Veronica Rojas Yepez
Expediente 324/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Veronica Rojas Yepez
- Mariano Baeza Lona
- Salvador Hernández Pérez
- MARIANO BAEZA LONA y Otros.
- CLAUDIA LOZANO VEGA y Otros.
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual solicita el acuse de recibo del comunicado P.B. 210, por el cual envió, a través del sistema de interconexión interno, el testimonio del recurso de queja administrativo 334/2022 de la estadística de la alzada. Por tanto, genérese el comunicado correspondiente y remítase vía interconexión.
- Principal
Ejecutoria Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de once de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada, debiendo conservarse la demanda de amparo, la resolución que puso fin al asunto, así como la determinación relativa a la medida cautelar decretada y el presente proveído.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en dieciocho de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si las personas menores de edad directas quejosas, fueron inmunizadas en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentran. La anterior prevención se formuló por lo siguiente: Desde auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se requirió a la parte promovente para que los menores de edad quejosos de iniciales: *******************, acudieran a las diez horas del tres de junio a las instalaciones del Hospital Militar Regional de Irapuato, Guanajuato, "a efecto de ser inoculados con la primera dosis". Este auto fue notificado en el usuario electrónico el uno de junio siguiente, por ser ese el medio que la parte quejosa señaló para recibir notificaciones. Luego, mediante proveído de veintisiete de junio del año en curso, se tuvo al Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales en el estado de Guanajuato, informando que los menores de edad quejosos *********************, no se presentaron a la cita programada para el tres de junio del presente año, a fin de recibir la primera dosis de la vacuna correspondiente. Atento a ello, se requirió a la parte quejosa por el término de tres días, para que informara a este órgano jurisdiccional el motivo por el cuál no presentó a los citados menores de edad para la inoculación de la primera dosis, o bien, informara si ya habían sido inmunizados en la jornada de vacunación COVID-19, relativa a los infantes mayores de 12 años. De igual manera, se invocó como hecho notorio la conferencia matutina del ejecutivo federal, concretamente la efectuada el catorce de los corrientes, en donde el subsecretario de salud Hugo López-Gatell anunció que se adquirió un determinado número de dosis pediátricas del fármaco, a fin de comenzar con el proceso de vacunación para el sector poblacional de infantes de entre 5 y 11 años cumplidos y que el registro habitual en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/ comenzó el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, lo cual se incorporó a un boletín publicado por Presidencia de la República. Dicho proveído fue notificado a la parte accionante el uno de julio del año en curso. Posteriormente, el veintiocho de junio de la presente anualidad, se tuvo informando al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, que se señalaron las quince horas del treinta de junio de dos mil veintidós, para la inoculación de las personas menores de edad de entre cinco y once años de edad. Dicho auto, por razón de la premura, se comunicó vía mensajería instantánea Whatsapp. Luego, en auto de treinta de junio pasado, se tuvo a la autoridad castrense informando que los menores de edad de iniciales: ******************, no se presentaron por reiterada ocasión a la cita programada para el veinticuatro de junio del presente año, a fin de recibir la primera dosis de la vacuna correspondiente. De ahí que el dieciocho de julio pasado, se dictó un auto en los siguientes términos: "[.] Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio registrado con el número 10004 el apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, comunicó que se fijaron las quince horas del treinta de junio del año en curso, para la inoculación de los menores de edad de cinco a once años, esto es, ******************** con lo que se dio vista a la parte quejosa para que compareciera; sin que a la fecha se tenga noticia del resultado de la totalidad de las citas. [.] No obstante lo anterior, se trae a cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en diversos medios de comunicación y en las páginas oficiales del Gobierno Federal y de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, se desprende que partir del cuatro de los actuales comenzó la vacunación Pfizer-BioNTech en esta ciudad respecto a los menores dentro del rango de cinco a once años (en donde se encuentran los menores aquí quejosos). Por ende, previamente a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; Requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si los menores fueron inoculados con la primera dosis de la vacuna precitada, en alguna de las dos sedes. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a los infantes, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que han desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto.[.]" Este auto fue notificado en el usuario electrónico el veintidós de julio siguiente. En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento hecho el dieciocho de julio de dos mil veintidós (que fue una reiteración de los requerimientos anteriores) y se le tiene por desinteresada en que las personas menores de edad directas quejosas sean inoculadas por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la parte accionante haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado : a) La existencia del acto o ley reclamados. b) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (diez de marzo de dos mil veintidós), el grupo etario de entre cinco y once años no era considerado en la Política Nacional de Vacunación como susceptible de ser inoculado, mientras que los menores de edad entre doce y diecisiete años, no tenían fijada fecha cierta para ser inoculados. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a los menores de edad quejosos, de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que puedan enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenecen dichos menores de edad quejosos no era considerado como susceptible de ser vacunado, en el caso de los menores de edad entre cinco y once años; mientras que en lo concerniente a los menores de edad entre doce y diecisiete años, no existían datos objetivos que permitieran asegurar la fecha, lugar y modo para su inoculación. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós , la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a los aquí quejosos, ya les fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de dieciocho de julio del presente año, se entiende que hay desinterés para que los menores de edad quejosos directos sean vacunados y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a las personas menores de edad en cuestión, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no les fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio registrado con el número 10004 el apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, comunicó que se fijaron las quince horas del treinta de junio del año en curso, para la inoculación de los menores de edad de cinco a once años, esto es, X.C.R, T.E.B.G, D.F.L, K.N.A.R, A.T.B.O, U.S.B.O, J.A.Z.T, B.P.G, G.P.G, G.D. de B.C, S.L.V.G, F.R.A, C.F.A.A, P.M.G, M.V.M.G, P.B.I, M.S.G. y J.S.G, con lo que se dio vista a la parte quejosa para que compareciera; sin que a la fecha se tenga noticia del resultado de la totalidad de las citas. Ahora bien, debido a la premura con que fue informada esta potestad, se hizo del conocimiento de la quejosa, vía mensajería instantánea whatsapp, en el teléfono que proporcionó para tal efecto; sin embargo, de la revisión del presente cuaderno físico y del correspondiente electrónico, se desprende que no obra la comunicación formal por parte de la Actuaría. Ahora bien, como la notificación de aquél proveído contenía información respecto de la data de vacunación (treinta de junio de dos mil veintidós), lo cual ya aconteció, a nada práctico conduciría subsanar la omisión. No obstante lo anterior, se trae a cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, se informó que el cinco y seis de julio actuales, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de cinco a once años, la vacuna de referencia. Por ende, previamente a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si los menores fueron inoculados con la primera dosis de la vacuna precitada, en alguna de las dos sedes. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a los infantes, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Diferimiento de la audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y se señalan las diez horas con diez minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, para su desahogo
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