Verónica Rosario Hernández Salazar
Expediente 1097/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Verónica Rosario Hernández Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1097/2021 III-B, promovido por *****, por propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y otra autoridad. ANTECEDENTES De lo expuesto por la quejosa, se obtiene que ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, se radicó el expediente 1094/2011, en el cual se dictó laudo el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo. Por escrito presentado ante la Junta responsable, ***** solicitó el cumplimiento del laudo dictado el catorce de junio de dos mil diecinueve. En atención a su solicitud, la responsable dictó el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el cual informó a la parte actora que el laudo que se encontraba firme, era el dictado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo que debería promover lo conducente respecto a la ejecución de esa resolución firme. Sin que exista una diversa solicitud elevada por la aquí parte quejosa para que la Junta responsable dictara las medidas tendentes para lograr el cumplimiento del laudo firme. TRÁMITE DE LOS JUICIOS DE AMPARO *****, por propio, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, el siete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó el día de su presentación a este Juzgado de Distrito. En proveído de ocho de octubre del año en curso, se registró con el número 1097/2021 y desechó parcialmente el escrito inicial. Lo anterior, en razón de que la quejosa ya había acudido a reclamar "la omisión de acordar lo pertinente al escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve y presentado ante la oficialía responsable al día siguiente, dentro del expediente laboral número *****.", pues en el expediente ***** del índice de este Juzgado de Distrito, reclamó idéntico acto. Expediente en el cual, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la cual, se sobreseyó por cesación de efectos, al dictar la Junta responsable acuerdo que proveyó el escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Sentencia que causó ejecutoria el dieciocho de agosto posterior. Así las cosas, en el mismo auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, donde se desechó parcialmente la demanda, se admitió por el diverso acto reclamado (la falta de administración de justicia, en los términos exigidos por la ley, en el cumplimiento de laudo de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve), se requirió informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de actos emitidos por una autoridad que tiene residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar las medidas necesarias para lograr que se cumpla con el laudo firme de catorce de junio de dos mil diecinueve. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca negó el acto que se le atribuyó, al exponer que en los expedientes a su cargo no existe alguno radicado a nombre de la quejosa. Por su parte, el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca negó el acto que se le atribuyó. Lo anterior, en razón de que la parte actora -aquí quejosa- no ha solicitado la ejecución del laudo de fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente *****, como lo prevé el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho precepto establece que es necesario que la parte que obtuvo, presente su petición ante el Presidente Ejecutor a fin de dictar auto de requerimiento y embargo, de lo que se advierte que se necesita el impuso del ejecutante para continuar con dicho procedimiento. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró que exista expediente laboral tramitado a su favor ante la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, ni solicitar ante la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la ejecución del laudo firme de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente *****, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *****, respecto del acto atribuido a los Presidentes Ejecutores de las Juntas Especiales número Dos y Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, como se especificó en el apartado V de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rinda su informe justificado, en virtud que fue notificado el tres de noviembre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, vista la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa en el apartado de autoridad responsable señaló al presidente ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; sin embargo, del contenido integral del escrito, se advierte que es al presidente ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, quien atribuye los actos reclamados. En consecuencia, a efecto de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se ordena emplazar con el carácter de autoridad responsable al presidente ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y para tal efecto gírese oficio con inserción del auto de inicio así como copia de la demanda de amparo, para que rinda su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
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