Verónica Ramírez Tello

Expediente 1160/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1160/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • Verónica Ramírez Tello

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Verónica Ramírez Tello, contra actos del Director de Obligaciones Fiscales y Retenciones, de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1160/2019-3-C. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente se duele esencialmente de la orden de descuento del salario por conceptos de préstamos; así como su ejecución. En el caso concreto, a criterio del suscrito juzgador, respecto de tales actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del precepto 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (...)" El motivo de improcedencia aludido se refiere a la imposibilidad jurídica de realizar un nuevo estudio de aquellos actos que por virtud de diversa ejecutoria de amparo alcanzaron el rango de cosa juzgada, lo cual implica que cuando el quejoso hubiere promovido juicio de amparo contra un acto determinado de autoridad, por regla general, no puede ejercer la acción constitucional en un ulterior procedimiento donde reclame la misma actuación de la propia autoridad responsable, en atención a que, como se dijo, la sentencia dictada en el anterior juicio, al haber causado ejecutoria, adquiere el rango de sentencia firme y de cosa juzgada para todos los efectos legales consiguientes, por lo mismo, no puede ser desconocida en el diverso procedimiento constitucional, pues ello atentaría frontalmente contra el principio de seguridad jurídica rector del juicio de amparo. En el caso, es importante tomar en consideración como hecho notorio las constancias que obran en el juicio de amparo 8-B-1146/2017, del índice de este Juzgado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, de las cuales se desprende que la aquí quejosa reclamó, en esencia, la orden de descuento de sueldo por concepto de prestaciones, así como su ejecución; asimismo, se advierte que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en dicho juicio, en atención a que en la especie se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales I, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; ello, en atención a que la actuación de la responsable para con la parte quejosa, no fue en el plano de autoridad, sino con motivo de su relación laboral que la unía con ésta. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, el que admitió bajo el toca amparo en revisión R.A. 75/2018, de su índice, y mediante sesión de trece de septiembre de dos mil dieciocho, determinó confirmar el sobreseimiento, aunque por una diversa causal. En efecto, en aquella ejecutoria, la superioridad precisó que de constancias se advertía el diverso juicio de amparo 131/2016 del índice del actual Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado (antes Juzgado Quinto de Distrito en el Estado), con sede en esta ciudad, promovido por la aquí quejosa en contra del mismo acto, esto es, la orden de descuento a su salario y su ejecución, en contra de la Directora General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, entre otras; en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia, al considerar que las autoridades señaladas como responsables no actuaban con imperio, sino que se trataba de una actuación ocurrida dentro de una relación de coordinación, ya que se limitaban a retener ciertas cantidades de dinero de su salario, derivado de su calidad de ente patronal equiparado, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo. Asimismo, aquella resolución fue confirmada en la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Vigésimo Circuito, en el amparo en revisión 221/2016, promovido por Verónica Ramírez Tello, entre otros; con lo que se quedó demostrados que los actos reclamados en el juicio de amparo 1146/2017, fueron materia de análisis en el diverso 131/2016 del índice del actual Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales; en ese sentido dicho órgano colegiado tuvo por actualizada la figura jurídica de cosa juzgada; de ahí que haya confirmado el sobreseimiento fuera de audiencia, aunque por diversa causal. De lo expuesto, se observa que, tanto en el juicio de amparo 8-B-1146/2017 como en el presente sumario, se reclama el mismo acto, esto es, la orden de descuento de sueldo por conceptos de préstamos y su ejecución. Luego, si en aquel juicio se decretó sobreseimiento fuera de audiencia, el cual que fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, resulta patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que no es válido examinar nuevamente la demanda propuesta si el acto ya fue materia de examen en un juicio anterior, pues ello implicaría desconocer la institución de la cosa juzgada de que gozan las sentencias de amparo que han quedado firmes, como en el caso concreto. Cabe agregar que no se desatiende que en el diverso juicio de amparo 8-B-1146/2017, no se entró al estudio de fondo del asunto, sino que se sobreseyó fuera de audiencia, pues la hipótesis de cosa juzgada también se actualiza cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio de amparo, siempre que tal resolución se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción constitucional de modo absoluto, máxime que el motivo de aquel sobreseimiento, es precisamente la actualización de la figura de cosa juzgada, tal como lo precisó la citada superioridad. Con independencia de lo anterior, debe decirse que desde el juicio de amparo 131/2016 del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, se determinó que el multireferido acto reclamado no son de autoridad para efectos del juicio constitucional, y si bien aquella determinación no implica un pronunciamiento de fondo, dicha situación que no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo; máxime si aquella resolución está firme, pues se trata de cosa juzgada. Sirve de apoyo al caso, en lo conducente, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, registro 2002272, consultable en la página 524, bajo el rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". No pasa inadvertido, que obra el anexo original del oficio SH/CGRH/DOFYR/4339/2019 de diecinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 37), signado por el Director de Obligaciones Fiscales y Retenciones de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas; sin embargo, el mismo no fue señalado como acto reclamado en el apartado respectivo de la demanda y, aún en el hipotético supuesto de que pretendiera reclamarlo, se actualizaría la figura de cosa juzgada reflejada, pues ya se determinó por este juzgado y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, que cualquier cuestión reclamada con los descuentos que ha sufrido desde dos mil dieciséis, no pueden controvertirse mediante juicio de amparo por tratarse de un acto de coordinación, derivada de una relación laboral entre la autoridad responsable y la parte quejosa. En ese contexto, todos aquellos descuentos del salario de la parte quejosa por concepto de préstamos, guardan la misma naturaleza, es decir, se trata de actos emitidos dentro de una relación de coordinación que deriva de la relación de trabajo que existe entre la parte quejosa y la autoridad como ente patronal equiparado, en contra de los que resulta improcedente el juicio de amparo en términos de los artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Raúl Ruiz Gamborino y José Rolando Hernández Alegría y, en términos restringidos de dicho numeral, a las diversas personas que menciona, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, en relación a su solicitud del uso de medios electrónicos; hágase de su conocimiento que, considerando que la anterior solicitud prácticamente implica solicitar copias simples de todo lo actuado; en consecuencia, a fin de garantizar la adecuada defensa de la parte quejosa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se autoriza al promovente, para que haga uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar a la parte quejosa la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a la parte quejosa, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto del solicitante, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

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