Veronica Navarro Gonzalez

Expediente 1594/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1594/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Veronica Navarro Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificadas las partes archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el oficio de la Presidenta Especial de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para la localización del expediente de origen; en tales condiciones, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución" en su artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable en comento, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha señalada para la audiencia de reposición de autos -nueve de marzo de dos mil veintiuno-, informe lo acontecido con motivo a ello y remita constancia fehaciente que acredite su dicho. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que proceda requerir al superior jerárquico de dicha autoridad, conforme a los numerales 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, en atención a que no lo tiene. Hágasele saber a la autoridad responsable que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. Para efecto de celeridad en esta etapa de ejecución y como medida de prevención para evitar la propagación del virus COVID-19, se pone a disposición de las autoridades el correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx, para que por esa vía remitan las constancias necesarias para acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo; con la precisión de que de hacerlo por ese medio será innecesaria se remita vía ordinaria. Igualmente, solicítese a la autoridad responsable, que, si es posible, proporcione un correo oficial para que por esa vía se remitan las comunicaciones que se precise hacer de su conocimiento; así como un número telefónico para corroborar la recepción de las comunicaciones, que en su caso se envíen. Además, deberá al momento de dar cumplimiento a lo anterior y acompañar los documentos que así lo acrediten por la vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifestar dichos documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, dese tramite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 419/2020, promovido por SERGIO CALDERÓN RÍOS, por su propio derecho, contra actos de autoridad. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la ley de la materia, PÍDASE vía interconexión o correo electrónico oficial, cuya recepción se deberá certificar, y agregar a los autos, A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE SU INFORME PREVIO, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la demanda de garantías. Se le apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio que de no lograrlo por esa vía, tendrán que ser notificada en el domicilio oficial de la misma. Con base en lo dispuesto por el artículo 3, segundo párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe previo al correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx con la precisión de que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se remita vía ordinaria. Igualmente, dígasele que de hacerlo a través del correo electrónico oficial deberá proporcionar uno para que por esa vía se remitan las comunicaciones que se precise hacer de su conocimiento. Además, se requiere a la autoridad en comento para que al momento de rendir su informe antes mencionado, en caso de remitir documentales vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifieste que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se le informa a la autoridad responsable que sólo se le notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, eso en términos de la jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Asimismo, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Asimismo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, por lista; a quien se le hace saber que queda a su disposición una copia de traslado de la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de un análisis integral de la demanda de garantías se advierte que se reclama: "El acuerdo de fecha 21 de febrero de 2020 dentro del expediente . de su índice. ". En tanto que la suspensión la solicita para el efecto siguiente: "(.) solicito la SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y EN SU MOMENTO DEFINITIVA del procedimiento de donde emana el acto reclamado.". Previos al análisis y resolución de los referidos efectos para los que se solicita la suspensión provisional, resulta oportuno hacer las siguientes precisiones. El artículo 107, fracción X, Constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Conforme al precepto constitucional transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la Ley de Amparo, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Por otra parte, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como exigencias para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Asimismo, se atenderá a las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en la demanda, en razón de que son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Así, de la lectura integra del escrito de demanda, se obtiene que la quejosa manifiesta es parte actora en el juicio civil 884/2019 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, procedimiento del cual deriva el acto reclamado en el juicio de amparo que da origen al presente incidente de suspensión, el cual se encuentra en trámite, sin que a la fecha se hubiere emplazado a la demandada. Precisado lo anterior, se resuelve: Se CONCEDE la suspensión provisional para el único efecto de que el juez responsable continúe por todas sus etapas el juicio civil de origen, hasta ponerlo en estado de resolución, pero se abstenga de dictar la sentencia correspondiente. Lo anterior, encuentra justificación en el artículo 150 de la Ley de Amparo . Esto es así, porque paralizar el curso del procedimiento implicaría suspenderlo y ello no es posible dado que su prosecución es de orden público y no se surtirían los supuestos previstos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, el dictado de la sentencia pudiera tener como consecuencia que el acto que se estima violatorio deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Lo resuelto, deberá prevalecer hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, en el entendido de que dicha medida no tiene efectos restitutorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 151 de la Ley de Amparo. Así se determina porque en la especie sí se actualizan los supuestos marcados por los artículos 128 y 129 de referencia, en virtud de que la parte quejosa acredita su interés suspensional con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que realiza. Pues, se insiste, se solicita la suspensión por la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; y, en caso de consumarse, los daños causados serían de difícil reparación para quien lo solicita. Dicha medida cautelar se otorga con la finalidad de mantener viva y preservar la materia del juicio, evitando que el acto reclamado sea ejecutado de forma irreparable, asegurando la situación jurídica de que se trata, protegiendo así los intereses del impetrante de amparo, en tanto se dicta la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, evitando que se decrete el sobreseimiento en el juicio principal y previniendo daños y perjuicios de imposible reparación que pudieran irrogársele con la ejecución de los actos que por esta vía se reclaman. Es preciso enfatizar que la medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Por último, en el presente caso no debe exigirse la garantía a que alude el artículo 132 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no se ha reconocido el carácter de tercero interesado a persona alguna. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes indica, por así haberlo solicitado el promovente y en razón de que sí cuentan con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación a la solicitud del uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, dígasele que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada. Dígasele que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Luego, como lo prevé el "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes", se les invita a las partes a que a continuar con la tramitación de esta contienda mediante el esquema denominado "juicio en línea", y para tal efecto, es necesario utilizar los medios electrónicos disponibles del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; esto es que realicen las gestiones necesarias para que soliciten la consulta del expediente electrónico, así como notificaciones por esa misma vía. Adicionalmente, para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, si así lo desean, podrán proporcionar "correos electrónicos"; y "servicios de mensajería instantánea", cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, indíquese a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Finalmente, en cuanto a la oposición de publicación de datos personales en el presente asunto; la parte quejosa solicita expresamente a este órgano que se abstenga de la publicación de su nombre y datos personales Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como la supresión de los datos correspondientes en la lista de acuerdos que elabora la Actuaría de este órgano jurisdiccional y que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, así como en el espacio designado para tal efecto por la Administración Regional, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. E igualmente, con fundamento en los artículos 68, fracciones I y VI, y último párrafo de ese precepto, así como 73, fracción II, todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, como está previsto en la fracción II, punto 17, de la CIRCULAR SECNO/10/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal: dígasele a las partes, que se provee en esta data conforme a la fracción VIII del artículo 2 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, que señala: "De la misma forma, para el dictado de resoluciones en las que el plazo para resolver sea menor a cinco días, éste se duplicará a fin de evitar sobrecargas de trabajo".

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio suscrito por Miguel Ángel Juárez Guzmán, delegado de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, en atención al requerimiento de treinta de diciembre de dos mil veinte, con el que remite diversas recetas médicas expedidas en favor del quejoso; agréguese a los autos para que obre como corresponda, téngasele dando cumplimiento a la referida exigencia y déjense sin efectos los apercibimientos decretados en el citado proveído. Dígasele a las partes que las constancias remitidas consistente en el expediente clínico del quejoso constituye información confidencial y reservada, en términos de los artículos 110, fracción XIII, así como el diverso numeral 113, fracción I, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los puntos 5.5.1 y 5.7, de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 relativa al expediente clínico; por tanto, manténgase dichas documentales en resguardo de la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado de Distrito. Por tanto no se glosaran a los autos ni se digitalizarán en el expediente electrónico las documentales anexas, ya que se consideran como información reservada por contener datos sensibles; consecuentemente, manténgase en sobre cerrado en el secreto de este Juzgado de Distrito. Sin que en caso alguno, dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 26/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2009916, de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA".

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