Verónica Santiago García
Expediente 270/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Verónica Santiago García
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que remite testimonio de la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés en el recurso de queja 107/2023, así como copias certificadas del presente asunto; acúsese recibo. La resolución emitida por el órgano en mención, en su punto resolutivo, señala lo siguiente: "ÚNICO. Se DECLARA INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por VERÓNICA SANTIAGO GARCÍA, contra el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 270/2023-III" Háganse las anotaciones respectivas, archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Finalmente, destrúyanse las copias certificadas que devuelve la superioridad, al no ser necesarias para la integración del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió copia certificada del presente juicio de amparo y el original del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de ocho de marzo del año en curso; asimismo, informa que lo admitió y registró con el número 107/2023; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el ocho de marzo de este año. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe correspondiente expresando que es cierto que este juzgado federal dictó el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, acompañando el original del escrito de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por******************** por derecho propio, regístrese bajo el número 270/2023-III. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la quejosa son: a) El auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, por el que se impone una multa por desacato a la sentencia interlocutoria de veintisiete de enero del año en curso, aclarada en diverso auto de siete de febrero de este año. b) El auto de veintidós de febrero del año en curso, que ordena su ejecución. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Luego, como se advierte del contenido de la demanda y toda vez que las reglas procesales contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, determinan que las resoluciones que en esta vía se reclaman son revocables de conformidad con lo previsto por el artículo 5.74, en relación al diverso numeral 1.362, del ordenamiento legal invocado, que dicen: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." En consecuencia, los actos reclamados en la presente instancia, consistentes en el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, por el que se impone una multa a la quejosa, por desacato en lo ordenado en sentencia interlocutoria de veintisiete de enero del año en curso y el diverso auto de veintidós de febrero del año en curso, en el que se ordena su ejecución, son susceptibles de ser combatidos a través del recurso de revocación, ante la propia autoridad responsable. En las relatadas condiciones, si la promovente se abstuvo de agotar dicho medio de impugnación antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, se hace evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 361, con número de registro 224800, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, en este caso no se configura ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la normatividad de la materia. No pasa inadvertido que el acto del que se duele la agraviada podría considerarse como de imposible reparación; empero, tal circunstancia no la exime de acatar el principio de definitividad antes de acudir al amparo contra la determinación reclamada. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que se encuentran involucrados intereses de menor de edad, al emanar los actos reclamados del incumplimiento de la quejosa de acatar el régimen de visitas y convivencias decretado para llevarse a cabo entre su hijo menor de edad con el progenitor de éste, pues el estudio de la procedencia de la demanda de amparo entraña un análisis de los requisitos formales que debe contener y respetar, entre ellos, como ya se dijo agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; aunado a que los actos reclamados repercuten únicamente en el patrimonio de la quejosa, lo cual si bien implica, un acto de imposible reparación, ello no le exime de agotar aquel principio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de registro digital 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por******************** por derecho propio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos únicamente de carácter personal el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Se autorizan a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario "********************; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa (usuario "********************).
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