Verónica Sandoval Sarmiento
Expediente 1248/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Verónica Sandoval Sarmiento
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, por el que remite el expediente 1248/2018-III del índice de este Juzgado; asimismo, comunica el auto de Presidencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual, por virtud de que no se interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto, se declaró que éste causó estado. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión, es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha susceptible de destrucción el dieciocho de junio de dos mil diecinueve; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. (III)
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 1770/2018 de cuenta, por medio del cual el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, comunica el contenido del auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el amparo en revisión civil ... del índice de dicho órgano colegiado, en el cual, se acusa recibo del oficio mediante el que se remitió el juicio de amparo 1248/2018-III, y desecha de plano el recurso de revisión interpuesto por la quejosa en contra el auto dictado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.(III)
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se tiene a la quejosa Verónica Sandoval Sarmiento, interponiendo recurso de revisión contra del autos dictado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho dictado por este juzgado. Con apoyo en los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias exhibidas y en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, para la substanciación del recurso y fórmese el expediente provisional. III
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de veintinueve de octubre dos mil dieciocho...Visto el escrito de la quejosa Verónica Sandoval Sarmiento, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre del presente año. En principio, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. ... De esta guisa, se advierte que la impetrante reclama la resolución al recurso de revocación dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, que interpuso en contra del auto de diecisiete de agosto anterior en el juicio ejecutivo mercantil 3808/2017, en el que se ordena la remoción del depositario -hoy quejosa- y se le concede un plazo de tres días para hacer la entrega voluntaria del bien secuestrado al nuevo depositario. Ahora bien, de conformidad con la narración de antecedentes del acto reclamado efectuada bajo protesta de decir verdad, la cual reviste naturaleza de confesión en términos de lo previsto en los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa indica que en el juicio natural ya se pronunció sentencia definitiva, donde se le ordenó dar cumplimiento voluntario al punto resolutivo cuarto que "contiene cantidad líquida"; misma sentencia que ya causó ejecutoria por ministerio de ley el nueve de agosto siguiente. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; .". **subrayado añadido Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En esa tesitura, de acuerdo a lo previsto por el párrafo segundo de la fracción relativa al segundo de los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se dicta la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y como se vio, en el caso no se cumple con el supuesto de procedencia que para el procedimiento de ejecución de sentencia dispone la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado, antes precisado, no está en la hipótesis de la última resolución, ya que sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Mientras que, para el caso de remate, tendrá tal carácter la resolución que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados, tal como lo ha explicitado la Primera Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia 13/2016, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Lo anterior implica que si se trata de actos de un tribunal judicial, emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución. Así, el acto que origina este amparo, no puede generar a favor de la parte quejosa, la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, toda vez que no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo, o bien, del procedimiento de remate del bien embargado. Pues, como se adelantó, la consecuencia inherente del acto reclamado -remoción de depositario-, es que se continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia ejecutoriada en el sumario natural, lo que representa una cuestión intermedia, dictada dentro de ese período, de las que no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, sino hasta que sea dictada esa última resolución, que satisfaga los extremos señalados en el arábigo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Lo anterior es así, en virtud de que, el procedimiento de ejecución de sentencia obedece a la existencia de la sentencia ejecutoriada; por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por tanto, en aras de ese cumplimiento, los Jueces dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de la remoción de depositario reclamada y que, en todo caso, estará en aptitud de combatir una vez dictada la última resolución que se pronuncie en el mismo. No pasa inadvertido para quien resuelve, que el Máximo Tribunal ha establecido también que, inclusive, en la fase de ejecución de sentencia, el amparo indirecto es procedente de manera excepcional, siempre y cuando los actos dictados en el procedimiento relativo afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno del citado órgano jurisdiccional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, pagina 6, cuyo rubro y epígrafe son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Empero, en la especie no se está en ese supuesto de excepción; habida cuenta que, de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia de mérito, se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal estimó que ello ocurre cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada. Bajo el contexto apuntado, se considera que la determinación contenida en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 3808/2017, del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil del Estado, que confirmó el acuerdo que autoriza el cambio de depositario de los bienes embargados en ese procedimiento, no tiene efectos de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, en la medida que como ha quedado expuesto en párrafos antepuestos, la peticionaria de amparo acude a la presente instancia constitucional, en su calidad de parte demandada y como depositaria removida de su encargo, a reclamar del órgano responsable el auto que confirma la determinación de cambio de depositario y que le ordena hacer la entrega voluntaria del bien motriz embargado en autos, al nuevo depositario Mario Alberto Saucedo López. De ahí que en todo caso, lo único que está requiriéndole el Juez responsable es la entrega voluntaria de los bienes embargados derivado del cambio de depositario, solicitado por su contraparte, sin que ello la ubique en la hipótesis prevista en el tercer párrafo, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que en el caso que nos ocupa, no se trata de la entrega de bienes rematados, sino un cambio de resguardo de aquellos embargados por la parte actora en términos del artículo 1394 del Código de Comercio, siendo facultad del embargante señalar al depositario judicial y por tanto también removerlo, en tanto dure el secuestro. Por lo que es evidente que el acto reclamado tiende al eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado, pues en el auto recurrido se acordó de conformidad el cambio de depositario del bien embargado solicitado por la parte actora, en favor de quien, como lo reconoce la impetrante, ya existe condena líquida que ejecutar conforme a la sentencia ejecutoria dictada en el juicio génesis; por lo que esa decisión no tiene consecuencia irreparables en la esfera jurídica de la aquí quejosa, y tampoco afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal y en los tratados internacionales para poder estimar que ese acto es de imposible reparación, que sea ajeno al que deriva de la cosa juzgada. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible con el registro 216934, en la página 263 del Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEPOSITARIO, NUEVA DESIGNACIÓN, NO AFECTA LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA DEMANDADA QUE LE FUERON EMBARGADOS. A juicio de este órgano colegiado, la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que confirmó el proveído por el que el juez de primer grado tuvo a la actora designando nuevo depositario de los bienes que se embargaron a la empresa demandada, no causó a la demandada quejosa ningún agravio personal y directo, en los términos del artículo 4 de la Ley de Amparo, puesto que con el cambio de depositario no se afectó la situación jurídica de los bienes propiedad de la sociedad mercantil quejosa, que resultaron secuestrados en la diligencia de requerimiento, emplazamiento y embargo practicada en el juicio natural, sino que el juzgador se concretó a reconocer el ejercicio del derecho que tiene la acreedora de la quejosa, para designar depositario de los bienes secuestrados en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La anterior conclusión se evidencia, si se toma en cuenta que en virtud del embargo, la sociedad demandada dejó de tener la posesión jurídica de lo embargado; y, además, en el proveído apelado ni siquiera se ordenó poner al nuevo depositario en posesión de los bienes secuestrados, por lo tanto, al no ocasionarse a la peticionaria de garantías un agravio personal y directo, con el solo dictado del auto que tuvo a la actora designando nuevo depositario, se surte la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con lo dispuesto en el numeral 4, ambos de la Ley de Amparo." **subrayado añadido. Sin que a lo así estimado se oponga la manifestación de la quejosa en el escrito de cuenta, en la que refiere que el juicio no se encuentra en etapa de ejecución, cuenta habida que únicamente se le ha apercibido con abrir dicho periodo, para el caso de que no dé cumplimiento voluntario a la parte líquida de la sentencia, pero sin que se le haya requerido en ese sentido, ni que la parte actora solicitara la apertura del procedimiento de ejecución forzosa. Lo anterior, tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado jurisprudencia en la que indica que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, por idéntica razón a aquella que justifica la improcedencia contra actos dictados en etapa de forzoso cumplimiento, toda vez que en ambas hipótesis, priva la misma razón medular, que se traduce en lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, por lo que la improcedencia del amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, obedece también a que no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Así se desprende de la jurisprudencia 28/2010, visible con el registro IUS 164639, en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del siguiente tenor literal: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Mientras que, en diverso aspecto, tampoco se opone a lo aquí resuelto la afectación que pudiera resentir la quejosa y demandada en el juicio mercantil de origen, con la eventual desposesión del bien derivada de la remoción del encargo de depositaria, toda vez que la procedencia del juicio de amparo indirecto en la hipótesis de actos fuera de juicio o en ejecución de sentencia que afecte derechos sustantivos del peticionario, debe provenir de aspectos ajenos a la cosa juzgada; lo que no se surte en el particular, habida cuenta que como la misma quejosa lo refiere, existe sentencia ejecutoria de condena sobre cantidad líquida, cuyo cumplimiento voluntario ha sido dispuesto por el juzgador responsable -aun cuando refiera no haber sido requerida en ese sentido-, de tal suerte que la remoción del cargo de depositario, no es sino una consecuencia directa de la potestad de su contraparte para lograr el cumplimiento de la condena impuesta, es decir, la posible afectación a derechos sustantivos, no deriva de cuestiones ajenas a lo decidido en la sentencia definitiva. Es orientadora de lo antes expuesto, al tesis I.3o.C.51 K (10a.), consultable con el registro digital 2007139, en la página 1588 del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada." En ese tenor, al no existir hasta este momento una afectación de ejecución de imposible reparación en la esfera de derechos de la solicitante de la tutela constitucional, para en su caso, decretar la procedencia de manera excepcional e inmediata del juicio de amparo, se actualiza la causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracciones IV y V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza.(III)
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