Verónica Vargas Pérez
Expediente 1995/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1995/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Verónica Vargas Pérez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Director Jurídico y de Amparos del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en atención a lo solicitado por oficio 4441-VIII de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, acompaña el acuerdo de tres de los citados mes y año, del que se advierte que señaló las trece horas del tres de enero de dos mil veintitrés, para que el desahogo de pruebas en los autos del expediente 351/2018 del índice del índice de la autoridad oficiante, dado que no se pudo llevar a cabo el tres de noviembre del año en curso, porque la parte demandada Sistema de Seguridad Pública, no fue debidamente notificada En atención a lo anterior y dado que la nueva fecha que señala para el desahogo de las pruebas, se encuentra muy lejana; en consecuencia, requiérase al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, emita un nuevo auto para el desahogo de las citadas pruebas ordenada en los autos del expediente 351/2018 del índice de su índice, y señale fecha a efecto de que dicha audiencia tenga verificativo dentro de los quince días siguientes a la notificación del presente proveído, y lo notifique de inmediato a las partes, y una vez hecho lo anterior remita a éste órgano jurisdiccional constancias certificadas completas y legibles que acrediten de manera fehaciente el cumplimiento al requerimiento formulado. De igual forma, se le conmina a que deben tomar todas las medidas que estime pertinentes para que el Actuario realice las notificaciones en los plazos señalados en la Ley, ello en virtud de ser su superior jerárquico. Apercibido que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, toda vez que con su actuar, demuestra el retardo para la impartición de justicia que señala el artículo 17° de nuestra carta magna. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que suscribe la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por medio del cual remite copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de amparo indirecto 1893/2022 de su índice, promovido por VERÓNICA VARGAS PÉREZ, determinación de la que se advierte que con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado a contrario sensu y de manera supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su precepto 2º, ordenó de oficio la separación de autos, por las razones que en el mismo se exponen. Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo única y exclusivamente por lo que hace al acto reclamado que describe en el oficio de cuenta atribuido al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en esta ciudad, dentro del contexto del expediente 412/2022, mismo que hace consistir en: "La admisión de demanda que diera origen al auto de exequendum, esto es, el mandamiento en forma para ser requerida de pago, orden de embargo y emplazamiento; ello, según lo manifiesta sobre bienes de su propiedad, con el uso de la fuerza pública para ejecutar el citado mandamiento, emitido dentro del Juicio Mercantil 412/2022, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta Ciudad". Por tanto, acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1995/2022; fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, vista la demanda de amparo este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo se advierte, que a fin de que se deseche de plano una demanda de garantías, deben de actualizarse los siguientes supuestos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, y, 2. Que ese motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya así como de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable es cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:- - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;- - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;- - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;- - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". De los artículos transcritos se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y,e) Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del dispositivo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Acotado lo anterior, del contenido integral de la demanda se advierte que la promovente del amparo reclama de manera destacada del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, así como de los Actuarios Ejecutores adscritos a la Coordinación del Sistema de Notificaciones y Diligencias de Ejecución del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, el auto de exequendum del juicio ejecutivo mercantil 412/2022 con efectos de mandamiento de ejecución de requerimiento de pago, embargo con uso de la fuerza pública y emplazamiento, sin que se le haya otorgado de la garantía de audiencia. Así, del capítulo V, relativo a los antecedentes del acto reclamado del escrito de demanda, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, en lo que al caso interesa lo siguiente: "1.- En los primeros días del presente año tuve conocimiento que en diversos Juzgados de Primera Instancia de la Materia Mercantil se encuentran radicadas en mi contra un cumulo demandas seguidas en la vía ejecutiva mercantil u ordinaria mercantil sobre el pago de pesos y otras prestaciones accesorias como los intereses generados. 2.- Pero fue hasta el día doce de mayo del dos mil veintidós cuando la suscrita me encontraba rumbo a mi centro de trabajo recibí una llamada vía celular de mi hija Paola Guadalupe Reyes Vargas quien asustada me informó que afuera de mi domicilio ubicado en calle Acayapan Número 459-A de la Colonia López Mateos se encontraban 3 personas de las cuales una era del sexo femenino y 2 del sexo masculino, quienes de forma altanera, agresiva y amenazante le preguntaron que donde me encontraban porque traían varias demandas en mi contra, a lo que le manifestó mi hija que no me encontraba en mi domicilio, dejando 4 demandas mercantil, bajo números de Expedientes: 411/2022 del Juzgado Tercero Mercantil; 411/2022 Juzgado Primero Mercantil; 411/2022 Juzgado Segundo Mercantil; 409/2022 Juzgado Segundo Mercantil, y al momento de entregarle dicha demandas a mi hija Paola Guadalupe Reyes Vargas que me dijeran que si no pagaba me irían a embargar, retirándose de mi domicilio. 3. Fue el día seis de julio de dos mil veintidós que cuando me encontraba en mi centro de trabajo me hicieron entrega de una demanda más con el número 412/2022 del Juzgado Primero Mercantil que al igual que las otras 4 demandas que mencioné en el anterior número son pagares en los que endosa en propiedad el C. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ al C. JUAN ENRIQUE ZEPEDA CERVANTES." Lo anterior constituye una confesión expresa de valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su arábigo 2°, lo cual produce convicción en cuanto a que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama desde el seis de julio de dos mil veintidós en que se encontraba en su centro de trabajo y le entregaron copia de la demanda que dio origen al expediente 412/2022 del índice del Juzgado Primera de Primera Instancia del Ramo Mercantil. En consecuencia, si la gestionante del amparo tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el seis de julio de dos mil veintidós, es inconcuso que el plazo de quince días a que hace referencia el dispositivo 17 de la Ley de Amparo, para promover el presente sumario constitucional, transcurrió en exceso. Es así, pues de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, se advierte que la demanda de amparo fue presentada el catorce de octubre de dos mil veintidós, de donde se determina que la peticionaria de garantías promovió la demanda de garantías después de los quince días hábiles que prevé la ley de la materia, contados a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado o se hizo sabedor de él, situación que implica el consentimiento tácito de los actos de autoridad que reclama ante esta instancia constitucional. Efectivamente, el lapso de quince días transcurrió del siete al veintisiete de julio de dos mil veintidós, sin contar los días que correspondieron a sábados y domingos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el quejoso interpuso su demanda hasta el catorce de octubre de dos mil veintidós, es innegable que la misma es extemporánea, y por ende, los actos reclamados constituyen actos consentidos tácitamente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, visible en el tomo II, Agosto de 1995, página: 291, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Y la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 658, del Tomo XLI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 17 de la Ley de Amparo exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos, es indudable que, en el caso se actualiza el motivo de improcedencia a estudio y, lo procedente, es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por VERÓNICA VARGAS PÉREZ, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de la Materia. No resulta obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la quejosa manifieste que le reviste la calidad de tercero extraño al procedimiento de origen, pues el hecho de que se ostente con ese carácter de modo alguno queda al margen del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del acto reclamado; pues de lo contrario implicaría que el plazo para la interposición de la demanda de amparo tratándose de terceros extraños quedaría a su libre voluntad, pasando por alto lo dispuesto en la ley, respecto a la temporalidad de la demanda. Se cita al respecto en la jurisprudencia P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, la tesis aislada VI.1o.241 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 446, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, bajo la voz: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. FECHA PARA COMPÚTO DEL TÉRMINO DE AMPARO. El plazo para pedir amparo contra los actos en el juicio en que no es parte y que afecten sus intereses, le corre desde la fecha en que tiene conocimiento de dichos actos." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, por autorizado en términos de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Azucena de la Cruz Jaime, y en términos del párrafo segundo del citado numeral en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, al resto de las personas que señala para tal efecto, en virtud de que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en atención a lo que solicita en el sentido de que se le tenga el correo electrónico que señala en su ocurso de cuenta para recibir notificaciones en los presentes autos, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, hasta en tanto acredite que cuenta con firma electrónica, toda vez que la notificación vía internet es uno de los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, solo las personas que cuenten con dicha firma podrán ser notificados por esa vía, cuyo registro puede realizarlo vía internet ingresando a la página www.serviciosenlinea.pfj.gob.mx (Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación); por tanto, se le tiene dicho correo electrónico únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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