Verónica Maza Pérez
Expediente 999/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/06/2023
Partes del expediente
- Verónica Maza Pérez
- Verónica Maza Pérez y Otros.
- Primera Sala Regional Colegiana en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte manifestara su inconformidad contra el proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. TRANSFERENCIA 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficios registrados oficios con folios 15955 (fojas 180 a 217), 16479 (fojas 224 a 244), 17402 (fojas 279 a 284) y 17612 (fojas 289 a 365), las autoridades Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: ".Del análisis de la demanda y las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca penal *** que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, dictado en contra de la solicitante de amparo, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la causa penal ***, por el delito de robo con violencia y agravado." Mediante sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 123 a 153), pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual la cual causó ejecutoria el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 173 a 174), concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: ".Sexto. Efectos de la sentencia de amparo. En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 y 78, de la Ley de Amparo, los efectos de la protección federal concedida consisten en: a) La Sala responsable deberá dejar sin efectos la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal *** que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, dictado en contra de la ahora quejosa, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la causa penal ***, por el delito de robo con violencia y agravado e instruya al juez natural la reposición del procedimiento en la etapa de pre-instrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los que no fueron debidamente ratificados en la averiguación previa; y, b) Hecho lo anterior, el Juez de origen en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento al presente fallo constitucional deberá emitir una nueva resolución, en el cual, de no lograr la comparecencia de la suscriptora del dictamen pericial en materia contable de cinco de junio de dos mil quince dentro del plazo constitucional, deberá evitar conceder validez probatoria al citado medio de convicción y, deberá además, precisar los motivos (tiempo y lugar) que haya tenido en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito, por lo que, con plenitud de jurisdicción al analizar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas...". ACTO DE LA AUTORIDAD Por oficios registrados con folios 15955 (fojas 180 a 217), 16479 (fojas 224 a 244), 17402 (fojas 279 a 284) y 17612 (fojas 289 a 365), las autoridades Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informaron que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando las resoluciones de veinticinco de octubre, seis y veinticuatro de noviembre, todos de la presente anualidad, respectivamente, así como la diligencia de ratificación de dictamen en materia contable por la perito ***, de cuatro de noviembre del año en curso; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de los efectos de la concesión de amparo, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal *** que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, dictado en contra de la ahora quejosa ***, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la causa penal ***, por el delito de robo con violencia y agravado. 2. Dictó una nueva resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que instruyó al juez natural la reposición del procedimiento en la etapa de pre-instrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los dictámenes que no fueron debidamente ratificados en la averiguación previa. 3. Ordenó a la autoridad vinculada que precisara los motivos (tiempo y lugar) que tuvo en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito. Así, con relación al punto b), el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en su carácter de autoridad vinculada, realizó lo siguiente: 1. Emitió la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 291 a 365), en la que dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de la quejosa ***, como probable responsable del delito de robo ejecutado con violencia y agravado, previsto y sancionado por los artículos 270 párrafos primero, segundo y tercero, 274, 275 fracción II, 276 fracción II, relacionado con los diversos numerales 14 párrafos primero y segundo, fracción II, 15 párrafos primero y segundo, 19 párrafos primero y segundo fracción III, del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de la empresa denominada ***, hechos ocurridos en esta ciudad. 2. Concedió validez al dictamen en materia contable ratificado por la perito ***, el cuatro de noviembre del año en curso, sin que obste que en dicho dictamen la autoridad vinculada haya estimado que no se tuvo por acreditada la acción de apoderamiento, ni el momento, ni el lugar que se cometió el delito de robo con violencia y agravado. 3. Realizó un análisis detallado con relación a las pruebas aportadas por el Fiscal del Ministerio Público, y de los motivos (tiempo y lugar) que tuvo en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito, siendo los siguientes datos de prueba: a) Documental privada consistente en el escrito de querella de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, signado por ***. b) Fe ministerial, cotejo y devolución de documentos de veintiocho de septiembre de dos mil catorce. c) Inspección ministerial en el lugar de los hechos de veintiocho de septiembre de dos mil catorce. d) Declaración ministerial de ***, de ocho de octubre de dos mil catorce. e) Declaración ministerial de ***, de ocho de octubre de dos mil catorce. f) Declaración ministerial de ***, de ocho de octubre de dos mil catorce. g) Dictamen pericial en materia de criminalística de campo ***, de diecinueve de octubre de dos mil catorce. h) Dictamen pericial en materia de criminalística de campo, de once de octubre de dos mil catorce. i) Inspección ministerial en el lugar de los hechos de veintiocho de octubre de dos mil catorce. j) Documental privada de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, signado por ***. k) Dictamen pericial en materia contable emitido por ***, de ocho de noviembre de dos mil catorce. l) Documental privada de siete de abril de dos mil quince, signado por ***. m) Comparecencia voluntaria de *** de veintitrés de abril de dos mil quince. n) Comparecencia voluntaria de *** de quince de mayo de dos mil quince. o) Comparecencia voluntaria de *** de veintiuno de mayo de dos mil quince. p) Fe y cotejo y devolución de documentos de veintiuno de mayo de dos mil quince. q) Dictamen pericial en materia contable emitido por ***, de cinco de junio de dos mil quince, y ratificado el cuatro de noviembre de dos mil diecisiete. r) Documental publica consistente en el oficio ***, de veinticuatro de septiembre de dos mil quince. s) Comparecencia de *** de veinticinco de septiembre de dos mil quince. t) Fe y cotejo y devolución de documentos de veinticinco de septiembre de dos mil quince. En ese contexto, cumplió con el deber de expresar las circunstancias especiales y razones que tomó en consideración para concluir que con los hechos que le fueron expuestos, no se cometió el hecho que la Ley señala como delito de robo con violencia y agravado, adecuándose a la clasificación jurídica en comento; así también, cumple el requisito de exponer el contenido de los medios de convicción y analizó los elementos que integran el hecho calificado como robo con violencia y agravado, siendo los siguientes: a) El apoderamiento de una cosa mueble, ajena. b) Sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede otorgarlo. Por lo que, la autoridad vinculada estimó que al no existir dato de prueba que comprobará la acción de apoderamiento, ni el momento, ni el lugar que se cometió el delito de robo con violencia y agravado, dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de la quejosa ***, en contra de la empresa denominada ***, representada por ***, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, ya que cumple con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efectos la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca penal ***, que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, e instruyó al juez natural la reposición del procedimiento en la etapa de pre-instrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los que no fueron debidamente ratificados en la averiguación previa. Por lo que, la autoridad vinculada con libertad de jurisdicción emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda, en el cual, de no lograr la comparecencia de la suscriptora del dictamen pericial en materia contable de cinco de junio de dos mil quince dentro del plazo constitucional, deberá evitar conceder validez probatoria al citado medio de convicción y, deberá además, precisar los motivos (tiempo y lugar) que haya tenido en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito, por lo que, con plenitud de jurisdicción al analizar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. A decir verdad, la autoridad vinculada en el nuevo acto precisó que el estudio proveniente de la especialista en materia de contabilidad fue debidamente ratificado el cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por su suscriptora ***, por lo que sostuvo que la prueba de mérito tiene pleno valor probatorio, sin que obste que en dicho dictamen haya estimado que no se tuvo por acreditada la acción de apoderamiento, ni el momento, ni el lugar que se cometió el delito de robo con violencia y agravado. En ese contexto, la responsable determinó para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador debe ser auténticamente ilustrativo, y además para que produzca efectos legales debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga como es la ratificación ante el juzgador de su opinión, caso contrario, constituye una prueba imperfecta, ya que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable, como se dijo, que sea ratificado por el perito que la formuló; motivo por el cual con base a la diligencia de ratificación de cuatro de noviembre de dos mil quince cumplió con el efecto de conceder validez probatoria al dictamen en materia de contabilidad de cinco de junio de dos mil quince, emitido por ***. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN." CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficios registrados oficios con folios 15955 (fojas 180 a 217), 16479 (fojas 224 a 244), 17402 (fojas 279 a 284) y 17612 (fojas 289 a 365), las autoridades Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: ".Del análisis de la demanda y las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca penal *** que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, dictado en contra de la solicitante de amparo, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la causa penal ***, por el delito de robo con violencia y agravado." Mediante sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 123 a 153), pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual la cual causó ejecutoria el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 173 a 174), concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: ".Sexto. Efectos de la sentencia de amparo. En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 y 78, de la Ley de Amparo, los efectos de la protección federal concedida consisten en: a) La Sala responsable deberá dejar sin efectos la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal *** que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, dictado en contra de la ahora quejosa, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la causa penal ***, por el delito de robo con violencia y agravado e instruya al juez natural la reposición del procedimiento en la etapa de pre-instrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los que no fueron debidamente ratificados en la averiguación previa; y, b) Hecho lo anterior, el Juez de origen en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento al presente fallo constitucional deberá emitir una nueva resolución, en el cual, de no lograr la comparecencia de la suscriptora del dictamen pericial en materia contable de cinco de junio de dos mil quince dentro del plazo constitucional, deberá evitar conceder validez probatoria al citado medio de convicción y, deberá además, precisar los motivos (tiempo y lugar) que haya tenido en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito, por lo que, con plenitud de jurisdicción al analizar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas...". ACTO DE LA AUTORIDAD Por oficios registrados con folios 15955 (fojas 180 a 217), 16479 (fojas 224 a 244), 17402 (fojas 279 a 284) y 17612 (fojas 289 a 365), las autoridades Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informaron que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando las resoluciones de veinticinco de octubre, seis y veinticuatro de noviembre, todos de la presente anualidad, respectivamente, así como la diligencia de ratificación de dictamen en materia contable por la perito ***, de cuatro de noviembre del año en curso; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de los efectos de la concesión de amparo, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal *** que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, dictado en contra de la ahora quejosa ***, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la causa penal ***, por el delito de robo con violencia y agravado. 2. Dictó una nueva resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que instruyó al juez natural la reposición del procedimiento en la etapa de pre-instrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los dictámenes que no fueron debidamente ratificados en la averiguación previa. 3. Ordenó a la autoridad vinculada que precisara los motivos (tiempo y lugar) que tuvo en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito. Así, con relación al punto b), el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en su carácter de autoridad vinculada, realizó lo siguiente: 1. Emitió la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 291 a 365), en la que dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de la quejosa ***, como probable responsable del delito de robo ejecutado con violencia y agravado, previsto y sancionado por los artículos 270 párrafos primero, segundo y tercero, 274, 275 fracción II, 276 fracción II, relacionado con los diversos numerales 14 párrafos primero y segundo, fracción II, 15 párrafos primero y segundo, 19 párrafos primero y segundo fracción III, del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de la empresa denominada ***, hechos ocurridos en esta ciudad. 2. Concedió validez al dictamen en materia contable ratificado por la perito ***, el cuatro de noviembre del año en curso, sin que obste que en dicho dictamen la autoridad vinculada haya estimado que no se tuvo por acreditada la acción de apoderamiento, ni el momento, ni el lugar que se cometió el delito de robo con violencia y agravado. 3. Realizó un análisis detallado con relación a las pruebas aportadas por el Fiscal del Ministerio Público, y de los motivos (tiempo y lugar) que tuvo en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito, siendo los siguientes datos de prueba: a) Documental privada consistente en el escrito de querella de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, signado por ***. b) Fe ministerial, cotejo y devolución de documentos de veintiocho de septiembre de dos mil catorce. c) Inspección ministerial en el lugar de los hechos de veintiocho de septiembre de dos mil catorce. d) Declaración ministerial de ***, de ocho de octubre de dos mil catorce. e) Declaración ministerial de ***, de ocho de octubre de dos mil catorce. f) Declaración ministerial de ***, de ocho de octubre de dos mil catorce. g) Dictamen pericial en materia de criminalística de campo ***, de diecinueve de octubre de dos mil catorce. h) Dictamen pericial en materia de criminalística de campo, de once de octubre de dos mil catorce. i) Inspección ministerial en el lugar de los hechos de veintiocho de octubre de dos mil catorce. j) Documental privada de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, signado por ***. k) Dictamen pericial en materia contable emitido por ***, de ocho de noviembre de dos mil catorce. l) Documental privada de siete de abril de dos mil quince, signado por ***. m) Comparecencia voluntaria de *** de veintitrés de abril de dos mil quince. n) Comparecencia voluntaria de *** de quince de mayo de dos mil quince. o) Comparecencia voluntaria de *** de veintiuno de mayo de dos mil quince. p) Fe y cotejo y devolución de documentos de veintiuno de mayo de dos mil quince. q) Dictamen pericial en materia contable emitido por ***, de cinco de junio de dos mil quince, y ratificado el cuatro de noviembre de dos mil diecisiete. r) Documental publica consistente en el oficio ***, de veinticuatro de septiembre de dos mil quince. s) Comparecencia de *** de veinticinco de septiembre de dos mil quince. t) Fe y cotejo y devolución de documentos de veinticinco de septiembre de dos mil quince. En ese contexto, cumplió con el deber de expresar las circunstancias especiales y razones que tomó en consideración para concluir que con los hechos que le fueron expuestos, no se cometió el hecho que la Ley señala como delito de robo con violencia y agravado, adecuándose a la clasificación jurídica en comento; así también, cumple el requisito de exponer el contenido de los medios de convicción y analizó los elementos que integran el hecho calificado como robo con violencia y agravado, siendo los siguientes: a) El apoderamiento de una cosa mueble, ajena. b) Sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede otorgarlo. Por lo que, la autoridad vinculada estimó que al no existir dato de prueba que comprobará la acción de apoderamiento, ni el momento, ni el lugar que se cometió el delito de robo con violencia y agravado, dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de la quejosa ***, en contra de la empresa denominada ***, representada por ***, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, ya que cumple con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efectos la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca penal ***, que confirmó el auto de formal prisión, de once de abril de la citada anualidad, e instruyó al juez natural la reposición del procedimiento en la etapa de pre-instrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los que no fueron debidamente ratificados en la averiguación previa. Por lo que, la autoridad vinculada con libertad de jurisdicción emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda, en el cual, de no lograr la comparecencia de la suscriptora del dictamen pericial en materia contable de cinco de junio de dos mil quince dentro del plazo constitucional, deberá evitar conceder validez probatoria al citado medio de convicción y, deberá además, precisar los motivos (tiempo y lugar) que haya tenido en consideración para llegar a la conclusión de la ejecución del ilícito, por lo que, con plenitud de jurisdicción al analizar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. A decir verdad, la autoridad vinculada en el nuevo acto precisó que el estudio proveniente de la especialista en materia de contabilidad fue debidamente ratificado el cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por su suscriptora ***, por lo que sostuvo que la prueba de mérito tiene pleno valor probatorio, sin que obste que en dicho dictamen haya estimado que no se tuvo por acreditada la acción de apoderamiento, ni el momento, ni el lugar que se cometió el delito de robo con violencia y agravado. En ese contexto, la responsable determinó para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador debe ser auténticamente ilustrativo, y además para que produzca efectos legales debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga como es la ratificación ante el juzgador de su opinión, caso contrario, constituye una prueba imperfecta, ya que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable, como se dijo, que sea ratificado por el perito que la formuló; motivo por el cual con base a la diligencia de ratificación de cuatro de noviembre de dos mil quince cumplió con el efecto de conceder validez probatoria al dictamen en materia de contabilidad de cinco de junio de dos mil quince, emitido por ***. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN." CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese."
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