Veronica Noyola Valdes

Expediente 404/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 30 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
404/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
30/09/2020

Partes del expediente

  • Veronica Noyola Valdes

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término concedido a la quejosa Verónica Noyola Valdés, en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, por el que se le previno a fin de que manifestará si era su intención ampliar su demanda de amparo respecto del oficio * datado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, a través del cual el Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, atendió la petición que presentó el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el término que le concede el artículo 17 de la ley de la materia, ya transcurrió, sin que hubiera hecho manifestación alguna a ese respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por tanto, se continua la tramitación del juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: De la Dirección de Comercio del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí: - La omisión de dar respuesta al escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve, presentado ante la propia Dirección de Comercio. Precisado lo anterior, en el caso, el suscrito considera que con relación a dicho omisión reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- En el caso, de las constancias enviadas por el Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en su informe de ley, así como del anexo que acompañó al mismo, a los que se les concede valor conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, se aprecia que a través del oficio DC/J/487/2020, de fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, el aludido Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, atendió la petición presentada por la quejosa el once de diciembre de dos mil diecinueve, en los términos que se contienen en dicho oficio. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que el Director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, demostró que emitió el acuerdo respectivo en atención a la petición formulada por la quejosa, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado ha desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del ?Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos de hoy treinta de septiembre de dos mil veinte. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Luis Daniel Fonseca Iturbide, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintinueve de septiembre del presente año, a través del cual solicita se requiera a la citada autoridad responsable para que remita a este juzgado las actas relativas a las visitas de inspección ordenadas en virtud de su petición; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a la parte quejosa; así como mediante oficios que se remita a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

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