Verónica Puerta Alcántara

Expediente 1763/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1763/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
04/01/2018

Partes del expediente

  • Verónica Puerta Alcántara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el acuerdo de catorce de diciembre del año próximo pasado, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; y, de destrucción el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devuélvase a la responsable el anexo que remitió en autos sin que sea necesario que acuse recibo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, a través del cual remite copia certificada del expediente de ejecución de sentencia ***5, como complemente a su informe justificado; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento de siete del mes y año en curso, dejando sin efecto el apercibimiento decretado. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que anexa el oficiante y fórmese el anexo I. De las constancias adjuntas enviadas por la autoridad responsable, se advierte que el siete de diciembre del presente año, se notificó a la aquí quejosa, de manera personal, el proveído de seis del mes y año en curso, en el que se proveyó la promoción de veinte de octubre de dos mil diecisiete, ingresada ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. De lo anterior, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, ya que el acto que tilda inconstitucional la quejosa son las omisiones en que incurren las autoridades responsables en no dar contestación a su escrito de veinte de octubre de dos mil diecisiete, respecto de la solicitud de libertad anticipada, lo cual sucedió el seis de diciembre del año en curso, determinación que le fue notificada a la parte quejosa el siete siguiente curso, mediante notificación personal, tal como evidencia de las constancias que remite la autoridad responsable (fojas 193 a 196 del anexo de pruebas), es decir, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 1763/2017-IV-B, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable manifiesta que ha solicitado se decline la competencia objetiva por su similar Juzgado de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, por lo que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 297, fracción II del código procedimental supletorio, requiérase a la responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas, una vez que cuente con los anexos los remita a este juzgado. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar su imposibilidad, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, para dar tiempo a que transcurra el plazo referido en líneas precedentes, la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cincuenta minutos del once de diciembre del año en curso, se transfiere y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete para su celebración. Resérvese notificar personalmente a la quejosa hasta en tanto obren la totalidad de las constancias que remitan las autoridades responsables.

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta, se hace constar que transcurrió el término para que las partes realizaran manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 89 vuelta), se concedió el amparo para el efecto de que el Policía Federal Héctor Olivera García, por conducto de la Comisión General de la Policía Federal, por sí o bien a través de la Administración de la Policía Federal que corresponda: Deje insubsistente la boleta de infracción con número de folio 4659924, de quince de octubre de dos mil dieciséis, que contiene la imposición de una multa al peticionario de amparo por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin que en el caso proceda la emisión de una nueva boleta fundada y motivada, pues el acto administrativo consistente en la infracción no se traduce en una facultad discrecional, en la que la autoridad administrativa tenga la libertad de emitir uno nuevo debidamente fundado y motivado. En auto de tres de agosto de dos mil diecisiete (foja 107), se requirió su cumplimiento; por lo que la Titular de la Unidad Jurídica Estatal, Morelos de la Policía Federal (foja 191), mediante oficio PF/DGAJ/DGACCR/UJEMOR/1101/2017, presentado el siete de noviembre de dos mil diecisiete, ante este órgano jurisdiccional, informó: Que el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se solicitó a la Dirección General de Planes y Supervisión la cancelación en el Sistema Administrativo de Sanciones (SAS), de la boleta de infracción 4659924, de quince de octubre de dos mil dieciséis, el oficial Héctor Olivera García, en su carácter de integrante activo adscrito a la Estación Cuautla, dependiente de la Coordinación Estatal de la Policía Federal de Morelos, al estar efectuando su servicio de Inspección, Verificación, Seguridad, Vigilancia, Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, elaboró a Enrique Bañuelos Ramírez, su carácter de conductor por "rebasar el límite de velocidad máxima de ciento diez kilómetros por hora, en exceso de hasta veinte kilómetros por hora", siendo cancelada el mismo día; para justificar lo anterior, exhibió copia certificada de la boleta de que se trata, que contiene anotación de "cancelada". Documental que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tiene pleno valor probatorio. Por todo lo plasmado, es posible concluir, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

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