Veronica Socorro Balbuena Rosas

Expediente 232/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 59 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
232/2019
Año
2019
Actuaciones
59
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Veronica Socorro Balbuena Rosas
  • Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 257/19, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el despacho despacho 546/2019, orden 778/2019, de este índice, ya que no se logró llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado 31. Demetrio García Vergara. Al respecto, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, toda vez que mediante auto de veinte de agosto del año en curso (foja 1003) se dio de baja la comunicación de mérito. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de julio del año actual (fojas 812 a 816) se libró el despacho 546/2019, orden 778/2019, al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, a fin de emplazar al tercero interesado 31. Demetrio García Vergara, sin que a la fecha haya sido devuelta a este juzgado la comunicación oficial. No obstante, mediante proveído de veinticuatro de julio del año en curso (fojas 927 a 930) se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y a través del diverso de doce de agosto del presente año (fojas 992 y 993), causó estado dicho auto; por tanto, a ningún fin práctico llevaría allegarse en este momento procesal del emplazamiento de mérito. Atento a lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, con esta fecha, dese de baja la citada comunicación oficial, sin diligenciar y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al cuaderno formado con las copias certificadas relativas al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1064/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente y del cuaderno incidental, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla (anexo I a VIII) remitió en apoyo a su informe justificado, devuélvansele las mismas; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la citada autoridad se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las referidas documentales.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte de forma indudable y manifiesta una causal de improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por la quejosa Verónica Socorro Balbuena Rosas, a las autoridades que fueron señaladas como responsables -como enseguida se evidenciará-, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que mediante escrito recibido el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, turnado el día siguiente al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Verónica Socorro Balbuena Rosas, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos atribuidos al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigación y otras autoridades. En acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, radicó la demanda de garantías con el número 1064/2018 de su índice, y la admitió a trámite, con incidente de suspensión; seguido el trámite legal, el citado juzgador federal advirtió la existencia de diversos actos reclamados emanados de procedimientos judiciales desvinculados entre sí, por lo que en auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, ordenó la separación de juicios y ordenó la formación de nuevos juicios de amparo, por lo que mediante oficio 11400/2019 de su índice, entre otros, remitió las constancias atinentes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla para el turno correspondiente. Dicho comunicado y anexos fueron turnados a este órgano de control constitucional el catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 2 a 4), por lo que en acuerdo de quince de marzo siguiente (fojas 329 a 333), este juzgado radicó la demanda de garantías con el número 232/2019-D de éste índice, y la admitió a trámite, sin ordenar la apertura del incidente de suspensión pues el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, proveyó y resolvió lo conducente. Se determinó que el presente sumario constitucional únicamente se ocuparía de los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, consistentes en: I. La orden de aprehensión emitida en su contra dentro del proceso penal 470/2003-7, del índice del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, así como su ejecución que reclamó del Director General de la Agencia Estatal de Investigación; y, II. La omisión del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla de pronunciarse sobre la prescripción dentro del proceso penal aludido en la fracción que antecede. En ese sentido, al rendir su informe justificado el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 235), por lo que se tiene plena certeza de su existencia; así mismo, al rendir su informe justificado, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación, aceptó la existencia de diversas órdenes de captura (fojas 56 y 57) libradas contra la quejosa, y aun cuando no se pronunció expresamente sobre la emitida en el proceso penal 470/2003-7 del índice del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, lo cierto es que al haberse establecido la certeza del acto reclamado a la autoridad ordenadora, es inminente la ejecución que se pretendió dar a ese mandamiento. Así, por oficio 02998 el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, informó a esta autoridad que en resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, declaró prescrita la acción penal persecutoria contra Verónica Socorro Balbuena Rosas, en la causa penal 470/2003-7 de su índice, por lo que dejó sin efectos la orden de aprehensión reclamada, así como su ejecución y, para reforzar su dicho, remitió copia certificada de la determinación judicial aludida y su notificación al Fiscal General del Estado de Puebla (fojas 890 a 897); documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, de las referidas constancias, el suscrito advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía de amparo, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sentado lo anterior, a fin de analizar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa reclama: I. La orden de aprehensión emitida en su contra dentro del proceso penal 470/2003-7, del índice del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, así como su ejecución que reclamó del Director General de la Agencia Estatal de Investigación; y, II. La omisión del Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal dentro del proceso aludido en la fracción que antecede. En efecto, en la resolución pronunciada el diez de junio de la presente anualidad, el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, se pronunció sobre la prescripción en el proceso penal 470/2003-7 de su índice, y declaró prescrita la acción penal persecutoria contra Verónica Socorro Balbuena Rosas, por lo que dejó sin efecto la orden de aprehensión librada el doce de noviembre de dos mil tres en dicho proceso penal (foja 843), lo que notificó al Fiscal General del Estado de Puebla, superior jerárquico de la autoridad responsable ejecutora Director General de la Agencia Estatal de Investigación, el cuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 894). De lo anterior se aprecia que han cesado los efectos de los actos reclamados, debido a que han quedado destruidos en forma total e incondicional todos sus efectos, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías fuera de audiencia constitucional. En ese sentido, es menester señalar que no impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con diez minutos del dos de agosto de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resulta notoria, manifiesta e indudable, la causal de sobreseimiento analizada, y la misma no puede desvirtuarse con ningún elemento de prueba; de ahí que no exista la necesidad de esperar a la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun y cuando se tramitara hasta su conclusión, el asunto llegaría al mismo resultado, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, REGISTRO IUS: 184 572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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