Verónica Paredes Sánchez
Expediente 1001/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Verónica Paredes Sánchez
Actuaciones
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, que en la parte que interesa dice: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de treinta de octubre dos mil dieciocho (fojas 14 a 24), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Verónica Paredes Sánchez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Asimismo, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de treinta de octubre dos mil dieciocho (fojas 14 a 24), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Verónica Paredes Sánchez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Asimismo, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente documento aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho: Vista la demanda de amparo que promueve Verónica Paredes Sánchez, por derecho propio, contra actos del Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1001/2018-V. Se desecha demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del diverso 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con los siguientes criterios del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Bajo esa óptica, cabe señalar que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, que promueve la parte inconforme, deriva precisamente de que la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de respuesta a su petición formulada el once de febrero de dos mil trece, que fue presentada en la oficialía de partes del Órgano de Fiscalización Superior, por la autoridad responsable, situación que revela que el acto fue promovido con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es dable sostener que la parte quejosa en su carácter de autoridad no puede acudir al juicio de amparo invocando la omisión por parte de la autoridad de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de once de febrero de dos mil trece, ya que las autoridades tienen la obligación de proveer mediante acuerdo escrito a las solicitudes que les hagan los particulares, así como la de hacer saber ese acuerdo en breve término a los gobernados, sin que pase inadvertido que dicho derecho no subordina ese deber legal a que los interesados hayan satisfecho o no determinados requisitos reglamentarios; y como tampoco exige que el acuerdo respectivo se dicte en determinado sentido, resulta claro que no existe motivo justificado para que las responsables dejaran de cumplir con la mencionada garantía, bastando la circunstancia real de que el quejoso tenga como tal el carácter de particular con respecto de dicha autoridad, para que exista su interés jurídico. En ese orden, para robustecer lo anterior, se ha establecido que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Asimismo, es pertinente destacar que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por la quejosa. En tales términos, es dable sostener que el derecho de petición constituye una prerrogativa constitucional a favor de los particulares, cuando formulan una petición por escrito y en forma respetuosa ante una autoridad, la cual está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciendo saber al solicitante, de ahí que no sea dable que la parte quejosa en su calidad de autoridad pueda ejercitar la acción de amparo respecto de un derecho que únicamente se encuentra consagrado a favor de los particulares. Aunado a lo anterior cabe destacarse que la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte inconforme, deriva esencialmente del hecho consistente en que la procedencia de la acción constitucional incoada por personas públicas, como las denomina el artículo 7° de la Ley de Amparo, se encuentra limitada a aquellos casos en que pretendan proteger sus derechos patrimoniales derivados de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, y no como autoridad en ejercicio del poder público. Para llegar a tal conclusión, es conveniente referir que el artículo 7 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Bajo ese panorama normativa, se toma en consideración que la parte quejosa manifestó en su demanda de amparo que acudía al juicio de amparo por propio derecho; sin embargo del análisis de la demanda de amparo se advierte que la petición que formula a la autoridad responsable, fue en su carácter de Sindico del Municipio de Panotla, Tlaxcala, al manifestar en la demanda de mérito lo siguiente: "peticiones que realice en mi carácter SINDICO DEL MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA" (.)" Precisado lo anterior debe reiterarse que, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, las personas públicas sólo se encuentran legitimadas para promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afecta sus intereses patrimoniales, lo que no ocurre en el caso concreto. Para llegar a tal conclusión es necesario traer a colación lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión del veintitrés de junio de dos mil nueve, el amparo directo en revisión 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, en donde sostuvo: "Lo anterior porque las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías según las bases del artículo 9° de la Ley de Amparo, cuyo precepto legal nació desde la vigencia de la ley publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, para distinguir la forma como podrían promoverlo las personas morales privadas y las oficiales, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 8o. Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes." "ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas." Como puede observarse, la Ley de Amparo distinguió entre personas morales privadas y personas morales oficiales, para los efectos de su representación, por lo que es básico señalar que el único ordenamiento que define a las personas morales también llamadas colectivas o jurídicas es la Convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, publicada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, de la siguiente forma: "ARTÍCULO 1°. La presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución.--- Se aplicará esta convención sin perjuicio de convenciones específicas que tengan por objeto categorías especiales de personas jurídicas." Estas personas jurídicas, a título enunciativo, están previstas en el Título Segundo del Código Civil Federal, de la forma siguiente: TÍTULO SEGUNDO.--- De las personas morales.--- "ARTÍCULO 25. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.--- VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736." Del anterior precepto se advierte que el Código Civil Federal no define el tipo de personas jurídicas colectivas, pero sí enuncia a las de "carácter público" y "de naturaleza privada", que en la doctrina se pretenden definir de la siguiente forma: "C L A S E S --- 5) Clases. --- Las personas jurídicas pueden ser: públicas (de Derecho público) o privadas (de Derecho privado); asociaciones o fundaciones; de interés público o de interés privado.--- 6) Públicas y privadas.--- Se discute cuál es el criterio acertado para distinguir las personas en públicas y privadas. En nuestra opinión:--- Personas jurídicas públicas son las entidades que teniendo personalidad están encuadradas en la organización estatal, formando parte de la misma en uno u otro sector. Por ejemplo, una provincia, un municipio, una Universidad, el Instituto Nacional de Industria, el Patrimonio forestal del Estado y otras muchas Entidades autónomas.--- La existencia, además del Estado, de pluralidad de personas públicas se debe a que aquél para la consecución de sus fines ha de servirse de organismos colaboradores y auxiliares, y, por ello, aceptar la existencia de entes menores o, a veces, crearlos él mismo o, incluso en ocasiones, incorporar a la maquinaria estatal, entes que existían desde antes como organizaciones privadas.--- Personas jurídicas privadas son las que no forman parte de la organización estatal, como un club de recreo o una sociedad mercantil." (La Persona Jurídica. Manual Albaladejo García. Civitas. España 1974). "CAPÍTULO V --- LA PERSONA MORAL. - CORPORACIONES. - FUNDACIONES. - DEFINICIÓN DE PERSONAL MORAL.--- En el Capítulo anterior fijamos el concepto de persona física, partiendo del punto de que la persona es el sujeto capaz de derechos y obligaciones, en virtud de que está dotada de razón y voluntad.--- Para el estudio de la persona moral e indispensable examinar y conocer primeramente las más importantes personas morales marcadas en nuestra legislación.--- Nuestro Código Civil vigente, en su artículo 25, nos enumera quiénes son personas morales. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; (la fracción XVI del 123 constitucional previene: "Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.").--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la Ley.--- Las personas morales comprendidas en la fracción I del artículo 25 que acabo de transcribir encajan dentro de la clasificación de personas morales de Derecho Público. Dado la brevedad de este trabajo, trato de explicar en él únicamente a la persona moral de Derecho Privado, no estudiaré ni analizaré a la Nación, a los Estados y a los Municipios, así como a las demás corporaciones de carácter público comprendidas en la fracción II del citado artículo 25." (Tesis para obtener el grado de licenciado en derecho de Rubén Talamantes P., titulada "Naturaleza de las personas morales", Escuela Libre de Derecho). En tal virtud, las personas jurídicas públicas son aquellas entidades que teniendo personalidad están comprendidas en la organización estatal, formando parte de ella en uno u otro sector y, por exclusión, son personas jurídicas privadas aquéllas que, por su naturaleza, no tienen estas características. Entre las primeras, se ubican las señaladas en las fracciones I y II del artículo 25 del Código Civil Federal, y las segundas, las restantes que se enuncian en este numeral. Bajo esa óptica, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-Gobierno, el cual se compone de diversos órganos públicos que dependen de él; por ende, para analizar si alguno de estos últimos, por su estructura, constituye una persona moral pública, debe atenderse a sus particularidades esenciales, dado que la actuación estatal es demasiado compleja para precisar en un solo postulado cuándo reúne los matices para ser considerada persona moral pública. Así, las personas jurídicas públicas -nombre jurídicamente correcto-, también son llamadas personas jurídicas oficiales, que en esencia, están referidas a la entidad Estado-Gobierno. Esta concepción genérica fue adoptada en la Ley de Amparo, en especial, en su artículo 9, que actualmente, dice: "ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.--- Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes." El párrafo segundo del artículo transcrito se reformó mediante Decreto publicado el uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en cuya exposición de motivos, se estableció: "Exposición de motivos.--- Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes:--- La adición del segundo párrafo del artículo 9º, para que las personas morales oficiales estén exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles." Por su parte, el señalado artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé: "ARTÍCULO 4º. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes.--- Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.--- La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación." Con base en lo expuesto puede concluirse que las personas morales oficiales pueden actuar en un doble carácter como entes dotados de poder público, y esencialmente, como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hayan investidos, mientras que los segundos obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Lo anterior significa que las personas morales oficiales, por regla general, tratándose de asuntos del orden civil en el que sean demandadas, al incorporarse con esta calidad en el juicio, lógico es que tienen la misma situación que el actor particular; por ende, actúan como persona moral de derecho privado, siendo evidente que contra las determinaciones que les sean desfavorables puede promover juicio de amparo y, de igual manera, por la naturaleza de la relación tributaria, el contribuyente, aunque sea una persona moral oficial, puede promover también juicio de amparo contra el cobro respectivo, ya que actúa en un plano de derecho privado al quedar ceñido al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, la afectación a los intereses patrimoniales no debe verse como una situación estricta vinculada a la privación de algún derecho de propiedad o posesión, sino en sentido amplio cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses, por tanto, si al Consejo de la Judicatura Federal se le pretenden cobrar tributos de carácter local o municipal es indudable que se ubica en la regla prevista en el artículo 9° de la Ley de Amparo, porque se trata de una persona moral oficial perteneciente a un poder público, el que no desarrolla su objeto al tener la calidad de obligado tributario en un determinado ordenamiento legal, es decir, tiene la calidad de cualquier otro contribuyente de derecho privado. Luego, el Consejo de la Judicatura Federal es una persona moral oficial, por lo que en caso de que estime que se afecten sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, puede acudir como parte quejosa a un juicio de garantías, siempre que actúe como personal oficial de derecho privado como puede suceder tratándose del cobro de contribuciones, ya que lo hace en su calidad de sujeto pasivo, sin que se soslaye que desde la Quinta Época hasta la actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las contribuciones no forman parte del patrimonio privado del Estado en su carácter de persona moral al no ubicarse en la Ley General de Bienes Nacionales y, por ende, el juicio de amparo que intente es improcedente, lo cual obedece a que lo promueve como un ente dotado de poder público, esto es, con su calidad de sujeto activo de la relación tributaria, siendo por estos matices que no estaría en aptitud legal de promover el juicio a diferencia de la presente hipótesis donde el quejoso actúa en un plano tributario de subordinación." Del precedente de mérito es posible advertir que la procedencia del juicio de amparo promovido por personas públicas, como las denomina el artículo 7° de la Ley de Amparo, se encuentra limitada a aquellos casos en que pretendan proteger sus derechos patrimoniales derivados de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, y no como autoridad en ejercicio del poder público. Los criterios señalados son claros en delimitar los alcances del artículo 9 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece y su actual correlativo artículo 7 de la ley de la materia, precisando que la legitimación de las personas morales oficiales -como anteriormente las denominaba el artículo 9° de la Ley de Amparo abrogada-, para la promoción de juicios de amparo, se encuentra limitada a aquellos actos que afecten su patrimonio y no en defensa de los actos que afecten su esfera de atribuciones públicas; esto es, la noción de afectación a los derechos patrimoniales se encuentra íntimamente relacionada con el ejercicio de sus atribuciones como ente público. Cabe precisar que la acotación formulada en el artículo 7 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la procedencia del juicio de amparo promovido por personas públicas precisa que los actos la afecten como si fuera un particular, emana de la concepción misma de los derechos humanos, que han sido representados desde su origen como un límite impuesto al Estado frente a los gobernados en el ejercicio de su actuación pública. Lógicamente tales límites no pueden ser exigibles por los propios integrantes del Estado, pues si bien éste tiene la obligación de conducirse conforme al principio de legalidad, ello no implica que una violación a aquél trastoque los derechos fundamentales de los entes del Estado, ya que, se insiste, éstas son prerrogativas que se encuentran reservadas para los particulares. En ese orden, es dable concluir que de estimar procedente la acción constitucional respecto de derechos que no afectan la esfera patrimonial de la parte quejosa en su carácter de autoridad desnaturalizaría el juicio de amparo como medio protector de los derechos fundamentales de los particulares, pues permitiría que los propios órganos del Estado se erigieran como particulares frente a sí mismos, reclamando derechos que son propios de los gobernados e imponiéndole límites al Estado en su actuación, situación que, además de colisionar con la lógica de los derechos fundamentales como límites frente al Poder, imposibilitaría la marcha de la administración pública e, incluso, desactivaría la posibilidad de cualquier reforma estatal, en tanto resultaría imposible privar a un órgano de una facultad sin vulnerar, concomitantemente, la prohibición a la retroactividad de normas. En tales circunstancias, es claro que en relación a la demanda de amparo promovida por la Sindico del Municipio de Panotla, Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6o. y 7o. del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es DESECHARLA DE PLANO. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; sin que pase inadvertido que en el escrito de demanda, se advierte que proporciona un domicilio particular, en virtud que dicha manifestación es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma de oficios Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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