VERÓNICA VALENCIA CENTENO y Otros.

Expediente 1453/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1453/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • VERÓNICA VALENCIA CENTENO y Otros.
  • Verónica Valencia Centeno
  • Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
  • María José Mejía Valencia
  • MARÍA JOSÉ MEJÍA VALENCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    MESA IV Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por **autorizado del tercero interesado, mediante el cual solicita copia certificada de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias solicitadas, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    MESA IV. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el tercero interesado **************, mediante el cual designa autorizados y revocando cualquier nombramiento y autorización realizada con anterioridad en el presente juicio de amparo. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, esto es, en razón de que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en cuanto a la persona restante limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA IV. CITATORIO (TERCERO INTERESADA I.M.L) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE 28 DE ENERO DE 2019, QUE DICE "S E N T E N C I A. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1453/2018-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con sede en Toluca, ***** por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo como autoridad responsable a: JUEZ SÉPTIMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO. Señalo como acto que se le reclama a la autoridad responsable que se indica el siguiente: ACUERDO DICTADO EN AUDIENCIA INICIAL RESERVADA DE FECHA VEITINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA DENTRO EL EXPEDIENTE NÚMERO 1304/2017 RADICADO ANTE EL JUEZ SÉPTIMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS. La quejosa señaló como derechos humanos violados los protegidos por los artículos 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DEL AMPARO. Mediante acuerdo dictado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito radicó el asunto bajo el número 1453/2018-IV y desechó la demanda estimando que se actualizaba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia (fojas 17 a 23); inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue admitido y substanciado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Segundo Circuito, quien mediante sesión efectuada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, declaró fundado el medio de impugnación. Atento a lo anterior, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado de distrito admitió a trámite el ocurso inicial, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y, señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede y forma parte de esta determinación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la quejosa reclama una resolución dictada por una autoridad del orden civil ubicada dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. TEMPORALIDAD. Resulta procedente precisar que la demanda de amparo fue promovida oportunamente, en tanto que la quejosa fue notificada de la resolución que constituye el acto reclamado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho y dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente; esto es, el tres de septiembre de esa misma anualidad y la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con sede en Toluca, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediando como días inhábiles el ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de ese mismo mes, de donde se colige que la demanda se presentó dentro del término genérico previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que ello se realizó en el noveno día, de los quince, a que se refiere el precepto mencionado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia se encuentra obligado a precisar los actos reclamados, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente y no únicamente a lo que en apariencia adujo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de acuerdo con las constancias procesales, el acto reclamado es: La resolución dictada por el Juez responsable, en los autos del expediente 1304/2017 (divorcio incausado) el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en audiencia inicial reservada en la que se realizó la revisión de las medidas provisionales y se acordó la disminución del cincuenta al treinta y ocho por ciento, de las percepciones ordinarias y extraordinarias percibidas por el ahora tercero interesado ***** CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre la certeza de éste, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, Materia Común, cuyos título dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese orden, el acto reclamado es cierto, pues así lo externó el Juez responsable al rendir su informe con justificación, máxime que para acredita la constitucionalidad del mismo, remitió copia certificadas del expediente 1304/2017, del que deriva el acto reclamado y es precisamente en el que obra la determinación impugnada, que por tratarse de documentales públicas, merecen eficacia demostrativa plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62. En el caso, el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, señalado como responsable, invocó como causa de improcedencia la prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo el argumento que de conformidad con lo previsto en el artículo 5.75 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, contra el auto que resuelve sobre la revisión de medidas provisionales, procede el recurso de revocación. La causa de inejercitabilidad del juicio de amparo es infundada; ello es así porque al estar involucrados derechos de la menor de identidad resguardada, existe una causa de excepción al principio de definitividad, según lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 139/2013, ya que en dicha ejecutoria puntualizó que es posible dejar de observar la regla de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior) cuando el recurso que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las parte. En ese contexto, como en el caso se encuentra involucrada una menor de edad de identidad reservada, y la quejosa alega que el acto reclamado le causa un daño, toda vez que en el acto reclamado se redujo el porcentaje de pensión alimenticia provisional decretada a su favor, se configura la excepción al principio de definitividad y por ende, como se adelantó, es infundada la causa de improcedencia que invoca el Juez responsable. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente destacar los antecedentes del acto reclamado, los que cuales se desprenden de las constancias que fueron allegadas a los autos por las partes, a saber: 1. Por ocurso presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, el ahora tercero interesado ***** por su propio derecho promovió solicitud de divorcio incausado, con la finalidad de disolver el vínculo matrimonial que lo unía con ****, para ello invocó las disposiciones legales aplicables, relató los hechos y acompañó los documentos que consideró necesarios (fojas 1 a 3 de las copias certificadas del expediente 1304/2017). 2. La solicitud se admitió a trámite, se ordenó dar vista la cónyuge***** con el escrito mencionado para que manifestara lo que a su interés conviniera y desahogada que fue, se continuó con la secuela procesal (fojas 7 a 9 del expediente 1304/2017) 3. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de la petición presentada por la ahora quejosa, el Juez responsable acordó lo relativo a las medidas provisionales entre las cuales se encuentran la atiente a la pensión alimenticia provisional, en dicho acuerdo se estableció por ese concepto a favor de los acreedores alimentarios -en ese momento dos menores y la cónyuge-, la cantidad equivalente al cincuenta por ciento del total del salario y las demás percepciones tanto ordinarias como extraordinarias que por cualquier concepto obtuviera el deudor Ignacio Mejía López (fojas 39 y 40 del expediente 1304/2017). 4. Mediante resolución dictada el seis de febrero de dos mil dieciocho, el Juez responsable declaró procedente la vía especial de divorcio incausado promovida por el ahora tercero interesado y decretó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con la aquí quejosa ***** (fojas 92 a 94 del expediente 1304/2017). 5. El veintidós de febrero se ordenó llamar a juicio a en calidad de litisconsorte a ******(hijo del actor); por tanto se ordenó su emplazamiento; así mediante ocurso presentado el tres de abril de dos mil dieciocho éste contestó la demanda (fojas 524, 627, 628, 734 a 753 del expediente 1304/2017). 6. Luego, en audiencia inicial reservada celebrada sin la asistencia de las partes, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento, al revisar las medidas provisionales determinó ajustar el porcentaje decretado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete y concluyó que la medida provisional alimentaria debía ser modificada para que fuera justa y equitativa, regulándola al treinta y ocho por ciento de los ingresos del deudor, en los términos puntualizados en el propio acuerdo (fojas 912 y 913 del expediente 1304/2017). La indicada determinación constituye el acto reclamado, en el presente sumario. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se estudiarán sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de ello. A lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 58/2010, en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, número de registro 164618, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Cabe decir que al tratarse del otorgamiento de alimentos entre otra a una menor de edad y, en congruencia con la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, resulta procedente el análisis de la constitucionalidad de la resolución impugnada bajo ese contexto. Sentado lo anterior, destaca que en la demanda de amparo la parte quejosa, de manera medular y a título de concepto de violación, expone: 1. La resolución controvertida adolece de legalidad porque con base en una indebida fundamentación y motivación el juzgador, determinó modificar la medida provisional atinente a la pensión alimenticia con lo cual pone en peligro el bienestar físico y emocional de la menor, al no recibir la cantidad adecuada de alimentos a los que tiene derecho, aunado a ello vulnera derechos fundamentales e inherentes a la menor de identidad reservada y de la propia quejosa, ya que se dejó de observar el interés superior de la menor de identidad reservada. 2. La determinación de la responsable dejó en un estado latente de indefensión tanto a la menor como a la acreedora alimentaria, porque el Juez responsable se inclinó por modificar la medida provisional referente a la pensión alimenticia sin tener un sustento legal para ello. 3. La autoridad responsable bajo el argumento de que existía un "desequilibrio económico insoslayable lesivo del derecho al mínimo de supervicencia" privilegió al hoy tercero interesado Ignacio Mejía López, pues éste con sus lesivas y dolosas manifestaciones tendentes a disminuir intencionalmente el porcentaje que otorga en razón de la pensión alimenticia a su menor hija y a la quejosa, modificó la medida provisional, dejando de observar el perjuicio que les ocasiona con inobservancia de los preceptos 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.136 del Código Civil del Estado de México; y, 5.16, 5.43 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que reconocen el derecho a recibir alimentos y la obligación del juzgador de velar en todo momento por el bienestar en interés superior de la menor. 4. Las documentales que fueron presentadas con el fin de disminuir el monto de la pensión alimenticia son copias simples que la fuente laboral del ahora tercero interesado no ha rendido, de ahí que la decisión tomada por el juzgador se encuentra indebidamente fundada y motivada. 5. Con la emisión de la resolución impugnada se pone en inminente peligro la subsistencia de la menor, en tanto no es factible pagar el sustento alimenticio, educación transporte, salud, vestido, y otras actividades diversas y con independencia de que la autoridad responsable refiera que la quejosa tiene una fuente laboral o estudios universitarios, no se comparan con los ingresos del deudor y no es posible que ella sufrague las necesidades económicas requeridas y tampoco se puede deslindar a su antagonista de la obligación que le asiste por el hecho de que de manera voluntaria ha adquirido obligaciones pecuniarias, quien además se encuentra obligado a proporcionar alimentos a la menor por el simple hecho de ser su ascendiente. Ahora bien, en el presente asunto, la cuestión toral deriva de que el juzgador en continuación de audiencia inicial determinó ajustar el porcentaje de la pensión alimenticia inicialmente fijada en favor de los acreedores alimentarios y lo disminuyó del cincuenta por ciento al treinta y ocho por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias percibidas por el deudor, puntualizando el porcentaje exacto que correspondía a cada uno, entre ellos la menor de identidad resguardada. Así este órgano de control constitucional debe analizar si la modificación realizada es propicia, ponderando las razones que tomó en consideración el juzgador responsable, bajo el esquema del interés superior del menor, que implica que en todas las determinaciones jurisdiccionales, entro otro tipo de actos, deben de realizarse de modo que en primer lugar se busque el beneficio directo de los menores a quien se dirigen. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el interés superior de la niñez, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, principio que es concebido como una institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante, proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlos. Ante ese panorama, y con la finalidad de establecer si fue legal o no la postura asumida por el juzgador primigenio al ajustar el porcentaje de la pensión alimenticia decretado a favor de entre otros, la menor de identidad resguarda, es necesario, destacar las consideraciones en las que se sustenta la determinación reclamada, las cuales son: a). Que en el proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete no se determinó el porcentaje que específicamente correspondía a cada uno de los acreedor, a pesar de que su edad y circunstancia personal ameritaba una medida singular; además de que se inadvirtió que la menor de identidad reservada cuanta con cuatro años de edad y estudia preescolar, mientras que ***** tiene dieciocho años y cursa el sexto semestre de bachillerato, y ******tiene cuarenta y cinco años de edad, labora y tiene estudios de postgrado. b). Que al fijar la medida alimentaria se debieron tomar esas específicas circunstancias de los intervinientes en la controversia, para así atender los presupuestos de necesidad y posibilidad económicas que rigen el derecho alimentario. c). Que conforme a las documentales glosadas a fojas 274 y 276 del tomo I, el obligado percibió en el periodo del veintinueve de marzo de dos mil dieciocho la suma de ***** d). Con base en lo anterior, la determinación alimentaria provisional inicialmente decretada, evidencia un desequilibrio económico insoslayable lesivo del derecho al mínimo de supervivencia, en tanto que, mientras los acreedores recibieron las cantidades antes dichas, el deudor sólo percibió $4,593.21 (cuatro mil quinientos noventa y tres 21/100 m.n.), en una quincena y $444.83 (cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 m.n.), en la otra. e). Que la otrora cónyuge, percibe ingresos y tiene estudios de nivel de posgrado; además de que se advertía que el deudor satisface el renglón alimentario de vivienda al permitir que sus acreedores habiten la casa en la que hizo vida en común y que cubre un seguro de gastos médicos. f). Así concluyó que era dable modificar la medida provisional alimentaria para hacerla justa y equitativa, determinado que el hijo del acreedor Jesús Ignacio Mejía Valencia, dada su edad y grado escolar, reciba el 18%, la menor de identidad resguardada el 12% y la madre de éstos el 8%, sumados los porcentajes, implican el 38 % de los ingresos del deudor, después de los descuentos involuntarios para lo cual se tomaba en consideración no solo la edad de los acreedores, sino también el grado de escolaridad, ya que ambos gastos implican un gasto menor o mayor, según sea el caso, mientras que el porcentaje a cargo de la acreedora se apoya en que esta percibe ingresos en su fuente de trabajo como lo apunta en su intervención en audiencia precedente y además se encuentra preparada en grados superiores al nivel de Licenciatura y que tal determinación posibilita que el deudor pueda satisfacer de mejor manera sus requerimientos alimentarios sin descuidar proteger a sus acreedores. Ahora bien, la quejosa aduce en su primer motivo de inconformidad que lo resuelto por el juzgador vulnera el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución ante la indebida fundamentación y motivación con que se emitió. Tal planteamiento se considera ineficaz para otorgar la protección constitucional peticionada y ello se afirma porque del escrutinio que se realiza al acto reclamado se advierte que si bien el juzgador expuso los motivos y razones que le permitieron modificar el porcentaje de la percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor inicialmente fijado y reducirlo de un cincuenta a un treinta y ocho por ciento; empero, fue omiso en citar el o los preceptos legales que lo facultaban para realizar tal pronunciamiento (revisión de medidas provisionales); sin embargo, a juicio de quien ahora resuelve, a ningún fin práctico conduciría otorgar el amparo y protección de la justicia federal peticionados, para el sólo efecto de que la responsable cite el o los dispositivos legales que lo facultan para realizar la revisión de las medidas provisionales en continuación de la audiencia inicial si el sentido de la determinación reclamada seria el mismo. Máxime que el proceder del juzgador tiene sustento en el numeral 5.45 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que sustancialmente dispone que las medidas provisionales serán revisadas de oficio y en su caso modificadas en la audiencia inicial, en la que inclusive podrán dictarse otras; entonces si como se advierte de autos, la resolución controvertida se dio con motivo de la revisión de la medida provisional de alimentos y se emitió en la continuación de la audiencia inicial en términos de lo que la legislación establece; y, se insiste el otorgamiento de la protección constitucional peticionada no llevaría a ningún fin práctico. En diverso aspecto, se estima infundado el planteamiento de la quejosa en el que afirma que el juzgador dejó de atender al interés superior de la menor con trasgresión al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues justamente atendiendo a tal interés y con base en su prudente arbitrio, fue que determinó establecer el porcentaje exacto que correspondía a la menor (12%), respecto de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario y ahora tercero interesado, partiendo de datos objetivos allegados a los autos, como son la edad de cuatro años y su grado de instrucción (preescolar), es decir a las necesidades que necesitaba cubrir. Ahora, si se considera que el interés superior de la niñez se traduce en que todas las resoluciones jurisdiccionales, deben realizarse de modo que, en primer lugar, se busque el beneficio directo de los menores a quienes se dirige, el Juzgador al emitir la resolución controvertida en los términos que lo hizo, buscó el beneficio de la menor de identidad reservada, al establecer de manera clara y sin lugar a duda el porcentaje de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario que debía destinarse a ésta por el rubro de pensión alimenticia y se estima que tal precisión no deja en estado de indefensión a la menor de identidad reservada y mucho menos afecta el interés superior, como se afirma en los conceptos de violación; menos aún la accionante de juicio Verónica Valencia Centeno queda en estado de indefensión con la decisión adoptada, puesto que ambas tienen garantizado el pago de pensión alimenticia por los montos que correspondan al porcentaje establecido de manera provisional por el juzgador, el cual cabe decir se determinó con los datos objetivos que arrojó el expediente. Asimismo, en la determinación reclamada se determinó ajustar el porcentaje fijado inicialmente ponderando principalmente el desequilibrio económico que advirtió entre las percepciones recibidas por el deudor en el mes de marzo de dos mil dieciocho y las recibidas por los acreedores alimentarios, pues mientras que éste en una quincena percibió $4,593.21 (cuatro mil quinientos noventa y tres 21/100 m.n.), y en la otra $444.83 (cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 m.n.), sus acreedores recibieron por el rubro de pensión alimenticia -en cada una de las quincenas-, las cantidades de $19,157.86 (diecinueve mil ciento cincuenta y siete 86/100 m.n.) y $18,665.42 (dieciocho mil seiscientos sesenta y cinco 42/100 m.n.). Y a juicio de quien ahora resuelve, tal proceder no agravia a las disconformes porque como bien fue advertido por el juzgador, el porcentaje fijado inicialmente atenta contra el principio de proporcionalidad, cuya finalidad no es atender planteamientos caprichosos o desmedidos sino mantener el equilibrio entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor a la luz del prudente arbitrio del juzgador. En esas condiciones se estima legal que el juez responsable ponderando las circunstancias particulares del caso, haya determinado ajustar el porcentaje que inicialmente fue decretado como pensión alimenticia y estableciera puntualmente el que corresponde a la aquí quejosa y a su menor hija. Luego, como bien se destaca en la demanda de amparo, los ordenamientos de la Constitución y de la legislación local, reconocen el derecho de los menores de recibir alimentos y la obligación de velar en todo momento por el bienestar del interés superior de los menores, sin embargo se estima que en observancia a esas disposiciones fue que el juzgador responsable estimó ajustar el porcentaje que cada uno de los acreedores debían recibir como pensión alimenticia provisional y atendiendo al caso en particular, al nivel de necesidad de éstos y a la capacidad económica del deudor, pero además atendió al aspecto de que la obligación alimentaria no constituya un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado en relación con la obtención de los alimentos. Por otra parte, es infundado lo expresado por la parte quejosa en el sentido de que el acto reclamado adolece de debida fundamentación y motivación, en tanto que el juzgador responsable para ajustar el porcentaje inicialmente decretado, tomó en cuenta las copias simples que fueron presentadas por el deudor alimentario sin embargo su fuente laboral no las ha remitido y por tanto no han sido allegadas a los autos. Lo infundado de tal precisión obedece a que las constancias exhibidas por el antagonista de la quejosa y ahora tercero interesado, fueron los recibos de nómina impresos en los que obra sello digital (fojas 776 y 777 del tomo II ), en los que aparece el monto de los depósitos que se hicieron al ahora tercero interesado en las quincenas correspondientes al mes de marzo de dos mil dieciocho y la retención por concepto de pensión alimenticia y son justamente las que señaló el juzgador en la resolución que se controvierte. Tampoco asiste razón a la quejosa al afirmar que con la resolución reclamada se pone en inminente peligro de subsistencia a la menor de identidad reservada, así como de la propia impetrante, y ello es así porque según se observa, el juzgador decretó en favor de la menor una pensión equivalente al doce por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario como empleado del Instituto Nacional Electoral, que se considera acorde a las necesidades que ésta debe cubrir dada su corta edad (cuatro años) y a los requerimientos que necesita como estudiante de nivel preescolar, como bien se dijo en la resolución reclamada; mientras que la subsistencia de la promovente, no se encuentra en peligro debido a que el ocho por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias se estableció ponderando que ella labora y su nivel académico es superior, de donde se deduce que no se encuentra a expensas de la pensión alimenticia sino que tiene otros ingresos; por tanto el riesgo en el que dice quedó debido a la resolución reclamada no existe, ello con independencia de que las cantidades que percibe el deudor con motivo del empleo que devenga sean superiores a las que ella obtiene, porque en materia de alimentos debe observarse dos principios básicos fundamentales "La posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos". Finalmente, debe decirse a la quejosa que en el caso no está controvertida la obligación que tiene el deudor alimentario de proporcionar alimentos, sino el porcentaje del salario de éste que se fijó por ese concepto, de ahí que esa manifestación sea ineficaz para los fines pretendidos por la promovente. En ese orden, al haber resultado ineficaces e infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal peticionados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la vigente Ley de Amparo es de resolverse; y, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos tercero y cuarto, por las razones expuestas en la presente resolución. Notifíquese personalmente.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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