Verónica Nogueda Escobar
Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Verónica Nogueda Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer, en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. Tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron constancias en justificación de sus actos, devuélvanse; en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario adscrito manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa, la sentencia definitiva de veintinueve de junio pasado; en consecuencia, como está ordenado en autos, notifíquesele por medio de lista la sentencia aludida. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE JUNIO PASADO, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 121/2021, promovido por ... contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades precisadas, por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, a este Juzgado de Distrito le correspondió conocer de la demanda, y -previo desahogo de una prevención- en auto de ocho de abril siguiente, el suscrito la admitió a trámite, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, señaló y ordenó emplazar a la tercera interesada y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se advierte que la representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe de las autoridades responsables, se emplazó a la tercera interesada; la audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. El suscrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se hará la precisión de acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil 498/2018 del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, así como todo lo actuado, particularmente la orden de lanzamiento sobre el inmueble ubicado en ..., en la Ciudad de México. TERCERO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, el suscrito advierte que el juicio es improcedente por falta de interés jurídico de los quejosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo1. Conforme al precepto citado, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que elsujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otrapersona."2 Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial."3 Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."4 En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil de origen; y reclama todo lo actuado, particularmente los actos en cumplimiento o ejecución de sentencia tendentes a lanzarla del inmueble ubicado en ..., en la Ciudad de México; del que afirma ser poseedora. Por lo tanto, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados, esto es, debe demostrar fehacientemente ser titular del derecho que defiende, pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere; tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho; y que además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se vería lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En principio, es importante señalar que la peticionaria manifiesta que sin haber sido oída ni vencida en juicio se le pretende desalojar del referido bien inmueble a pesar de que existe otro juicio donde hizo valer su derecho como poseedora de éste. Al respecto la quejosa junto con su escrito aclaratorio exhibió copia de la sentencia definitiva de dos de octubre de dos mil diecinueve dictada en el juicio ordinario civil 498/2018 por el Juez DécimoPrimero Civil, así como de la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el toca 1879/2019 por la Tercera Sala Civil, ambos órganos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Determinaciones de las que se advierte que: ? Se declaró la terminación del contrato de comodato celebrado entre ... y ..., por lo que se condenó a este último a desocupar y entregar a la primera el inmueble ubicado en ...en la Ciudad de México. Lo cual confirmó la mencionada sala al resolver el recurso de apelación6 interpuesto contra tal sentencia definitiva. Por tanto con dichos elementos proporcionados por la quejosa no se demuestra un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, del que se observe una lesión a su esfera jurídica en cuanto a los derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Máxime que de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que el contrato de comodato materia del juicio de origen y del inmueble ubicado en ..., en la Ciudad de México, solo fue suscrito por ... -en su carácter de comodante- y ... -como comodatario-, sin que en el mismo figure de forma alguna la aquí quejosa, como para alegar respecto de tal pacto un derecho a su favor. Asimismo, en tales actuaciones obra como prueba la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 347/2016, por el Juez Vigésimo Tercero Civil de esta Ciudad, donde se determinó que la aquí quejosa en su calidad de actora y ..., no acreditaron su acción de prescripción positiva de buena fe sobre el inmueble mencionado, por lo que se absolvió a ... de las prestaciones que ahí le fueron reclamadas. De ahí que con tales elementos valorados en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se confirma la falta de interés jurídico de la quejosa, pues de ellos no se advierte que se le hubiese reconocido algún derecho sobre el bien inmueble descrito. En diverso aspecto, en el supuesto no concedido de que efectivamente la parte quejosa tuviera la posesión material del inmueble -extremo que tampoco se satisface en el presente caso, dado que omitió ofrecer y desahogar alguna prueba para tal fin-, este sólo hecho sería insuficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, es indispensable la plena comprobación de su interés jurídico. Lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional."7 Tampoco es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritarioexista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso."8 Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto de los actos que se reclaman del Juez Décimo Primero y de la Tercera Sala, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda, pues la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."9 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de laCiudad de México, precisados en el segundo considerando, por los motivos indicados en el diverso último. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL CINCO DE JULIO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 121/2021, promovido por., contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades precisadas, por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, a este Juzgado de Distrito le correspondió conocer de la demanda, y -previo desahogo de una prevención- en auto de ocho de abril siguiente, el suscrito la admitió a trámite, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, señaló y ordenó emplazar a la tercera interesada y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se advierte que la representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe de las autoridades responsables, se emplazó a la tercera interesada; la audiencia constitucional tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. El suscrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se hará la precisión de acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil 498/2018 del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, así como todo lo actuado, particularmente la orden de lanzamiento sobre el inmueble ubicado en Calzada de la Virgen número 3000, edificio 13, departamento 9, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán, código postal 04420, en la Ciudad de México. TERCERO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, el suscrito advierte que el juicio es improcedente por falta de interés jurídico de los quejosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo1. Conforme al precepto citado, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 2 Consultable en la página 582, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995.320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil de origen; y reclama todo lo actuado, particularmente los actos en cumplimiento o ejecución de sentencia tendentes a lanzarla del inmueble ubicado en Calzada de la Virgen número 3000, edificio 13, departamento 9, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán, código postal 04420, en la Ciudad de México; del que afirma ser poseedora. Por lo tanto, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados, esto es, debe demostrar fehacientemente ser titular del derecho que defiende, pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere; tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho; y que además, sea oponible a terceros. Consultable en la página 55, Tomo 72, Séptima parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación. Visible en la página 17, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común."5 5 Consultable en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se vería lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En principio, es importante señalar que la peticionaria manifiesta que sin haber sido oída ni vencida en juicio se le pretende desalojar del referido bien inmueble a pesar de que existe otro juicio donde hizo valer su derecho como poseedora de éste. Al respecto la quejosa junto con su escrito aclaratorio exhibió copia de la sentencia definitiva de dos de octubre de dos mil diecinueve dictada en el juicio ordinario civil 498/2018 por el Juez Décimo Primero Civil, así como de la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el toca 1879/2019 por la Tercera Sala Civil, ambos órganos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Determinaciones de las que se advierte que: Se declaró la terminación del contrato de comodato celebrado entre., y ., por lo que se condenó a este último a desocupar y entregar a la primera el inmueble ubicado en Calzada de la Virgen número 3000, edificio 13, departamento 9, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán, código postal 04420, en la Ciudad de México. Lo cual confirmó la mencionada sala al resolver el recurso de apelación6 interpuesto contra tal sentencia definitiva. Por tanto con dichos elementos proporcionados por la quejosa no se demuestra un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico Sobre la cual al rendir su informe la responsable señaló que el demandado promovió amparo directo del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y negó la protección de la justicia federal. de fecha cierta, del que se observe una lesión a su esfera jurídica en cuanto a los derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Máxime que de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que el contrato de comodato materia del juicio de origen y del inmueble ubicado en Calzada de la Virgen número 3000, edificio 13, departamento 9, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán, código postal 04420, en la Ciudad de México, solo fue suscrito por., en su carácter de comodante- y ., -como comodatario-, sin que en el mismo figure de forma alguna la aquí quejosa, como para alegar respecto de tal pacto un derecho a su favor. Asimismo, en tales actuaciones obra como prueba la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 347/2016, por el Juez Vigésimo Tercero Civil de esta Ciudad, donde se determinó que la aquí quejosa en su calidad de actora y., no acreditaron su acción de prescripción positiva de buena fe sobre el inmueble mencionado, por lo que se absolvió a., de las prestaciones que ahí le fueron reclamadas. De ahí que con tales elementos valorados en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se confirma la falta de interés jurídico de la quejosa, pues de ellos no se advierte que se le hubiese reconocido algún derecho sobre el bien inmueble descrito. En diverso aspecto, en el supuesto no concedido de que efectivamente la parte quejosa tuviera la posesión material del inmueble -extremo que tampoco se satisface en el presente caso, dado que omitió ofrecer y desahogar alguna prueba para tal fin-, este sólo hecho sería insuficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, es indispensable la plena comprobación de su interés jurídico. Lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso."8 Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto de los actos que se reclaman Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, de Febrero de 2002, página 5, en materia civil, de la novena época, con número de registro 187733. 8 Visible con el número 853, en la página 581, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. del Juez Décimo Primero y de la Tercera Sala, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda, pues la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por., contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por los motivos indicados en el diverso último. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)
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