VeròNica Ramos Noria

Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • VeròNica Ramos Noria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se desprende que trascurrió el término legal de diez días para que la parte quejosa, ****, recurriera la sentencia de veintinueve de octubre del año en curso, en la que este juzgado sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se pronunciara al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso e) de la misma legislación, así como en el numeral 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo para las partes restantes; lo anterior, en virtud de que no les causa perjuicio al haberse sobreseído el presente juicio, además de que las autoridades responsables carecen de legitimación para promover el recurso en su contra. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el cuaderno principal y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo el documento podrá ser destruido conjuntamente con el expediente.

  2. Principal

    Principal 123/2021. Celaya, Guanajuato, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. SENTENCIA DEFINITIVA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 123/2021-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito que se depositó en el buzón judicial el diez de marzo de dos mil veintiuno; recibido el once de marzo siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en la misma data, *****, por conducto de su apoderado ****, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se indican: "IV.- ACTOS Y OMISIONES QUE SE RECLAMAN: 1. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: la ilegal dilación del procedimiento laboral bajo el número de expediente ***, ante los constantes diferimientos de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y señalar una fecha de audiencia que excede por demasía los plazos establecidos por la ley; además de no enviar o enviar mal los exhortos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México a fin de que sirva emplazar a las codemandadas. 2. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de México: la ilegal dilación del procedimiento laboral bajo el número de expediente ****, ante los constantes diferimientos de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por no diligenciar o diligenciar mal los exhortos enviados por la junta de Celaya Responsable, y no ordenar el emplazamiento ni vigilar el correcto emplazamiento a las codemandadas. 3. Del actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, la ilegal dilación del procedimiento laboral bajo el número de expediente ****, tramitado ante la Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, ante la omisión de diligenciar el emplazamiento a la moral y/o diligenciarlos mal." "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de México. El actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de México." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya; mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno (fojas 12 a 14), esta potestad la registró bajo el número 123/2021-II, en la referida providencia se requirió al impetrante para efecto de que precisara cuál fue el último exhorto que se giró para emplazar a la parte demandada, si señala como responsable al actuario adscrito a la junta local que le corresponda diligenciar dicho exhorto y cuáles fueron los exhortos que se giraron para tal fin. Una vez satisfecho el anterior requerimiento, y aclarando que el último exhorto se giró el uno de marzo de dos mil veintiuno, que señala como autoridad responsable al actuario adscrito a la junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y señalando los números de oficios a través de los cuales se solicitó el emplazamiento de la parte demandada, mediante auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el libelo constitucional respectivo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha como hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el propio auto admisorio se determinó que no le reviste la calidad de tercera interesada a la persona moral señalada por el quejoso, al no haber sido emplazada al procedimiento de origen. De igual forma, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos emitidos en un procedimiento laboral que se tramita en esta ciudad, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" En ese sentido del análisis integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se desprende que el quejoso señaló como actos reclamados en forma genérica la dilación procesal en el procedimiento laboral ****, ante los constantes diferimientos de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por no diligenciar o diligenciar mal los exhortos girados para emplazar a la parte demandada. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes seis de mayo de dos mil dieciséis en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 30, tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS"., estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es notoriamente improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues -estableció el Alto Tribunal- en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, para determinar la dilación se debe analizar la naturaleza del caso concreto, las circunstancias del problema jurídico sometido a la autoridad jurisdiccional; en ese sentido la parte quejosa señaló que el once de marzo de dos mil veintiuno, la audiencia bifásica se difirió por no contar con las constancias de emplazamiento de la parte demandada, señalando nueva fecha, fuera de los plazos establecidos por la ley; sin embargo de las constancias allegadas por la junta responsable, se desprende que la fecha correcta es el uno de marzo de la citada anualidad. De este modo, se establece que en el presente juicio, los actos reclamados los constituyen: a) La dilación procesal por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de remitir oportuna y debidamente exhorto a fin de emplazar a la parte demandada ******, la fecha y hora de la audiencia de conciliación, así como el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno donde se difirió la audiencia bifásica, para el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno a las catorce horas con treinta minutos, esto es, fuera del plazo establecido por la ley; actos emitidos en el juicio ordinario laboral ***. La autoridad señalada como responsable es: 1. La junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. b) La omisión de practicar el emplazamiento de la parte demandada. Acto que se reclama a la autoridad responsable: 2. El actuario adscrito a la junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. c) La omisión de diligenciar o diligenciar mal, el exhorto que se le giró el uno de marzo de dos mil veintiuno en el juicio ordinario laboral ****, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a fin de emplazar a la parte demandada ****. Las autoridades señaladas como responsables, en su denominación correcta, son: 3. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlanepantla de Baz, Estado de México. 4. El actuario adscrito a la junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlanepantla de Baz, Estado de México. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. El actuario adscrito a la junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad (foja 134) al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye. Al respecto, se estima que no puede atribuírsele acto alguno a dicha autoridad, pues de las constancias que integran el juicio laboral ****, se advierte que el acto que se le reclama es la omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada, el cual no le fue encomendado, en razón de que el domicilio proporcionado para tal efecto se ubica fuera de la jurisdicción de la junta responsable, de ahí que no tuvo intervención en el acto reclamado de forma destacada. En consecuencia, ante tal negativa y a que la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba para desvirtuarla, sin que en autos existan otros elementos de convicción, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que ha dicha autoridad concierne. CUARTO. Existencia de actos reclamados. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, por conducto de su presidente (fojas 31 a 34), la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlanepantla de Baz, Estado de México por conducto de su presidente, y actuario de su adscripción (fojas 251), aceptaron la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos impugnados, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 2783, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias procesales que acompañó a su informe justificado la junta responsable, relativas al juicio laboral subyacente *****; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio laboral tramitado por y ante autoridades del trabajo. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en tomo de pruebas, son los siguientes: 1. Por auto de trece de enero de dos mil diecisiete se admitió el juicio ordinario laboral ****. Este asunto fue iniciado por la hoy quejosa *****, por conducto de su apoderado ****, en contra de **** de quien con motivo de ser beneficiaria del extinto trabajador ****, demandó el pago de pesos y otras prestaciones con motivo del fallecimiento de su esposo. Destaca que el ocurso de demanda laboral se presentó ante la autoridad responsable el nueve de enero de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción correspondiente (foja 40 de autos). 2. En el proveído que admitió a trámite la demanda laboral -trece de enero de dos mil diecisiete-, se ordenó emplazar a las personas jurídicas demandadas; se señalaron como fecha y hora para el desahogo de la audiencia trifásica -de conciliación, demanda y excepciones-, las trece horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete (foja 145 ídem). 3. Mediante senda diligencia de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se levantó constancia de imposibilidad para emplazar a la parte demandada en el juicio natural (fojas 148 ídem). 4. En la fecha señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones -nueve de febrero de dos mil diecisiete-, se otorgó a la parte actora el plazo de tres días, para que proporcionara el domicilio correcto de la parte demandada a fin de ordenar su emplazamiento (fojas 149 ídem). 5. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, se fijó el treinta de mayo de igual año para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y se tuvo a la parte actora proporcionando domicilio donde puede ser emplazada la parte demandada, para lo cual se remitió exhorto bajo el número de oficio 2154/2017, dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de México (foja 153 de autos). 6. En la fecha señalada -treinta de mayo de dos mil diecisiete-, al no contar con las constancias del anterior exhorto se señalaron las catorce horas del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete y se ordenó girar exhorto para emplazar a la parte demandada, bajo el número de oficio 2762/2017 (foja 156 de autos). 7. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se estableció de nueva cuenta, que no se contaba con las constancias relativas al exhorto precisado en el punto anterior, y se requirió a la parte actora para que dentro del plazo de tres días proporcionara copias suficientes del escrito inicial de demanda a fin de girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados (fojas 158 ídem). 8. De igual forma, en auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora exhibiendo las copias solicitadas, se ordenó girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados bajo el oficio 4740/2017 y se fijaron las once horas del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 160 y 161 ídem). 9. En la fecha señalada -veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete-, nuevamente se asentó que no obraban las constancias del aludido exhorto y se requirió a la parte actora para que en el plazo de tres días exhibiera copias de traslado (fojas 164 ídem). 10. En proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora exhibiendo las copias de traslado y se ordenó girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados, bajo el número de oficio 6453/2017, señalándose las once horas del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 166 y 167 ídem). 11. En la fecha señalada - veintiocho de febrero de dos mil dieciocho-, nuevamente se asentó que no obraban las constancias del aludido exhorto y se requirió a la parte actora para que en el plazo de tres días exhibiera copias de traslado (fojas 170 ídem). 12. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora exhibiendo las copias de traslado y se ordenó girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados, bajo el número de oficio 1733/2018, señalándose las doce horas con quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 172 y 173 ídem). 13. En la fecha señalada -treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho-, nuevamente se asentó que no obraban las constancias del aludido exhorto y se requirió a la parte actora para que en el plazo de tres días exhibiera copias de traslado (fojas 176 ídem). 14. Por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora exhibiendo las copias de traslado y se ordenó girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados, bajo el oficio sin número, señalándose las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 179 y 180 ídem). 15. En la fecha señalada - veintinueve de agosto de dos mil dieciocho-, se estableció que no obraban las constancias del referido exhorto y se requirió a la parte actora para que en el plazo de tres días exhibiera copias de traslado (fojas 183 ídem). 16. Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora exhibiendo las copias de traslado y se ordenó girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados, bajo el oficio número 5279, fijándose las catorce horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 186 y 187 ídem). 17. En la fecha señalada - veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho-, se determinó que no obraban las constancias del referido exhorto y se requirió a la parte actora para que en el plazo de tres días exhibiera copias de traslado (fojas 190 ídem). 18. Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora exhibiendo las copias de traslado y se ordenó girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados, bajo el oficio número 7334, fijándose las diez horas del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 192 y 193 ídem). 19. Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se regularizó la anterior determinación, señalando como fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, las diez horas del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y se giró el exhorto contenido en el oficio 7471 para emplazar a los demandados (fojas194 y 195 ídem). 20. En la fecha señalada -veintiocho de febrero de dos mil diecinueve-, se estableció que no obraban las constancias del referido exhorto y se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las diez horas del treinta de mayo de dos mil diecinueve, girándose nuevo exhorto para emplazar a los demandados, al que le correspondió el número de oficio 1205 (fojas 198 y 199 ídem). 21. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se asentó que no obraban las constancias del referido exhorto y se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las once horas del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, girándose nuevo exhorto para emplazar a los demandados, al que le correspondió el número de oficio 3444 (fojas 200 y 201 ídem). 22. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se asentó que no obraban las constancias del referido exhorto y se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, girándose nuevo exhorto para emplazar a los demandados, al que le correspondió el número de oficio 5262 (fojas 202 y 203 ídem). 23. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se asentó que no obraban las constancias del aludido exhorto y se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, girándose nuevo exhorto para emplazar a los demandados, al que le correspondió el número de oficio 5262 (fojas 202 y 203 ídem). 24. En la fecha señalada -veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve-, se determinó que no obraban las constancias del referido exhorto y se requirió a la parte actora para que en el plazo de tres días exhibiera copias de traslado (fojas 204 ídem). 25. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora exhibiendo las copias de traslado y se ordenó girar nuevo exhorto para emplazar a los demandados, bajo el oficio número 8347, fijándose las doce horas con quince minutos del treinta de marzo de dos mil veinte para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 206 y 207 ídem). 26. Mediante proveído de veinte de marzo de dos mil veinte, se ordenó suspender las labores de la junta responsable a fin de evitar la propagación del virus Covid- 19, durante el periodo del veintitrés de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte, por lo cual se canceló la audiencia programada para el treinta de marzo de igual año, fijándose las diez horas con treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, girándose nuevo exhorto para emplazar a los demandados, correspondiéndole el número de oficio 2194 (fojas 212 y 213 ídem). 27. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veinte, se determinó que atendiendo a las medidas sanitarias a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, así como al regreso escalonado a las labores, se canceló la audiencia programada para el veinticinco de agosto de igual año, fijándose las once horas con veinte minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, girándose nuevo exhorto para emplazar a los demandados, correspondiéndole el número de oficio 3383 (fojas 215 y 216 ídem). 28. En la fecha señalada -uno de marzo de dos mil veintiuno-, se determinó que no obraban las constancias del referido exhorto y se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, girándose nuevo exhorto para emplazar a los demandados, al que le correspondió el número de oficio 874 (fojas 219 y 220 ídem). Determinación que constituye el acto reclamado. 29. El exhorto contenido en el oficio 1054/2017 le correspondió diligenciarlo a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlanepantla de Baz, Estado de México, al que se sumaron los relativos a los oficios 2762/2017 y 5262/2019, quedando radicados bajo el expediente ****, y en auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó se diligenciará en sus términos el último en cita (foja 265 de autos). 30. En cumplimiento a lo ordenado, el actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlanepantla de Baz, Estado de México, levantó constancia el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que asentó la imposibilidad de realizar el emplazamiento encomendado, en virtud, de que el domicilio proporcionado por la parte actora, no corresponde a las personas morales buscadas (foja 270 ídem), por lo que mediante oficio 2061/789/2021, de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se ordenó devolver a su lugar de origen el aludido exhorto, sin diligenciar (fija 271 de autos). 31. Por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, tuvo por recibido el citado oficio 2061/789/2021, por lo que ordenó la cancelación de la audiencia programada para el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno y requirió a la parte actora, para que en el plazo de tres días, proporcionara el domicilio correcto donde pueda ser emplazada la parte demandada, y hasta en tanto lo haga se señalará fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 295 ídem). 32. Posteriormente, a solicitud de este juzgado la junta responsable remitió copia con firmas autógrafas del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual informa que la parte actora, no ha dado cumplimiento al requerimiento señalado en el punto que antecede (foja 306 ídem). QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Se omitirá el estudio del fondo del asunto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme al ordinal 62 de la propia Ley y la jurisprudencia número 940, visible en la página 1 538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 77 de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." El primer precepto citado prevé que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Del segundo numeral, se obtiene que el juicio biinstancial constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Bajo esa óptica, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que se estima vulnerada. En efecto, se afirma que existe imposibilidad para concretar en su caso, los efectos de la protección constitucional toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de impartir justicia pronta y expedita, en los plazos que para tal efecto prevé la Ley Federal de Trabajo, ya que el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario laboral **** de la estadística de la junta laboral responsable, donde se proveyó lo relativo a la falta de emplazamiento de la parte demandada, y al efecto se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno (fojas 119 de autos). Sin embargo, por acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, tuvo por recibido el citado oficio 2061/789/2021, y ordenó la cancelación de la audiencia programada para el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; de igual forma requirió a la parte actora, para que en el plazo de tres días, proporcionara el domicilio correcto donde pueda ser emplazada la parte demandada, y hasta en tanto lo hiciera se señalaría fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 295 ídem). Por último, de las constancias remitidas por la junta responsable en su oficio registrado con número 6945, a saber, copia con firmas autógrafas del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se desprende que la parte actora, no ha dado cumplimiento al requerimiento de seis de julio pasado (foja 306 ídem). En esas condiciones, si la última fecha programada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fue para el día dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la cual se canceló debido a que no fue posible emplazar a los demandados y se requirió a la parte actora, a fin de que proporcionara el domicilio correcto donde podrían ser emplazados, y hasta entonces se fijaría fecha para el desahogo de la aludida audiencia trifásica; de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad señale una nueva fecha para el desahogo de la citada diligencia, dentro del plazo de diez días hábiles que dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo para ello. Sin embargo, la nueva fecha que al efecto se pudiera señalar se encuentra supeditada a la participación activa en el proceso laboral por la propia parte actora, aquí quejosa, pues depende de que esta proporcione un nuevo domicilio para que se pueda ordenar el emplazamiento de la parte demandada; por tanto, la cuestión relativa a que se fije una nueva fecha para el desahogo de la audiencia bifásica dentro del plazo de diez días hábiles que dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo para ello; no se puede analizar en el presente asunto, debido a que la accionante de la tutela federal no ha informado a la responsable sobre un diverso domicilio donde se pueda emplazar a la demandada, ya que fue la condición para que la responsable se encuentre en aptitud de fijar una fecha para la aludida diligencia. Ahora bien, conforme lo dispone el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe proporcionar en su escrito inicial de demanda, cuando menos, el domicilio de la fuente de trabajo, por lo que cuando endereza su reclamación contra más de un patrón, esa obligación debe cumplirla respecto de todos. De manera que si existe obligación de la parte actora, aquí quejosa de cumplir con la aludida disposición, esto es, proporcionar un domicilio correcto donde los demandados puedan ser emplazados, de ahí que resulta imperativo tal señalamiento a fin de continuar con el trámite del asunto, ello es así, pues incluso mediante la interpretación sistemática de los artículos 17, 685, 735 y 874 de la ley de la materia se obtiene que la junta responsable, en caso de no contar con el emplazamiento de la parte demandada, deberá fijar de oficio una nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica, requiriendo en ese acto a la actora para que proporcione, en un término de tres días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados. De ahí que si en la especie, la responsable mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, requirió al actor, aquí quejoso, para que proporcione un nuevo domicilio a fin de que se pueda ordenar el emplazamiento de la parte demandada, resulta una cuestión previa a que la junta responsable fije una nueva fecha para el desahogo de la audiencia bifásica dentro del plazo de diez días hábiles que dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se insiste, que ello no se puede analizar en el presente asunto, debido a que la accionante de la tutela federal no ha informado a la responsable sobre un diverso domicilio donde se pueda emplazar a la demandada, ya que fue la condición para que la responsable se encuentre en aptitud de fijar una fecha para la aludida diligencia Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 2, registro digital 2004225, página 794, que dice: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS. Conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe proporcionar en su escrito inicial de demanda, cuando menos, el domicilio de la fuente de trabajo, por lo que cuando endereza su reclamación contra más de un patrón, esa obligación debe cumplirla respecto de todos. Por tanto, cuando no haya podido emplazarse a todos los demandados señalados en el escrito inicial, por no haberse proporcionado su domicilio o no ser el correcto y, ante la falta de disposición expresa que señale cómo debe procederse en estos casos, mediante la interpretación sistemática de los artículos 17, 685, 735 y 874 de la ley de la materia se obtiene que la Junta competente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas inicial a la que haya citado a las partes, deberá fijar de oficio una nueva fecha para su celebración, requiriendo en ese acto a la actora para que proporcione, en un término de 3 días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, y apercibiéndola de que si no proporciona el o los domicilios correctos, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya podido ser emplazado y se continuará la tramitación del juicio con el o los patrones legalmente emplazados". De ahí que, resulta claro que no se podría producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, diciembre de 1997, página 9, registro 197245, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.'; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 77, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Además, de lo antes expuesto, con relación a los actos reclamados se advierte que se actualiza la diversa causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, normas que respectivamente disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.].". De acuerdo con la hipótesis normativa reproducida, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el precepto 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (dispositivo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que, al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente, ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción XVI del arábigo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. No está por demás destacar que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, conviene recordar que la parte quejosa reclama sustancialmente: - La omisión de remitir oportuna y debidamente exhorto a fin de emplazar a la parte demandada ***; - El acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno donde se difirió la audiencia bifásica, para el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno a las catorce horas con treinta minutos. - La omisión de diligenciar o diligenciar mal, el exhorto que se le giró el uno de marzo de dos mil veintiuno en el juicio ordinario laboral ****, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a fin de emplazar a la parte demandada ***. Sin embargo, al momento en que se resuelve el presente juicio de amparo, se considera que tales actos tienen el carácter de actos consumados de forma irreparable, ya que nada podría hacerse para retrotraer el tiempo transcurrido y que se señalara la audiencia respectiva dentro de un plazo menor, dado que la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación ya pasó, resultando entonces ineficaz conceder la protección de la Justicia Federal para que se subsane dicha violación, dado que el tiempo que transcurrió es irrecuperable. Aunado a que por acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 2061/789/2021, a través del cual se devolvió sin diligenciar el exhorto girado por la junta local de esta ciudad a fin de emplazar a la parte demandada, y se ordenó la cancelación de la audiencia programada para el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, requiriendo a la parte actora, para que en el plazo de tres días, proporcionara el domicilio correcto donde pueda ser emplazada la parte demandada, y hasta en tanto lo hiciera se señalaría fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; de manera que la fecha programada para la celebración de la audiencia de conciliación, quedó sin efectos. Además, con independencia de que se alegue que la responsable no tramitó en forma oportuna el juicio de origen, o que omitió diligenciar o se diligenciaron mal, los exhortos girados para emplazar a la parte demandada, lo cierto es, que a la fecha en que se falla este asunto ya se llevó a cabo el trámite correspondiente al acto reclamado, lo que hace que deba considerarse como consumado de modo irreparable, independientemente de su resultado. Es de invocarse en apoyo de las anteriores consideraciones, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito4, del rubro siguiente: 4 Tesis I.6o. T.292 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIII, junio de 2006, página 1093, registro 174947. "ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. LO CONSTITUYE EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD LABORAL DICTE EL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 873 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO". Por tanto, al existir imposibilidad de reparar la dilación ocasionada por el señalamiento, que en concepto de la parte quejosa fue lejano para la celebración la audiencia de conciliación, en el juicio laboral de origen, dado que la fecha señalada para ello, al momento en que se resuelve este juicio, ya transcurrió, aunado a que la misma quedó sin efectos, de ahí que se considera tal dilación consumada de modo irreparable, en tanto que no es posible retrotraer actos procesales en el tiempo, como lo es la celebración de la audiencia en mención a una fecha anterior a la fijada para tal efecto, porque ésta ya pasó. Al respecto, es aplicable por las razones que contiene, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito5, de rubro: "QUEJA FUNDADA PERO INOPERANTE, LO ES CUANDO SE IMPUGNA LA FALTA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlanepantla de Baz, Estado de México y actuario de adscripción; pues si bien se reclamó la omisión de emplazar a los demandados o de haberlos emplazados mal; lo cierto es, que aquéllos son actos derivados del auto de uno de marzo de dos mil veintiuno donde se difirió la audiencia bifásica, para el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno a las catorce horas con treinta minutos; y, que en este momento en que se falla este asunto ya transcurrió la fecha correspondiente al aludido acto reclamado, lo cual, hace que deba considerarse como consumado de modo irreparable la omisión o falta de emplazamiento de los demandados, independientemente de su resultado. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el accionante de la tutela federal, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, en contra de la autoridad responsable y actos que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, por medio del cual informa el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que hace del conocimiento que la parte actora no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de seis de julio del presente año; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que en proveído de seis de agosto del año pasado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, exhibió copia certificada de las constancias relativas a la devolución del exhorto girado en el juicio laboral de origen para emplazar a la parte ahí demandada, del cual se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario encargado para desahogar la diligencia al no ser el domicilio correcto. Asimismo, la autoridad responsable acompañó el auto a través del cual, en el juicio de origen, requirió a la parte actora, aquí quejosa, el domicilio donde se puede localizar a su contraparte para efectos de su emplazamiento. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba la comunicación que derive del presente proveído: 1. Informe si la parte actora ya desahogó el requerimiento realizado y proporcionó el domicilio de emplazamiento de la demandada. 2. De ser el caso, indique el acuerdo que le recayó. En razón de que dicha información resulta necesaria para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada en esta fecha, y se fijan para su celebración las catorce horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintiuno.

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