Veronica Villarreal Rodriguez
Expediente 1306/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1306/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Veronica Villarreal Rodriguez
Actuaciones
- Principal
se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de junio de dos mil diecisiete. 1. REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Verónica Villareal Rodríguez, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1306/2017. 2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, en virtud que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa II, del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 5o, fracción II, del mismo ordenamiento prevé: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En la especie, la parte quejosa reclama la orden emitida por las autoridades responsables, respecto del cambio de horario laboral a veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro horas de descanso, así como del cambio de adscripción del Centro de Reintegración Social Familiar para Adolescentes de Güémez, Tamaulipas, hacia otro centro en el Estado, en caso de no aceptar el horario de referencia. Ahora bien, respecto de dicho acto reclamado se advierte que no fue emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón; es decir, deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual, los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, Dirección de Reintegración Social y Familiar del Adolescente y Subdirección del Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes de Güémez, Tamaulipas, señalados como responsables, no se encuentran en un plano superior dotados de autoridad, sino que fueron emitidos en su calidad de patrón de la ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopten las dependencias señaladas como responsables, en su carácter de patrón, con motivo de la relación que guarda frente al trabajador, especialmente con relación al horario de labores que forma parte de las condiciones de trabajo, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, los actos de que se duele el quejoso no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Además, robustece lo expuesto, la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, perteneciente a la décima época del Semanario Judicial de la Federación, ubicada en la publicación semanal del viernes 19 de junio de 2015, del texto siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN." Por las consideraciones antes expuestas, se desecha de plano la demanda, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17, constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. Sin que pase desapercibido para este juzgador el contenido de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se aclaró la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". Toda vez que en el presente asunto se reclama una orden emitida por las autoridades responsables, respecto del cambio de horario laboral y cambio de adscripción de un centro de reintegración social a otro, por lo que permite concluir que el quejoso se duele de un acto surgido de una relación de naturaleza eminentemente laboral; por tanto, no encuadran en la hipótesis de aplicación de la referida jurisprudencia, ya que ésta sólo es aplicable en aquellos casos en los que se reclame el acuerdo por el cual se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; y como autorizados en términos amplios y restringidos del numeral 12 de la ley en cita, a las personas que para cada caso refiere. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe. DOY FE.
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