Veronica Saavedra Valle
Expediente 1138/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1138/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Veronica Saavedra Valle
Actuaciones
- Principal
AVISO. CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I,INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Acuerdo: Cuernavaca, Morelos; cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otra parte, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Se acuerda oficio. Ahora bien, visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable delegado de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por el cual informa que a la fecha la parte quejosa no ha comparecido en las instalaciones de dicha dependencia a recibir el título de crédito expedido a su favor; lo que se tiene por informado para los efectos legales conducentes. Al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la información proporcionada, así como con las constancias obrantes en autos relativas al cumplimiento del fallo protector, dése vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que si lo consideran pertinente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que transcurrido el mismo, sin que realicen manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá lo conducente tomando en consideración las constancias existentes en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Estado de autos. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa ****, por el cual subsana la prevención formulada a su escrito de demanda. Causas de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, en el presente caso, en el apartado relativo del escrito de demanda, los actos reclamados se hacen consistir en: La negativa verbal de la responsable de que el impetrante tenga acceso al expediente de origen y se imponga del mismo, toda vez que el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, le manifestó que no fue posible localizarlo ya que este se encuentra extraviado. Ahora, del examen integral de la demanda, se advierte que la solicitud de la impetrante cuyo objetivo era que las autoridades responsables atendieran su petición de permitirle el expediente laboral ****, fue formulada de manera verbal, respecto de la cual la autoridad le refirió de la misma manera que estaba extraviado el expediente, según se advierte de los antecedentes del acto reclamado al aducir lo siguiente: " En fecha 05 de marzo de 2020, asistí de manera personal al archivo general de la responsable, solicitando al encargado del archivo la consulta física y material del expediente número ****, ostentándome en mi carácter de parte actora, petición que me fue respondida con una negativa al argumentarme que dicho expediente se encontraba extraviado. Con fecha 18 de marzo de 2020 me presente de nueva cuenta en las instalaciones de la autoridad responsable en el área de archivo y bajo el mismo procedimiento solicité la consulta física de mi expediente a fin de tener conocimiento del estado procesal del mismo, respondiéndome el encargado de dicha área que no le fue posible la localización del expediente y que por ende seguía extraviado. En fecha 20 de Julio del presente año, que me fue permitido el acceso a las instalaciones de la responsable al área de archivo, y de nueva cuenta me fue informado que mi expediente continuaba extraviado y que regresara a pedir informes en las próximas semanas, así pues asistí de nueva cuenta los días 13 de agosto y 08 de septiembre del 2020 y bajo las mismas circunstancias, me fue negado el acceso y consulta física de mi expediente, así mismo el pasado 19 de noviembre de 2020, asistí por última vez ante la autoridad responsable y solicité la consulta del expediente del que soy parte y me fue manifestado que no fue posible su localización ni rastreo y que el mismo se encuentra extraviado". Aunado a que en su escrito aclaratorio refirió expresamente que tales peticiones formuladas a las responsables de permitirle el acceso al expediente fueron realizadas de manera verbal, asimismo que le fue informado que dicho juicio se encontraba extraviado. Sobre tales bases, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la negativa de permitirle el acceso al expediente, toda vez que se encuentra extraviado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" En efecto, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en tanto que la quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas, pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Incluso aun tratándose de omisiones o dilaciones procesales el máximo tribunal del país a establecido que solo de manera excepcional es procedente el juicio de amparo, pues por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como puede advertirse de la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 30, tomo II, pagina 1086, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional en aquellos casos en los cuales el particular promueve el mismo, impugnando un acto emanado de dichos tribunales, sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De la lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: a) Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la actuación del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, que le causa molestia, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario o medio de defensa, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que, el acto reclamado en este juicio no tiene el carácter de definitivo para su procedencia, toda vez que respecto de éste, la parte quejosa está en posibilidad de promover el incidente de reposición de autos por escrito ante la autoridad responsable, la cual tiene la obligación de acordar dentro del término de 48 horas de conformidad con lo establecido en los artículos 725, 726 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone: "Artículo 725.- En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el Secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones. La Junta, de oficio o a petición de parte, lo hará del conocimiento de las partes; procederá a practicar las investigaciones del caso y a tramitar de inmediato la reposición de los autos, en forma incidental. Artículo 726.- En el caso del artículo anterior, la Junta señalará, dentro de las setenta y dos horas siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. La Junta podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 724 de esta Ley. Los artículos invocados establecen para el caso de extravío o desaparición de un expediente la procedencia del incidente de reposición de autos, el cual, podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. En ese sentido, si la parte quejosa se duele de que la Junta responsable no le permite la consulta de su expediente laboral número 194/2014, ya el mismo fue extraviado, ésta debió promover por escrito el incidente de reposición de autos respectivo a fin de que en términos del numeral referido se le diera trámite al mismo. Aunado a lo anterior, de ser el caso que no se diera contestación a su petición, entonces sí estaría en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional por falta de contestación en los términos de ley (abierta dilación o paralización total del procedimiento). Ahora, en el caso, es dable concluir que en la especie se colmaron las exigencias establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado proviene de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. 2. El incidente de reposición de autos por el cual puede combatir el acto reclamado, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en la Ley Federal del Trabajo. 3. Por virtud del mismo, el acto de que se trata, puede ser revocado. Aunado a lo anterior, no se está en el caso de excepción que prevé el numeral indicado relativo a que la persona que promueva el juicio de amparo sea extraña al procedimiento, pues la parte quejosa es parte actora en el juicio de origen, por lo que es indudable que tiene el carácter de parte procesal. Tampoco el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni implica la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, no decide un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal; ya que como se precisó, el impetrante se duele del extravío del expediente laboral ****. De manera contraria, considerar procedente el juicio de amparo y darse trámite a la demanda de amparo presentada por el quejoso, sería desvirtuar su naturaleza excepcional, pues se estaría intentado de manera excesiva la acción constitucional sin haber acudido previamente ante la autoridad responsable, quien está en posibilidad de reparar la conducta que se tacha de ilegal, a través del incidente de reposición de autos referido en párrafos precedentes, y restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que considera violado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo de manera notoria, manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SUBSISTE PREVENCION, AUTORIZADO NO PUEDE SUBSANAR.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; uno de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, solicita una prórroga para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Prórroga. En mérito de lo anterior, tomando en consideración las manifestaciones de la oficiante, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable una prórroga de diez días, a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que allegue copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
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