Veronica Najera Perez

Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
87/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Veronica Najera Perez
  • Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla "1", por medio del cual informa que no fue posible imponer la multa ordenada el dieciocho de enero de dos mil veintidós al Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en razón de que no se proporcionaron los datos personales de la persona a quien se le impuso la multa. En consecuencia, REQUIÉRASE a ********************, Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione a este juzgado federal lo siguiente: Registro Federal de Contribuyentes RFC; Clave Única de Registro de Población CURP; Fecha de nacimiento; Domicilio precisando calle, número exterior o interior, colonia, localidad, código postal, municipio o alcaldía, entidad federativa; Exhiba, copia de cualquier documento (INE, cédula profesional que contenga CURP etc), que permita la plena identificación de ********************, Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Asimismo, para que dentro del citado plazo (3 días), CONFIRME si ********************, es su nombre correcto; si nació el ********************; si su Registro Federal de Contribuyentes RFC es: ******************** si su Clave Única de Registro de Población CURP es: ******************** Por tanto, una vez que el Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, proporcione la información requerida, hágasele llegar al administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla "1", para que proceda a realizar el registro de multa impuesta.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad oficiante da cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de enero del año en curso, toda vez que después de realizar una búsqueda en su base de datos, proporciona un domicilio de la tercera interesada *****, el ubicado en ****. Al respecto, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto sean desahogadas las diligencias de emplazamiento en los domicilios ordenados en auto de diez de enero de la presente anualidad.

  3. Principal

    CITATORIO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del juez segundo de lo civil del distrito judicial de Puebla y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 87/2023-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Acto reclamado En primer término debe precisarse que ******, señala como acto reclamado: La audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia que tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente ******, del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de Puebla, en la que compareció la parte actora ******* y su abogado patrono; se hizo constar la incomparecencia de ***** -aquí quejosa-; se desahogaron diversas probanzas; y, se suspendió dicha audiencia a fin de desahogar los diversos medios de convicción consistentes en la declaración de partes a cargo de Verónica Nájera Pérez y testimonial a cargo de Leticia Vázquez Jiménez. Análisis de la demanda Así, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del precepto legal transcrito, interpretado en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos emitidos en un juicio, cuya ejecución no sea de imposible reparación. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que la promovente tilda de inconstitucional es reclamable por la presente vía, es menester en principio estudiar si es de imposible reparación. Así, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, precisó que el legislador en la vigente Ley de Amparo determinó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación contenida en el artículo 107, fracción V, para delimitar la procedencia del juicio bi-instancial contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, del estudio correlativo de los artículos antes trascritos se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio, cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En este orden de ideas se colige que el juicio de amparo indirecto sólo procederá contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento que afecten materialmente derechos sustantivos, excluyendo de esta manera la posibilidad de combatir actos pronunciados dentro de juicio que afecten derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya eventual afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- porque depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, tenemos que del contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 170, de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, o resolución, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. De ello se sigue que en los casos en que se conceda el amparo por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otra reparando la violación cometida al dictarla, en tanto que, cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional. En relación con lo anterior, para demostrar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, resulta menester precisar en qué casos resultan aplicables los supuestos de procedencia previstos en el artículo 107, de la Ley de Amparo y, posteriormente, examinar la naturaleza del acto reclamado, para determinar si se encuadran en tales hipótesis normativas. En ese sentido, debemos tener en cuenta que la Constitución, como marco de referencia para ejercer el poder y determinar la validez de los actos provenientes de los órganos del Estado, prevé diversos medios o instrumentos de control, entre los cuales se encuentra el juicio de amparo, el cual, al ser una institución más en el sistema jurídico, tiene asignadas ciertas áreas de control, es decir, determinados supuestos de procedencia; siendo que, en lo que ahora interesa, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, de la Ley de Amparo, en relación con el 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo indirecto en materia civil procede únicamente en los siguientes casos: Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa guisa, se evidencia que en la especie, la diligencia que se reclama en esta vía no puede estimarse como de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo que se determina así, en razón de que la celebración de la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia que tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente *****, del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de Puebla, no le depara perjuicio irreparable alguno a la aquí parte promovente, ni constituye la resolución definitiva de la autoridad responsable, pues lo que se impugna es una actuación intermedia dictada durante la substanciación de un juicio que puede ser reparada con posterioridad, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" Ello es así, ya que las violaciones que, en su caso, se cometan en la substanciación de dicho procedimiento jurisdiccional, sólo son reclamables cuando se vulneren de manera evidente derechos sustantivos de la parte quejosa, que transgredan de manera directa sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, cuando se dicte la resolución definitiva en el referido procedimiento; motivo por el cual, al tratarse de una resolución que es reclamada en la presente vía, se constituye como un acto intermedio (intraprocesales) y de carácter netamente formal que no tiene efectos constitutivos frente a la autoridad demandada emisora del acto impugnado ni contra éste, sólo trascenderá y actualizará sus consecuencias hasta que se dicte la resolución que ponga fin al juicio de nulidad de origen. Por tanto, es inconcuso que la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia que tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente ****, del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de Puebla, en la que compareció la parte actora **** y su abogado patrono; se hizo constar la incomparecencia de ***** -aquí quejosa-; se desahogaron diversas probanzas; y, se suspendió dicha audiencia a fin de desahogar los diversos medios de convicción consistentes en la declaración de partes a cargo de ***** y testimonial a cargo de **** no se traduce en una violación de algún derecho sustantivo, así como tampoco en la privación de su derecho de defensa, toda vez que se trata de un acto de índole meramente intraprocesal. Habida cuenta de que ninguno de los argumentos vertidos por la parte promovente en la demanda que nos ocupa le causó un perjuicio de imposible reparación, lo que permite concluir que, existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio **** del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de Puebla; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estimen inexactas dichas determinaciones, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho humano alguna, no son reclamables en amparo indirecto. En consecuencia, la diligencia reclamada, sólo constituyen una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, no se satisfacen en la especie el extremo de procedencia del amparo indirecto, previsto en el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que el acto aquí reclamado no puede considerarse como de aquellos dictados dentro de un juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues dicha determinación es enjuiciable y reparable por las violaciones cometidas, en su caso, cuando se impugne la sentencia que resuelva el juicio de origen. Desechamiento En tal virtud, el acto que por esta vía se reclama no constituye un acto de imposible reparación, amén de que no afecta derechos sustantivos respecto del cual proceda el juicio de amparo, y por tanto lo procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y 113, de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo que se provee. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de La Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdicciones del Propio Consejo. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento, así como la impresión de los acuerdos y resoluciones que se generen aún de manera electrónica para su correcta revisión por la titular de este Juzgado. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DIARIO Y DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la digitalización de los documentos que remitan las autoridades responsables así como los ofrecidos por las partes, las comparecencias, ratificaciones, tomas de protesta, devolución de documentos, desahogos de pruebas, etcétera, así como todas aquellas actuaciones que no se realicen de manera electrónica, el secretario deberá supervisar que se escaneen los documentos a fin de que se integren debidamente digitalizados, así como subir el documento en Word para incorporarse al expediente electrónico autorizándolos de manera electrónica. Por lo que, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, así como la digitalización que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto, quien deberá revisar que el expediente electrónico se encuentre debidamente digitalizado, así como proteger y mantener la reserva adecuada respecto de los datos personales e información considerada como reservada. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a José Luis Lozada León, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 257, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el diario oficial de la federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, téngase a la parte promovente proporcionando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que precisa en la demanda a fin de realizar comunicaciones no procesales. Asimismo, se autoriza a las partes los números de teléfonos que proporcionen así como los correos electrónicos que proporcionen sin necesidad de previo Acuerdo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA De conformidad con los artículos 22, fracción I, y 4 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa). Además de que dicha solicitud podrán presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. AUTORIZACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá dejarse constancia en el expediente a fin de que adquieran validez. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva respecto a documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e Justicia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. SUPERVISIÓN DE ESCANEO DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (ACTUARIOS) Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el actuario deberá supervisar que se escaneen y digitalicen los documentos relativos a las notificaciones, diligencias, inspecciones, comparecencias y demás correspondientes a su función, así como todas aquellas actuaciones que no se realicen de manera electrónica, a fin de que se integren debidamente digitalizados al expediente respectivo. Por lo que, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, así como la digitalización que asegure la permanente actualización y veracidad de la información con relación a las notificaciones, estará a cargo del actuario de juzgado asignado del presente asunto, quien deberá revisar que el expediente electrónico se encuentre debidamente digitalizado, así como proteger y mantener la reserva adecuada respecto de los datos personales e información considerada como reservada. NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aún a las autoridades responsables. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley.

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