Verónica Moreno Rodríguez

Expediente 1005/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1005/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Verónica Moreno Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES 1005/2023-III*R CUENTA. El once de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 13169. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; once de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero y este órgano jurisdiccional, habiéndose registrado como conflicto competencial 62/2023; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal para los efectos legales procedentes. Notifíques

  2. Principal

    Cuaderno de Antecedentes relativo al Principal 1130/2022-VI Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por el apoderado legal de la moral quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el expediente principal. Antes de proveer lo conducente, debe precisarse que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se remitió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada por este juzgado federal, el cual se registró como amparo en revisión laboral 209/2023. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 278 el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al ocursante las copias certificadas que solicita; en el entendido que serán obtenidas del expediente electrónico del presente sumario, y se solicita al suscrito que proporcione una cuenta de correo electrónico o bien reitere la dirección de correo electrónico, que proporcionó en su escrito inicial de demanda, a fin de que le sean remitidas por personal de este juzgado en formato PDF, con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del Secretario, la cual hace las veces de certificación, para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación la Tesis XXXI.2 K (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Registro digital: 2026449, Undécima Época, de rubro siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE DEL 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.1f OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE ACORDARSE FAVORABLEMENTE SU EXPEDICIÓN, AUTORIZARSE MEDIANTE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL SECRETARIO O SECRETARIA Y ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO PROPORCIONADO POR EL QUEJOSO". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO; A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 770/2021, promovido por *****, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el dos de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito, ****, todos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 2. C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 3. C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 4. C. Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. 5. C. Directora de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. Para los efectos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se puntualiza que al no impugnarse por vicios propios el refrendo ni la publicación de los Decretos promulgatorios de las disposiciones reclamadas, no es voluntad de la Quejosa designar con el carácter de autoridades responsables a los C. Cs. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero quien refrendara la Ley reclamada, como tampoco al C. Director General del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con sede en Chilpancingo, Guerrero a cargo de quien corriera la publicación de la misma Ley aquí reclamada. . IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la expedición y aprobación de: a) La Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, publicada en la edición 101 Alcance VII del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerreo correspondiente al veinticinco de diciembre del año dos mil veinte, específicamente su artículo 9, que establece tarifas diferenciadas para el cálculo y entero del Impuesto predial. b) El Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, publicado en la edición 101 Alcance XII del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerreo correspondiente al veinticinco de diciembre del año dos mil veinte, específicamente su artículo ÚNICO que establece las tablas de valores unitarios de terrenos urbanos y de construcción. 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la aprobación y orden de publicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente su artículo 9, que establece tarifas diferencias para el cálculo y entero del Impuesto predial, y la promulgación y orden de publicación del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021 específicamente su artículo ÚNICO que establece las tablas de valores unitarios de terrenos urbanos y de construcción. 3. Del C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se reclama la omisión de refrendo la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente su artículo 9, que establece tarifas diferencias para el cálculo y entero del Impuesto predial, así como la omisión de refrendo del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021 específicamente su artículo ÚNICO que establece las tablas de valores unitarios de terrenos urbanos y de construcción. 4. Del C. Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero y de la C. Directora de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, se reclaman: a) El primer acto de aplicación del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021 específicamente su artículo ÚNICO que establece las tablas de valores unitarios de terrenos urbanos y de construcción, constituido dicho acto de aplicación por la revaluación que con efectos al primero de enero del año dos mil veintiuno se practicara al inmueble propiedad de la Quejosa identificado con la cuenta catastral que se precisa en el capítulo de "Antecedentes" de la presente demanda de amparo, misma revaluación que a su vez se reclama por vicios propios. b) La determinación y cobro del Impuesto predial correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno (primero al sexto bimestre) que hicieran a consecuencia de la asignación del valor catastral producto de la revaluación que se reclama en el inciso a) precedente tanto por vicios propios como por constituir el primer acto de aplicación del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, cobro que fuera rechizado el veintiuno de enero del año dos mil veintiuno de conformidad con e,1 estado de cuenta relativo a \ la cuenta catastral 085-004-034-0004 asignada al inmueble propiedad de la Quejosa que se precisa 'en el capítulo de "Antecedentes" de la presente demanda de amparo y que documenta el cobro de $10,777.61 (Diez mil setecientos setenta y siete pesos 61/100 M:N.) resultantes de aplicar la tasa del Impuesto predial 2021 de 3.9 al millar menos el descuento por pago anticipado del 12% al valor catastral producto de la revaluación reclamada que asciende a $2'984,967.84 (Dos millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos 84/100 M.N.)." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y narró los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, fue radicada la demanda de amparo bajo el número de expediente 770/2021; y se formuló prevención a los promoventes del amparo, con el objeto de que en términos de lo dispuesto en las fracciones I y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, manifestaran el nombre de todas y cada una de las personas que figuran como copropietarios del inmuebles a que hace referencia la factura 2100363538; siendo que por ocurso aclaratorio de catorce de julio de dos mil veintiuno, por conducto del impetrante Latiffe Chomer Cherem, se precisó: "[.] En primer término, se precisa que por cuanto hace a la Quejosa señalada en el escrito inicial de demanda como Teresa Dichí Cherem, por un error mecanógrafo se invirtieron los apellidos de la citada quejosa, siendo el nombre completo y correcto de la Quejosa Teresa Cherem Dichi, lo que en el acto se aclara y precisa para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, dentro del término concedido en proveído de cinco de julio del año dos mil veintiuno, ocurro a dar cumplimiento a 'la prevención ordenada en dicho proveído, a cuyo efecto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de Amparo y, bajo protesta de decir verdad, señalo a todos y cada uno de los copropietarios del inmueble identificado con el número 1, del capítulo de 'Antecedentes' del escrito inicial de demanda de amparo, lo que hago en los términos siguientes: Los copropietarios del departamento 104, de la Torre B, Condominio Conjunto Puertamar Acapulco, ubicado en Carretera a Barra vieja número 981, Fraccionamiento Acapulco Diamante, Acapulco de Juárez, clasificado bajo la cuenta catastral 085-004-034-0004, somos los Quejosos Latiffe Chorner Cherem, David Cherem Ades y, Teresa Dichi Cherem, así como los señores Sofía Cassab Attie, Jacobo Cherem Ades, Abraham Cherem Cassab y, Eduardo Cherem Ades. Asimismo, se precisa que los copropietarios diversos a los que como Quejosos instaran la demanda de amparo, tienen 'los siguientes domicilios: a) Sofía Cassab Attie, quien tiene su domicilio ubicado en . b) Jacobo Cherem Ades, quien tiene su domicilio ubicado en. c) Abraham Cherem Cassab, quien tiene su domicilio ubicado en. d) Eduardo Cherem Ades, quien tiene su domicilio ubicado en . Por último, en este acto me permito exhibir copia certificada de la Escritura pública número Setenta y cinco mil doscientos diecinueve de fecha veinticuatro de junio del dos mil cinco, pasada ante la fe del licenciado José Antonio Sánchez Cordero Dávila, Notario Público número Ciento cuarenta y tres del Distrito Federal (hoy ciudad de México), en el cual consta l. La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio y II. La disolución, Liquidación de copropiedad y aplicación cuotas partes, misma que se acompaña como Anexo 1." Así, por auto cuatro de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por desahogada en sus términos la prevención formulada y admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; instruyéndose el emplazamiento a juicio de los copropietarios Sofía Cassab Attie, Jacobo Cherem Ades, Abraham Chereb Cassab y Eduardo Cherem Ades, quienes se apersonaron al presente juicio por ocurso de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, únicamente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta demarcación y autorizando a profesionistas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Así, una vez integrados los autos, el uno de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de ley y se dictó sentencia, la cual fue autorizada el diez de mayo de dos mil veintidós, con el siguiente punto resolutivo: "[.] ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades y Teresa Cherem Dichi, todos por derecho propio, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia." Inconforme con la anterior resolución, mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, de forma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades y Teresa Cherem Dichi, por conducto de su autorizado Alfonso Hernández Cruz, interpusieron recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien apoyado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en sesión correspondiente al treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 187/2023, origen 473/2022, revocó la sentencia sujeta a revisión y ordenó reponer el procedimiento, atento a las siguientes consideraciones: "[.] De esta forma, si después de la sentencia recurrida no obran de manera inmediata las firmas de los funcionarios judiciales que deben suscribirla, debe concluirse que dicho fallo carece del requisito de validez necesario para atribuir su emisión a la persona titular del juzgado de Distrito y a la persona secretario que autoriza y da fe, no obstante que obren evidencias criptográficas de firmas electrónicas con posterioridad al oficio que sucede inmediatamente al fallo de mérito, pues como ya se explicó, no podrían atribuirse dichas firmas a la sentencia en cuestión. De modo que se actualiza el motivo de invalidez a que se refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la sentencia recurrida no tiene al final la evidencia criptográfica que demuestre que fue firmada electrónicamente por sus autores, siendo que la persona secretario de juzgado pretendió otorgarle validez utilizando la representación gráfica que se generó en otra actuación -oficios-, lo que corrobora que no se cumplió con el requisito formal previsto en los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Dicha violación procesal impide que este tribunal estudie los agravios dirigidos a cuestionar la determinación adoptada en la sentencia recurrida, pues se ha concluido que se trata de una actuación judicial que carece de validez; máxime que en el caso, la violación procesal actualizada trasciende al resultado del fallo, es decir, no se trata de una cuestión procesal de trámite al procedimiento. OCTAVO. Efectos de la reposición. En consecuencia, procede revocar la resolución impugnada; y, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo indirecto que se revisa, a fin de que el juez de Distrito realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la audiencia constitucional y sentencia recurrida. 2. Dicte una nueva sentencia que cumpla con el requisito de validez a que se refieren los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es decir, se firme de manera independiente, ya sea mediante el uso de la firma autógrafa o electrónica, tanto por la persona juzgadora como por la persona secretario que la autorice." Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional en estricto cumplimiento ordenó reponer el presente procedimiento, dejándose sin efectos la audiencia constitucional y sentencia recurrida, fijándose nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por ocurso recibido el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, fue ampliada la demanda de amparo, en los términos siguientes: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 3.- C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 4.- C. Directora de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. . IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la expedición y aprobación de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, publicada en la edición 196 alcance I del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero correspondiente al primero de diciembre del dos mil diecisiete, específicamente su artículo 15, fracción VIII, que en su literalidad dispone: . 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la expedición y aprobación de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, publicada en la edición 196 alcance I del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero correspondiente al primero de diciembre del dos mil diecisiete, específicamente su artículo 15, fracción VIII, que en su literalidad dispone: 3. Del C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero se reclama la omisión de refrendo de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, publicada en la edición 196 alcance I del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero correspondiente al primero de diciembre del dos mil diecisiete, específicamente su artículo 15, fracción VIII, que en su literalidad dispone: 4. De la C. Directora de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, se reclama el primer acto de aplicación del artículo 15, fracción VIII, de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, constituido por la determinación del valor catastral que con efectos al primero de enero del dos mil veintiuno se practicara a los inmuebles propiedad de la Quejosa identificados con las cuentas catastrales que se precisan en el capítulo de 'Antecedentes' de la presente demanda de amparo, misma determinación de valor catastral que a su vez se reclama por vicios propios." En ese contexto, por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y se hizo del conocimiento el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1 . TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, su ampliación e incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló, acorde con la tesis jurisprudencial P.VI/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que los quejosos reclaman: I. Del Congreso y de la Gobernadora, ambos del Estado de Guerrero, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la expedición, aprobación, promulgación y orden de publicación de los siguientes ordenamientos.- I. I. Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente el artículo 15, fracción VIII. I. II. Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente el artículo 9. I. III. Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la omisión en el refrendo de los ordenamientos legales citados en el punto que antecede. III. Del Secretario de Administración y Finanzas, y de la Directora de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. III. I. La determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 085-004-034-0004, como consecuencia de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales III. II. La aplicación de los preceptos reclamados contenida en la determinación y cobro del impuesto predial por cuanto hace al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en relación con el inmueble identificado con la cuenta catastral 085-004-034-0004, y que originó la emisión de la factura con folio 2100363538. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna ponderando que los quejosos manifiestan bajo protesta de decir verdad que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se pagó la contribución respectiva que originó la emisión de la factura 2100363538. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo quedó comprendido a partir del veintidós de junio al doce de julio de dos mil veintiuno, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que, si la demanda de amparo se presentó el dos de julio de dos mil veintiuno, se debe estimar oportuna al interponerse dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Falta de legitimación de la parte quejosa. El estudio de los presupuestos procesales es previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, por lo que antes de emitir un pronunciamiento en torno a la existencia de los actos reclamados, se analizará el aspecto relativo a la legitimación de la parte quejosa para promover el juicio de amparo. En el caso se demuestra la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 1, fracción I, 5 y 6, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;..". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley...". De lo antes transcrito es preciso puntualizar que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar el "interés jurídico" al tratarse de un acto consistente en la inconstitucionalidad de leyes municipales, en relación con el pago del impuesto predial, que indica le causa perjuicio. Cabe destacar que el interés jurídico requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el cual emane de la afectación a la esfera jurídica de la persona física o jurídica, de manera directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos que se reclamen y la afectación que aduzca la parte quejosa, toma lugar en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible acreditar el "interés jurídico" o simplemente demostrar un interés legítimo. Trasciende mencionar que al acudir al juicio de amparo la parte quejosa debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectada de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aducir contar con un interés legítimo individual o colectivo, en razón de su situación frente al orden jurídico. Sin embargo, al tratarse en el caso concreto de actos que inciden en la inconstitucionalidad de leyes, en relación con el pago del impuesto predial, respecto de la cual la parte quejosa aduce ser perjudicada, únicamente se puede alegar un interés jurídico. De lo hasta aquí explicado, se advierten dos supuestos que generan el interés jurídico: 1. La titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. 2. EI resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. El interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de dicha afectación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de la materia toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Consideraciones que encuentran sustento en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Registro digital: 2019456, página 1598, que a la letra impone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Aunado a lo anterior, uno de los principios fundamentales que rigen el juicio constitucional se encuentra en el artículo 6 de la Ley de Amparo: la existencia del agravio personal y directo, entendiendo por agravio todo menoscabo u ofensa a la persona, sea física o moral. De lo que, se reitera, el interés jurídico en el juicio de amparo no es otra cosa que la titularidad de un derecho en favor del gobernado, y su afectación debe ser susceptible de apreciarse en forma objetiva, para poder considerarlo un perjuicio; además, dicho interés debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, de forma tal que sólo el gobernado que sufrió el menoscabo en su esfera jurídica podrá acudir al juicio constitucional, conforme al artículo 6 de la Ley de la materia. Argumentos que encuentran apoyo en la Jurisprudencia emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, Séptima Parte, Registro digital: 245886, página 55, que a la letra dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En este contexto, para determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que constituye una cuestión de orden público, se tiene que verificar si la parte quejosa es titular del derecho que trata de proteger y si los actos que reclama en el juicio le pueden ocasionar un perjuicio en su esfera jurídica, en primer término, se debe realizar un análisis de las pruebas que obran en autos, para así determinar la existencia -o inexistencia- del interés jurídico, ya que no se puede partir de la sola afirmación de que se tiene un derecho, sino que tal aserto debe ser probado plenamente en el juicio de amparo, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés, porque el particular no puede considerarse liberado de dicha obligación con la sola existencia del acto reclamado. Por tanto, en segundo término, y en caso de que dicho interés se acredite, procede el análisis en cuanto a la verificación de que los actos reclamados efectivamente le ocasionen un perjuicio en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Tomo XV, febrero de 2202, registro digital 187777, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". En suma, la causa de improcedencia en estudio se configura cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica de la parte promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto o, en todo caso, porque no queda demostrada de manera fehaciente tal afectación. En el caso, Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades y Teresa Cherem Dichi, todos por derecho propio, promovieron el juicio de amparo y, los actos reclamados, como ya se asentó, tienen que ver con la inconstitucionalidad de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente el artículo 15, fracción VIII; de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente el artículo 9; así como del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, con motivo del primer acto de aplicación acecido a través de la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 085-004-034-0004, y que originó la emisión de la factura con folio 2100363538. Sin embargo, del análisis del escrito inicial de demanda, se obtiene que los nombrados Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades y Teresa Cherem Dichi, promovieron el juicio de amparo, por derecho propio, en contra de los referidos actos y atribuyeron al Secretario de Administración y Finanzas, y al Director de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el primer acto de aplicación de las normas que controvierte; no obstante, para acreditar el interés jurídico que le asiste, exhibieron la multicitada factura folio 2100363538, de veintitrés de junio de dos mil veintiuno (que constituye el acto reclamado en esta instancia), y del que se evidencia, que el impuesto predial lo enteraron "Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades, Teresa Cherem DichI y COPTS", en su carácter de propietarios del "DEPTO. 104, DE LA TORRE B, CONDOMINIO CONJUNTO PUERTAMAR ACAPULCO, UBICADO EN CARRETERA A BARRA VIEJA NO. 981" como enseguida se inserta para mayor referencia: "[.] CHOMER CHEREM LATIFFE, CHEREM ADES DAVID, DICHI CHEREM TERESA Y COPTS. . DOMICILIO: DEPTO. 104 TORRE B COND. CONJUNTO PUERTAMAR ACAPULCO CARRETERA A BARRA VIEJA NO. 981 LOTE FRACC. II S, CONJ. PUERTAMAR ACAPULCO, CARR. A B. Num Ext. SN, Num Int.SN, DATOS DE LA CUENTA CUENTA CATASTRAL: 085-004-034-0004, SUP. TERRENO: 204.11M2., SUP. CONSTRUCCIÓN: 204.11M2, TIPO PREDIO: URBANO CONSTRUIDO, Calle: DEPTO. 104 TORRE B COND. CONJUNTO PUERTAMAR ACAPULCO CARRETERA A BARRA VIEJA NO. 981 LOTE FRACC. II S, CONJ. PUERTAMAR ACAPULCO, CARR. A B. Num Ext. SN, Colonia: ACAPULCO DE JUÁREZ, BASE GRAVABLE: $2,984,967.84." En ese orden de ideas, es patente que si el juicio en que se actúa, lo promovió sólo tres de los siete propietarios del antedicho inmueble, el mismo es improcedente, dado que si el acto de aplicación consta en un documento oficial que se expidió a "Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades, Teresa Cherem DichI y COPTS", el interés jurídico para reclamarlo es de todos los propietarios y no solo de Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades y Teresa Cherem Dichi, pues a todos afectan las normas reclamadas conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo; luego, no basta que los promoventes del amparo acrediten que pagaron la contribución de mérito en unión de otras personas, pues en este evento, faltaría probar que los diversos copropietarios Sofía Cassab Attie, Jacobo Cherem Ades, Abraham Chereb Cassab y Eduardo Cherem Ades, los facultaron para que los representaran en el juicio de amparo y, al omitir hacerlo, no acreditan el interés que tiene para reclamar ese gravamen, ya que el pago del impuesto antes precisado realizado por los propietarios, únicamente puede ser controvertido por ellos, es decir, la erogación repercutió en la totalidad de los propietarios. Máxime que no debe perderse de vista que al no aparecer el nombre de los copropietarios en la factura folio 2100363538, este juzgado requirió a los quejosos Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades y Teresa Cherem Dichi, para que manifestaran el nombre y domicilio de la totalidad de los copropietarios, a fin de estar en condiciones de resolver si efectivamente basta que el amparo lo pida uno de los copropietarios o en su defecto se tornara indispensable que la solicitud fuera signada por todos; sin embargo, pese al emplazamiento practicado y el apersonamiento a juicio por parte de Sofía Cassab Attie, Jacobo Cherem Ades, Abraham Chereb Cassab y Eduardo Cherem Ades, éstos fueron omisos en mostrar interés de hacer suya la demanda de amparo, siendo que la copia certificada del instrumento notarial setenta y cinco mil doscientos diecinueve, que se acompañó al escrito inicial de demanda, resulta insuficiente para constatar que bastaba que el amparo lo pidiera uno de los copropietarios, puesto que de su análisis no se advierte que tal prerrogativa haya sido discernida en lo individual. No se soslaya el hecho de que por ocurso recibido el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, fue ampliada la demanda de amparo, la cual fue signada por parte de Sofía Cassab Attie, Jacobo Cherem Ades, Abraham Chereb Cassab y Eduardo Cherem Ades; empero, debe destacarse que la reposición acaecida en el presente procedimiento, no traía consigo la oportunidad de ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente el artículo 15, fracción VIII -como de manera imprecisa se hace referencia en el antecedente marcado con el número 6-, puesto que únicamente atendió un requisito de validez, en cuanto a que después de la sentencia recurrida no obran de manera inmediata las firmas de los funcionarios judiciales que deben suscribirla; sin embargo, con independencia de lo anterior, de la lectura integral del ocurso de ampliación de demanda de amparo, tampoco se constata el interés de hacer suya la demanda de amparo, pues en ningún apartado se observa tal intención. Bajo esa perspectiva, los promoventes en el escrito inicial de demanda Latiffe Chomer Cherem, David Cherem Ades y Teresa Cherem Dichi, por derecho propio, carecen de legitimación en la causa para instar el presente juicio de amparo; por tanto, el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5, fracción I y 6 todos de la Ley de Amparo y, por lo tanto, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.15o.A.31 A, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 178727, Novena Época, Materias(s): Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, página 1412, del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES EN COPROPIEDAD QUE SE OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL. LA DEMOSTRACIÓN DE LA COPROPIEDAD Y DEL PAGO DEL TRIBUTO POR UNO DE LOS CODUEÑOS, NO LEGITIMA A TODOS A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracción V, 114, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con lo establecido en los artículos 148 y 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigentes a partir del primero de enero de dos mil dos, se desprende que el ejercicio de la acción de amparo contra el primer acto de aplicación de estos últimos dos artículos que establecen el impuesto predial respecto de inmuebles que se otorgan en uso o goce temporal, precisa como presupuesto de procedencia, la demostración de la afectación del interés jurídico de quien solicita la protección constitucional, mediante prueba de las siguientes premisas: a) que el promovente del amparo es el propietario o poseedor del inmueble relativo; b) que ese inmueble se otorgó en uso o goce temporal, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo de publicidad; y, c) que se enteró el impuesto predial respecto del bien, o en su caso, que existe una resolución o requerimiento de pago del mencionado tributo. En ese orden de ideas, es patente que cuando el juicio de garantías se promueve por los copropietarios de un inmueble, no basta que acrediten esa copropiedad y demuestren que uno de ellos pagó la contribución, pues en este evento, faltaría por probar, por una parte, que todos otorgaron en arrendamiento la parte alícuota que les corresponde del predio y, por otra, que justifiquen que ese pago se realizó en su representación, ya sea porque el bien se encuentre inscrito en el catastro a nombre de la copropiedad, o porque la persona que realizó el mencionado pago cuenta con documento suficiente para representarlos, pues de otra forma, no acreditarían su interés jurídico para impugnar ese gravamen, ya que el pago del impuesto predial realizado por alguno de los copropietarios, no puede considerarse como efectuado también por los demás participantes del bien común, dado que si bien tienen el carácter de obligados solidarios respecto de los créditos fiscales que deriven de él en términos de lo establecido en el artículo 70, fracción XV, de la citada codificación tributaria; lo cierto es que dicha obligación solidaria únicamente tiene por efecto que el deudor solidario que pagó el total de la deuda (impuesto predial), tenga derecho a exigir de los otros codeudores o copropietarios la parte que les corresponda, es decir, pueda repercutir a los copropietarios la erogación que efectúo, pero de ninguna forma implica que lo haya hecho en representación de los demás codueños." Por todo lo anterior, resulta innecesario estudiar una causal de improcedencia diversa; además, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Asimismo, se estima pertinente precisar que la admisión de la demanda de amparo, no constituye un impedimento para estudiar la causa de improcedencia analizada en esta sentencia, pues este órgano de control constitucional está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. En lo conducente es aplicable la tesis publicada en la página 544 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, Registro digital: 211352, de contenido: "DEMANDA. LA ADMISION DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Asimismo, esta Juzgadora considera necesario precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, registro digital 2006485, página 772, que dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Atendiendo las directrices que rigieron la reposición del presente procedimiento, con el objeto de evitar nuevas nulidades en el mismo, y a fin de cumplir con el requisito de validez a que se refieren los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, insértese a continuación del pie de esta sentencia, las firmas electrónicas tanto de esta juzgadora como por el secretario que asiste y autoriza, ello, sin la actuación relativa al envío de los oficios a las autoridades responsables. En mérito de lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, todos por derecho propio, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

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