Verónica Moreno Mejía
Expediente 506/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Verónica Moreno Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
León, Guanajuato, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se remite expediente al tribunal de alzada. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo legal con el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó la imposibilidad para la ejecución del fallo protector; por tanto, en cumplimiento a lo acordado en ese auto, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, califique tal determinación y resuelva lo conducente en torno a la imposibilidad evidenciada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda, audiencia constitucional y sentencia, lo anterior en atención a que la totalidad de las constancias que integran el expediente principal obran en el expediente electrónico. Medida que se adopta para optimizar el uso de los recursos humanos y materiales para el buen funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Se ordena notificar a autoridad tercera interesada. Del estado de autos se advierte que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés se decretó la imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector, determinación que se ordenó notificar personalmente a las partes; sin que cuente con la constancia de notificación correspondiente a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Civiles en León, Guanajuato. En consecuencia, mediante oficio que se genere del presente acuerdo, notifíquese el auto de ocho de septiembre pasado a la aludida autoridad.
- Principal
Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable mediante las cuales informó la imposibilidad para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación; en consecuencia, se provee respecto a las razones expuestas por la autoridad responsable, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "SEXTA. Efecto del amparo. Bajo esa condición, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *** por sí y en representación de la persona de iniciales I.E.S.M., para que la Jueza Única de lo Civil de Purísima del Rincón, Guanajuato: a) Deje insubsistente todo lo actuado a partir del auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que designó a la tutora provisional. b) Recabe las pruebas necesarias para decidir con un alto grado de probabilidad cuál es la condición mental o cognitiva de la quejosa y valore las existentes en el sumario que den luz sobre la posible discapacidad de I.E.S.M.; asimismo, en caso de que presentare algún padecimiento, identifique si éste le impide ser total o parcialmente independiente (física y/o mentalmente). En el entendido de que la responsable deberá dar posibilidad de aportar pruebas a la quejosa I.E.S.M., en igualdad de circunstancias que a su contraria (principio de participación en la jurisdicción), así como a su progenitora Verónica Moreno Mejía. c) Hecho lo anterior, emita otra determinación en la que especifique si es procedente nombrar tutora interina a la quejosa I.E.S.M. y por qué. Concesión de amparo que se hace extensiva al acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de origen, que desechó la prueba testimonial ofrecida por la quejosa ***, debido a que, en proveído de veintiocho de marzo del año en cita, se indicó que en el juicio de origen sólo continuaría con la participación del actor y la tutora interina de I.E.S.M. (folio 196 del tomo I de pruebas). Lo anterior, porque el acto que antecede quedará insubsistente con motivo de la reposición de procedimiento ordenada. Finalmente, resulta innecesario el análisis de las restantes porciones del concepto de violación hecho valer por la quejosa en la demanda, consistentes en que: La autoridad responsable ha omitido tomar medidas para salvaguardar la participación en el procedimiento de origen e interés de I.E.S.M., dado que, por una parte, el actor como la tutora provisional designada son representados por los mismos mandatarios judiciales y, por la otra, que la tutriz solo es una mera observadora en tanto que no ha ofrecido ni allegado pruebas para que la juzgadora pueda designar a la persona más idónea en el cargo de tutor definitivo. Que la juzgadora del conocimiento le ha limitado su participación en el procedimiento de origen para aportar pruebas a fin de que tome la mejor decisión en la designación de tutor definitivo, no obstante que le reconoció tener interés jurídico en el asunto por ser madre de I.E.S.M.. Lo que antecede, en virtud de que no podría obtener mayor beneficio al ya concedido. Además, de que la estructura de dichos argumentos van encaminados, por un lado, a demostrar que el nombramiento de la tutora interina no se ajustó al principio de legalidad, básicamente porque el Juez responsable no agotó las diligencias necesarias para dilucidar quién es la persona más idónea para discernir ese cargo y, por el otro, a evidenciar que la autoridad no fue totalmente escrupulosa en la designación y que omitió verificar que entre la persona nombrada como tutora interina y la que solicitó la interdicción existe conflicto de interés. De manera que, entrar al estudio de esos conceptos de violación conllevaría una incongruencia en el fallo, que establece que no está justificado nombrarle una tutora interina a la quejosa I.E.S.M., en virtud de que ni siquiera se ha demostrado que ésta se ubique en algún supuesto de incapacidad legal y menos se le ha dado un tratamiento igualitario en el proceso, conforme al modelo social de discapacidad, porque examinar esos argumentos equivaldría a sostener que el nombramiento de tutora interina es procedente y, por ende, la cuestión de la incapacidad legal es un aspecto que ya está dilucidado; por ello no se estudian esas consideraciones. Lo anterior, sin perjuicio de que, la autoridad responsable después de allegarse de las pruebas correspondientes y las valore para determinar el grado de discapacidad de I.E.S.M., considere necesario designar tutor interino; pues será hasta ese momento procesal cuando resulte pertinente, con base en los medios de convicción que ofrezcan y aporten las partes y la progenitora ***, analizar la idoneidad de las personas que se encuentren en posibilidad de fungir en ese cargo, en términos del párrafo cuarto del artículo 703 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, esto es, que sea de reconocida honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del presunto interdicto o de sus padres y que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad de intereses o dependencia con el solicitante de la declaración. Para esto último, la jueza del conocimiento, deberá adoptar una postura de tutela reforzada hacia los derechos de I.E.S.M., conforme con la cual indague adecuadamente el perfil de las personas propuestas, evitando el conflicto de interés, injerencia indebida y con la capacidad de ejercerla en imparcialidad y adaptabilidad a las circunstancias, tal y como lo establece el numeral 12.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad . En auto de veintitrés de junio del dos mil veintitrés, causó ejecutoria y se requirió cumplimiento. A fin de dar informar sobre la imposibilidad para cumplir el fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés. Con lo anterior, se dio vista a las partes. Se decreta imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Ahora, en atención al oficio que remitió la autoridad responsable mediante el cual informó que en el juicio de origen las partes desistieron de la acción y, en consecuencia, decretó la extinción de la instancia -promoción 14152-, se considera que existe imposibilidad para requerir el cabal cumplimiento al que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Cierto es que, para la actualización justificada de dicho obstáculo se requiere: La existencia de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal; y, La existencia de una dificultad jurídica o de hecho para realizar la prestación debida por la autoridad. Hipótesis que en ambos casos se actualizan. Se explica. Ello, pues como ya se precisó, mediante sentencia de treinta y uno de mayo de la anualidad, se concedió la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los efectos que quedaron precisados en la ejecutoria de mérito. Ahora, en auto de diecisiete de agosto de la anualidad, se recibió el oficio de la autoridad responsable al que adjuntó copia certificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, del que se observa que la parte atora desistió de la acción planteada y el Agente del Ministerio Público manifestó su conformidad; por lo que como consecuencia, decretó la extinción de la instancia y el archivo del expediente. De lo anterior se advierte la imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable acate en sus términos la ejecutoria de amparo. Al respecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato -norma que regula el acto reclamado-, en su artículo 390 B, prevé la extinción de la instancia con motivo del desistimiento del actor, previo consentimiento del demandado. De ahí que, derivado de que las partes expresaron su consentimiento para desistirse de la acción planteada, sabedores de los alcances jurídicos que derivan de su acto, entre ellos, decretar la extinción de la instancia, esta juzgadora estima que no es posible requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ante ese estado de cosas, lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir en sus términos la sentencia protectora, razón por la cual, se cesa en el conocimiento del asunto y se remiten los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno. De modo que, jurídicamente, no es posible obligar a la autoridad a que cumpla la ejecutoria, por lo que se decreta la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, fracción II y 202 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días con el que cuentan las partes para interponer el recurso de inconformidad contra el presente proveído, levántese la certificación correspondiente y remítase el original del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo califique el presente auto y resuelva lo conducente respecto a la imposibilidad señalada.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, que en resumen dice: "Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable mediante las cuales informó la imposibilidad para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación; en consecuencia, se provee respecto a las razones expuestas por la autoridad responsable, con base en lo siguiente: Antecedentes. En sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "SEXTA. Efecto del amparo. Bajo esa condición, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *** por sí y en representación de la persona de iniciales I.E.S.M., para que la Jueza Única de lo Civil de Purísima del Rincón, Guanajuato: a) Deje insubsistente todo lo actuado a partir del auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que designó a la tutora provisional. b) Recabe las pruebas necesarias para decidir con un alto grado de probabilidad cuál es la condición mental o cognitiva de la quejosa y valore las existentes en el sumario que den luz sobre la posible discapacidad de I.E.S.M.; asimismo, en caso de que presentare algún padecimiento, identifique si éste le impide ser total o parcialmente independiente (física y/o mentalmente). En el entendido de que la responsable deberá dar posibilidad de aportar pruebas a la quejosa I.E.S.M., en igualdad de circunstancias que a su contraria (principio de participación en la jurisdicción), así como a su progenitora Verónica Moreno Mejía. c) Hecho lo anterior, emita otra determinación en la que especifique si es procedente nombrar tutora interina a la quejosa I.E.S.M. y por qué. Concesión de amparo que se hace extensiva al acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de origen, que desechó la prueba testimonial ofrecida por la quejosa ***, debido a que, en proveído de veintiocho de marzo del año en cita, se indicó que en el juicio de origen sólo continuaría con la participación del actor y la tutora interina de I.E.S.M. (folio 196 del tomo I de pruebas). Lo anterior, porque el acto que antecede quedará insubsistente con motivo de la reposición de procedimiento ordenada. Finalmente, resulta innecesario el análisis de las restantes porciones del concepto de violación hecho valer por la quejosa en la demanda, consistentes en que: La autoridad responsable ha omitido tomar medidas para salvaguardar la participación en el procedimiento de origen e interés de I.E.S.M., dado que, por una parte, el actor como la tutora provisional designada son representados por los mismos mandatarios judiciales y, por la otra, que la tutriz solo es una mera observadora en tanto que no ha ofrecido ni allegado pruebas para que la juzgadora pueda designar a la persona más idónea en el cargo de tutor definitivo. Que la juzgadora del conocimiento le ha limitado su participación en el procedimiento de origen para aportar pruebas a fin de que tome la mejor decisión en la designación de tutor definitivo, no obstante que le reconoció tener interés jurídico en el asunto por ser madre de I.E.S.M.. Lo que antecede, en virtud de que no podría obtener mayor beneficio al ya concedido. Además, de que la estructura de dichos argumentos van encaminados, por un lado, a demostrar que el nombramiento de la tutora interina no se ajustó al principio de legalidad, básicamente porque el Juez responsable no agotó las diligencias necesarias para dilucidar quién es la persona más idónea para discernir ese cargo y, por el otro, a evidenciar que la autoridad no fue totalmente escrupulosa en la designación y que omitió verificar que entre la persona nombrada como tutora interina y la que solicitó la interdicción existe conflicto de interés. De manera que, entrar al estudio de esos conceptos de violación conllevaría una incongruencia en el fallo, que establece que no está justificado nombrarle una tutora interina a la quejosa I.E.S.M., en virtud de que ni siquiera se ha demostrado que ésta se ubique en algún supuesto de incapacidad legal y menos se le ha dado un tratamiento igualitario en el proceso, conforme al modelo social de discapacidad, porque examinar esos argumentos equivaldría a sostener que el nombramiento de tutora interina es procedente y, por ende, la cuestión de la incapacidad legal es un aspecto que ya está dilucidado; por ello no se estudian esas consideraciones. Lo anterior, sin perjuicio de que, la autoridad responsable después de allegarse de las pruebas correspondientes y las valore para determinar el grado de discapacidad de I.E.S.M., considere necesario designar tutor interino; pues será hasta ese momento procesal cuando resulte pertinente, con base en los medios de convicción que ofrezcan y aporten las partes y la progenitora ***, analizar la idoneidad de las personas que se encuentren en posibilidad de fungir en ese cargo, en términos del párrafo cuarto del artículo 703 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, esto es, que sea de reconocida honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del presunto interdicto o de sus padres y que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad de intereses o dependencia con el solicitante de la declaración. Para esto último, la jueza del conocimiento, deberá adoptar una postura de tutela reforzada hacia los derechos de I.E.S.M., conforme con la cual indague adecuadamente el perfil de las personas propuestas, evitando el conflicto de interés, injerencia indebida y con la capacidad de ejercerla en imparcialidad y adaptabilidad a las circunstancias, tal y como lo establece el numeral 12.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad . En auto de veintitrés de junio del dos mil veintitrés, causó ejecutoria y se requirió cumplimiento. A fin de dar informar sobre la imposibilidad para cumplir el fallo protector, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés. Con lo anterior, se dio vista a las partes. Se decreta imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Ahora, en atención al oficio que remitió la autoridad responsable mediante el cual informó que en el juicio de origen las partes desistieron de la acción y, en consecuencia, decretó la extinción de la instancia -promoción 14152-, se considera que existe imposibilidad para requerir el cabal cumplimiento al que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Cierto es que, para la actualización justificada de dicho obstáculo se requiere: La existencia de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal; y, La existencia de una dificultad jurídica o de hecho para realizar la prestación debida por la autoridad. Hipótesis que en ambos casos se actualizan. Se explica. Ello, pues como ya se precisó, mediante sentencia de treinta y uno de mayo de la anualidad, se concedió la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los efectos que quedaron precisados en la ejecutoria de mérito. Ahora, en auto de diecisiete de agosto de la anualidad, se recibió el oficio de la autoridad responsable al que adjuntó copia certificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, del que se observa que la parte atora desistió de la acción planteada y el Agente del Ministerio Público manifestó su conformidad; por lo que como consecuencia, decretó la extinción de la instancia y el archivo del expediente. De lo anterior se advierte la imposibilidad jurídica para que la autoridad responsable acate en sus términos la ejecutoria de amparo. Al respecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato -norma que regula el acto reclamado-, en su artículo 390 B, prevé la extinción de la instancia con motivo del desistimiento del actor, previo consentimiento del demandado. De ahí que, derivado de que las partes expresaron su consentimiento para desistirse de la acción planteada, sabedores de los alcances jurídicos que derivan de su acto, entre ellos, decretar la extinción de la instancia, esta juzgadora estima que no es posible requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ante ese estado de cosas, lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir en sus términos la sentencia protectora, razón por la cual, se cesa en el conocimiento del asunto y se remiten los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno. De modo que, jurídicamente, no es posible obligar a la autoridad a que cumpla la ejecutoria, por lo que se decreta la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 201, fracción II y 202 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo de quince días con el que cuentan las partes para interponer el recurso de inconformidad contra el presente proveído, levántese la certificación correspondiente y remítase el original del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo califique el presente auto y resuelva lo conducente respecto a la imposibilidad señalada."
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