Veronica Salinas Cantú

Expediente 661/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
661/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Veronica Salinas Cantú

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Promoción Vista la demanda de amparo promovida por Bladimir Pedraza Tello, quien se ostenta como defensor particular de Verónica Salinas Cantú, contra actos del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 661/2023. Personalidad Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve por tratarse de un presupuesto procesal de análisis oficioso. Resulta un hecho notorio para este juzgado, que en el diverso juicio de amparo 571/2023, se reconoció al promovente el carácter de defensor particular de la quejosa Verónica Salinas Cantú, ante la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la ley de la materia, se reconoce a Bladimir Pedraza Tello, la personalidad con que se ostenta en este juicio. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 661/2023. Desechamiento de demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Entonces, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza de forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no causa un perjuicio actual a la quejosa directa, sino que su constitución resulta futura e incierta. Los artículos en mención disponen lo siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la inminente imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada o cualquier otra de las que contiene el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pudiera imponerse a solicitud del Ministerio Público, el treinta de noviembre del actual, a las once horas, dentro del proceso penal 466/2007 que se le instruye por el delito de secuestro, ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal en esta ciudad. En ese contexto, la demanda de amparo se sustenta en la naturaleza futura e incierta de la imposición de una medida cautelar a la quejosa directa Verónica Salinas Cantú, partiendo del argumento de que en acatamiento a la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 571/2023, la autoridad responsable fijó la fecha y hora señaladas para dejar sin efectos la prisión preventiva, y entrar, en su caso, a debate para la imposición de una medida cautelar de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellas la más represiva, esto es, la prisión preventiva justificada. La parte promovente del amparo se duele de la pretensión de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sin que se advierta que ello hubiere tenido verificativo a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés). Cierto, los artículos 154, primer párrafo, 155 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares. El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: [.]." "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares". Los dispositivos legales transcritos permiten colegir que para que se dicten las medidas cautelares a que se refiere el segundo de los artículos antes transcritos, previamente debe ser sujeta a debate a solicitud del Ministerio Público, de la víctima u ofendido. Por otro lado, por actos futuros debe entenderse un acto cuya realización no se ha llevado a cabo, y por incierto, aquello que no se tiene la certeza de que se vaya a materializar; asimismo, por "manifiesto" se entiende todo aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es, de modo que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquél que está plenamente demostrado, ya que se ha advertido de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa durante el procedimiento, independientemente de los elementos que pudiera allegar las partes. Así, en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros e inciertos y también ha referido que la demanda en el juicio de amparo deberá desecharse de plano siempre y cuando el juzgador de forma patente advierta que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esa tesitura, para que puedan imponerse medidas cautelares al acusado es necesario que la parte interesada (Ministerio Público, víctima u ofendido) le solicite al Juez de Control o el habilitado como tal, la imposición de una o varias de las medidas cautelares y que el órgano jurisdiccional realice un examen valorativo para decretar si la medida cautelar es o no idónea para aplicarla. Lo anterior, ya que al margen de que la parte quejosa señale que el delito cuya probable comisión se le atribuye es de secuestro, contra el cual procede la prisión preventiva oficiosa, lo cierto es que no existe certeza de que una vez que se celebre la audiencia de imposición de medida cautelar programada para el treinta de noviembre del año en curso, se imponga alguna de las establecidas por el citado numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que tampoco exista certeza de su realización inminente. Por tanto, sin la seguridad que se imponga alguna medida cautelar en su contra, no se genera la afectación actual y directa necesaria para ejercer la acción constitucional, lo que determina la actualización notoria e indudable de la causa de improcedencia señalada por la Juez de Distrito. Al respecto, este órgano jurisdiccional comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, contenido en la tesis IV.1o.P.29P (10a.), de contenido siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR, SI AÚN NO SE HA CELEBRADO LA AUDIENCIA RELATIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado diversos criterios que postulan que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros e inciertos, pues son nulas las posibilidades a que el acto de alguna autoridad pudiera causar daño o perjuicio a una persona determinada, sin que éste sea actual o inminente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez impone medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido -en los casos que proceda-, una vez formulada la imputación o se haya vinculado a proceso al imputado. Por tanto, si al momento de la presentación de la demanda de garantías, aún no se verifica la etapa relativa a la imposición de medidas cautelares al incoado, resulta claro que no existe certeza de su materialización ni de su realización inminente y, en consecuencia, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio del quejoso, lo que por vía de consecuencia actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo". Además, debe señalarse que el Alto Tribunal del país ha establecido que, por regla general, puede proceder el amparo contra los actos futuros de inminente realización, no los futuros e inciertos, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutará en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Máxime que la pretensión de la quejosa implicaría tácitamente que el juzgador de amparo en forma previa se sustituyera en las facultades de la autoridad responsable revisando actuaciones de una carpeta penal, lo cual no resulta acorde a la técnica del amparo, pues la naturaleza de los principios de inmediación y contradicción implican que ante una petición de parte legitimada (en este caso sobre medidas cautelares), el Juez de Control o el habilitado como tal permita que se contraargumente o refute sobre la procedencia o no de lo solicitado y, una vez concluido el debate determine lo que en derecho proceda. Sólo después de ello esa decisión puede sujetarse a control constitucional, y no previo a su emisión. En esas condiciones, al no haberse manifestado la voluntad de la parte quejosa de promover este juicio, se DESECHA la demanda de amparo referida, con apoyo en los artículos 1°, 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Acceso al expediente electrónico Asimismo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico con las cuentas FIREL que tienen dadas de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario "BladimirPedraza", además, se le autoriza presentar promociones y la recepción de notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente, y visualizar acuerdos en el presente asunto. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. Se instruye al Oficial Judicial "A" realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario citado en párrafos que anteceden, únicamente por lo que respecta al juicio de amparo en que se actúa. En virtud de lo anterior, no se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito que se recibe, pues se privilegia el juicio en línea; máxime que el plasmado, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Datos de contacto Téngase a la parte quejosa proporcionando como datos de contacto el correo electrónico y número telefónico que refiere en su escrito de demanda. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, y 22, cuarto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Alberto González Villa, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, por licencia de la titular; designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, comunicada mediante oficio SEADS/2289/2023, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del propio Consejo, asistido de Cynthia González López, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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