñez Ponce, Antonio Sandoval Vargas, Adria Gabriela Delfín, Claudia Ivette Paz Ontiveros, Paola Castro Gutiérrez, y Cynthia Janeth Vergara Portillo; a sus respectivos números telefónicos que obran en autos y señalaron que ya fueron vacunados contra el virus Sar Cov 2 (covid). Ahora bien, cabe mencionar que el acto reclamado por los quejosos son los siguientes: La omisión de vacunar a los quejosos, no obstante de ser médicos de la salud y de encontrarse laborando dentro de instituciones hospitalarias y privadas. A raíz de la omisión, las consecuencias del incumplimiento y la inconstitucionalidad de la política rectora de vacunación contra el Virus Sar Cov 2 y la prevención contra la misma. En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.": Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, del tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, atento a lo manifestado por los promovente de amparo, Verónica Viridiana Viorney de Alba, Ma. Eugenia del Pilar de la Torre, Héctor Freddy Lara Treviño, Mariana Elisa Muciño Araujo, José Luis Manríquez Sigala; Myrna Yoana Conde Anaya, Edna Judith García González, Mayra Angélica Martínez Nevárez, Izmir Alejandra Acevedo Páez, Larisa Sánchez Sánchez, Ivette Aurora Pérez Ituarte, Cynthia Ivonne Núñez Ponce, Antonio Sandoval Vargas, Adria Gabriela Delfín, Claudia Ivette Paz Ontiveros, Paola Castro Gutiérrez, y Cynthia Janeth Vergara Portillo; quienes en la demanda señalaron que no habían sido vacunados no obstante de ser médicos de la salud y encontrarse laborando dentro de instituciones hospitalarias y privadas; sin embargo, como lo precisa el Actuario Judicial adscrito, todos los médicos promoventes del amparo, le informaron que ya habían sido vacunados contra el Virus Sar Cov 2 (covid). En consecuencia, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, al quedar evidente, que la omisión reclamada consistente en la falta de la aplicación de la vacuna contra el virus Sar Cov2, ya fue atendida con la vacunación respectiva, conforme a lo antes dicho, acaece la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, 76, y 155 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E: ÚNICO. En términos del considerando TERCERO de esta sentencia, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Verónica Viridiana Viorney de Alba, Ma. Eugenia del Pilar de la Torre, Héctor Freddy Lara Treviño, Mariana Elisa Muciño Araujo, José Luis Manríquez Sigata; Myrna Yoana Conde Anaya, Edna Judith García González, Mayra Angélica Martínez Nevárez, Izmir Alejandra Acevedo Páez, Larisa Sánchez Sánchez, Ivette Aurora Pérez Ituarte, Cynthia Ivonne Núñez Ponce, Antonio Sandoval Vargas, Adria Gabriela Delfín, Claudia Ivette Paz Ontiveros, Paola Castro Gutiérrez, y Cynthia Janeth Vergara Portillo; contra actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FEDERAL, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL y SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con residencia en Chihuahua, Chihuahua. Notifíquese y Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio el oficio número 1378/2022 y anexos que remite el Secretario Adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en la localidad, por el cual remite copia debidamente autorizada de la resolución pronunciada, el pasado tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 175/2021, en el cual, a la letra resolvió: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se ordena al a quo admitir la demanda de amparo interpuesta por Verónica Viridiana Viorney de Alba, Ma. Eugenia del Pilar de la Torre, Héctor Freddy Lara Treviño, Mariana Elisa Muciño Araujo, José Luis Manríquez Sigata; Myrna Yoana Conde Anaya, Edna Judith García González, Mayra Angélica Martínez Nevárez, Izmir Alejandra Acevedo Páez, Larisa Sánchez Sánchez, Ivette Aurora Pérez Ituarte, Cynthia Ivonne Núñez Ponce, Antonio Sandoval Vargas, Adria Gabriela Delfín, Claudia Ivette Paz Ontiveros, Paola Castro Gutiérrez, y Cynthia Janeth Vergara Portillo.". Acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes. Ahora bien, visto la demanda de amparo presentada por Verónica Viridiana Viorney de Alba, Ma. Eugenia del Pilar de la Torre, Héctor Freddy Lara Treviño, Mariana Elisa Muciño Araujo, José Luis Manríquez Sigata; Myrna Yoana Conde Anaya, Edna Judith García González, Mayra Angélica Martínez Nevárez, Izmir Alejandra Acevedo Páez, Larisa Sánchez Sánchez, Ivette Aurora Pérez Ituarte, Cynthia Ivonne Núñez Ponce, Antonio Sandoval Vargas, Adria Gabriela Delfín, Claudia Ivette Paz Ontiveros, Paola Castro Gutiérrez, y Cynthia Janeth Vergara Portillo, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, con sede en esta ciudad, fórmese y regístrese bajo el expediente 305/2021-III-B. Así, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, los cuales deberán rendirlo dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes; apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá a las omisas como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (96.22), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Se hace saber a las autoridades responsables, que con fundamento en los artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. Se señalan las once horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para que tenga lugar la audiencia constitucional, la que podrá verificarse en términos de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, lo anterior, siempre y cuando la parte quejosa aquí lo solicite, debiendo remitir los datos necesarios a fin de proveer lo conducente. Ahora bien, respecto al acto materia de reclamo, relativo a la suspensión de plano, que solicitan los quejosos, en el sentido de que las autoridades responsables han omitido vacunarlos, no obstante que son médicos de la salud y se encuentran laborando como médicos, lo cual los expone a un riesgo alto de contraer el virus en cuestión, lo cual resulta inconstitucional al excluir a los quejosos en la referida política y estrategia, reclamándoles la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y el incumplimiento de la Política Rectora de Vacunación y la Estrategia Conjunta de Vacunación Nacional, en violación al principio de igualdad y demás derechos humanos, por lo que, solicitan se les aplique la vacuna en las mismas condiciones que el personal de salud del sector público y personas mayores de sesenta años, conforme a lo contemplado en Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México, se comparte el criterio jurídico adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, residente en Netzahualcóyotl, Estado de México, al resolver la queja administrativa 59/2021, mediante sesión extraordinaria celebrada vía remota el catorce de abril del dos mil veintiuno, y que inclusive invocan al final de su escrito de demanda los peticionarios del amparo. Para una mejor comprensión de la calificativa que se anuncia, resulta necesario destacar el contenido de los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Del artículo 125 de la Ley de Amparo se desprende que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte de los quejosos. Por su parte, en lo que interesa, el artículo 126 establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, dicho precepto señala que, en este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La parte relevante del artículo 22 constitucional a la que alude esa disposición de la Ley de Amparo, es el párrafo primero, que prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En tal virtud, los elementos tomados en consideración justifican el obsequio de la suspensión de plano solicitada. Por ese motivo, existe peligro en la demora, y se colman los requisitos de la apariencia de buen derecho, por lo que, en principio, es necesario recordar que la suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitan que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto. Asimismo, de los artículos 126 de la Ley de Amparo y 22 constitucional se aprecia que se concederá la suspensión de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Conforme a lo expuesto, se advierte que el supuesto para que proceda el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano es que el asunto verse sobre actos cuya naturaleza jurídica sea de entidad sumamente grave y requiera la intervención del juzgador constitucional para paralizarlos de inmediato, en la inteligencia de que, de consumarse o continuarse, harían imposible la reparación de los derechos del gobernado relacionados con su dignidad e integridad, vulnerados con el dictado o ejecución de aquéllos. Dicho en otras palabras, es claro que el legislador consideró que los actos que ameritan la concesión de la suspensión de oficio y de plano son aquellos que afectan de manera irreparable e irremediable los bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas, que no pueden estar supeditados a cuestiones secundarias. De ese modo, por exclusión, cuando los actos reclamados no revistan las características señaladas, no podrá concederse respecto de ellos la suspensión de plano, sino que, de ser procedente, deberá concederse la medida provisional y, en su momento, la definitiva a través del incidente de suspensión correspondiente, de conformidad con los artículos 127, 128, 138 y 146 de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado respecto a la procedencia de la suspensión de plano en casos en los que, por regla general, el acto reclamado no reúne las características para ello, pero que, excepcionalmente, dado el contexto en que se desarrollan, sí procede otorgar la suspensión de plano y de oficio. Precisado lo anterior, en el caso concreto, los quejosos reclaman de las autoridades responsables, esencialmente, la omisión de vacunarlos conforme al Plan Nacional de Vacunación del Estado mexicano, a pesar de que - aducen- forman parte del personal médico que labora en el sector público y privado, en el que se encuentran en la primera línea de atención de pacientes enfermos de Covid-19 y que incluso, se presentan pacientes a ser atendidos sin saber si ellos o sus familiares están contagiados de esa enfermedad. Así, en el caso, el desempeño de las funciones de los quejosos como parte del personal médico del sistema público y privado de salud, no implicaría, por regla general, poner en riesgo su vida o su salud de una forma irreparable, sin embargo al involucrar la primera línea de atención de pacientes infectados con el SARS Cov2 y al tomar en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que podrían encontrarse, en el contexto de la pandemia actual, sí estarían en riesgo si no se les aplicara la vacuna contra el citado virus conforme a la Política Nacional de Vacunación, en las mismas condiciones que el personal de salud que trabaja en el sector público. Por ello, atento al análisis que se realiza de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, sí se está en el caso de la suspensión prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de oficio y de plano, porque los efectos y consecuencias de los actos ponen en peligro su vida, precisamente por la función de los quejosos en la primera línea de atención de enfermos de Covid-19, pues el riesgo que corre sin haber obtenido la vacuna, lo puede llevar a perder la vida, a ser contagiado con el virus y contagiar a su vez a otras personas con las que tienen contacto, entre ellas, sus menores hijos, lo que desde luego en nada beneficia a la sociedad, pues implicaría que las personas encargadas de atender a los pacientes de determinada enfermedad se conviertan en agentes de contagio, poniendo a su vez en riesgo la vida de otros más vulnerables que ellos. Por ello, se cumplen los supuestos establecidos en la Ley de Amparo para la concesión de plano de la medida cautelar solicitada. Al respecto, se comparte el contenido de la tesis VI.1o.A.19K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Tomo XX, diciembre de 2004, página mil cuatrocientos cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Por lo demás, si los quejosos se contagian, pasarían a ser pacientes y requeriría atención médica en vez de proporcionarla. Sin que obste a lo anterior que se señale como acto reclamado una omisión, puesto que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, sino que debe analizarse en función de las consecuencias que producen los actos reclamados, lo que es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, es decir, si la suspensión se concederá, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada con efectos restitutorios. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, que dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." A mayor abundamiento, la situación actual de salud requiere de la incorporación de todos los profesionales de la salud para afrontar la pandemia que aqueja al país, para lo cual deben garantizarse las condiciones mínimas e indispensables para que dichos profesionistas puedan desempeñar su trabajo de manera segura, sin riesgo para su propia salud, la de sus familiares y la del resto de la sociedad, situación que, de acuerdo con la versión no desvirtuada hasta el momento por la parte quejosa, no acontece en la especie si no se les aplica la vacuna en contra del virus SARS Cov2, conforme a la Política Nacional de Vacunación. Cabe destacar que, precisamente conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México, la tercera etapa de vacunación ya concluyó, mientras que desde la segunda etapa ya se incluyó a todo el personal de salud del sector público, la cual también se ha efectuado, no obstante se acata lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito. Por todo lo anterior, atendiendo a las propias manifestaciones contenidas en la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que es factible establecer que los quejosos se encuentran en alto nivel de exposición al virus, en las mismas condiciones que el personal de salud del sector público, por lo que atendiendo al principio de igualdad previsto en el artículo 1 constitucional, no existe justificación que permita un trato diferente, por lo cual, atendiendo al principio de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, aplicado por mayoría de razón a estos casos en que involucran el derecho a la vida y a la integridad personal de los quejosos, es que debe concederse la medida cautelar. De ahí que, para que el juicio de amparo cumpla con su función de recurso judicial efectivo en términos del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, procede otorgar a la quejosa la suspensión de plano que solicitó, para que se le aplique la vacuna de que se trata. Efectos de la medida cautelar. Con apoyo en los artículos 15 y 126 de la invocada ley, toda vez que los actos reclamados podrían incidir sobre la vida y la integridad de los quejosos, se decreta la suspensión de oficio y de plano de dichos actos para los efectos siguientes: - Le proporcionen a los quejosos la información necesaria en relación con la política nacional rectora de vacunación contra el virus SARSCoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, concretamente, sobre el personal de salud que se vacunó y se vacunará contra dicho virus. - En el ámbito de sus respectivas funciones, en cumplimiento del documento rector de Política Nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y del diverso denominado Información para el personal de salud que se vacunara contra la COVID-19, tomen en consideración que los quejosos Verónica Viridiana Viorney de Alba, Ma. Eugenia del Pilar de la Torre, Héctor Freddy Lara Treviño, Mariana Elisa Muciño Araujo, José Luis Manríquez Sigata; Myrna Yoana Conde Anaya, Edna Judith García González, Mayra Angélica Martínez Nevárez, Izmir Alejandra Acevedo Páez, Larisa Sánchez Sánchez, Ivette Aurora Pérez Ituarte, Cynthia Ivonne Núñez Ponce, Antonio Sandoval Vargas, Adria Gabriela Delfín, Claudia Ivette Paz Ontiveros, Paola Castro Gutiérrez, y Cynthia Janeth Vergara Portillo, refieren algunos que forman parte del personal del área de salud, al laborar como médicos, y dicten inmediatamente las órdenes que sean necesarias para que se incluya a los quejosos en el censo nominal del proceso de pre-registro en el proceso de evaluación señalado en el documento "Información para el personal de salud que queda pendiente de ser vacunado contra la COVID-19", si es que no lo hicieron ya. - Priorizando que pertenecen a un grupo de mayor riesgo según la situación epidemiológica nacional y acorde con la etapas subsecuentes de la estrategia de vacunación, en la próxima más cercana que incluya al Estado de Chihuahua, se incluya a los quejosos para que se les aplique la vacuna correspondiente (2 dosis, o la diversa de 1 dosis), contra la enfermedad COVID-19, ello, independientemente del grupo al que correspondan las etapas. Aclarando que dicha medida se hace extensiva a cualquier autoridad que por razón de sus funciones deba coadyuvar o intervenir para que esta determinación se cumpla efectivamente. En la inteligencia que la medida cautelar no surtirá efectos, si a la fecha los quejosos ya cuentan con el esquema de vacunación completo y refuerzo. En ese tenor, las responsables deberán informar, dentro del término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano, apercibidas que, de no hacerlo así, se les impondrá de acuerdo a la gravedad de la conducta una multa de cien a mil días de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, todos de la Ley de Amparo; de igual modo, hágase de su conocimiento que el no cumplir con un auto de suspensión, es delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en que puedan incurrir. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (96.22), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley De Amparo. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que, en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, sólo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas que se prevé para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, intitulada: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Boulevard Teófilo Borunda 8575, Colonia Jardines del Lago, código postal 32616, de esta ciudad, y como autorizado para tales efectos en los términos amplios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que cita. Ahora bien, respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico, páralo cual proporciona los datos de su nombre de usuario "Cenitcorp", asimismo, se le tiene solicitando se le hagan todas las notificaciones por vía electrónica. Así, atento a su solicitud, conforme lo dispuesto por el ¨Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal¨, se ordena autorizar para que acceda al juicio de amparo 305/2021, al cual tendrá acceso mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su respectivo nombre de usuario que proporciona. Asimismo, atento a su petición expresa para que las notificaciones se realicen por vía electrónica, téngase por autorizado lo solicitado en sus términos, conforme al artículo 79 del citado ¨Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal¨. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia autorizada de la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto y deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el cardinal 24 de la ley de la materia. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecisiete horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna, ello, con motivo de las medidas relativas a la etapa de contingencia. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Proponga usuario para que acceda al expediente electrónico a efecto de que pueda consultarlo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.

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