Veronica Romero Beltran
Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Veronica Romero Beltran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al que adjunta testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del amparo en R.T. 93/2023. Atento a la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento de las partes, que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, fue confirmada por la Superioridad, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia dictada por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el trece de junio de dos mil veintitrés en el juicio de amparo indirecto ********************. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************contra los actos reclamados al Presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y al Pleno de dicho tribunal, precisados en el resultando primero de la presente resolución". Ahora, toda vez que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó en el presente juicio, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; para todos los efectos legales a que haya lugar y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. Por cuanto al incidente de suspensión el mismo es destruible, al haberse negado la medida cautelar definitiva, lo anterior con fundamento en la fracción III, del artículo 20 del referido Acuerdo General. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil veintitrés. ... Se tiene por recibido el oficio enviado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por medio del cual informa que se admitió el recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, en contra de la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado con el número 93/2023, de su índice; en consecuencia, se toma conocimiento y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo y expresa los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el escrito original, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 255/2023255/2023 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con veinticinco minutos del trece de junio de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Erika de la Cruz Uribe, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia del juicio de amparo 255/2023, promovido por Verónica Romero Beltrán, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas documentales que anexó la quejosa a su demanda de amparo y las que allegaron las autoridades responsables con su informe justificado, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas por la quejosa. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la autoridad responsable y las que ofreció la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Se da cuenta que ninguna de las partes los formuló ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 255/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el mismo día, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Verónica Romero Beltrán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Pleno y [2] Presidente Ejecutor, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: El auto de ejecución de pago a favor de la suscrita actora por la cantidad de $391,751.97, de fecha 15 de diciembre de 2022, dictado en los autos del juicio laboral burocrático de origen, número 01/898/18, mesa 8, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de fecha 05 de julio de 2022, mediante el cual determina las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos dictados por esa autoridad. La omisión por parte de la hoy responsable de cumplir con su obligación de imponer e impulsar una gama de facultades e instrumentos legales para REQUERIR EL CUMPLIMIENTO del laudo dictado en el mencionado juicio de origen, y LOGRAR su ejecución integral, eficaz e inmediata, consistente en ORDENAR INSTRUMENTAL (sic) LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS O ADECUACIONES Y/O INCORPORACIONES DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO, PREVIAMENTE AUTORIZADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA EL PAGO DE PASIVOS COMO LO SON LAS SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS (ART. 14 LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS); Y SOLO TRAS COMPROBAR QUE NO CUENTA CON FONDOS DE FORMA ABSOLUTA: ORDENAR SU PRESUPUESTACIÓN PARA EL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE. Con independencia y a la par de instrumentar y ejecutar las medidas de apremio dictadas en el auto de ejecución de pago a favor de la suscrita actora por la cantidad de $391,751.97 m.n., de fecha 15 de diciembre de 2022, hoy reclamado. La omisión por parte de la hoy responsable de cumplir con su obligación de imponer e impulsar una gama de facultades e instrumentos legales para REQUERIR EL CUMPLIMIENTO del laudo dictado en el mencionado juicio de origen, y LOGRAR su ejecución integral, eficaz e inmediata. Con independencia y a la par de instrumentar y ejecutar las medidas de apremio dictadas en el auto de ejecución de pago a favor de la suscrita actora por la cantidad de $391,751.97, de fecha 15 de diciembre de 2022, hoy reclamado; en suplencia de la queja. " 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó el emplazamiento de tercero interesado por considerar que dada la naturaleza del acto reclamado no le asistía tal carácter a la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, pues no tiene un interés en que subsista la denegación reclamada, lo que además se traduciría en dilatar el juicio. Asimismo, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El trece de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un juicio en el que se reclaman actos en etapa de ejecución, respecto de autoridades con residencia dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. a) El acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual determinó las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos dictados por ese tribunal. [2] Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. b) El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Presidente ejecutor, en el juicio laboral burocrático 01/898/18, promovido por Verónica Romero Beltrán -aquí quejosa-, en contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, mediante el cual se requiere al ente municipal demandado por conducto del Presidente municipal, el cumplimiento del laudo dictado en dicho juicio y apercibe a este último con imponerle una medida de apremio consistente en multa de mil pesos, en términos del artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y, en caso de reincidencia, le serán aplicadas diversas medidas de apremio en el orden de prelación establecidas en el referido a) acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, emitido por el [1] Pleno en cita. Cabe destacar desde este momento que tales actos fueron emitidos en ejecución de sentencia, y que el acuerdo reclamado no se trata de la última resolución en dicho procedimiento de ejecución. Asimismo, se precisa que respecto de las diversas omisiones señaladas como actos destacados en la demanda de amparo, las mismas son relativas a combatir los acuerdos reclamados que han sido precisados, por lo que lo expuesto por la quejosa por cuanto a dichos actos, en realidad se trata de conceptos de violación que hace valer en contra de los acuerdos precisados, pues incluso dichos argumentos los reitera en los conceptos de violación expuestos; de ahí que se tenga como actos destacados los que han quedado precisados en el recuadro que antecede. lll. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los actos reclamados al [1] Pleno y [2] Presidente Ejecutor, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con independencia de lo manifestado en sus informes justificados. Ello, en tanto que de las copias certificadas de los autos que integran el expediente laboral 01/898/18, así como las relativas a la sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos celebrada el cinco de julio de dos mil veintidós, remitidas en apoyo al respectivo informe justificado, se corrobora la emisión del acuerdo dictado por el Presidente ejecutor el quince de diciembre de dos mil veintidós, así como el diverso emitido por el referido Pleno el cinco de julio del citado año, constancias a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; al ser documentos públicos emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, con las que se acredita la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es una resolución final en el procedimiento de ejecución, no goza de autonomía con éste, ni afecta derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata, y b) Actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos de la persona promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Tales razonamientos, los sostuvo la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, con registro digital 162152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En el caso concreto, los acuerdos reclamados no constituyen actos autónomos al procedimiento de ejecución del laudo, tampoco corresponden a la última resolución dictada en el juicio ni son actos de imposible reparación -por no violentar directamente derechos sustantivos-. En ese contexto, el juicio de amparo es improcedente, ya que la parte inconforme -actora en el juicio de origen- reclama: a) El acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual determinó las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos dictados por ese tribunal. b) El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Presidente ejecutor, en el juicio laboral burocrático 01/898/18, promovido por Verónica Romero Beltrán -aquí quejosa-, en contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, mediante el cual se requiere al ente municipal demandado por conducto del Presidente municipal, el cumplimiento del laudo dictado en dicho juicio y apercibe a este último con imponerle una medida de apremio consistente en multa de mil pesos, en términos del artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y, en caso de reincidencia, le serán aplicadas diversas medidas de apremio en el orden de prelación establecidas en el referido a) acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, emitido por el [1] Pleno en cita. Ahora bien, conforme a lo explicado en párrafos precedentes, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De lo que válidamente se puede concluir que dichos acuerdos no constituyen el final en la ejecución y tampoco causan una afectación directa a un derecho sustantivo de la quejosa, pues contrario a ello, se trata de actuaciones que forman parte de la etapa de ejecución del laudo, contra los cuales solo procede el amparo ante una persona juzgadora constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. Además, se insiste en que no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que solo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, pues únicamente procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Aunado a lo anterior, no debe soslayarse que, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la inconformidad de la quejosa radica en los términos en que fue dictado el acuerdo reclamado de quince de diciembre de dos mil veintidós, ya que sostiene que la autoridad responsable debió haber impuesto la medida solicitada por la quejosa en su escrito de veintitrés de noviembre del año citado -en el que solicitó se requiriera el cumplimiento del laudo-, consistente en instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones y/o incorporaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado para el ejercicio fiscal para el pago de pasivos como lo son las sentencias laborales definitivas, en términos del artículo 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y sólo tras comprobar que la demandada no cuenta con fondos de manera absoluta, ordenar su presupuestación para el ejercicio inmediato siguiente, entre otros, toda vez que no ha dado cumplimiento al laudo emitido el cinco de julio de dos mil veintiuno, pues la medida con la que el Presidente Ejecutor responsable apercibió al Ayuntamiento demandado, a consideración de la quejosa, no es eficaz para obligar a la parte demandada al cumplimiento del laudo. Por tanto, se observa que la inconformidad de la peticionaria del amparo radica en la mecánica de ejecución o la forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo de cinco de julio de dos mil veintiuno; de modo que, dada la materia del acto reclamado, es factible concluir que dicho acto se emitió después de concluido el juicio y que constituye un acto dentro del procedimiento de ejecución de laudo, que lleva por finalidad el cumplimiento del mismo. Por lo que, la determinación de requerimiento de pago con el apercibimiento de multa no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Misma consideración debe tenerse respecto del acto reclamado emitido por el Pleno del referido tribunal, en tanto que el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, contempla las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos que dicte ese tribunal, entre ellas las establecidas en el acuerdo emitido por el Presidente responsable, lo cual constituye una actuación tendente al cumplimiento del laudo mediante diversos requerimientos y apercibimientos mayores a la multa inicial, sin constituir la última resolución en el procedimiento de ejecución. En tales términos, al tratarse el reclamado de un auto de requerimiento de pago, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), del Pleno del Decimoctavo Circuito, con registro digital 2010430, que establece: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." En consecuencia, como se expuso, los actos impugnados no son autónomos con relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitió, dado que de constancias no se advierte que se haya cumplido el laudo emitido en el procedimiento de origen, se haya declarado la imposibilidad de cumplimiento ni mucho menos ordenado que se archive el asunto como total y definitivamente concluido. Además, como ya se precisó, la pretensión de la parte quejosa va encaminada a cambiar la mecánica de ejecución ya emprendida por la autoridad responsable, de lo que incluso se desprende que dicho reclamo no implica la violación de un derecho sustantivo, pues la parte quejosa no se duele de una omisión por parte de la autoridad responsable de hacer cumplir su determinación, sino de una cuestión de forma, en el sentido de que, a su consideración, debe ser otro el modo en que se procure el cumplimiento del laudo, sin que sea además relevante que dicha peticionaria de amparo, sea la vencedora en el procedimiento de origen. En apoyo a lo expuesto, se cita el criterio jurisprudencial 1ª./J.36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 181144, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Ello además, porque de no razonarlo así, se desvirtuaría la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, es interpretada en sentido contrario, lo que pone de manifiesto que la promoción del juicio de amparo respecto de actos dentro de la etapa de ejecución, es exclusivamente respecto de esas hipótesis excepcionales, establecidas para ese efecto, en tanto que la finalidad de ello, es evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la sustanciación de los juicios, de tal suerte, que en estos casos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, y por ello es que sólo se puede promover juicio de amparo en casos específicos permitidos por la norma, y en contraste, la restante generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusivas, tornan improcedente el juicio de amparo en cuestión. Lo anterior, porque de lo contrario, bastaría que la parte actora se inconformara contra cada uno de los actos de ejecución, al impugnar la mecánica de ejecución o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, para hacer procedente el juicio constitucional, pues podría generar su procedencia exclusivamente mediante la presentación de escritos en los que señalara dicha circunstancia, pudiendo impugnar por ello cada auto en el que no se le otorgara la razón. Lo cual no fue pretendido por el órgano legislador, al establecer la hipótesis de procedencia en estudio, respecto a los actos en ejecución. Es importante precisar que, tampoco hace procedente su reclamo, las manifestaciones en cuanto a que tales actos afectan a la parte quejosa en su derecho sustantivo de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, ya que aun cuando señala que la ejecución del laudo se ha prolongado un tiempo excesivo, el derecho de acceso a una justicia pronta -como derecho sustantivo- implica una violación autónoma que sólo puede ser producida de forma genérica cuando el conjunto de actos han producido una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, de allí que tampoco pueda justificar la procedencia del juicio de amparo el argumento que hace depender de forma secundaría tal afectación, con la emisión de un acto específico de ejecución, el cual se considera dilatorio. Pues, de asumir tal hipótesis -que se puede reclamar como dilatorio cada acto específico de ejecución de forma secundaria-, conllevaría a que bastaría que la parte quejosa se inconformara en contra de cada auto, alegando que con la forma en que fue emitido el mismo, se está permitiendo la dilación de la ejecución del laudo, para que fuera procedente el juicio constitucional, amparado en una violación al acceso a una justicia pronta, cuestión que es contraria a la teleología del supuesto de procedencia en estudio, con el cual, se insiste, pretendió el legislador evitar el abuso del juicio constitucional contra los actos emitidos en ejecución, y que por tanto, su procedencia no sea la regla, sino la excepción en aquellos casos específicos permitidos por la normativa. Cabe señalar que constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2 de esta última, que similares criterios fueron sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en los recursos de queja 121/2020, y 138/2020, los cuales derivaron de juicios de amparo indirecto tramitados por este juzgado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Verónica Romero Beltrán, contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe. La secretaria Erika de la Cruz Uribe certifica: que la presente resolución se emitió en la fecha precisada en párrafos que anteceden, la cual coincide con la programada para la celebración de la audiencia constitucional desarrollada en términos del acta respectiva, y se firma en el horario asentado en la firma electrónica correspondiente por virtud de la carga de trabajo del juzgado y en que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. (Firmado electrónicamente) trece de junio de dos mil veintitrés
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