Verónica Miroslava Olivares Nochebuena

Expediente 898/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
898/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Verónica Miroslava Olivares Nochebuena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 43 a 46), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito, al no obrar éstos en autos. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguense a los autos el oficio con anexo signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Asimismo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa a su oficio, la autoridad responsable consistente en copia certificada del proveído dictado el dieciséis de octubre del año en curso, así como sus respectivas notificaciones, efectuado a la aquí quejosa********************, dentro del expediente laboral C.D.T. 550/2013-1, las cuales serán relacionadas en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Así, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá: El aludido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la garantía exija. La interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola transgredido, la cesación no deje huella alguna. Este criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, titulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esta causa de improcedencia ha sido interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En relación con el tema que nos ocupa, derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó que el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la parte quejosa reclama, en esencia, la falta de emisión y notificación del acuerdo respecto de los escritos de fechas tres de mayo y veintidós de junio del año en curso, dentro del expediente 550/2013-1. No obstante, del oficio 1838/2018, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, manifestó que con fecha dieciséis de octubre del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se dio contestación a la parte quejosa, respecto de sus escritos presentados el tres de mayo y veintidós de junio de dos mil dieciocho, por lo que adjuntó copia certificada de dicho auto, así como de sus respectivas notificaciones, por lo que es inconcuso que cesó la omisión reclamada por la quejosa, y se cumplió así con el imperativo constitucional. Lo anterior pone de manifiesto que los efectos de la omisión reclamada ha cesado, al quedar destruida en forma total e incondicional, no obstante la respuesta se realizó durante la sustanciación de esta instancia; dejando con ello de existir la violación constitucional alegada, como si se hubiere concedido el amparo ordenando a las autoridades responsables respetar el derecho que se trata y cumplir lo que este exige, esto es, dar contestación a los escritos de la parte quejosa de tres de mayo y veintidós de junio de dos mil dieciocho. En ese sentido, dejó de existir lesión en el ámbito jurídico de la parte quejosa que pudiera ser resarcida a través del otorgamiento del amparo, pues se ha acatado el derecho incumplido con la omisión de las responsables, como si se hubiere concedido la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No es óbice a lo anterior, que a la fecha no se haya emplazado a la parte tercera interesada; sin embargo, al haberse sobreseído en el presente juicio no se lesionan sus intereses. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1998, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado."

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintidós de octubre de dos mil dieciocho: Agréguense a los autos el oficio con anexo signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Asimismo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa a su oficio, la autoridad responsable consistente en copia certificada del proveído dictado el dieciséis de octubre del año en curso, así como sus respectivas notificaciones, efectuado a la aquí quejosa********************, dentro del expediente laboral C.D.T. 550/2013-1, las cuales serán relacionadas en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia Así, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá: El aludido numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó: La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la situación jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia no es sólo paralización del acto, sino también la ociosidad de examinar su constitucionalidad si ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de una sentencia protectora. La improcedencia está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la garantía exija. La interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola transgredido, la cesación no deje huella alguna. Este criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, titulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esta causa de improcedencia ha sido interpretada por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que su actualización requiere no sólo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En relación con el tema que nos ocupa, derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, determinó que el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la parte quejosa reclama, en esencia, la falta de emisión y notificación del acuerdo respecto de los escritos de fechas tres de mayo y veintidós de junio del año en curso, dentro del expediente 550/2013-1. No obstante, del oficio 1838/2018, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, manifestó que con fecha dieciséis de octubre del año en curso, se emitió un acuerdo en el que se dio contestación a la parte quejosa, respecto de sus escritos presentados el tres de mayo y veintidós de junio de dos mil dieciocho, por lo que adjuntó copia certificada de dicho auto, así como de sus respectivas notificaciones, por lo que es inconcuso que cesó la omisión reclamada por la quejosa, y se cumplió así con el imperativo constitucional. Lo anterior pone de manifiesto que los efectos de la omisión reclamada ha cesado, al quedar destruida en forma total e incondicional, no obstante la respuesta se realizó durante la sustanciación de esta instancia; dejando con ello de existir la violación constitucional alegada, como si se hubiere concedido el amparo ordenando a las autoridades responsables respetar el derecho que se trata y cumplir lo que este exige, esto es, dar contestación a los escritos de la parte quejosa de tres de mayo y veintidós de junio de dos mil dieciocho. En ese sentido, dejó de existir lesión en el ámbito jurídico de la parte quejosa que pudiera ser resarcida a través del otorgamiento del amparo, pues se ha acatado el derecho incumplido con la omisión de las responsables, como si se hubiere concedido la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No es óbice a lo anterior, que a la fecha no se haya emplazado a la parte tercera interesada; sin embargo, al haberse sobreseído en el presente juicio no se lesionan sus intereses. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1998, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado."

  4. Principal

    Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que la parte tercera interesada Universidad Autónoma de Tlaxcala o quien legalmente la represente, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 7 a 11), en el sentido de señalar domicilio dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificada del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que la tercera interesada de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquensele la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.

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