Verónica Mora Pánfilo
Expediente 1142/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/10/2015
Partes del expediente
- Verónica Mora Pánfilo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de tres de septiembre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que sí existen documentos originales exhibidos por la quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo y respecto de los documentos, se procederá en términos de lo narrado en el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de cuatro de septiembre de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de tres de septiembre de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio registrado con el número de folio 22270 (fojas 230 a 235), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable en lo que interesa, a la 5. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: [.] "El acuerdo de veintidós de julio de dos mil catorce, a través del cual se decretó en contra de la quejosa el inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva, identificado con número de expediente CDP/020/2014." [...] Ahora bien, mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil quince, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el tres de junio del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: [.] "lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California: a) Deje sin efectos el acuerdo de veintidós de julio de dos mil catorce, a través del cual decretó el inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva CDP/020/2014. b) En el entendido de que al tratarse de un acto materialmente administrativo, advertida la insuficiencia de su motivación no subsanada en el informe justificado, se estima que presenta un vicio de fondo que impide a la responsable su reiteración, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo; sin menoscabo del interés público que representa de emitir un nuevo acuerdo que no incida en idéntica violación de derechos fundamentales de la quejosa." [.] ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el número de folio 22270 (fojas 230 a 235), el Secretario Técnico de la 5. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, informó que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues emitió un auto de once de agosto del dos mil quince, dentro del procedimiento administrativo de separación definitiva CDP/020/2014, mismo que le fue debidamente notificado a la quejosa; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 5. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante auto de once de agosto del presente año (foja 232), emitido del procedimiento administrativo de separación definitiva CDP/020/2014, dejó sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, proveído que fue notificado a la quejosa Verónica Mora Pánfilo en data once de agosto del actual, según se advierte de la constancia de notificación respectiva (fojas 233 y 234). De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 5. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, el acuerdo materia del acto reclamado, y notificándole dicha circunstancia a la aquí quejosa, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo, quedó subsanada. Lo que resulta coincidente con la ejecutoria de amparo, en el sentido de que al tratarse de un acto materialmente administrativo y haberse estimado que presenta un vicio de fondo, impide a la autoridad responsable su reiteración precisamente porque no se encuentra fundado y motivado, so pena de emitir uno diverso que cumpla con tales requisitos. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se ordena agregar a los autos el telegrama de cuenta, remitido por el Secretario Técnico de la 5. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, el cual se relaciona con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; circunstancia de la que este Órgano Jurisdiccional toma conocimiento, teniendo a la responsable informando que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la sentencia protectora.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la presente fecha la autoridad responsable 5. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no ha cumplido cabalmente con la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; ni mucho menos que del libro de gobierno se desprenda promoción alguna en el sentido de que la referida autoridad haya realizado manifestación alguna sobre el cumplimiento a la misma; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere vía telegráfica a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en autos, o en su caso, informe las gestiones tendentes a cumplimentarla, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA POR EL EQUIVALENTE A CIEN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESTA ZONA GEOGRÁFICA, en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, en turno, para CONTINUAR CON EL TRÁMITE AHÍ PREVISTO PARA LA INEJECUCIÓN. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo I-libro 12, noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso."
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