VeròNica Muñoz Uribe

Expediente 1096/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1096/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • VeròNica Muñoz Uribe

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1096/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. La demanda de amparo deviene improcedente y, por ende, se desecha en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En efecto, de un estudio integral al escrito de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en virtud que no contiene firma electrónica original de los quejosos Verónica Muñoz Uribe y Juan José González Cortes, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior, toda vez que la demanda fue presentada en línea, con la evidencia criptográfica, que contiene la firma electrónica de la autorizada María de Lourdes Sánchez González, y no así la de los quejosos. De lo expuesto, resulta evidente la improcedencia de la demanda de amparo de que se trata, al no obrar firma electrónica de los quejosos que, en los casos en que se promueva una demanda utilizando los servicios tecnológicos, debe obrar inequívocamente. Por lo tanto, al no existir la firma electrónica de Verónica Muñoz Uribe y Juan José González Cortes en el escrito respectivo, no existe interés de su parte para motivar al órgano jurisdiccional, por lo que, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la legislación en cita. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), visible en la página 5, Tomo I, Enero 2019, Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano.". Autorizados. Asimismo, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona y en términos amplios a la licenciada Nancy Ortega Campos, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Juicio en línea. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base al usuario "MLSANCHEZ80", y se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye a la analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Asimismo, atento a lo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones que emanen del presente asunto vía electrónica. Por otro lado, se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico proporcionado por la parte quejosa, a efecto de establecer contacto con dicha parte en caso que se estime pertinente. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.

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