Veronica Vargas Galicia

Expediente 1049/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1049/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2016

Partes del expediente

  • Veronica Vargas Galicia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha quince de julio de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Agréguese con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de las constancias de donde emana el acto reclamado; con su contenido dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Téngase como Delegados de la autoridad responsable, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designa en su informe, y por señalado el domicilio que indica, para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene por admitidas las pruebas documentales que anexa a su informe justificado de cuenta; mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de garantía. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por ***********, quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de ***********, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracción I, y XII de la Constitución Federal, 1°., fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción VI, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la misma, dese la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por otro lado, en términos de los artículos 115 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, y con OCHO días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que en caso de no hacerlo, o no remitan con la oportunidad debida las constancias, se le sancionará con una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan LAS ONCE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMOAC, MORELOS, quien deberá ser emplazado al presente juicio, con fundamento en el artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, por oficio; corriéndole traslado con una copia de la demanda, haciéndole saber el día y hora de la audiencia constitucional, requiriéndole para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación, se apersone al presente juicio de garantías. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. En el entendido que de no cumplir con dicha obligación, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal les impondrá una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que, junto con su informe justificado, señale si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de garantías dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de la Materia, se tiene por admitida la prueba documental que anexa a su escrito de demanda, misma que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de garantía. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por autorizada para los mismos efectos a la persona que propone y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que menciona. Por otra parte, requiérase al Tribunal responsable para que al momento de rendir su informe, manifieste si a la fecha el promovente ***********, tiene reconocido el carácter de apoderado legal de la parte quejosa ***********, dentro del expediente laboral número ***********; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la Ley de Amparo. Al caso tiene aplicación la tesis jurisprudencial número 79/2009, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La regla que prevé la potestad del Juez Federal para requerir a la autoridad omisa la aportación de los documentos solicitados por las partes para exhibirlos como prueba en el juicio de garantías, haciendo uso de los medios de apremio, debe también aplicarse tratándose de la expedición de las constancias solicitadas oportunamente por el promovente para justificar el reconocimiento de su personalidad ante aquélla, cuando al desahogar la prevención para comprobar esa circunstancia, manifieste bajo protesta de decir verdad la imposibilidad para hacerlo debido a la falta de expedición de las constancias, y solicite al Juez su intervención para obtenerlas, pues al no existir en la Ley de Amparo disposición expresa que faculte al juzgador para requerir esa documentación, la cual debe exhibirse previamente a la admisión de la demanda en términos de la jurisprudencia P./J. 23/2009, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", la aplicación de aquella regla resulta indispensable para salvaguardar el derecho del promovente a la prosecución del juicio. Lo anterior no implica que la admisión de la demanda deba diferirse hasta en tanto se expidan las citadas documentales, ya que conforme a los numerales 120, 122 a 124, 130 y 145 a 148 de la Ley de Amparo, el acuerdo respectivo que provee también sobre la suspensión provisional no puede postergarse más allá del plazo extraordinario establecido en el indicado artículo 146 para regularizar la demanda, dada la urgencia de la medida cautelar para preservar la materia del amparo; de ahí que, en el supuesto señalado, el juzgador deberá admitir la demanda sin perjuicio de acordar lo conducente a la personería del peticionario del amparo cuando la autoridad responsable expida las constancias solicitadas o informe sobre ellas." Por otra parte, se instruye a los actuarios adscritos, para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Razonamiento que se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, pues la notificación por oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, quejosa y tercero interesada, ya que a través de ella, se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario, girar oficios a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por último, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha seis de febrero de dos mil catorce, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 6 y 8 de su Reglamento, las resoluciones y sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, deberán hacerse públicas; sin embargo, las propias partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en caso de que no hagan manifestación alguna, se entenderá que no se oponen a su publicación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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