Verónica Ocampo Molina
Expediente 1057/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Verónica Ocampo Molina
- Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (licenciada Alma Patricia Salas Ruiz)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio 23546/2021 devuelto, dirigido a la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que contiene inserto el proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, el cual fue devuelto bajo la leyenda siguiente: "Dirección insuficiente, no cita área" En esas condiciones, en obvio de mayores dilaciones procesales, reenvíense el oficio de mérito indicando la denominación correcta, siendo esta "Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos, del área Metropolitana" para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1057/2020-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado, en la que hace constar el motivo por el que no le fue posible notificar a la tercera interesada Liliana Navarro González, la sentencia de treinta y uno de agosto del presente año, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por lo que instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que se le practique dicha notificación a la tercera interesada Liliana Navarro González, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y por lista a la tercero interesada la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe. OTRO ACUERDO: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1057/2020-I, promovido por VERÓNICA OCAMPO MOLINA por derecho propio; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el trece de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos por razón de turno, VERÓNICA OCAMPO MOLINA solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Segundo. Trámite de la demanda. Previo cumplimiento a la prevención efectuada en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se radicó el expediente bajo el número 1057/2020-I; por diverso acuerdo de cuatro de diciembre de ese año; se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades señaladas como responsables y se presentó la demanda. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la quejosa, se tiene que reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el veintidós de octubre de dos mil veinte, en la causa penal JC/755/2020. Tercero. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (Alma Patricia Salas Ruiz), ya que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las documentales allegadas deducidas de la causa penal JC/755/2020; así como con el audio y video remitidos en disco versátil digital (DVD) que acompañó la juez responsable, del que se observa las audiencias de dieciocho y veintidós de octubre de dos mil veinte; el que amerita conceder valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, correspondiente a la Décima Época, Registro 2004362, de siguiente rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Al no advertir causas de improcedencia invocadas por la partes ni que el suscrito advierta de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación. Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación no existiendo deficiencia que suplir, con fundamento en el artículo 79 fracción II inciso a) de la Ley de Amparo, por los motivos que enseguida se explican. Sentado lo anterior, este juzgado determina que en el caso no hubo transgresión a los artículos 14 y 17 de la Carta Magna; no obstante que el impetrante de garantías en sus conceptos de violación señaló que se habían violado los derechos fundamentales contenidos en dichos numerales, razón por la cual el suscrito procede a su análisis. En este orden de ideas, del análisis a la resolución combatida se advierte que no se contravino el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que de las constancias de autos se constata que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en efecto, de la audiencia inicial de dieciocho de octubre de dos mil veinte, se advierte que la formulación de imputación hecha por el Ministerio Público se realizó con las formalidades y requisitos legales que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la Juez hizo del conocimiento del imputado el derecho a nombrar un defensor (asistiéndole en ese momento el defensor público); le reiteró sus derechos que le otorga el artículo 20 constitucional; y se le dio oportunidad de declarar, quien se reservó a hacerlo. La Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que la imputada tuvo oportunidad de contestar el cargo, le hizo saber a la imputada y a su defensa los datos de prueba que existen en su contra, con lo que se observó la jurisprudencia 120/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posterior a la reseña de los antecedentes de prueba expresados por la agente del Ministerio Público, la Juez de control explicó a la imputada los momentos en los cuales podía resolverse su situación jurídica, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales y preguntó a la imputada si su deseo era que se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia o en diversa dentro del plazo de setenta y dos horas o dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, a lo cual después de consultarlo con su defensa la imputada solicitó el plazo ampliado; motivo por el cual se prorrogó el plazo constitucional. También se aprecia que la juez de control que presidió la audiencia de formulación de imputación es la misma que resolvió la vinculación a proceso. Todo lo anterior respetándose los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, estuvo asistido por un defensor permitiéndosele aportar datos y medios de prueba antes de que se resolviera su situación jurídica. También, debe decirse que conforme a la grabación que contiene la continuación de la audiencia inicial, en la parte que la Juez responsable emite el auto de vinculación a proceso reclamado, se aprecia que acató lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 de la Ley Fundamental y si bien el artículo citado prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no es necesario que en la determinación escrita se exponga la motivación de su acto en tratándose de una determinación emitida al resolver la vinculación a proceso de un imputado a que se refiere el arábigo 19 constitucional, sino lo relevante es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa; lo que en el particular acontece. Es por ello que, a fin de resolver el presente juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 67 párrafo segundo fracción IV y penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que impone la obligación de elaborar la versión escrita de dicha resolución, este juzgado cuenta con las versiones escritas de la audiencia celebrada el dieciocho de octubre de dos mil veinte, en la que se formuló imputación y fijaron las medidas cautelares; así como la diversa de veintidós de ese mismo mes y año, donde se resolvió la situación jurídica de la aquí quejosa y se le dictó auto de vinculación a proceso; lo anterior con la finalidad de realizar el cotejo que corrobore el audiovisual que fue remitido por la juez responsable del auto de vinculación a proceso. Con lo anterior se procura un debido proceso y otorga seguridad jurídica -indispensable en las resoluciones en materia penal en las que está en juego la libertad de las personas y otros derechos de elevado rango-, donde se debe vigilar el cumplimiento del imperativo en comento, inserto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que, cuando un Juez de amparo resuelva el juicio promovido contra el auto de vinculación a proceso, verifique que se haya cumplido con la citada obligación de formular la versión escrita de dicha resolución, y en su caso, pueda confirmar que las videograbaciones que se remitan, son íntegras, fidedignas, y no rebasan el alcance de lo acontecido en la respectiva audiencia. En ese sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral, puede considerarse válidamente que tales constancias dotan de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental. Además, la videograbación es en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener. Razón por la que se estima correcta la actuación de la responsable en el aspecto de emitir constancias escritas del auto combatido y la videograbación de la audiencia, sobre cuyo análisis versará esta resolución. Fundamenta lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación 1ª/J.34/2017 (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).". Así, el auto de vinculación combatido se encuentra debidamente fundado y motivado, al invocarse los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, particularmente los que contienen la descripción típica del hecho considerado delito por la ley atribuido al peticionario de amparo, siendo éste homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondía al nombre de Pedro Navarro González, previsto y sancionado por los artículos 106, 108 y 126 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado de Morelos; refiriendo los motivos que la condujeron a estimar idóneos los datos de prueba aportados; exponiendo además las causas, motivos o razones que tuvo en consideración para concluir que se encontraban demostrados los elementos del hecho delictivo anteriormente indicado que se atribuyó a la accionante del amparo así como la probabilidad de su responsabilidad en la comisión del mismo; advirtiendo el suscrito que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, concluyendo que tampoco existe violación al artículo 16 de la Constitución. Ello, en atención a la jurisprudencia con registro 394216, identificada con el número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Materia Común, Séptima Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Por otra parte, no obstante que la quejosa señaló en su demanda de amparo que se vulneraron en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que con la emisión del acto reclamado se vulneren en perjuicio de la quejosa los derechos humanos contemplados en dichos numerales; sobre la base que no se observa transgresión alguna en la aplicación de la norma cuya interpretación sea más favorable en la medida que esto no implica que necesariamente deba resolverse en el sentido pretendido por la quejosa, a más que se impartió justicia de manera completa e integral, atendiendo a la pretensión formulada por los intervinientes en la diligencia respectiva. Así también, este Juzgador estima que la Juez de control, al emitir el auto de vinculación a proceso no vulneró en perjuicio de VERÓNICA OCAMPO MOLINA, las garantías contenidas en el numeral 19 de la Ley Fundamental, al advertirse que existen datos y medios de prueba suficientes, para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho determinado que la ley señala como delito y que existe hasta este momento la probabilidad de que la imputada participó en su comisión. En efecto, se estima que el auto de vinculación combatido es legal, porque basó su resolución en las reglas de valoración de los datos de prueba establecidos en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que las referencias formuladas a la juzgadora del contenido de los datos de prueba aún no desahogados ante la presencia de éste, y de los medios de prueba debidamente valorados como acertadamente lo estimó la responsable, se advirtieron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho delictuoso, así como demostrada hasta este momento la probable participación de la imputada en su comisión. Conduciendo al conocimiento que existe la probabilidad de que el día cuatro de julio de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintiún horas con cuarenta minutos, en el domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos VERÓNICA OCAMPO MOLINA juntamente con otros sujetos, privaron de la vida a la víctima Pedro Navarro González, por degollamiento a nivel de vestíbulo laríngeo. Posteriormente desmembraron el cuerpo en el baño de la casa y lo guardaron en dos bolsas negras que contenían, una, las extremidades superiores, y la otra las inferiores, trasladando las bolsas en una moto para enterrarlas en dos fosas, la primera ubicada en Carretera Tetlama a Cuentepec por donde está el segundo vado como a doscientos metros del paraje Tlamajaque de los Ejidos de Cuentepec, los cuales se encontraban totalmente cubiertos por tierra (fosa 1); y la otra en Carretera Tetlama Cuentepec, barranca conocida como Ahuejotes, Temixco, Morelos, con la pelvis y las extremidades inferiores de la víctima, semi cubiertas (fosa 2). En este sentido, es menester precisar que el primer párrafo del artículo 19 constitucional, textualmente dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..". Por su parte, los diversos 313, 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, el delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 106, 108 y 126 fracción II inciso b), en concordancia con los numerales 15 párrafo segundo, 16 fracción I y 18 fracción I del mismo ordenamiento legal, disponen: "Artículo 106.- Al que prive de la vida a otro se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización." "Artículo 108.- A quien cometa homicidio calificado en términos del artículo 126 de éste Código, se le impondrán de veinticinco a setenta años de prisión y multa de mil a veinte mil Unidades de Medida y Actualización." "Artículo 126.- Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía o traición, de acuerdo con las siguientes disposiciones: (.) II.- Se entiende que hay ventaja cuando: (.) b) El inculpado es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el empleo de las mismas o por el número de los que lo acompañan; (.)" "Artículo 15.- Las acciones y las omisiones delictivas sólo pueden causarse dolosa o culposamente. Obra dolosamente la persona que conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley como delito. (.)" "Artículo 16.- El delito puede ser: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado el hecho ilícito; (.)" "Artículo 18.- Es responsable del delito quien: I. Lo realiza por sí mismo o conjuntamente con otro autor; (.)" De los preceptos transcritos se aprecia que los delitos pueden ser de acción u omisión y pueden causarse dolosa o culposamente, de manera instantánea o permanente y el responsable es quien lo realiza por sí o conjuntamente con otro autor, en el caso, comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro, imponiéndosele de quince a treinta años de prisión y de quinientos a diez mil días multa, y de ser calificado de veinte a setenta años de prisión y de mil a veinte mil días multa, asimismo, será homicidio calificado cuando se cometa con premeditación, ventaja, alevosía o traición. Ahora bien, se hace la precisión que a este Juzgado de Distrito corresponde analizar en esta sede la legalidad y la constitucionalidad del auto de vinculación, a la luz de los razonamientos y consideraciones esgrimidos por la autoridad jurisdiccional responsable en la audiencia respectiva por ser quien está en aptitud de apreciar si los mismos resultan idóneos, porque el ejercicio de ponderación de datos y medios de prueba corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato o medio de prueba aportados, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. Lo anterior es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que es suficiente con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; por tanto al apreciar que mediante la oralidad, consagrada en el arábigo 20 constitucional se materializan en el procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, y por ello el Juez de control debe resolver de forma verbal los conflictos que le sean planteados por los intervinientes, en todo caso exponiendo el sentido de sus resoluciones de forma fundada y motivada, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quedará registrado mediante la videograbación de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. Ello tiene como consecuencia que en el juicio de amparo indirecto, en respeto irrestricto de los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; y privilegiando que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo su libre apreciación y a este Juzgado atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de aquellas, así como de admitir probanzas en el controvertido de amparo, tendría por efecto desnaturalizar y contravenir el orden constitucional reglado para la substanciación de dichos procedimientos penales acusatorios, actuación que está vedada, precisamente al ejercer funciones directas de garantes y protectores de la Norma Fundamental. Robustece lo anterior, la Tesis 1a./J. 28/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 202178 de rubro: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIRSE AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICO DE PONDERACIÓN.". En este orden de ideas, en el caso concreto se aprecia que la juez responsable para resolver la vinculación a proceso, correctamente establece los datos de identificación de la carpeta administrativa, precisando el nombre de la imputada, el hecho delictuoso que se le atribuye, la persona agraviada y los fundamentos legales en los que está previsto y sancionado. Después, indica los preceptos legales que le dan competencia para conocer de los hechos, destacando la razones por las cuales se actualiza respecto a materia y territorio, pues los hechos denunciados tuvieron lugar en el domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos; y señala de forma pormenorizada las bases legales que sustentan el dictado de su determinación, además de explicar a las partes el fundamento constitucional y procesal de sus derechos y garantías, así como el plazo para pronunciarse y los requisitos de fondo y forma de dicha determinación. Enseguida, hace una relación de los antecedentes de la investigación, en concreto la fecha de formulación de imputación, en tanto que en el desarrollo de la audiencia respectiva, hizo referencia a que los dos primeros requisitos para dictar el auto de vinculación, se encontraban colmados, ya que en la audiencia inicial de dieciocho de octubre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público formuló la imputación, por los mismos hechos delictivos por los que se le dicta auto de vinculación y en la misma audiencia se le preguntó a la imputada si deseaba rendir su declaración, a lo que se abstuvo, solicitando además la prórroga del plazo constitucional. Luego, la juez responsable estableció que los elementos para la integración básica del hecho delictivo son: Que el agente activo prive de la vida a una persona; Que la muerte se deba a causas externas del pasivo. Calificativa de homicidio: Que la acción ilícita sea cometida con ventaja, cuando el activo es superior por el número de persona que lo acompañan. Luego, en dicha audiencia la Juez responsable estableció que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son contundentes para establecer que existió el hecho ilícito de que se trata, los cuales consistieron en: 1. Comparecencia de Liliana Navarro González (hermana de la víctima) realizada el siete de julio dos mil veinte, de la que se desprende medularmente que narra que el cinco de julio de ese año, siendo aproximadamente las doce horas se encontraba en su domicilio cuando llegó su sobrino Pedro Fernando Navarro Ocampo, quien le dijo que quería hablar con ella porque su papá estaba muerto y que lo habían enterrado; y en ese momento le llama a su prima Nora María González Cabrera, y se sale al patio con su sobrina; en esta comparecencia principalmente acredita el parentesco que tiene con la víctima, exhibiendo acta de nacimiento del pasivo y su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral. 2. Informe policial homologado de seis de julio de dos mil veinte, signado por Lucio Flores González y Miriam Cruz Hernández, agentes de la policía de investigación criminal, en el que informan que a las siete horas con treinta minutos de esa misma fecha, en cumplimiento a la orden de cateo otorgada por la citada juez de control Alma Patricia Salas Ruiz acuden a dos fosas (enumeradas como fosa uno y fosa dos), acompañados de Iván Romero Gutiérrez e Iván Medero Flores, peritos en materia de criminalística y antropología, respectivamente. Asimismo, refieren que la fosa uno se encuentra ubicada en Carretera Tetlama a Cuentepec por donde está el segundo vado como a doscientos metros del paraje Tlamajaque de los Ejidos de Cuentepec; y la fosa dos en Carretera Tetlama Cuentepec, barranca conocida como Ahuejotes, Temixco, Morelos; y en ese momento hacen la exhumación de restos humanos. 3. Dictamen en materia de antropología forense de seis de julio de dos mil veinte, suscrito por Iván Medero Flores, perito en materia de antropología; en el cual refiere que en la fecha indicada se constituyeron en los lugares indicados y que al analizar los restos humanos exhumados de las fosas referidas determinó que: Los restos exhumados de la fosa uno se trata de las extremidades superiores de un cuerpo humano (A). Los restos exhumados de la fosa dos se trata de las extremidades inferiores de un cuerpo humano (B). 4. Comparecencia de Liliana Navarro González (hermana de la víctima) realizada el cinco de julio dos mil veinte, en la que manifestó que la última vez que vio a su hermano Pedro Navarro González fue aproximadamente a las tres de la tarde del cuatro de julio de ese año. 5. Dictamen pericial en materia de necropsia forense, elaborado por médico legista, realizado a los restos encontrados en las fosas uno y dos respecto de la persona que en vida respondió al nombre de Pedro Navarro González, marcados con las letras A y B. Indicio A. Una bolsa de plástico color negra, con nudo en el extremo, que contiene restos de extremidades, cefálica, cuello, torso, tórax, abdomen y extremidades superiores. Indicio B. Una bolsa de plástico color negra, con nudo en el extremo, que contiene segmentos corporales consistentes en pelvis y extremidades inferiores. Opinión técnica en la que el especialista determinó que: Las lesiones que presentan los restos humanos se trata de heridas producidas por un instrumento cortante a nivel de vestíbulo laríngeo. Los segmentos corporales descritos pertenecen a un mismo individuo del sexo masculino. La causa de la muerte: falleció por degüello, lesión que se clasifica como mortal. 6. Dictamen pericial en materia de criminalística de campo, realizado por la experta Tesi Lidia Rodríguez Sagal, en el domicilio ubicado en calle Guadalupe Victoria, sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos, del que se observa que al constituirse en dicho domicilio determinó lo siguiente: a) Localizó en el inmueble un par de guantes de látex y papel higiénico blanco, ambos maculados de color rojo, así como un fragmento de tejido blando de color amarillo con rojo. b) Al realizar el estudio en el baño que se encuentra en el primer nivel de inmueble, arrojó polvo quimioluminiscencia, obteniéndose resultado positivo, manchas hemáticas que se presentaron a nivel del piso, específicamente en la coladera del baño. Experticia en la que se concluyó que realizada la búsqueda de indicios al interior del inmueble arrojaron resultados positivos. 7. Declaración de Pedro Fernando Navarro Ocampo (hijo de la víctima) efectuada el cinco de julio dos mil veinte, la cual rindió asesorado por un defensor de oficio (Heriberto Tapia Hernández), en la que le fueron leídos sus derechos, de la que se obtiene esencialmente lo siguiente: Que es hijo de la víctima Pedro Navarro González y la aquí quejosa VERÓNICA OCAMPO MOLINA, que en el domicilio ubicado en calle Guadalupe Victoria, sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos, viven sus papás y dos hermanos más, menores de edad. Que el cuatro de julio de dos mil veinte, siendo aproximadamente las nueve horas con cuarenta minutos, llegó a su casa de trabajar, encontrándose sus hermanos y su mamá en la cocina; minutos después llego su papá (victima), metió su moto, entró a la casa, diciendo que se iba a bañar sin comer nada; cuando de repente se empezó a sentir mareado, se desmayó y empezó a convulsionarse, sacando espuma por la boca. En ese momento refiere que su mamá salió de la casa y observa que realizó llamadas telefónicas, sin poder escuchar a quién llamó ni la conversación; cuando minutos después arribó una persona del sexo masculino, encapuchada, cubierta de la cara con tela color negro, de complexión robusta, bajo de estatura vestido de negro, persona que entró a su casa sin dirigir la palabra a nadie. Este sujeto le pidió que ayudara a cargar a su papá y lo metieron al baño; sacó un cuchillo "taquero" de la espalda y en ese momento el declarante dice haber cerrado los ojos, percatándose que dicha persona empezó a partir a su papá; refiere que intentó salirse del baño pero el sujeto lo amenazó para que permaneciera ahí y lo ayudara. Asimismo refiere que, después que el sujeto de negro cortó el cuerpo de su papá, su mamá VERÓNICA OCAMPO MOLINA junto con éste lavaron los miembros para quitarle la sangre y metieron los restos en dichas bolsas; para después sacarlas y trasladarlos a otro lugar para ser enterrados, en una motocicleta grande, la cual conducía el deponente, su mamá iba en medio y al final el sujeto de negro. Además, indica que el sujeto de negro les dijo los lugares donde iban a tirar los restos de la víctima, los cuales fueron enterrados en dos lugares distintos (fosas 1 y 2), que su mamá empezaba a cavar y al cansarse él seguía cavando. Después de haber hecho lo anterior, refiere que regresaron en la moto a su casa, que ya era temprano, que su mamá no le dijo nada; por lo que él fue a casa de su tía Liliana y le contó lo sucedido. 8. Declaración de Nora María González Cabrera de cinco de julio dos mil veinte, en la que refirió que estaba en su domicilio cuando aproximadamente a las doce del día le llama por teléfono su prima Liliana Navarro González quien le indica que vaya de inmediato a su casa; lo cual hizo, y al llegar a casa de Liliana se percató que ella estaba llorando, salen al patio y su sobrino Pedro Fernando Navarro Ocampo les contó que su papá estaba muerto; que su mamá lo había hecho junto con su amante, indicándoles que el cuerpo está por la Unidad Morelos. Así, con los datos de prueba relatados por la Agente del Ministerio Público, la juez de la causa concluyó que son suficientes para demostrar que el día cuatro de julio de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintiún horas con cuarenta minutos, en el domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos, los sujetos activos privaron de la vida a la víctima quien en vida respondía al nombre de Pedro Navarro González, por degollamiento a nivel de vestíbulo laríngeo. Posteriormente desmembraron el cuerpo en el baño de la casa y lo guardaron en dos bolsas negras que contenían, una las extremidades superiores, y la otra las inferiores, trasladando las bolsas en una moto para enterrarlas en dos fosas, la primera en Carretera Tetlama a Cuentepec por donde está el segundo vado como a doscientos metros del paraje Tlamajaque de los Ejidos de Cuentepec, los cuales se encontraban totalmente cubiertos por tierra (fosa 1); y la otra en Carretera Tetlama Cuentepec, barranca conocida como Ahuejotes, Temixco, Morelos, con la pelvis y las extremidades inferiores de la víctima, semi cubierta (fosa 2). Por cuanto a la calificativa, la Juez responsable estableció que en lo concerniente a la ventaja en la ejecución de los hechos acometidos en contra de la víctima, prevista en el artículo 126 fracción II del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, sobre la base que se encontraba razonablemente acreditada para la etapa de la vinculación a proceso, toda vez que la declaración de Pedro Fernando Navarro Ocampo señaló que los hechos delictivos lo perpetraron tres sujetos conjuntamente (número de los que lo acompañan superior), quienes uno de ellos degüello a la víctima y desmembró el cuerpo en el baño de la casa, ayudado por otro; en tanto que la otra sujeto activo lavó las extremidades desmembradas, las metió en dos bolsas de plástico y cavó las fosas en las que fueron enterrados; lo que acertadamente a criterio de la responsable constituye la calificativa en mención. Por las razones referidas la Juez de la causa de manera correcta arribó a la conclusión de que los datos de prueba ofrecidos por el ente acusador eran idóneos y pertinentes por el momento para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidos en la formulación de imputación, pues al efecto estableció que con los datos de prueba existentes se establecía el hecho que la ley señala como ilícito, a saber, el homicidio calificado. Por lo que la Juez responsable concluyó que con estos datos de prueba en ese momento procesal se encontraba acreditada la existencia primeramente del hecho ya que todos y cada uno de los datos de prueba que fueron presentados por el agente del Ministerio Público tienen valor probatorio indiciario en términos de los artículos 265, 320, 356, 357 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que advierta, en el caso de la imputada que se analiza, alguna excluyente de incriminación en la pretensión punitiva de las previstas en los artículos 23 y 81 del mismo ordenamiento legal. De igual forma, la Juez responsable encontró acreditada la probable participación de VERÓNICA OCAMPO MOLINA en la comisión de los hechos delictivos, toralmente con el señalamiento categórico de Pedro Fernando Navarro Ocampo quien presenció de manera directa los hechos narrados, declaración que rindió inicialmente en su carácter de investigado, asistido de un defensor de oficio y donde le fueron leídos sus derechos de ley; y que hasta ese momento no existe dato de prueba que corrobore alguna mala intención o mendacidad por parte del ateste en contra de la quejosa para declarar en el sentido que lo hizo; máxime que él se involucró en los hechos narrados. Dato de prueba que indicó hasta ese momento no se encuentra desvirtuado con algún otro medio de convicción del que se obtenga que existiera alguna razón de mala intención para atribuir a su mamá una responsabilidad en el hecho; además dicha declaración fue la que permitió al Ministerio Público pudiera solicitar la orden de cateo en el lugar de las fosas a fin de exhumar los restos humanos de la víctima. Además dicho testimonio se encuentra corroborado con la pericial en materia de criminalística de campo, realizado en el domicilio ubicado en calle Guadalupe Victoria, sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos, en el que se determina que la experta al realizar el estudio en el interior de la casa, corroboró que efectivamente fue en el baño donde se privó la vida a la víctima y fue desmembrado, pues al aplicar el polvo quimioluminiscencia, obtuvo resultado positivo, manchas hemáticas que se presentaron a nivel del piso, específicamente en la coladera del baño; lo que corrobora las circunstancias de modo y lugar que fueron narradas por el citado Pedro Fernando Navarro Ocampo en su declaración. Por lo tanto la juez tuvo por acreditada la probable participación de la aquí quejosa, quien actuó de manera dolosa en términos de lo dispuesto por el artículo 15 párrafo segundo, del Código Punitivo Estatal, dado que del análisis del contexto de las probanzas que fueron analizadas, se evidenció que la sujeto activo conocía perfectamente los elementos objetivos o externos, así como los normativos que constituyen la materialidad de los hechos en que tuvo intervención y aun así, quiso y aceptó su resultado, es decir, tuvo la voluntad consciente de realizar la conducta ilícita que se le atribuye. Además, tuvo por acreditado la intervención de la quejosa con el carácter de coautora, en términos del artículo 18 fracción I del Código Penal del Estado, pues se acreditó que si bien ella no fue quien materialmente ejecutó la conducta punible, lo cierto es que intervino en su comisión, pues conjuntamente con otros dos sujetos, realizó la conducta típica de que se trata, pues se logró demostrar que el cuatro de julio de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintiún horas con cuarenta minutos, en el domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos, la ahora imputada conjuntamente con dos personas más, privaron de la vida a la víctima quien en vida respondía al nombre de Pedro Navarro González, por degollamiento a nivel de vestíbulo laríngeo. Posteriormente, uno de los sujetos vestido de negro, degüello y desmembró el cuerpo en el baño de la casa, y la imputada VERÓNICA OCAMPO MOLINA (aquí quejosa) junto con éste, lavaron los restos de la víctima y los guardaron en dos bolsas negras que contenían, una las extremidades superiores, y la otra las inferiores, trasladando las bolsas en una moto para enterrarlas en las dos fosas ya descritas, donde la imputada cavó tales fosas junto con otra persona, donde fueron depositados los restos. De igual forma, para tener por demostrada la coautoría la juez de manera correcta argumentó que la imputada (aquí quejosa) actuó conjuntamente con el otro sujeto no identificado; lo que no puede estimarse de otra forma atento a la mecánica de los hechos. Además de que había datos suficientes para sostener la probable intervención dolosa de la peticionaria de garantías en el hecho punible con la declaración de Pedro Fernando Navarro Ocampo quien presenció los hechos, en la cual existe un señalamiento claro e inequívoco en contra de VERÓNICA OCAMPO MOLINA como la persona que junto con otro sujeto, en común acuerdo privaron de la vida a la víctima, siendo que ella, ya desmembrado el cuerpo lavó las extremidades y las guardó en dos bolsas de plástico negras, para posteriormente llevarlas a enterrar (fosas 1 y 2), siendo ella quien cavó los lugares donde fueron depositados los restos. Por ello consideró la autoridad responsable que se evidencia la probabilidad de su intervención en la comisión del hecho delictuoso. Razón por lo cual, dictó auto de vinculación a proceso en contra de la ahora quejosa VERÓNICA OCAMPO MOLINA, por su probable intervención en la comisión del hecho delictivo de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 106, 108 y 126 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado de Morelos, en concordancia con el numeral 18 fracción I del mismo ordenamiento legal. En efecto, contrario a como lo afirma la quejosa, la juez responsable acertadamente estableció que el testimonio de Pedro Fernando Navarro Ocampo es idóneo hasta el momento procesal del dictado del auto de vinculación a proceso combatido, para tener por acredita la probable participación de aquélla en el hecho delictivo. En ese aspecto la quejosa hizo valer como concepto de violación que no debe dársele valor probatorio alguno al testimonio del referido Pedro Fernando Navarro Ocampo, a virtud de que inicialmente éste declaró ante el Ministerio Público en su carácter de imputado dentro de la carpeta correspondiente, y posteriormente, al resolver su situación jurídica, la Fiscalía presenta a dicha persona como testigo. Deviene infundado el concepto de violación, toda vez que, como acertadamente lo razonó la juez de la causa, cuando comparece Pedro Fernando Navarro Ocampo a rendir declaración, lo hace en su carácter de investigado o indiciado, no de imputado, motivo por el cual lo depuesto por éste genera indicio para el juzgador para resolver en el sentido que lo hace; lo cual resulta acertado, pues la Fiscalía tiene la facultad de otorgar criterios de oportunidad a probables imputados que pudieran aparecer señalados de esa forma en una investigación a fin de investigar y esclarecer los hechos delictivos, sin que exista una temporalidad para que pudiera o no hacerlo. Además, contrario a lo alegado por la defensa, se reitera, la declaración del citado Pedro Fernando Navarro Ocampo no fue rendida en calidad de imputado, pues para que esto sucediera, el Ministerio Público tuvo que haberle formulado imputación, lo cual en el caso no acontece. En tal caso, la declaración de Pedro Fernando Navarro Ocampo fue vertida asesorado por un defensor de oficio quien le explicó las consecuencias de rendir dicha declaración, misma que hasta el momento procesal del dictado de la vinculación a proceso, tal como lo resolvió la autoridad judicial responsable, es suficiente dato de prueba para acreditar la probabilidad de que VERÓNICA OCAMPO MOLINA participó en el hecho delictivo de homicidio calificado. Máxime que como se indicó en el acto reclamado, los datos de prueba que se desprenden de dicho testimonio no se encuentran desvirtuados con algún otro dato de prueba, en particular, no se desprendieron datos de los que se pudiera establecer que tenía alguna razón para atribuir falsamente la participación de su mamá (aquí quejosa) en el hecho delictivo, pues incluso el propio Pedro Fernando Navarro Ocampo de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, narró su participación en los hechos. Ahora, el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el deber de toda persona de concurrir al proceso cuando sea citada y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. En tanto, que el diverso 361 del mismo ordenamiento establece como excepción para esa obligación, la facultad de abstención tratándose, entre otros supuestos, de parientes por consanguinidad del inculpado. En ese sentido, la parte quejosa sostiene que a Pedro Fernando Navarro Ocampo no se le hizo saber el derecho a no declarar contra su madre, quien tiene la condición de imputada e invoca la tesis III.2o.P.238 P, con número de registro digital 164203, de rubro: "TESTIGOS. CUANDO GUARDAN RELACIÓN DE PARENTESCO, AMISTAD O SENTIMENTAL CON EL INCULPADO, SU TESTIMONIO CARECE DE VALOR, SI SE OMITE DARLES A CONOCER, LA POSIBILIDAD DE NO DECLARAR CONTRA EL INCULPADO". No obstante, no le asiste razón, ya que contrario a lo que afirma, aun cuando no se le hubiera hecho saber dicha circunstancia, ello no priva de valor a los datos aportados por el testigo indicado. Esto es así, en razón de que la omisión de hacer del conocimiento a quienes mantienen vínculos afectivos o de parentesco con la imputada sobre su derecho a no declarar no tiene consecuencias jurídicas. Esto en razón de que si bien las personas que guarden un vínculo de parentesco o estrecha amistad con el inculpado pueden abstenerse de testificar en su contra, conforme a las disposiciones indicadas del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que este derecho conlleva la obligación de la autoridad de hacer saber al declarante la posibilidad de acogerse a esa prerrogativa. Con todo, cuando el testigo tiene la característica de ser un denunciante de los hechos y en la declaración se realiza una imputación directa en contra de la parte imputada, la omisión de la autoridad que conozca de los hechos de informar sobre este derecho no tiene ninguna consecuencia jurídica porque es indiscutible que, dada su calidad de denunciante, tiene la voluntad de declarar en contra de la imputada y no hacer efectiva esa prerrogativa. En ese sentido, dado que Pedro Fernando Navarro Ocampo de acuerdo a los antecedentes aportados en la causa penal de origen, guarda igualmente la condición de hijo de la víctima del delito, debe entenderse que tuvo la voluntad de declarar contra la imputada, no obstante el parentesco existente, y por tanto, no tuvo la voluntad de acogerse al derecho de abstenerse de declarar. Al respecto es aplicable por identidad de razón jurídica el criterio contenido en la contradicción de tesis 169/2010, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 35/2011 (9a.), con número de registro digital 160423, de rubro: "DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE. LA OMISIÓN DE HACER DEL CONOCIMIENTO A QUIENES MANTIENEN VÍNCULOS AFECTIVOS O DE PARENTESCO CON EL INCULPADO SOBRE SU DERECHO A NO DECLARAR NO TIENE CONSECUENCIAS JURÍDICAS (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUANAJUATO)". Además, no debe pasar por alto que en el juicio de amparo indirecto, atendiendo a los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control es por ello que, se estima que para el momento procesal de la emisión del auto de vinculación a proceso, fue correcta la determinación del juez natural de tomar como dato indiciario de la probabilidad de la participación de la aquí quejosa en los hechos investigados, la declaración del citado Pedro Fernando Navarro Ocampo. Considerar lo contrario, iría en contra de los principios de lealtad y buena fe procesal de quien decidió declarar; además, se comprometería la teoría del caso del agente del Ministerio Público, la cual, por lo general, se basa en la información recabada en la etapa de investigación inicial y complementaria, entre ellas, las entrevistas rendidas por los testigos del hecho investigado, lo cual, también iría en detrimento del debido esclarecimiento de la verdad de los hechos. Sobre ello, en la parte conducente, resultan aplicables las consideraciones la tesis XI.P.46 P (10a.), con registro digital 2022648, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1249, de rubro: "ABSTENCIÓN DE LOS TESTIGOS A DECLARAR EN EL PROCESO POR EXISTIR PARENTESCO CON EL INCULPADO. SI SE LES INFORMÓ DE ESTA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y DECIDIERON RENDIR SU ENTREVISTA DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO PUEDEN NEGARSE A DECLARAR EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, PRETENDIENDO ACOGERSE A ESE DERECHO.". A mayor abundamiento sobre este aspecto, la juez de la causa refiere que el citado testigo, si bien se involucró en los hechos acontecidos, lo hizo contra su voluntad, a virtud de que el otro sujeto no identificado (quien materialmente ejecutó la conducta ilícita) lo amenazaba y cuando él quiso salirse del baño y no estar presente, lo intimidó diciéndole que no fuera cobarde; tan es así que dicho ateste después de lo sucedido, le relata a su tía Liliana Navarro González y después al Agente del Ministerio Público lo sucedido. Motivos por los cuales el testimonio de Pedro Fernando Navarro Ocampo se obtuvo de manera lícita, quien además se encontraba asesorado por un defensor de oficio, y narró con circunstancias de tiempo, lugar y modo la perpetración del hecho delictivo e hizo mención precisa acerca de la participación de VERÓNICA OCAMPO MOLINA, y lo depuesto es acorde al restante material probatorio que obra en autos. En el entendido que, como se sostiene en el acto reclamado, no quedó demeritado el testimonio de cargo de que se trata por el que Pedro Fernando Navarro Ocampo describió la manera en que apreció que tuvieron verificativo los hechos; por tanto, fue correcto que el juez natural le otorgara el valor preponderante que señala en el acto reclamado; observándose que a través del presente juicio de garantías, sólo se buscó afectar el mérito probatorio otorgado a partir de la particularidad expuesta, lo que como se dijo deviene insuficiente en la etapa del dictado de la vinculación a proceso emitida. Sirve de apoyo a la anterior consideración la Jurisprudencia II.2o.P. J/20, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página un mil quinientos doce, tomo XXIII, mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Novena Época del rubro y texto siguiente: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." De igual forma, resulta infundado también el concepto de violación en el que indica que el auto de vinculación a proceso adolece de los elementos de fondo y forma al no existir imputación directa y concreta en su contra, toda vez que como se ha venido refiriendo en el desarrollo de esta resolución, existe un testigo presencial de los hechos, quien la identifica plenamente como la persona que -conjuntamente con otra- se encargó de limpiar los restos del cuerpo de la víctima y meterlos a dos bolsas de plástico negras, para posteriormente trasladarlas a los lugares donde fueron enterradas (fosas 1 y 2), siendo ella quien cavó las fosas y que al cansarse continuaba su hijo; lo que se ve robustecido con el informe policial homologado de seis de julio de dos mil veinte, en el que agentes de la policía de investigación criminal, informan que acuden a dos fosas (enumeradas como fosa uno y fosa dos), acompañados de peritos en materia de criminalística y antropología; el dictamen pericial en materia de necropsia forense, realizado a los restos encontrados en las fosas uno y dos respecto de la persona que en vida respondió al nombre de Pedro Navarro González, en la que el especialista determinó que: a) Las lesiones que presentan los restos humanos se trata de heridas producidas por un instrumento cortante a nivel de vestíbulo laríngeo; b) los segmentos corporales descritos pertenecen a un mismo individuo del sexo masculino; y c) la causa de la muerte: falleció por degüello, lesión que se clasifica como mortal; y el dictamen pericial en materia de criminalística de campo, realizado en el domicilio ubicado en calle Guadalupe Victoria, sin número, de la colonia Diez de Abril del municipio de Temixco, Morelos, donde se encontraron un par de guantes de látex y papel higiénico blanco, ambos maculados de color rojo, así como un fragmento de tejido blando de color amarillo con rojo; así como resultados positivos de manchas de sangre en el piso del baño. Medios de prueba que al estar adminiculados y guardar relación entre sí -contrario a lo referido por la quejosa- no son datos aislados; pues fueron valorados conjuntamente con el restante material probatorio y fueron tomados en cuenta por la juez de la causa para determinar en el sentido que lo hizo, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados en los términos referidos. Es por ello que, como se indicó párrafos arriba, no debe pasar por alto que en el juicio de amparo indirecto sólo es factible analizar la determinación emitida oralmente, ya que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de la imputada, bajo su libre apreciación, a este Juzgador atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de los datos de prueba, desnaturalizaría el orden constitucional reglado para la substanciación de los procedimientos penales acusatorios; razón por la cual no es factible emprender en análisis de la valoración de los datos de prueba en la forma en la que propone la parte quejosa y, por ende, resultan infundados sus argumentos. Apoya a la anterior determinación la tesis de la décima época con número de registro 2014769, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, materia Común, Penal, página 986 del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." En tal virtud, este juzgado determina que la imputación ministerial quedó acreditada con los datos de prueba que se allegaron a la carpeta de investigación; además, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, se garantizó el derecho de la quejosa a tener una adecuada defensa y, respecto de los datos de prueba aportados, se respetaron los principios procesales que rigen su incorporación al proceso y valoración legal; además de que los mismos se obtuvieron de manera lícita, resultaron suficientes, pertinentes y conducentes para fundar el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado. En ese tenor, al menos hasta este estadio procesal, se demostró que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que la quejosa lo cometió o participó en su comisión, pues como se indicó, no se aportaron durante la audiencia inicial ni durante la de vinculación a proceso, datos probatorios de descargo con eficacia demostrativa que desvirtúen los datos incriminatorios respecto de la justiciable, las cuales resultaron suficientes para que la Juez de Control tuviera por acreditado el delito que se le imputa. Motivo por el cual es dable considerar que en el caso no se transgredió el principio de presunción de inocencia, pues la vinculación a proceso que se decretó está sustentada y por el contrario no ésta siendo catalogado de manera a priori como penalmente responsable del hecho ilícito. Resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: 1a./J.28/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época, página 546, número de registro 2011871 del tenor literal siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA." De ahí que no le asiste razón la quejosa para afirmar que la responsable violó los derechos fundamentales dispuestos en los artículos 1, 16, 19 y 20 de la Constitución federal, porque emitió el acto reclamado de conformidad con los preceptos recién citados, de forma fundada, motivada, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, dictando el auto de vinculación con el rigor establecido para la etapa procesal y respetando los principios del sistema acusatorio y oral, así como los derechos del imputado. Contrario a ello, ha quedado evidenciado que la resolución reclamada no solo está fundada y motivada, sino que además se considera acertada en atención a que, efectivamente, hasta ese estadio procesal, los datos de prueba, resultan idóneos y pertinentes para evidenciar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que existe la posibilidad de que la imputada intervino en su comisión. De ahí que acertadamente la Juez responsable determinó que para dictar un auto de vinculación basta con que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito a ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sin que hasta ese momento procesal se requiera de pruebas contundentes o que se deba comprobar que ocurrió un hecho ilícito, pues eso sólo es exigible para el dictado de una sentencia, ya que es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Determinación que a criterio de quien esto resuelve es acertada, toda vez que como bien lo indicó la Juez de control, los datos de prueba apuntados y justipreciados por la responsable, permiten establecer de manera razonable la existencia de un hecho que la ley señala como delito, existiendo la probabilidad de que el quejoso lo cometió. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1.7o.P.130 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2021088 de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONES PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO.". Así como, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, número de registro 2014800 de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En este orden de ideas al ser infundados los conceptos de violación analizados y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, emitida por la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A VERÓNICA OCAMPO MOLINA, contra el acto reclamado y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por las razones indicadas en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de quince de julio actual, se ordenó formar un cuaderno provisional con motivo del escrito presentado por la parte quejosa registrado con el número de folio 10289, del cual se reservó acordar lo conducente hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente, lo cual ya aconteció; por lo tanto se provee: Se tiene por revocado el domicilio, correo electrónico y/o número telefónico, asimismo, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Gutemberg, número doscientos seis, interior cinco Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Ahora, por cuanto a la revocación de los autorizados y el señalamiento de Jesús Maldonado Flores como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el promovente no precisa con claridad, si solicita se revoquen los autorizados señalados con anterioridad, o únicamente señala al aludido, sin revocación de los previamente autorizados. Por otra parte, respecto a la solicitud en el sentido que se autorice el correo electrónico y número telefónico; en su atención, se toma del conocimiento este medio a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, glósese a los autos el cuaderno provisional respectivo. Ahora bien, tomando en cuenta lo aquí acordado, en obvio de mayores dilaciones, SE INSTRUYE AL ACTUARIO ADSCRITO para que proceda a practicar la notificación personal a la parte quejosa VERÓNICA OCAMPO MOLINA, de la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso, en el nuevo domicilio aportado, siendo este en calle Gutemberg, número doscientos seis, interior cinco Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa la sentencia en el domicilio señalado. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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