Veronica Monrreal Villanueva

Expediente 616/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
616/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2016

Partes del expediente

  • Veronica Monrreal Villanueva
  • Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito Al Juzgado Décimo Tercero de Distrito Con Sede En Ciudad Madero, Tamaulipas
  • VERONICA MONRREAL VILLANUEVA y Otros.
  • G. Y. P. M.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo formulada por Verónica Monrreal Villanueva contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 616/2016-VII-B. En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: El acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio ordinario civil sobre acción de perdida de patria potestad, perdida de custodia, pensión alimenticia y reglas de convivencia número 653/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, promovido por Guillermo Ponce Lara, en contra de la aquí quejosa, por el cual se designó perito en materia psicológica a la profesionista Isabel Rodríguez Delgado. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. DESECHAMIENTO Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese orden de ideas, se obtiene que la aquí quejosa, mediante diverso escrito planteo recurso de revocación en contra del proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se designó perito en materia de psicología, en el indicado juicio ordinario civil sobre acción de perdida de patria potestad, perdida de custodia, pensión alimenticia y reglas de convivencia número 653/2015, del índice de la autoridad responsable, recurso que fue desechado de plano, por tanto se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia, en virtud de que con el acto ahí reclamado no se da por concluido el procedimiento del referido expediente 653/2014. En esa tesitura, y narrados los antecedentes que constituyen el acto por esta vía reclamado, esta Juzgadora, reitera que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo anterior es así, ya que, como se dijo, dicho precepto establece la improcedencia del juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, la cual puede actualizarse en dos hipótesis en particular que son: a) por revocación; y, b) por sustitución. Ahora bien, el primer supuesto, se actualiza cuando los efectos se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, con lo cual el gobernado es restituido en el goce de sus garantías. En tanto que la segunda hipótesis se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide sobre la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, cuya firmeza se da por el anterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Al respecto, conviene citar la tesis de jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Judicial, Tomo XXX, de Diciembre de 2009, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del siguiente tenor literal; "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese sentido, como ha quedado establecido, tenemos que la aquí quejosa se duele esencialmente del acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio ordinario civil sobre acción de perdida de patria potestad, perdida de custodia, pensión alimenticia y reglas de convivencia número 653/2015, a través del cual se designó perito en materia de psicología, ello a efecto de desahogar una prueba de valoración psicológica; sin embargo, dicho acto reclamado fue sustituido procesalmente por el diverso proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, , que desechó el recurso de revocación que hizo valer el impetrante en contra del acto aquí reclamado, como incluso lo aduce el propio disconforme en su escrito de demanda que dio origen el juicio de amparo en que se actúa, al manifestar que ". Contra dicho auto, la suscrita a través de mi designando en términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el estado promoví el correspondiente recurso de revocación en contra del auto de fecha 11 de noviembre de 2016. La revocación ni siquiera se tuvo por admitida y se desechó de plano." En consecuencia, ello evidencia que cesaron los efectos del acuerdo reclamado, pues dicha determinación, fue sustituida procesalmente por el diverso acuerdo de quince de noviembre de la presente anualidad, por lo que se destruyeron en definitiva las consecuencias jurídicas de la determinación por esta vía constitucional impugnada, y, por ende, es el referido acuerdo de quince de noviembre de la presente anualidad el que actualmente rige en el procedimiento. Tiene aplicación al respecto, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, de octubre de dos mil cinco, página 2296, de epígrafe y sinopsis siguientes: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO. Cuando en la demanda de garantías se precisa como acto reclamado la resolución dictada por la autoridad responsable en un procedimiento administrativo y durante el trámite del juicio de amparo tal resolución es sustituida por otra dictada en el mismo procedimiento, debe estimarse que el acto reclamado cesó en sus efectos y, que es esta nueva resolución la que podría causar perjuicio al quejoso; por lo que, por tal circunstancia sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III del mismo ordenamiento legal." Por tanto, se desecha parcialmente la demanda de garantías únicamente por cuanto hace al acto consistente en el acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil dieciséis. ADMISIÓN DE DEMANDA Ahora; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, 5, 35, 37, 107,108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías; por cuanto hace al diverso acto que se le reclama al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. INCIDENTE Con fundamento en artículo 128, de la ley de la materia, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, para lo cual tendrán que acompañar, en su caso, copia fotostática certificada, legible, completa, en orden cronológico, foliada y rubricada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del propio ordenamiento legal, se le impondrá una multa que puede ir de cien a mil unidades de medida y actualización (UMA) conforme al calculo que realice el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la autoridad responsable que cuando adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato a este Juzgado y remitir al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten como está previsto en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al calculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, con relación al 64, y 238, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental que acompaña la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, mismas que por no requerir desahogo especial, se tomarán en consideración al momento de resolver el presente asunto. COTEJO Y COMPULSA Por otra parte, practíquese por la Secretaria de este Juzgado el cotejo y compulsa de la prueba documental que exhibe la parte quejosa en su escrito de demanda, para acodar lo conducente en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.71/2010, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). TERCERO INTERESADO Con fundamento en el artículo 5o, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Guillermo Ponce Lara, con domicilio en calle Emilio Carranza 517 oriente, despacho 101, Zona Centro, en Tampico, Tamaulipas; por consiguiente, con copia del escrito inicial de demanda y auto inserto del presente proveído, por conducto de cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado, emplácesele personalmente al presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a su autorizado, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la citada ley, a Gustavo García García, Carlos Iglesias Silva, Juan Diego Velázquez González y Ernestina Lara Romero, con cédula profesional debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de Ley de Amparo, notifíquese la instauración del presente juicio, mediante oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para la intervención que legalmente compete, debiendo anexar copia simple de la demanda de garantías. AUTORIDAD RESPONSABLE Se tiene como autoridad responsable la que señala la parte quejosa en su escrito de demanda; mediante oficio notifíquesele la radicación del presente juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Asimismo, comuníquese a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, y al Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, cúmplase

  4. Principal

    MESA VII SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE..., CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN PRIMERA INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO: Vista la demanda de amparo formulada por Verónica Monrreal Villanueva, por sí, y en representación de su menor hijo cuyo nombre se compone de las iniciales G.Y.P.M., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 616/2016-VII-B... se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: 1). El acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil dieciséis en el juicio ordinario civil 653/2016, del índice del juzgado responsable, relativo a la acción de pérdida de la patria potestad y custodia, pensión alimenticia y reglas de convivencia, promovido por Guillermo Ponce Lara en contra de la aquí quejosa; determinación en la cual se reconoció el cargo de perito a Isabel Rodríguez Delgado, a efecto de desahogar la prueba psicológica a cargo del menor cuyo nombre se compone de las iniciales G.Y.P.M. 2). El proveído dictado el quince del referido mes de noviembre en el indicado expediente, a través del cual se desechó el recurso de revocación que la aquí quejosa interpuso en contra del acuerdo señalado en el punto que antecede, en virtud de que con dicha determinación eventualmente se procederá al desahogo de la indicada prueba pericial a cargo de su menor hijo. 3). La posible ejecución del mandamiento que eventualmente emita la juez responsable a efecto de desahogar la indicada prueba pericial, que traería como consecuencia una afectación a la salud mental de su menor hijo. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. DESECHAMIENTO Primeramente, la suscrita considera que respecto de los actos reclamados identificados en los puntos 1) y 2), consistentes en los acuerdos dictados el once y quince de noviembre de dos mil dieciséis en el juicio ordinario civil 653/2016, del índice del juzgado responsable, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia ley de la materia, este último interpretado a contrario imperio.. De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Hipótesis que no se surten en el presente caso, pues del escrito de demanda se advierte que la solicitante de amparo señala como actos reclamados el acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil dieciséis en el juicio ordinario civil 653/2016, en el que se reconoció el cargo de perito a Isabel Rodríguez Delgado, a efecto de desahogar la prueba psicológica a cargo del menor cuyo nombre se compone de las iniciales G.Y.P.M., así como el diverso proveído dictado el quince del referido mes de noviembre en ese expediente, a través del cual se desechó el recurso de revocación que la aquí quejosa interpuso en contra del citado acuerdo de once de ese propio mes de noviembre... De ahí que respecto de los actos que se analizan la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De igual manera, el presente juicio de amparo deviene improcedente, por lo que hace al acto consistente en la posible ejecución del mandamiento que eventualmente emita la juez responsable a efecto de desahogar la indicada prueba pericial, que traería como consecuencias una afectación a la salud mental de su menor hijo. De lo anteriormente apuntado, se colige que el acto que se analiza es futuro e incierto, ya que para su realización sería necesario que previamente a ello existiera una determinación en la que se ordene el desahogo de la indicada prueba pericial, por lo que no existe la certeza de que los actos se produzcan en los términos que indica, ya que su posible existencia depende, como se dijo, que la juez responsable emita un acuerdo en ese sentido, en consecuencia, debe estimarse que se trata de actos futuros e inciertos que no tienen el carácter de inminentes; por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, no procede en su contra el juicio de garantías, ya que al momento de la presentación de la demanda que dio origen a este asunto los mismos son inexistentes, razón por la cual no pueden irrogar afectación directa e inmediata alguna a la aquí disconforme... Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Verónica Monrreal Villanueva, por sí, y en representación de su menor hijo cuyo nombre se compone de las iniciales G.Y.P.M. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a su autorizado, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la citada ley, a Gustavo García García, Carlos Iglesias Silva, Juan Diego Velázquez González y Ernestina Lara Romero, con cédula profesional debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías...

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