Veronica Niño Briones
Expediente 1114/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Veronica Niño Briones
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de siete de julio del presente año, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad. Acuerdo. Atento a las manifestaciones del ocursante, infórmesele que el oficio 47182/2021, con el número de registro MN031768243MX, ya obra agregado en el presente juicio. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos los apercibimientos decretados en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas del siete de julio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, Lilia López Aguirre en favor de Oscar Pardo López, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango. Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número 197/2021, se concedió la suspensión de plano y se declinó competencia por razón de territorio en favor de los Juzgados de Distrito en La laguna, con sede en esta ciudad. Por auto de diez de junio de dos mil veintiuno, se radicó en este órgano jurisdiccional la referida demanda de amparo, misma que se registró con el número 705/2021-VIII, y se requirieron las constancias del juicio de amparo 197/2021, a fin de realizar pronunciamiento sobre el planteamiento de competencia y continuación del procedimiento. Mediante acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, se recibieron las constancias del juicio de amparo 197/2021, por lo que se aceptó la competencia declinada y se mandó ratificar la demanda de amparo y se diera fe del estado físico del quejoso directo, lo cual ocurrió en diligencia de nueve de julio de dos mil veintiuno. Por auto de doce de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, el directamente quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, CPS, Durango, con sede en Gómez Palacio, lugar en donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Incomunicación y tortura. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Las autoridades señaladas como responsables negaron categóricamente los actos reclamados, al rendir sus correspondientes informes con justificación, cierto, al reclamarse (tortura) actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, le corresponde la carga de la prueba a las autoridades y no al quejoso. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P. XXI/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 233 de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Al respecto, por lo que hace a la incomunicación reclamada, y derivado de la suspensión de plano concedida, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, al diligenciar el exhorto 68/2021, orden 74/2021, entendió la diligencia con el quejoso directo y le notificó personalmente el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 197/2021; asimismo la autoridad penitenciaria remitió copia certificada de las llamadas realizadas por el quejoso de acuerdo con la programación establecida con base a la organización, administración y operación de ese centro federal. Para corroborar lo anterior, acompañó al informe justificado copia certificada de los registros de control de llamadas E-II, entre otros documentos, de los que se advierte que en diversos días el quejoso realizó llamadas telefónicas y se comunicó plenamente con diversas personas. Lo anterior, permite afirmar que el quejoso no estuvo incomunicado. Ahora, de los hechos narrados en la demanda de amparo, que el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la promovente del amparo se constituyó en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, Durango, ya que a su decir, el dieciocho de ese mes y año, el quejoso directo fue detenido en el municipio de Mexicali, Baja California, por agentes de la policía federal ministerial y que fue ingresado a la agencia de la Fiscalía General de la República, con residencia en Mexicali y que no le dieron mayor dato porque sería trasladado a la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Bien, referente a la tortura, la propia responsable remitió el expediente clínico, en la cual aparece la nota clínica de veinte de febrero de dos mil veintiuno, que se trata de la fecha que se encuentra entre el dieciocho y veintidós de febrero de dos mil veintiuno a que se hace referencia en la demanda de amparo, y de la misma que fue realizada por médico cirujano del Centro Federal de Readaptación Social número 14, CPS, Durango, se advierte que el quejoso no cuenta con dato de tortura, únicamente se hizo constar una lesión en la rodilla con dos semanas de evolución en proceso de cicatrización. Lo cual se corrobora con la diligencia de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, efectuada por el actuario adscrito del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, en donde no se asentó que el quejoso se encontrara con marcas visibles de tortura, así como la diligencia de ratificación de demanda de nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que el actuario de la adscripción asentó que no existen marcas de tortura. Medios de prueba reseñados a los que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° del último ordenamiento legal. En contra parte, no existe prueba que acredite que los familiares del quejoso realizaron trámites en el centro de reclusión para que éste pudiera recibir visitas y comunicarse con ellos, en los términos de la normatividad para ingresar a los Centros Federales de Readaptación Social que existen en el país, y menos aún, que la autoridad del centro de reclusión les haya negado el acceso al mismo, lo cual por sí mismo es indicativo de que no sufrió incomunicación, ni actos de tortura. En las relatadas condiciones, debe tenerse por demostrado que no existen los actos reclamados en esta vía de amparo, tal como lo aducen categóricamente y lo demuestran con las pruebas reseñadas las autoridades responsables de mérito, cumpliendo de esa manera con su débito procesal. Sin que se desatiendan los conceptos de violación formulados y los hechos narrados, pues este juzgador realizó la investigación correspondiente a fin de obtener el expediente clínico del quejoso el cual revelara el estado físico del quejoso en la fecha en que se dice ocurrieron los hechos lo cual se corroboró con la fe de los actuarios en comento, de tal suerte que las mismas son inferencias que no llevan a la plena convicción de que tal día a tales horas, el quejoso recibió tortura y fue incomunicado, no por no haberse desvirtuado la negativa externada por las autoridades responsables, sino porque la penitenciaría probó que no incomunicó al quejoso y que el mismo no fue torturado. Es importante destacar que este asunto se tramitó y resolvió atendiendo los lineamientos contenidos en el protocolo para juzgar un asunto donde se reclamen actos de tortura, justamente porque de oficio se requirió el expediente clínico del quejoso, para revisar las notas médicas en las fechas en que ocurrieron los hechos o en su caso, las notas médicas cercanas a la misma, con el propósito de verificar adecuadamente la negativa externada por la autoridad responsable penitenciaria, pues con el mismo, -en este caso- se considera suficiente haber cumplido con dicho protocolo, debido que se dio vista a la parte quejosa quien estuvo debidamente representada. Así lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." En efecto, existen diversos niveles de credibilidad, esto es, para llegar a la plena convicción de un hecho, deben superarse los distintos niveles de pensamientos, duda, inferencia, indicio, credibilidad, certeza y convicción, y en el caso, con base en las constancias solicitadas por este juzgador, no supera ese grado de contexto de descubrimiento para afirmar la existencia de la tortura, por el contrario, con las mismas, la autoridad responsable al corresponderle la carga de la prueba, demostró que no torturó ni incomunicó al quejoso. En conclusión, se observó el protocolo en tratándose de amparos donde se reclame la tortura a la autoridad penitenciaria (no de aquellos para excluir prueba ilícita del procedimiento, reposición de causa por confesiones obtenidas a base de tortura, etcétera), pues en principio se analizó con base en la carga de la prueba de la autoridad responsable y no del quejoso para desvirtuar la negativa y en segundo, se dictaron las diligencias necesarias para obtener el expediente clínico relacionado con el quejoso, para verificar el estado de salud del mismo en las fechas en que refirió sucedieron los hechos, a fin de concatenarlo tanto con el informe justificado, como con la constancia de notificación del actuario que tuvo contacto con el quejoso en el primer momento en que promovió su incomunicado. En consecuencia, se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente.
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