Verónica Samantha Nivicela Baculima
Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en la Ventosa, Oaxaca
- Verónica Samantha Nivicela Baculima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Verónica Samantha Nivicela Baculima interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, no obstante que se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, que de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), sería destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término legal de tres días que se concedió a la directa quejosa ***, en proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, a efecto de que ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor por ***, sin que lo hubiesen hecho; por consiguiente, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, se deja sin efectos la suspensión de plano concedida a la directa quejosa por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, que como providencia cautelar fue decretada. Comuníquese la anterior determinación a las autoridades responsables. Notifíquese a la parte quejosa por medio de listas.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en su atención, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho número de origen 348/2022 y orden 689/2022, del índice de este Juzgado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y dese de baja la citada comunicación oficial. Asimismo, en auto de nueve de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio señalado en el párrafo que antecede, y con motivo de la información recibida, se ordenó requerir al promovente del Daniel Alberto Juárez González, a efecto de que en el plazo de veinticuatro horas proporcionara en qué estación migratoria se encuentra recluida la quejosa; auto, que le fue notificado el diez siguiente, a través del correo electrónico y a través de las listas (domicilio señalado en su demanda); sin que el promovente Daniel Alberto Juárez González, desahogara el requerimiento. Además, del despacho de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito a la autoridad coadyuvante para notificar a la directa quejosa Verónica Samantha Nivicela Baculima, el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, en el que se le requirió si ratifica la demanda de amparo promovida a su favor, ya que ésta no se encontraba en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en La Ventosa, Juchitán, Oaxaca; pues no se encuentra, ni se encontró detenida, ninguna persona con ese nombre. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la impetrante del amparo el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, este proveído, así como las subsecuentes determinaciones por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 107/2007-PS, aprobada el seis de febrero de dos mil ocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. Se precisa a la parte quejosa que no desahogar el requerimiento formulado en auto de ocho de junio del presente año, se le hará efectivo el apercibiendo ahí señalado. Notifíquese a la quejosa Verónica Samantha Nivicela Baculima por medio de listas. I N S E R C I O N Salina Cruz, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. DATOS DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 3 y 108 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por Daniel Alberto Juárez González, en representación del quejoso Verónica Samantha Nivicela Baculima, contra actos del 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con residencia en La Ventosa, Oaxaca y otras autoridades, que hace consistir literalmente en: "ACTOS RECLAMADOS: l. La incomunicación y actos de tortura psicológica dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en La Ventosa, Oaxaca. ll. La deportación del suscrito a nuestro lugar de origen. lll. La restricción a nuestro derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y, por ende, la inminente detención del suscrito fuera de todo procedimiento, y la deportación a mi lugar de origen. IV. El aseguramiento del suscrito en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en La Ventosa, Oaxaca, el cual ya excedió de las 36 horas sin que se haya resuelto nuestra situación migratoria." Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 378/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de los actos de detención ilegal e incomunicación, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cesen de inmediato los actos de incomunicación del que pueda ser objeto la directa quejosa, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Para el caso que la directa quejosa se encuentre detenida por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no le impida tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con su abogado, familiares o con quien estime pertinente; d) Le permita realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario; e) En términos de lo que establecen los artículos 126 y 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la directa quejosa Verónica Samantha Nivicela Baculima, para el efecto de que sea puesto en libertad -provisional. Lo anterior, siempre y cuando cumpla con las medidas de aseguramiento que se fijan atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la calidad de la directa quejosa que por tratarse de persona migrante debe considerarse grupos vulnerables; así, con la finalidad de asegurar sus comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, debe observarse lo que establece el ordinal 102 de la Ley de Migración, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional". El invocado numeral 102 de la Ley de Migración, prevé: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." De la interpretación sistemática del precepto transcrito permite concluir que la inmigrante indocumentada podrá ser entregada en custodia a la representación diplomática del País del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber a la extranjera cuya situación migratoria sea irregular en este País y que se encuentre sometida a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso, pudieran ser las autoridades responsables con sede en el estado de Oaxaca, en cuya estación permanece alojada la parte quejosa. Tomando en cuenta, en lo conducente, los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Amparo, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, la autoridad responsable ponga inmediatamente en libertad a la directa quejosa, siempre y cuando cumpla con los lineamientos y medidas de seguridad ante la autoridad migratoria responsable, que habrá de vigilar su exacto cumplimiento, a saber: I. Establecer domicilio o lugar en la localidad en la que se encuentre alojada; II. La directa quejosa no podrá ausentarse sin previa autorización del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, del domicilio que para el efecto señale para su resguardo; y, III. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a la quejosa como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces, será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento. IV. Finalmente, deberá presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Cabe precisar que en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario fijar garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como es la directa quejosa en su calidad de migrante, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, las indicadas autoridades responsables deberán implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que la directa quejosa cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, (repatriación asistida), el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que la directa quejosa permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojada, a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que la directa quejosa sea puesta, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que la directa quejosa goce del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de la extranjera; así, también que es de orden público la presentación de la extranjera en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En relación a la omisión de las autoridades de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia COVID-19, de conformidad con los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, atendiendo a las manifestaciones del promovente, así como a la violación alegada, se concede la suspensión de plano, para que las autoridades responsables de manera inmediata observe los protocolos correspondientes a efecto de evitar la propagación del Covid 19, tales como, el uso de cubre bocas, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia, entre otros, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad del directo quejoso que por tratarse de persona migrante debe considerarse grupo vulnerable; lo anterior, a fin de evitar que se ponga en peligro su vida y salud, a través del contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal al peticionario de amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe deberán remitirlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a las autoridades responsables foráneas. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Por otra parte, en atención a que la parte promovente manifiesta que la directa quejosa se duele del acto consistente en tortura, así como de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de amparo y 22 constitucional, por las cuestiones que refiere, en su escrito inicial de demanda; en consecuencia, este juzgado, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, dando observancia a la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 6 de mayo de 2014, página 561, de rubro y texto siguientes. "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." En ese contexto, se debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Constitución y la ley, por lo que, ante las manifestaciones vertidas por la parte promovente es procedente dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que dentro del ámbito de su competencia, proceda a realizar los actos que ésta determine. NOTIFICACIONES La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, no obstante que éstas, no constituyen un domicilio en el que se puedan practicar notificaciones personales, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." En el entendido que dicha lista hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. DESPACHO PARA NOTIFICAR A LA QUEJOSA Ahora, atendiendo a que el promovente manifiesta que la directa quejosa Verónica Samantha Nivicela Baculima, se encuentra detenida en las Instalaciones de la Estación Migratoria de La Ventosa, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento despacho al Juez de Control en Materia Penal de Juchitán, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, comisione a un actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, para que, con las formalidades de ley, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en el domicilio de la citada autoridad migratoria, o en cualquier otro lugar de reclusión donde estos pudieran estar, y proceda a: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de la quejosa; y, 2) Le notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirla en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirla que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. Se faculta al juez auxiliar para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dadas las medidas de contingencia sanitaria implementadas en los órganos jurisdiccionales de la Federación, se solicita que las constancias relativas a la diligencia encomendada sean enviadas únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Sanlúcar Altamirano, toda vez que su cédula profesional se encuentra habilitada en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y únicamente para tales efectos a la diversa persona en virtud de que, no acreditó encontrarse legalmente autorizado, tal como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, sin perjuicio de que una vez que acredite lo anterior con prueba idónea, se le tenga como tal. CORREO ELECTRÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de tener el correo electrónico juridicglez_089@hotmail.com, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie al verificar el "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que la dirección electrónica no está asignada a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que fijaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; previa vista que para conocimiento de tal eventualidad se otorgue personalmente, sin contestación alguna se tendrá como efecto declarar su inexistencia, se dejará de tenerlas con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ella, y se continuará con el trámite del juicio. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico, signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, en representación del Titular de la Oficina de Representación Migratoria de ese instituto y de la Sub representación Local en La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, Oaxaca (esta última en su denominación correcta), mediante el cual, en atención a los oficios 8243/2022 y 8244/2022, rinde informe relativo a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, informando lo siguiente: Asimismo, de la información sumistrada por la Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, quien informó que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en la base de datos, no encontró registro a nombre de la directa quejosa VERÓNICA SAMANTHA NIVICELA BACULIMA, por tanto dicha persona no se encuentra a disposición de dicha autoridad migratoria ni tampoco de la suscrita. Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar. En razón a lo anterior, requiérase al promovente de amparo ***, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS proporcione en que estación migratoria se encuentra recluida la directa quejosa Verónica Samantha Nivicela Baculima, lo anterior a efecto de que éste juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho proceda. Ahora bien, toda vez que el promovente Daniel Alberto Juárez González, señaló las listas a efecto de oír y recibir notificaciones, sin embargo, dado el sentido de la presente determinación y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y toda vez que proporcionó un correo electrónico juridicglez_089@hotmail.com para entablar comunicaciones; por tanto, a fin de que tenga conocimiento del requerimiento realizado, POR ÚNICA OCASIÓN, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, notifique a dicho promovente en el correo antes nombrado, a efecto para que pueda dar cumplimiento a lo solicitado en párrafo anterior. CORREO INSTITUCIONAL Y NÚMERO TELEFÓNICO Téngasen a las prenombradas responsables, señalando como correo institucional y número telefónico el que indican en la misiva de cuenta, por lo que instrúyase a la sección de actuaria realice las notificaciones que le correspondan a la aludida autoridad en dicha dirección electrónica. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificados por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, las tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese; y vía correo electrónico al promovente Daniel Alberto Juárez González
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